Chilpancingo, Guerrero, a 3 de marzo de 2025.- El Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos de la Guerra Sucia o Terrorismo de Estado de la década de 1970 en Atoyac de Álvarez, urgieron una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum y la destitucion del fiscal general Alejandro Gertz Manero, que en siete años de gestión no ha judicializado ninguno de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa época en Guerrero.
En conferencia de prensa los integrantes de la organización denunciaron también que el miércoles pasado más 300 efectivos trataron de reprimirlos en la protesta que tuvieron en la base aérea de Pie de la Cuesta, en el Día del Ejército, el 19 de febrero.
El integrante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) Arturo Miranda, y del Colectivo, Esthela Arroyo Castro, informaron que los militares equipados con escudos y toletes antimotines los amenazaron y les impidieron el acceso a la base militar.
Ese día los soldados colocaron rollos de alambre de púas para cerrarles el paso, lo cual consideraron una acto de hostigamiento. Tras explicarle a la tropa la razón de la protesta los efectivos regresaron a su cuartel, lo mismo que sus mandos, relataron.
Informaron que desde esa base partieron los aviones de los llamados “vuelos de la muerte”, para lanzar a cientos de personas al mar, y consideraron que es necesario continuar las búsquedas porque hay más información de los desaparecidos.
Exigieron ver a la presidenta de la República para evitar nuevos hechos de represión por parte de las fuerzas armadas, y para conocer del avance en las recomendaciones de reparación del daño individual y colectivo, a las víctimas y familiares, como fue establecido en la Ley General de Víctimas.
Asimismo, para que les informe sobre el seguimiento de las recomendaciones que dejaron académicos y defensores de derechos humanos que participaron en el sexenio pasado en el mecanismo de la Comisión de la Verdad y el Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a los Derechos Humanos de 1965 a 1990.
Estimaron que hay como 40 localidades cafetaleras donde el Ejército irrumpió y a la fecha siguen en condiciones de marginación, sin servicios básicos. Señalaron como un caso emblemático el de Corrales del Río Chiquito de Atoyac de Álvarez, que fue bombardeado, como parte de las tácticas de guerra contra la población.
La FGR no ha ejercido acción penal
El representante del colectivo, Octaviano Gervasio Serrano consideró que la FGR y el poder Legislativo deben de coadyuvar para reanudar la búsqueda de las víctimas que faltan de localizar, como el de José Santo Rojas González, que se llevó el Ejército hace 50 años.
Se pronunciaron por la destitucion del fiscal general “por incompetente y omiso”que durante siete años en el cargo no ha realizado ninguna acción legal contra los responsables de los crímenes del pasado.
Precisó que en la Fiscalía Especializada en Personas Sesaparecidas de la FGR, hay un equipo especial para los crímenes del pasado que no ha ejercido accion penal contra nadie, y algunos tienen menos edad que el capo de los años 70, Rafael Caro Quintero que aún es perseguido por la DEA en México. El responsable es el fiscal general, subrayó.
“A las autoridades del Estado mexicano realmente no les interesa esclarecer estos hechos, porque, a pesar de que existen denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la FGR, son omisos, no realizan las investigaciones adecuadas, básicamente uno tiene que estar promoviendo acciones jurídicas para que realicen un trabajo que debe ser de oficio”.
Por ejemplo, en lo que se llamaba Ciudad de los Servicios, hoy Casa del Pueblo, donde está el Palacio Municipal de Atoyac, debería ser asegurado por la FGR, porque hay datos de prueba de que debajo hay fosas clandestinas, y construyeron sobre los cuerpos”.
Texto: Lourdes Chavez/ Foto: Jessica Torres Barrera
