Se necesitan más de 4 mil en Acapulco y solamente están en funciones mil 511, advierte la alcaldesa a diputados. Encontró a una delincuencia organizada “establecida en lo más profundo de las estructuras de seguridad municipal”, alerta
Chilpancingo, Guerrero, 16 de agosto, 2019. La alcaldesa de Acapulco, la morenista Adela Román Ocampo, informó que su gobierno está en el trámite de la contratación del seguro de vida para todos los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, no sólo para los policías, sino también para los administrativos, pues siempre hay “tensión y preocupación” ante un eventual ataque armado a las instalaciones.
Román Ocampo, junto con los síndicos Javier Solorio Almazán y Leticia Castro Ortiz, así como el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Rosas Azamar, compareció ante diputados locales. Ahí, la alcaldesa dijo que a pesar de que “se han mejorado las condiciones de la policía, (todavía) no son las mejores”.
Dijo que precisamente uno de los anhelos de su gobierno es que haya instalaciones dignas para los policías y que se pueda mejorar su condición de vida, tener seguro social.
Adelantó que la próxima semana se va a reunir “con la compañía que nos dé la mejor oferta, para poder comprar los seguros de vida de los agentes, no nada más de seguridad pública, sino administrativos. Porque en Acapulco siempre tenemos la tensión, la preocupación de que puedan llegar a las instalaciones y que ocurra…”, a pesar de que no lo dijo textualmente, se refería a una posible agresión contra las oficinas de la dependencia.
Explicó que en Acapulco hay 2 mil 187 policías, de los cuales sólo trabajan mil 511, porque 672 están ausentes de manera permanente. Además, aseguró que se necesitan 4 mil 330. Informó que la Secretaría de Seguridad tiene 60 patrullas.
La morenista recordó que el ex alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, logró liquidar a 350 policías con apoyo económico de la federación, que ella también necesita para “depurar” a la Secretaría de Seguridad Pública de los policías que no son confiables, indicados por el C-3 que son 433, que se encuentran en el Consejo de Honor y Justicia y reprobados en los exámenes de control y confianza.
Así como dar de baja, previa liquidación, a los policías que rebasaron la edad límite.
En relación con los delitos, la alcaldesa detalló que el primer lugar lo encabeza la extorsión, seguido de homicidios dolosos, robo de vehículos con violencia, estacionado o en movimiento; robo a transeúntes y en un quinto lugar, el robo a casa habitación.
Destacó que el delito de extorsión superó en cifras de incidencia a los homicidios dolosos, pero afirmó que no se trata de un incremento, sino que ya hay mayor confianza de los ciudadanos en las autoridades para denunciar. Destacó que en lo que va del mes, hubo tres feminicidios y 31 homicidios dolosos, que en los primeros siete meses lograron reducir en 20 por ciento ese delito.
En la comparecencia, Adela Román dijo que en la Mesa para la Reconstrucción de la Paz ha pedido la lista de los concesionarios del transporte público, principalmente del servicio de taxis, porque se han registrado robos y violaciones por parte de los choferes, y denunció que hay muchas unidades piratas “que son toleradas”.
Informó que su gobierno busca reformar el Reglamento de Tránsito para tomar medidas más drásticas, que el Cabildo apruebe la línea rosa de transporte, que sea manejado por mujeres y abordados por éstas, principalmente por adolescentes, que son las que corren mayor riesgo.
Agregó que es necesario que se le den al municipio 90 camionetas, 60 patrullas, 70 motocicletas y 165 cámaras.
La alcaldesa dijo, al inicio de su comparecencia, que lo ocurrido en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, “es una página negra en la historia del país y en el estado”, aseguró que quiere ayudar a que se haga justicia y que no se violen los derechos humanos de nadie.
El crimen organizado está en todas partes
En su mensaje dijo que el crimen organizado sigue siendo el más grande flagelo de la sociedad, que durante los últimos 30 años “ha avanzado hasta alcanzar niveles extremos de gravedad, que ha afectado todos los ámbitos de la vida nacional, hasta convertirse en un problema estructural, que ha lesionado a casi todas las instituciones del Estado mexicano”.
Recalcó que es así principalmente para las encargadas de administrar e impartir justicia, “y paradójicamente, son las que tienen bajo su responsabilidad brindar seguridad a la población y a sus bienes”.
Adela Román dijo que en Acapulco hay un ambiente de temor y zozobra social, “ante las grandes olas delincuenciales”, por los índices de violencia e inseguridad, “con muy altos niveles de corrupción e impunidad en las corporaciones policiacas, así como con la delincuencia organizada establecida en lo más profundo de las estructuras de seguridad municipal”.
Afirmó que a su llegada al gobierno municipal conoció que muchas familias habían perdido sus bienes patrimoniales “a manos de la delincuencia”, que muchos negocios familiares son cerrados ante el temor de la extorsión y asesinatos.
Además, recordó que la Secretaría de Seguridad Pública estaba intervenida por la Marina, debido a los altos índices de corrupción e infiltración de la delincuencia organizada. Recordó que actualmente tres de los mandos que dirigían la secretaría están detenidos y vinculados a proceso, por sus vínculos con “quienes mantenían sometidos y amenazados a los policías que no se alineaban a sus pretensiones delictivas”.
Pero también encontraron altos índices de criminalidad en las colonias del centro del puerto, con extensión a las zonas turísticas.
La morenista dijo que en su gobierno intensificaron los programas de alumbrado público y mejoramiento de la vigilancia de “espacios de mayor riesgo de violencia”.
Explicó también que depuraron al cien por ciento a la policía municipal, que mejoraron la capacitación, un proceso en el que muchos elementos abandonaron la institución, al no poder cumplir con los nuevos lineamientos para combatir la corrupción y la impunidad en la corporación.
En su comparecencia destacó que el gobierno municipal ha recuperado espacios públicos y de esparcimiento, “se los hemos quitado a la maña”, dijo la ex magistrada.
El pasado 7 de agosto, integrantes de las comisiones unidas del Congreso local acordaron citar a comparecer a ocho alcaldes, sus síndicos y secretarios o directores de Seguridad Pública, en atención a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso Ayotzinapa, para conocer el estado que guarda su fuerza de seguridad pública y todo lo relacionado con los filtros y actuación de los policías en casos de extrema violencia.
Este jueves comparecieron, además de Román Ocampo, los alcaldes de Chilpancingo, Zihuatanejo, Cocula y Ometepec.
Texto: Rosalba Ramírez García/Foto: Jesús Eduardo Guerrero
