La Relatora de la ONU Victoria Tauli-Corpuz presentó en Cdmx el informe de su visita a México. Plantea que el gobierno debe financiar las funciones de autogobiernos como el de Ayutla. Hay denuncias de Chilapa, Zitlala, Atlixtac y Ahuacuotzingo, donde se tiene un registro de cien mujeres monolingües desaparecidas.
Acapulco, Guerrero, 17 de octubre de 2018. El gobierno debe de proveer los medios para financiar las funciones de autogobiernos indígenas como el de Ayutla conforme a estándares internacionales, dice en su informe la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
Expone que los indígenas guerrerenses son desplazados por la violencia y amenazas de los grupos criminales, aunado a que en ciertas áreas confluyen esos grupos e intereses mineros, lo que aumenta su vulnerabilidad. Los jóvenes deben decidir entre unirse a estos grupos o ser torturados, desaparecidos o asesinados, denuncia.
Recomienda la coordinación entre el gobierno e instituciones comunitarias como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), cuyos integrantes sufren “persecución penal y criminalización”.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “es emblemático”. Las investigaciones deben proceder con celeridad y de acuerdo con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
No consultaron a los pueblos en proyectos como La Parota y las mineras en San Miguel del Progreso
Informa que los gobiernos estatal y federal mantienen su intención de realizar el proyecto de La Parota, aunque los tribunales agrarios anularon los resultados de asambleas agrarias que aprobaron el proyecto que causaría desplazamientos e impactos a los recursos naturales.
Además los indígenas no son consultados en los proyectos realizados en su territorio y en sus impactos, por eso comunidades como la me’phaa de San Miguel del Progreso, Guerrero han interpuesto demandas contra la Ley Minera.
Este lunes Tauli-Corpuz presentó en la capital del país el informe final de su visita a México en noviembre de 2017, el mismo que fue hecho público por primera vez el 9 de agosto, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y presentado en el 39 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como se informó en la edición del 20 de septiembre de El Sur.
En su paso por Guerrero, la relatora visitó la comunidad nahua Tlatzala, del municipio de Tlapa, donde se encontró con más de 300 indígenas de municipios de la Montaña y la Costa Chica.
Guerrero destaca por el número y la gravedad de los casos sobre la situación de los pueblos indígenas en México. En la defensa del territorio “agentes estatales han convocado asambleas agrarias o creado padrones de comuneros para facilitar la apropiación de tierras comunales para los proyectos. En el caso de la represa de La Parota en Guerrero, aunque los tribunales agrarios anularon los resultados de asambleas agrarias que aprobaron el proyecto, los gobiernos estatal y federal mantienen su intención de realizarlo, pese a que causaría desplazamientos e impactos a tierras y recursos naturales”.
Respecto a megaproyectos, algunas comunidades como la me’phaa de San Miguel del Progreso han interpuesto demandas contra la Ley Minera porque no fue consultada. Ese caso fue “sobreseído” tras la cancelación de las concesiones, lo que evitó que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara sobre la Ley Minera. La comunidad ha vuelto a presentar recursos legales por temor a nuevas concesiones. Urge “una atención especializada” para el reconocimiento y protección de las tierras y territorios de los pueblos indígenas.
El artículo 2 de la Constitución mexicana reconoce el derecho a la libre autodeterminación pero “lo encierra con candados que hacen difícil su aplicación en la práctica” debido a los criterios de las constituciones locales, se señala en el informe.
Ayutla es un caso reconocido donde las comunidades realizaron varias acciones legales y posteriormente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el proceso de consulta que permitió que este año por primera vez se eligieran las autoridades mediante usos y costumbres.
“Se deben promover y fortalecer los sistemas de autonomía y autogobierno indígena, incluyendo sus sistemas jurídicos, incluido con la provisión de los medios para financiar dichas funciones autónomas, conforme al artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, se expone.
Integrantes del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla se reunieron el pasado domingo con Tauli-Corpuz para que intercediera ante las autoridades mexicanas debido a los obstáculos y negatividad para reconocerlos como autoridad, se informó en la edición de ayer de este periódico.
Frente a la inseguridad, se han creado organizaciones indígenas como la Policía Comunitaria en Guerrero en 1995. Reconocida legalmente en 2011 “actualmente hay iniciativas legislativas para desconocer los sistemas normativos indígenas” en alusión a la reforma al artículo 14 de la Constitución de Guerrero realizada en julio pasado y que actualmente es revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sus integrantes sufren persecución penal y criminalización, por eso “se recomienda el establecimiento de canales de diálogo, coordinación y colaboración” entre la institución comunitaria y el gobierno.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es “emblemático”, dice la Relatora que se reunió con los padres. “Las investigaciones deben proceder con celeridad” y de acuerdo a las recomendaciones del GIEI y el mecanismo de seguimiento establecidos por la CIDH y las recomendaciones del sistema internacional, indica.
Cien mujeres monolingües desaparecidas en Chilapa, Zitlala, Atlixtac y Ahuacuotzingo
En Guerrero, Chiapas y Chihuahua ocurren desplazamientos forzados de familias y comunidades indígenas a raíz de amenazas y violencia perpetradas por grupos criminales que se disputan los territorios, se señala. La principal respuesta del gobierno ha sido una mayor presencia militar que no ha disminuido la violencia.
Algunas denuncias provienen de Chilapa, Zitlala, Atlixtac y Ahuacuotzingo, donde se tiene un registro de cien mujeres monolingües desaparecidas. En el estado, “la presencia del crimen organizado en áreas donde también existen intereses mineros aumenta la vulnerabilidad de las comunidades indígenas”.
Dada la ausencia de políticas de prevención y de oportunidades económicas “quedan pocas opciones a los jóvenes, y frecuentemente deben decidir entre unirse a estos grupos o ser torturados, desaparecidos o asesinados”. Por eso deben tomarse medidas de protección a las comunidades afectadas que incluyan la coordinación con la Policía Comunitaria.
Por último, se informa que muchas comunidades indígenas no cuentan con centros educativos porque no reúnen los requisitos de población impuestos por autoridades estatales. Por ejemplo, la comunidad me’phaa de Buena Vista municipio de Atlixtac, solicitó un Centro de Educación Preescolar Indígena sin que éste se haya creado hasta ahora a pesar de la sentencia de amparo que lo ordena.
En resumen fueron 20 alegaciones de Guerrero de un total de 100 que recibió Tauli-Corpuz durante su visita al país.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: archivo El Sur
