La asesora jurídica de Tlachinollan, Neil Arias, dice que aunque es complicado, las uniones infantiles en la Montaña se deben erradicar
Tlapa, 14 de octubre de 2021. La asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, consideró que las uniones tempranas o matrimonios forzados infantiles en la Montaña vulneran la dignidad de las niñas y se deben erradicar, aunque es complicado porque son consecuencia de la pobreza estructural en que se vive y atraviesa la carencia de derechos elementales como la educación o la salud.
Además de que los matrimonios por acuerdo entre familias llevan mucha carga cultural que atenta contra los derechos de las niñas en su infancia y juventud al perder el sentido que tenía dentro de los usos y costumbres al monetizarse.
Arias Vitinio lo manifestó al consultarla sobre la menor de 15 años, Angélica que fue encarcelada durante 11 días en Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande, por la Policía Comunitaria a solicitud de su suegro porque ya no estaba en su casa, por lo que solicitaba le devolvieran 210 mil pesos, casi el doble de lo que pagó cuando la juntó en matrimonio con su hijo por 120 mil pesos.
La joven contó que su suegro la corrió porque no permitió que la abusara sexualmente, hasta en cuatro ocasiones y lo dijo a sus familiares.
Comentó que en la región la niñez sufre de violencia desde que no tiene educación o acceso a la salud al no haber medicamentos o médicos mucho menos a la recreación, lo que es el problema por lo que requiere acciones transversales ya que la falta de oportunidades hace que las familias migren a los campos agrícolas como jornaleros para mejorar sus condiciones de vida.
Mencionó que el tema de los usos y costumbres en que se pretenden justificar acciones que laceran los derechos de la infancia y juventudes se debe ver desde diferentes perspectivas.
Comentó que en los casos que ha documentado Tlachinollan han observado un patrón recurrente de corrupción que se genera entre los comités de enlace de algunas autoridades o policías comunitarias y personas de las mismas comunidades que se dicen abogados que hacen uso de estas estructuras al pedirles que intervengan en los conflictos sin importarles que violenten los derechos humanos que denigran a las mujeres y niñas, como pasó con Angélica que la privaron de su libertad.
Planteó que lo más grave, en torno a la participación de las policías comunitarias es que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en temas de usos y costumbres y mujeres no es competente y no debe intervenir.
Pero, remarcó que estos personajes que se dicen abogados y que son de las mismas comunidades en lugar de ayudar a sus paisanos se coluden con esos sistemas y les piden que intervengan para negociar los conflictos.
Arias Vitinio comentó que tuvieron un caso similar en la misma comunidad de Joya Real y la CRAC-PC de Dos Ríos, en que una mujer dejó a su esposo y la familia pedía la devolución de 360 mil pesos, cuando habían entregado por ella 150 mil.
Dijo que iniciaron el caso en la comisaría, lo pasaron a la CRAC-PC de Dos Ríos donde para presionar a la familia la encarcelaron, para que diera el dinero y, el supuesto, abogado llevó el caso a la sindicatura del ayuntamiento de Cochoapa el Grande.
“Presionan a la familia primero encerrando a todos, luego los sueltan y dejan a la mujer o niña para que busque el dinero que piden con el argumento de la devolución del dinero pagado en un matrimonio infantil por acuerdo entre familias violentado sus derechos”.
Y como no se entregó el dinero, ya no siguieron en la sindicatura y volvieron con el tema a Dos Ríos donde estaba encarcelada la mujer y se le pidió a la sindicatura que actuara y no lo hizo y que la familia de la mujer afectada se sintió obligada a devolver el dinero y reunió los 150 mil pesos.
Dijo que como comunidad alejada y al no trascender el caso no le dieron atención y la familia de la mujer afectada entregó la cantidad que era no “los intereses”.
Ahí, entró otra situación que fue el miedo, las amenazas a la integridad de las familias y que se ve en el encarcelamiento de un integrante y a eso se suman las creencias en la brujería para enfermarlos o matarlos.
En la comunidad de Yucunduta, municipio de Metlatónoc tuvieron otro caso en donde a la mujer violentada y a su familia les pidieron 160 mil pesos luego de que la encarcelaron en nombre de los usos y costumbres y finalmente por miedo a las amenazas de muerte o para no ser víctimas de brujería entregaron 80 mil pesos.
En estos casos las familias pagaron porque los supuestos abogados, al hablar en su lengua son lo que manipulan a las familias y autoridades para que esos temas los resuelvan ahí con dinero.
Comentó que como parte de los usos y costumbres no había cuestiones monetarias, no se pedía dinero que ahora es una causa de la violencia hacia las mujeres.
Mencionó que otro factor que permite que estos temas sigan es que la Fiscalía Regional y sus ministerios públicos le dan entrada a este tipo de casos abriendo carpetas de investigación y citando a las familias para que atemorizadas paguen los que les piden y con eso no atiendan la ley para prevenir ni erradicar la violencia contra las mujeres.
Consideró que estos problemas seguirán, mientras las instituciones encargadas de aplicar justicia lo permitan.
Para concluir dijo que se debe diferenciar, hablar de trata de personas o de uniones tempranas o matrimonios forzados infantiles o matrimonio infantil por acuerdo entre familias y para eso se deben conocer los detalles como en un caso de Ixtlahuazaca, donde una tía le dijo a tres de sus sobrinas que podrían ganar dinero trabajando y así las saco de su hogar y luego las vendió a un hombre que se quedó con una y las otras dos niñas se quedaron con sus hijos.
Arias Vitinio expresó que ambas familias incurren en responsabilidades porque son las dos partes y que antes en los usos y costumbres eran cosas más simbólicas, ahora lamentablemente a las niñas y las mujeres se ven como mercancía en algunas comunidades.
Texto: Carmen González Benicio
