Lima, Perú, 10 de noviembre de 2020. El Congreso de Perú aprobó ayer la destitución del presidente del país, Martín Vizcarra, tras un largo debate sobre la moción de vacancia contra el mandatario por presuntamente haber incurrido en hechos de corrupción durante sus años como gobernador de Moquegua (2011-2014).
El juicio político por presunta “incapacidad moral permanente” contra el jefe de Estado superó los 87 votos mínimos requeridos, al alcanzar 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones.
“Ha sido aprobada la resolución que declara la moción de vacancia de la Presidencia de la República (…) La resolución del Congreso será comunicada de inmediato al vacado (Vizcarra)”, expresó tras el conteo de votos el presidente del Legislativo, Manuel Merino.
Esta es la segunda vez, en menos de dos meses, que el fragmentado Parlamento discute una moción de vacancia contra el mandatario; en esta ocasión por presuntamente haber recibido pagos ilícitos de consorcios cuando fue gobernador para favorecerlos con licitaciones de importantes obras.
De acuerdo con aspirantes a colaboradores de la Justicia por el caso “Club de la Construcción”, Vizcarra habría recibido 2.3 millones de soles (unos 655 mil dólares) de Obrainsa-Astaldi y ICCGSA-Incot para favorecer a las citadas empresas con la buena pro de obras de infraestructura en Moquegua.
Por una parte, Obrainsa-Astaldi le habría entregado, cuando fue gobernador regional, un millón de soles (unos 285 mil dólares) para obtener la construcción de la obra Lomas de Ilo.
En tanto, ICCGSA-Incot le habría entregado de manera fraccionada 1.3 millones de soles (unos 370 mil dólares) para ser favorecido con la licitación para la construcción del Hospital Regional de Moquegua.
Aunque en días pasados la moción no contaba con los votos requeridos, el mandatario sufrió un revés luego de que el diario El Comercio publicó el domingo un reportaje en el que se observan presuntos mensajes que él habría intercambiado con el exministro de Agricultura, José Hernández.
De acuerdo con la Fiscalía, Hernández habría sido el intermediario entre Vizcarra y los mencionados consorcios para hacer los referidos cobros ilícitos.
Antes de que el Congreso iniciara ayer el debate sobre la moción, Vizcarra asumió personalmente su derecho a la defensa y aseguró que “no existe una prueba fehaciente, ni una prueba de flagrancia de un delito, porque no he cobrado soborno alguno”.
El mandatario, quien fue citado por el fiscal Germán Juárez para declarar sobre este caso el próximo 12 de noviembre, cuestionó que el Parlamento haya decidido atribuirle “incapacidad moral permanente” para destituirlo, y observó que no se puede “forzar la interpretación de la norma”.
Según Vizcarra, quien asumió la presidencia en marzo de 2018 tras la renuncia al cargo de Pedro Pablo Kuczynski, los señalamientos en su contra son represalias de actores políticos y económicos por haber iniciado una lucha contra la corrupción.
Afirmó, además, que algunos legisladores buscaban destituirlo con el propósito de aferrarse al poder y aplazar los comicios generales que su gobierno convocó para el 11 de abril de 2021.
Por su parte, Vizcarra, anunció ayer que decidió aceptar su destitución, aprobada ayer por el Congreso, y descartó que tenga intención de tomar acciones legales para frenar la moción de vacancia en su contra.
“Manifiesto que sin estar de acuerdo con la decisión del Congreso de la República (..) hoy (ayer) día dejo Palacio de Gobierno, hoy día (ayer) me voy a mi domicilio, a pesar que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión”, manifestó.
A las afueras del palacio presidencial, en compañía del Consejo de Ministros, Vizcarra adelantó que no impugnará la decisión del legislativo, al no querer que “se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan sólo una voluntad de ejercer el poder”.
Texto: Xinhua
