Aglutinará a por lo menos 11 mil 700 civiles armados que tienen presencia en 762 comunidades de 39 municipios del estado, informan.
Chilpancingo, Guerrero, 22 de marzo de 2019. Representantes de cuatro policías comunitarias confirmaron ayer en conferencia de prensa la conformación de la Alianza de Comunitarias, que aglutinará a por lo menos 11 mil 700 civiles armados que tienen presencia en 762 comunidades de 39 municipios del estado.
Su principal objetivo es evitar el desarme, buscar la coordinación “no la sumisión” con la Guardia Nacional y garantizar la seguridad en los pueblos donde tienen presencia.
Asimismo, los representantes se pronunciaron por la cancelación de las concesiones mineras, se manifestaron en contra de las presas hidroeléctricas, y demandaron la libertad de los presos políticos, entre ellos los 17 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop).
Demandaron la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y la derogación de las reformas al artículo 14 Constitucional y a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
En esta alianza participan la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y la policía comunitaria de reciente creación en Marquelia, que se disgregó de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
En la conferencia de prensa al mediodía de ayer en la base de la Policía Comunitaria del FUSDEG de Tierra Colorada, el vocero de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la CRAC-PC, Sabás Aburto Espinobarros informó que la alianza se integró porque los gobiernos federal y estatal no han garantizado la seguridad, y que en cambio, en las zonas donde funcionan las policías comunitarias ha disminuido considerablemente la violencia.
Asistieron a la conferencia de prensa Aburto Espinobarros y Juan Horta Cruz de la CRAC-PC, Belester Herrera Rojas del FUSDEG, Luis Ortiz Donato consejero presidente del Consejo Ciudadano de la Policía Ciudadana de Marquelia, Salvador Alanís Trujillo vocero del FUPCEG, así como Salvador Catalán Barragán consejero del FUSDEG y encargado de la Policía de comunitaria en Tierra Colorada.
Se armaron porque el gobierno del estado ha sido rebasado por la inseguridad
Sabás Aburto dijo que la alianza es una iniciativa de coordinación y como respuesta de las comunidades organizadas ante el gobierno del estado que ha sido rebasado por la inseguridad, “y su respuesta en los medios de comunicación ha sido responsabilizar al gobierno federal y a los ayuntamientos municipales, lo cual consideramos es incorrecto, el gobernador actual no debe aventar la pelota a otros niveles de gobierno”.
Informó que buscan, además, la coordinación “porque el gobierno del estado nos hostiga, nos persigue, nos encarcela y hasta asesina a quienes nos organizamos para defendernos de la delincuencia”. Como ejemplo citó el caso de los 17 detenidos del Cecop.
“Esta coordinación la vamos a mantener y a fortalecer mientras el Estado mexicano y los tres niveles de gobierno no den resultados reales ante la grave inseguridad, que nosotros padecemos todos los días como guerrerenses”, advirtió.
A nombre de la CRAC-PC demandó que el gobierno federal, “por ningún motivo debe proceder a desarmar a los policías indígenas afromexicanos o mestizos que han sido nombrados en asambleas comunitarias para brindarse seguridad, mientras los tres niveles de gobierno no garanticen la seguridad pública a la población en general”.
Por el contrario, propuso que se legisle a nivel local y federal para la operación de policías mestizos y afromexicanos, que ya funcionan con distintos nombres, para que legalmente puedan organizarse para auto brindarse seguridad, pero dijo que estos deben estar regulados por las asambleas comunitarias, y que cuenten con un reglamento interno básico.
Demandó que los grupos civiles armados no regulados por las autoridades comunitarias o por ningún reglamento o norma, “deben ser desarticulados bajo un plan estratégico por el Estado mexicano”.
De la Guardia Nacional y a los tres niveles de gobierno demandó a nombre de la alianza, “coordinación sí, subordinación no”, porque aclaró que para ellos la máxima autoridad es a nivel de comunidad la asamblea general comunitaria.
Mientras que a nivel regional es la asamblea regional de autoridades civiles, y dijo que la presencia y movilización de la Guardia Nacional debe enfocarse en las regiones, municipios y lugares en donde ha habido mayor violencia en el estado”.
Agregó que rechazan a la Guardia Nacional en el territorio comunitario, porque desde hace mas de 23 años los policías comunitarios nombrados, respaldados y regulados por las asambleas comunitarias son los que han brindado seguridad en las comunidades integradas al sistema comunitario, “y no se ha recurrido al apoyo de los militares, marinos o policías federales”.
Agregó que los ciudadanos indígenas tienen más con fianza en sus policías comunitarias que en personas externas a la comunidad o al municipio.
“La gente de nuestras comunidades no cree en un simple cambio de nombre o de uniforme de policía, no hay confianza de que la Guardia Nacional esté a favor de los pueblos originarios y sus comunidades, porque siempre las fuerzas de seguridad del Estado han estado orientadas hacia el gobierno, las empresas mineras y de los grandes capos de la delincuencia organizada desde hace muchos años, y es poco probable que cambie en un solo sexenio”, dijo.
Expresó que no fortalece ni toma en cuenta al sistema comunitario ni el sistema colectivo de los pueblos originarios, por lo que representa para los indígenas una amenaza permanente para el territorio comunitario con todos sus recursos mineros, naturales.
Las demandas
Sabás Espinobarros dijo que en este contexto las principales demandas de la alianza son amnistía para los presos políticos, entre estos los 17 del Cecop detenidos el 7 de enero de 2018, el decreto de la cancelación definitiva de las concesiones mineras en todo el territorio mexicano y guerrerense, cancelación de la presa hidroeléctrica La Parota, la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para derogar las reformas al artículo 14 Constitucional del estado, y la Ley 701 con base en las controversias que interpusieron las organizaciones desde junio del año pasado.
Por su parte Belester Herrera Rojas demandó controlar y regular a los grupos de civiles armados que no están bajo el mando de la asambleas comunitarias ni regionales porque dijo que son, “fácilmente infiltrados por la delincuencia y manipulados por un puñado de caciques vitalicios o morales, que hacen negocios con su supuesta lucha por la seguridad y la justicia”.
Planteó regular jurídicamente las actividades de esos grupos para que haya un adecuado control de manera corresponsable y respetuosa en los tres niveles de gobierno, y las comunidades a las que pertenecen.
A su vez, Luis Nonato Marquelia, presidente del Consejo Ciudadano de Marquelia del que depende la Policía Comunitaria de ese municipio, dijo que la alianza no está en contra del gobiernos, “estamos buscando la solución a un derecho de los ciudadanos a la seguridad, que es una obligación de los tres niveles del gobierno que recibe presupuestos millonarios y no se percibe esa seguridad”.
También demandó que se promueva una ley que incluya a los mestizos y afromexicanos.
A su vez el vocero del FUPCEG, agrupación que el 22 de febrero emplazó al gobierno estatal a resolver el problema de violencia en Chilpancingo y detener a los líderes del grupo delictivo del cártel del Sur, Salvador Alanís declaró que no han visto acción concreta de las autoridades, por lo que anunció acciones.
“Tenemos programadas algunas acciones, probablemente lo anunciemos para que la gente no salga afectada, no queremos más desplazados, pero queremos advertirle a esa gente que agarra un rifle de alto poder por paga que se retire de eso”.
Mencionó que en el caso de Filo de Caballos, “les dimos esa oportunidad de que dejaran las armas y se rindieran, no lo hicieron y al momento que llegamos huyeron con todas las familias y es el resultado de los desplazados”, declaró.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Guerrero
