Ediles de Cocula, Acapulco, Ometepec, Zihuatanejo y Chilpancingo en el Congreso local destacan las pobres condiciones de las corporaciones locales en armamento e infraestructura. Reconocen que necesitan del apoyo de las fuerzas federales y algunos dicen que también de las policías comunitarias.
Chilpancingo, Guerrero, 16 de agosto 2019. Este jueves compareció en el Congreso del Estado el segundo bloque de alcaldes, ante diputados de las comisiones de Justicia, Seguridad Pública y Asuntos Indígenas y Afromexicanos, para atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso Ayotzinapa, donde todos indicaron que tienen policías insuficientes y demandaron más presupuesto para la seguridad.
Acudieron al Congreso local el alcalde de Cocula, Carlos Alberto Duarte Bahena, del Partido Nueva Alianza (Panal); de Acapulco, la morenista Adela Román Ocampo; de Ometepec, el priista Efrén Adame Montalván; también del PRI el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, y el perredista de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán.
Estas comparecencias se realizaron en atención a la recomendación de la CNDH al Poder Legislativo de Guerrero, por los hechos ocurridos en Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando sicarios y policías municipales atacaron a normalistas de Ayotzinapa y desaparecieron a 43 de ellos.
Las recomendaciones que se atienden con las comparecencias son la que plantea “analizar las condiciones de seguridad pública en que se encuentran los municipios del estado de Guerrero y se tomen las medidas que, conforme a sus atribuciones, permitan restablecer el orden jurídico y la gobernabilidad en esa entidad federativa”.
Además de la que pide que se realicen “los trabajos legislativos a que haya lugar, para que, en coordinación con el Poder Ejecutivo estatal y previa consulta con las comunidades, se genere la normativa para garantizar la seguridad pública en las poblaciones y comunidades, respetando y reconociendo su autonomía y autodeterminación como grupos indígenas”, y para remitir al organismo nacional, las constancias con las que se acredite su cumplimiento.
En la comparecencia estuvo presente el secretario de Seguridad Pública estatal, David Portillo Menchaca; dando fe estuvo el notario público Hugo Pérez Ruano.
Las comparecencias estuvieron encabezadas por el presidente de la Comisión de Justicia, el priista Omar Jalil Flores Majul; del mismo partido Verónica Muñoz Parra, y Heriberto Huicochea Vázquez; de Morena, Arturo Martínez Núñez, Nilsan Hilario Mendoza, Moisés Reyes Sandoval, Ricardo Castillo Peña y Ossiel Pacheco Salas; también las representaciones del PAN, Guadalupe Gómez Suastegui, y del PT, Leticia Mosso Hernández.
En Cocula sólo cuatro quieren ser policías
El alcalde de Cocula del Panal, Carlos Alberto Duarte, fue el primero en comparecer en la sala José Francisco Ruiz Massieu, donde estuvo acompañado de su síndica, Luz María Montiel Varela. Ahí, el alcalde informó que no tiene policía municipal, porque sólo tres de los cuatro aspirantes que atendieron la convocatoria para integrarse, cumplieron los requisitos, pero son insuficientes para crear la corporación.
Recordó que a partir de los hechos violentos de septiembre de 2014, en los que policías y sicarios atacaron a normalistas de Ayotzinapa, la federación tomó el control de la seguridad y desapareció la policía municipal.
Por lo que Carlos Alberto Duarte dijo que hasta enero pudo emitir la convocatoria, para empezar a crear nuevamente la policía municipal, que difundieron en redes sociales y en lonas, pero no hay aspirantes y sólo se inscribieron cuatro, de los cuales solo tres cumplieron los requisitos, porque tienen miedo de ser señalados o enjuiciados por algún acontecimiento violento que pudiera ocurrir.
El alcalde del Panal dijo que en Cocula no hay secuestros, ni han pasado hechos violentos en lo que va de su gobierno y sólo se comenten delitos de bajo impacto.
Ahí también precisó que esporádicamente la Guardia Nacional, de los que van aproximadamente 20 integrantes, el Ejército y la policía estatal, de los que acuden aproximadamente 15 uniformados, realizan rondines en Cocula y sus comunidades, pero el tiempo máximo que se han quedado es por tres semanas, pero regularmente van una semana.
Pero no tienen policías que atiendan de manera inmediata los hechos violentos o casos para salvaguardar a la población, pero dijo que se coordina con la autodefensa que existe en el área minera del municipio.
Los diputados cuestionaron sobre en qué gasta los recursos destinados para la seguridad de Cocula, y explicó que “el apoyo del fondo minero” que es de 47 millones de pesos anuales, se van en obra pública; y del Fortamun, que recibe casi 10 millones de pesos anuales, respondió que son para protección civil, tránsito y alumbrado público.
También al área de prevención del delito, pues realizan campañas en comunidades, escuelas y en canchas públicas, en compañía de Protección Civil.
El diputado de Morena, Arturo Martínez Núñez dijo que lo dicho por el alcalde generó impacto, y preguntó sobre quiénes cuidan a la industria minera o si ellos tienen su propia seguridad, Carlos Alberto Duarte afirmó que en esas zonas hay autodefensas con los que se coordinan, aunque destacó que no están armados.
El priista Omar Jalil Flores Majul le dijo al alcalde de Cocula que pareciera que ha caído en un estado de confort, porque la seguridad la atiende el estado o la federación, y que el diagnástico es muy grave, porque no hay protocolos para proteger a la población en casos violentos de amotinamiento.
Hay de 8 a 10 asesinatos mensuales
En su comparecencia, el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, afirmó que los homicidios que se han registrado en ese municipio son “muy aislados” y dijo que no han tenido violencia extrema, pues sólo hay entre ocho y 10 asesinatos mensuales.
Acudió acompañado de su director de Seguridad Pública, Gildardo Justo Zurita, y el síndico Obdulio Solís Bravo.
El alcalde dijo que las acciones en seguridad pública que realizan, se hacen de manera coordinada con la Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Policía del Estado, pero que aún no llega la Guardia Nacional.
Dijo hay 129 policías municipales, 98 de Tránsito, 40 policías turísticos y 36 administrativos.
Pero necesitan que al menos 200 policías municipales. Explicó que cuando llegó al cargo había 50 certificados, pero actualmente todos cuentan con certificación y 20 más esperan los resultados de sus evaluaciones.
Contrata a 50 policías sin certificación
Mientras que en el caso de Ometepec, Efrén Adame Montalván informó que ninguno de los 146 policías municipales que están a cargo de la seguridad del municipio está certificado; además de que encontraron las patrullas en pésimo estado y dan seguridad con sólo 29 fusiles.
Otra de las deficiencias que destacó es que no tienen un cuartel propio, pues actualmente se ubica en una galera de lo que antes era el rastro municipal. Ahí informó que a su llegada al gobierno municipal, recibieron 96 policías y ninguno contaba con sus evaluaciones vigentes.
Efrén Adame reconoció que después contrató a 50 agentes, sin evaluarlos, y son los que ofrecen seguridad en el municipio.
Informó que en Ometepec cuenta solamente con 30 fusiles, de los que funcionan sólo 29, y cinco armas cortas.
Adame Montalván dijo que ha tocado puertas para pedir ayuda, para la construcción de instalaciones propias, que han cotizado en 60 millones de pesos, para las instalaciones de barandillas.
Reconoció que no existe seguro de vida para los policías, porque significaría un gasto elevado, pero se ha acordado una bolsa económica disponible para los familiares, en caso de que algún policía muera.
Dijo también que su gobierno no tiene coordinación con las policías comunitarias ni autodefensas, y criticó que operan en todo el estado sin que nadie los pueda detener. Le sugirió a los diputados que deben elaborar el marco legal para regularlas.
Dijo que a su llegada compró cuatro patrullas nuevas, 10 chalecos antibalas y 10 radios de comunicación.
En Chilpancingo: 129 municipales para 600 colonias
El alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, aclaró que la coordinación con el gobierno del estado, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, hace posible la vigilancia en las 600 colonias y barrios tradicionales en la capital.
Aceptó que sin ellos el desfase sería “enorme”, pues la capital cuenta sólo con 129 policías municipales.
Destacó la reducción de homicidios dolosos e indicó que en agosto sólo han ocurrido tres asesinatos, y el año pasado, este mismo mes y hasta esta fecha, se habían registrado 19.
Detalló los montos de financiamiento para el equipamiento, patrullas y uniformes para la corporación, así como de los programas de prevención del delito, y solicitó al Congreso que considere más recursos para la compra de armamento en 2020. Confirmó que 129 agentes de Policía Preventiva son insuficientes para atender a la población.
En la comparecencia, el síndico procurador, Manuel Ortega Corona, confirmó que no hay interés de la población en la convocatoria para ingresar a la Policía Preventiva. Indicó que en diciembre de 2018, de 35 solicitudes sólo ingresaron tres personas al sistema de seguridad pública municipal.
Señaló que la ONU propone que haya tres policías por cada mil habitantes, y en ese contexto, Chilpancingo debería tener 900 policías; mientras que la recomendación del INEGI es de 1.8 policías por cada mil, que en la capital del estado representarían 540 policías.
Cuestionado sobre las policías comunitarias, Antonio Gaspar señaló la presencia de varios grupos en Ocotito, Petaquillas y Coacuyolillo; así como de El Fresno a San Vicente, en la ruta de Jaleaca a Chicahuales, en la sierra de la zona Centro.
“Hemos sido prudentes. Entendemos que son expresiones ciudadanas, pues ante la imposibilidad de darles seguridad ellos están organizados. No somos quienes las autorizamos, pero sí es importante señalar que tratamos de tener una relación de respeto con ellos”.
Recordó, como experiencia “no grata” en su gobierno, los ataques en Xaltianguis, en el municipio de Acapulco, que motivó una movilización de la policía estatal y de militares en Ocotito, para evitar posibles enfrentamientos entre los grupos, en referencia a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido por la Paz de los Pueblos del Estado de Guerrero (FUPPEG).
Aseguró que el ayuntamiento intervino “para evitar posibles enfrentamientos entre ellos, que no se dieron abiertamente. En esta zona se observa una discrepancia de rutas”.
Cuestionado sobre el asalto al banco Santander, que repelió un policía estatal que estaba en la sucursal, y las medidas para prevenir otros ataques, indicó que en el Programa de Proximidad Social mantienen comunicación con protocolos de seguridad, con estas instalaciones bancarias y establecimientos comerciales.
Agregó que de manera cotidiana, en la Mesa Regional de Reconstrucción de la Paz, se analizan cada día los incidentes que se viven y establecen acciones, con el seguimiento a indices delictivos durante la jornada.
Texto: Rosalba Ramírez García y Lourdes Chávez/Foto: Jesús Eduardo Guerrero
