Europa Press

Barcelona

La selección española masculina de futbol se situó este lunes como nueva número uno del ranking FIFA tras conquistar el Mundial de 2026 con su victoria sobre Argentina (0-1) en la final disputada este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos), un éxito que permite a la campeona del mundo desbancar precisamente a la campeona de Qatar 2022 y vigente subcampeona mundial.
España protagoniza además la mayor ganancia de puntos de esta actualización, con 121.17 puntos más, y recupera el primer puesto de la clasificación mundial, igualando su mejor registro histórico. De este modo, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente añade el liderato del ranking FIFA al título mundial conquistado este domingo y a la Eurocopa lograda en 2024.
Con este ascenso, España firma además un hito al situar simultáneamente a sus selecciones masculina y femenina al frente del ranking FIFA. El combinado femenino continúa ocupando el número uno mundial, condición que mantiene desde su conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.
La actualización de julio también deja otros movimientos destacados, con Marruecos alcanzando la mejor clasificación de su historia al ascender hasta la sexta posición, mientras que Noruega, cuartofinalista del Mundial 2206, protagoniza la mayor subida de esta edición con doce puestos ganados.
El nuevo ranking confirma así el relevo al frente del futbol mundial después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con España como nueva referencia tanto en categoría masculina como femenina tras un ciclo culminado con la conquista de su segunda estrella masculina gracias al tanto, en la prórroga, de Ferran Torres.

Europa Press

Madrid

La FIFA ha iniciado una investigación sobre posibles infracciones disciplinarias cometidas por la selección de Argentina durante la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, celebrada el domingo y en la que cayó ante España (1-0).
Tras el pitido final en Nueva Jersey, el centrocampista argentino Leandro Paredes pareció dar varios puñetazos a miembros de la selección española mientras estos celebraban su victoria sobre el terreno de juego.
La FIFA ha revisado el informe del comisario del partido y ha decidido nombrar a un fiscal de Disciplina y Ética para investigar posibles infracciones del código disciplinario de la FIFA.
Los sudamericanos volvieron a ser criticados por su juego físico, al igual que en su victoria en semifinales contra Inglaterra, en la que Enzo Fernández fue expulsado por dos faltas sancionables.
“Tras evaluar los informes pertinentes del partido de la final del Mundial de la FIFA entre España y Argentina, y de conformidad con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA (FDC), la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha designado a un fiscal de Disciplina y Ética para investigar posibles infracciones del FDC en relación con los incidentes posteriores al partido. La Comisión Disciplinaria de la FIFA comunicará más detalles una vez que se haya completado el informe”, señala la FIFA en un comunicado.
Según ha podido señala la agencia AP, Paredes no fue expulsado en el desagradable final del partido del domingo, por lo que cualquier suspensión o sanción que se le imponga derivaría de una investigación a posteriori que pudiera abrir la Comisión Disciplinaria de la FIFA.
Aún se desconoce si la comisión está investigando a los jugadores argentinos por exhibir una pancarta en la que se proclamaba la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas tras la victoria de semifinales sobre Inglaterra. Dicha acción parecía contravenir directamente el artículo 34.3 del reglamento del torneo.
La Asociación del Futbol Argentino (AFA) fue multada por el mismo acto tras un partido amistoso contra Eslovenia en 2014, pero la UEFA ya ha tomado medidas más severas por una infracción similar, imponiendo sanciones de un partido a los españoles Rodri y Álvaro Morata tras corear consignas sobre las reivindicaciones de España sobre Gibraltar tras ganar la Eurocopa 2024.
La FIFA ya había amenazado con adoptar una línea dura respecto a los gestos políticos, y comunicó a la Federación Inglesa de Fútbol (FA) que Harry Kane se enfrentaría a sanciones deportivas, empezando por una tarjeta amarilla, si llevaba un brazalete con los colores del arcoíris ‘OneLove’ en el Mundial de 2022 en Qatar, donde la homosexualidad está tipificada como delito.

Daniel Velázquez

El gobierno del estado emitió una convocatoria para elaborar un mural que ayude a resignificar “la memoria colectiva de las mujeres víctimas de feminicidio, sus familias y comunidades”.
La temática para elaborar el mural será “el feminicidio, como violencia de género extrema y su impacto en la comunidad, la prevención de la violencia extrema contra mujeres y niñas como medida de no repetición, resiliencia y empoderamiento de víctimas indirectas de feminicidio y sobrevivientes de violencia”.
En la convocatoria publicada en el Periodico Oficial del Estado se invita a participar a artistas mayores de edad, independientes o integrantes de alguna colectiva feminista. Mientras que las víctimas indirectas de feminicidio, sobrevivientes y/u organizaciones sociales podrán integrarse al Comité de selección del mural a ejecutar, el lugar de intervención y ubicación del mismo.
El mural se podrá ubicar en “alguno” de los nueve municipios del estado con declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Acapulco, Ayutla, Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Ometepec, Tlapa y Zihuatanejo.
El mural podrá ser de 12 metros cuadrados y hasta un máximo de 20 metros cuadrados. La propuesta que los artistas presenten deberá incluir el costo del metro cuadrado y las dimensiones del muro a intervenir.
El mural tiene como objetivo dar cumplimiento a la medida 4 de Reparación del daño de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida: “Determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el estado de Guerrero. Para la definición de la reparación simbólica se tomará en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y a los familiares de las víctimas”.
Las personas interesadas en participar deberán registrarse vía internet antes del 10 de agosto, la propuesta ganadora se conocerá el 14 de agosto y el 15 de noviembre será la fecha límite para la entrega del mural.
Las víctimas indirectas de feminicidio, sobrevivientes de violencia extrema y organizaciones sociales interesadas que deseen formar parte del Comité seleccionador también deberán registrarse por internet.
“La autora de la propuesta artística que se ejecute mantendrá los derechos de autor, autorizando su uso y reproducción para la difusión del proyecto, comprometiéndose a colaborar en la difusión del mensaje de su mural a través de medios de comunicación y redes sociales que el gobierno del estado de Guerrero, tenga a su alcance”.
La contratación de la artista para elaborar el mural será por la Secretaría de la Mujer.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de 21 colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos en Guerrero se reunieron ayer más de tres horas con la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda en Casa Guerrero, a quien le reclamaron la aprobación de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas, sin darles a conocer antes el contenido final que se aprobó.
Demandaron, además, la independencia y más recursos y equipo para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y para las búsquedas, coincidieron por separado los representantes, consultados al salir.
Agregaron que también le pidieron a la gobernadora información de cuándo entrará en funciones el Centro de Resguardo e Identificación Humana de Acapulco, así como un incremento al monto de la canasta básica mensual que reciben las familias de las víctimas, que actualmente es de 3 mil pesos.

Destinarán este año 45 millones de pesos para el equipamiento del Centro de Identificación Humana

Los representantes coincidieron en que no hubo un compromiso formal de la gobernadora Salgado Pineda a ninguno de los planteamientos, sólo se comprometió a destinar este año 45 millones de pesos para el equipamiento del Centro de Resguardo e Identificación Humana.
También les prometió que se van a volverse a reunir antes de que termine su administración y la próxima semana van a realizar una visita al Centro de Resguardo de Identificación Humana para que constaten el avance de la obra.
Los representantes de las víctimas de desapariciones coincidieron en que salieron del encuentro con “pocas expectativas”, al grado de que uno de ellos, el representante del colectivo Cocuyo, Teodoro Gallegos García declaró que más que atención y diálogo, lo que necesitan de la gobernadora es voluntad política y recursos para la CEBP y para las búsquedas de los desaparecidos.
La representante del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, Norma Garduño reconoció que saludan la aprobación de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas, pero que les preocupa su implementación porque los diputados la aprobaron sin que se haya avisado a los colectivos que venían participando en las mesas de trabajo con sus propuestas.
“Hoy sabemos que hay una aprobación, pero no sabemos qué sí y que no pasó en esa Ley que están aprobando, creo que en términos de transparencia nos deben mucha información nuestras autoridades”, cuestionó.
La activista criticó que la de ayer fue una reunión “tardía”, tomando en cuenta que “es preocupante” el nivel de rezago en desapariciones e identi-ficación humana, por el vacío ins-titucional y la falta de coordinación entre las instituciones.
Criticó que vieron en la reunión que, a pesar de la crisis de identificación, no hay acciones coordinadas entre las instancias del Gobierno. Lamentó que mientras en estados del norte ya están tecnolo-gizados en la materia, “en Guerrero, las madres buscadoras seguimos saliendo con varillas”.
Sumado a ello, denunció que las madres buscadoras viven en un alto nivel de desprotección económica, hecho que las obliga a decidir entre si invierten los pocos recursos que tienen en la alimentación de sus familiares o los dejan encargados y se van a las búsquedas con esos recursos.
Otro problema, contó, es el “enorme problema de inseguridad por la falta de acciones preventivas para que se frene el número de desapariciones; seguimos hablando de reclutamiento infantil, seguimos, tristemente, mirando los colectivos de búsqueda que niños, infantes y adolescentes que perdieron a sus madres y a sus padres hace 10 años, hoy son compañeros en los colectivos de búsqueda”.
Cuestionó que no hay políticas públicas encaminadas a que estos niños y niñas y jóvenes, recuperen sus proyectos de vida.
Mientras tanto, las carpetas de investigación, agregó, se encuentran en un alto grado de impunidad; “no se conocen proyectos de reparación del daño por desaparición, y, desafortunadamente, el Gobierno de Guerrero no tiene un plan de trabajo para cumplimentarlos”.
La representante del colectivo Hasta e Encontrarles Guerrero, Diana Rufino Tapia, informó que también le pidieron a la gobernadora infor-mación de cuándo comienza a operar el Centro de Resguardo e Identifi-cación Humana, para reconocer a los tres mil 181 cuerpos que hay en el Servicio Médico Forense (Semefo) del estado.
Al respecto, dijo que les informaron que el Centro todavía está en preparativos y que apenas van a mandar traer el equipamiento, para el que se destinaron 45 millones de pesos este año, “esperamos que lo que van a adquirir sea de la tecnología que se necesita para los peritos y el personal capacitado que va a estar laborando”.
Otro planteamiento, fueron recursos y el equipamiento para la CEBP; “necesitamos georadares, drones, unidades de transporte, además de herramientas como varillas, palas y picos, porque lo que tiene la CEBP no es suficiente, necesitamos más”, dijo la activista.
Demandaron, además, la canalización de las madres enfermas a hospitales, “hay muchas que están enfermas de cáncer y necesitamos saber qué se va a hacer con ellas, a dónde las van a canalizar, y cual va a ser la ruta o el acercamiento que van a tener con esas madres, porque los tratamientos son muy costosos para costearlos nosotras mismas”.
La activista, aclaró que, en general, no salieron con buenas expectativas, “hemos venido reunión tras reunión, y siempre es lo mismo: escuchamos, nos escuchan, sólo es una catarsis”.
Sin embargo, dijo que esperan que esta reunión sí sea la buena y que antes de que se vaya la gobernadora les deje el Centro de Resguardo, una CEBP y una CEEAV funcionales, y que haya recursos destinados a las madres buscadoras con carpeta estatal para que sigan buscando y no desgastarlas más física, emocional-mente y económicamente”.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos denunciaron que la reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que exonera a las fuerzas armadas de los crímenes del 14 septiembre de 2014 en Iguala, equivale a una traición a las víctimas que han sufrido desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
En un comunicado fechado el viernes 17, convocaron a la sociedad civil, a las organizaciones nacionales e internacionales a no callar ante este atentado contra los derechos humanos en México.
En el escrito exponen que la recomendación 208VG/2026 de la CNDH, no busca esclarecer los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, sino exonerar a la institución militar de sus responsabilidades, al desestimar las pruebas de las investigaciones de expertos independientes.
Señalaron “cinismo”, “descaro” y una “enorme insensibilidad” de la presidenta María del Rosario Piedra, que desestime los hallazgos sobre las acciones y omisiones de elementos del 27 Batallón de Infantería de la Defensa Nacional, que varios organismos defensores han resaltado, porque existen elementos para investigar e incluso 20 militares ya han sido vinculados a proceso por este caso.
Al exonerar a los militares, la CNDH no sólo se convierte en cómplice de la impunidad, revictimiza a los estudiantes y desvía la atención de las evidencias sobre el papel de las Fuerzas Armadas, afirman.
Explican que la resolución “parece retomar narrativas desechadas por falta de sustento técnico, ignorando años de investigaciones independientes y los señalamientos de opacidad en la entrega de información de inteligencia. Nuestra exigencia siempre ha sido la de encontrar una justicia real y no a modo”.
Ratificaron que “la CNDH no busca esclarecer la verdad, sino exonerar a la institución militar de sus responsabilidades, al desestimar pruebas y exculpar a las Fuerzas Armadas de su participación en casos de Estado, equivale a una traición histórica hacia quienes hemos sufrido desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales”.
Observan un ataque sistemático de la CNDH contra los informes de expertos independientes, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, para desacreditar rigurosas investigaciones.
Así revela que la Comisión responde a intereses políticos, protegiendo a servidores públicos imputados de cometer graves violaciones a los derechos humanos.
Denunciaron que el organismo abdicó a su mandato y a su autonomía para convertirse en un apéndice de las Fuerzas Armadas, y encubrir las omisiones y acciones castrenses, violentando su propia misión de defender el orden jurídico y garantizar un recurso efectivo a las víctimas.
“La dignidad de las víctimas no se negocia ni se desaparece mediante recomendaciones confeccionadas a modo para proteger al poder militar. La ombudsperson ha demostrado que la institución que encabeza carece de la independencia, el rigor técnico y la sensibilidad moral para seguir ostentando el nombre de Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Exigieron que el organismo deje de operar como la oficina de relaciones públicas de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En el 103 aniversario luctuoso de Francisco Villa, y 37 de la fundación del Frente Popular Francisco Villa Siglo 21 (FPFV), el presidente, Efraín Torres Fierro destacó la vigencia de las demandas que enarboló el general de la División del Norte, y la relevancia del movimiento social sigan acompañando a las comunidades en la gestión de escuelas, centros de salud y servicios públicos.
Sin embargo, reconoció que poco se puede hacer en zonas donde las autoridades están coludidas con la “maña”, como sucede en Chilpancingo, Chilapa y Tixtla.
En consulta, explicó que sin organizaciones sociales, “quién va a decidir en la actualidad -ustedes como periodistas ya lo saben-, ¡pues va a ser la maña! Y el gobierno, en la actualidad, muchos de ellos están sometidos hacia ellos y hacen lo que ellos les dicen. No hay ningún cambio”.
Recordó que el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo el respaldo del movimiento social porque dijo que no iban a aumentar impuestos, que no iba a haber abusos y resultó mentira.
Como referencia, señaló que la Seguridad y Tránsito en la capital del estado es manejado por “la maña” como llaman a los grupos del crimen organizado. “Ellos te imponen la multa que ellos quieren, lo hacen en Tixtla y en Chilapa”.
Por ejemplo, dijo que por un accidente de tránsito en Chilpancingo la multa es de 12 mil 700 pesos, más daños, y en Chilapa, cobran cuotas de entrada y salida a los transportistas.
“Cuántas veces no se le ha dicho al gobierno del estado que a transportistas que está trabajando a diario que se gana el dinero con esfuerzo, con trabajo y arriesgando la vida, esa gente les cobra piso, les cobra entrada y salida. Además, cuando se llevan los vehículos al corralón por cualquier motivo, no son 2 mil, 3 mil; son 20, 30 hasta 40 mil pesos por liberar al carro. Eso se da en todos los lugares, y allá no les pueden decir nada”.
En caso de que un ciudadano presente la denuncia, al otro día amanece muerto, afirmó.
Señaló que las organizaciones son las que están haciendo estos señalamientos, aunque el gobierno federal les pide “hacer esto y aquello”, “pero la gente que se dedica a delinquir no consulta nada, van directamente a acabar con la vida”.

Recuerdan a su compañera Salvadora Chávez

En el acto conmemorativo recordaron a su compañera, Salvadora Chávez Rendón, indígena náhua asesinada el 11 de julio de 2019 en una emboscada en la carretera de Amazintla-Cantera Rosa, cuando viajaban con 10 compañeros a su comunidad, San Jerónimo Papantla.
El pasado 10 de junio también realizaron una protesta por siete años de su asesinato en la sede del poder Ejecutivo el estado, donde señalaron que fue embestida por la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores.
Torres Fierro ratificó que a Salvadora no se le ha hecho justicia, “a pesar de que nosotros estamos señalando quiénes son los que dispararon, la Fiscalía tiene las órdenes de aprehensión y tampoco las han ejecutado”.
Añadió que no es el único caso, son muchos sus compañeros asesinados y secuestrados en los pueblos de Chilapa y Hueycantenango.
En las oficinas del Frente de Defensa Popular (FDP) en la colonia Amate, recordó que hace 37 años en el aniversario de Villa distintas organizaciones estatales conformaron el Frente Popular Francisco Villa Siglo 21, en un congreso nacional.
“No podemos perder esta historia que tenemos que impulsar, la lucha por la educación, por maestros, que sigue vigente. Todo mundo sabe que Francisco Villa luchó por la educación, principalmente en las zonas marginadas, donde no hay escuelas, y si hay maestros no tienen lo necesario para impulsar a sus alumnos, sin tecnologías, sin electricidad”.
También planteó que el gobierno del estado cumpla los compromisos que tiene con la organización de Guerrero. Precisó que hay avances en el pliego de obras sociales que acordaron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Indicó que ya están trabajando maquinaria pesada en la obra carretera de San Jerónimo Palantla-Amatzintla, en Chilapa, y en la colonia Nuevo Balzamar, rumbo a Leonardo Bravo, donde se reubicaron a familias desplazadas de la Sierra tras los huracanes Ingrid y Manuel, ya se pavimentó la calle principal, que era lo más urgente.
Falta la electrificación y los demás servicios, así como la regularización del terreno, que no ha realizado la Sedatu.
Adelantó que en agosto la organización va a revisar los avances para presentar el concentrado de necesidades de servicios de 2027, principalmente de escuelas.
Destacó que la organización para plantear nuestras necesidades ante las autoridades es un derecho, y es necesario porque a un comisario sólo, no le hacen caso.
“Sino se le hace caso a un comisario, sino se le da entrada, es una burla que se le hace al pueblo, y nosotros decimos, la única manera de resolver las cosas, es por medio de una organización para exigir con unidad”.

De mayo a esta fecha la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) mantiene activas las fichas de 12 personas en municipios de la Costa Grande, entre ellas dos mujeres y dos hombres menores de edad. Nueve de las desapariciones ocurrieron en el municipio de Zihuatanejo.
En ese mismo lapso fueron encontrados los cuerpos con huellas de violencia e impactos de arma de fuego del comunicador y ambientalista Manuel Alejandro Mora Serna, y de la chef de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero, Clara Guadalupe Herrera Pérez Baca. Ambos radicaban en el puerto de Zihuanatejo y hasta esta fecha la Fiscalía General del Estado no ha informado ningún avance en sus investigaciones.
Yuridia Izazaga Tenorio de 42 años desapareció el 26 de abril en la localidad de Nuxco, municipio de Tecpan de Galeana. No obstante, su familia interpuso la denuncia de los hechos el 15 de junio pasado.
El 28 de mayo de 2026 desapareció Massimo Rafael Hernández Guzmán de 15 años, en el municipio de Zihuatanejo de Azueta.
El 10 de junio fueron desaparecidos también en Zihuatanejo José Octavio Ortega Vargas, de 30 años; Jaciel Arroyo Gallardo, de 20; y Brendy Mongue Gutiérrez, de 19.
Eduardo Avalos Rojas de 32 años desapareció el 17 de junio en el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca.
El 18 de junio desapareció en Zihuatanejo Víctor Alfredo Velázquez Jiménez, de 20 años.
Samuel Pineda Ángel de 17 años fue visto por última vez el 1 de junio de 2026 en Zihuatanejo, pero su caso fue denunciado ante las autoridades el 20 de junio de 2026.
Fernando Díaz Sánchez de 27 años fue desaparecido el 22 de junio de 2026 en Zihuatanejo.
Ruby Vázquez García de 42 años, desapareció el 26 de junio en la colonia Cuauhtémoc de Zihuatanejo.
Y Nathalia Rojas Romero de 16 años fue vista por última vez el 19 de junio de 2026 en Zihuatanejo. Su denuncia fue levantada el 3 de julio pasado.
Otra menor que está desaparecida es Adelina Zarate Maldonado de 15 años, fue vista por última vez el 14 de julio en Petatlán.
Otras dos menores de 14 y 15 años desaparecieron en junio y julio en Atoyac y Zihuatanejo, pero fueron localizadas.
La presidenta de la Asociación de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Emma Mora Liberato alertó que cuentan con un registro de 37 casos de desaparición en los municipios de Coyuca de Benítez, Tecpan de Galeana, San Jerónimo (Benito Juárez), La Unión de Isidoro Montes de Oca y Zihuatanejo.
En este último municipio gobernado desde el 2018 por el matrimonio de priistas Jorge Sánchez Allec y Lizette Tapia Castro, el colectivo tiene documentados siete casos.
El 8 de julio pasado, en su primera búsqueda en Zihuatanejo, las fichas de búsqueda que pegó la Asociación de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública fueron arrancadas. (Luis Daniel Nava /?Chilpancingo).

La Fiscalía General del Estado (FGE) difundió la mañana de ayer una ficha de búsqueda por la desaparición de un joven de 23 años, ocurrida en esta ciudad de Iguala el martes de la semana pasada.
De acuerdo con la ficha con reporte HVAGRO/147/2026 de la alerta ¿Has visto a…?, el joven Gerardo Alejo Santos, de 23 años, fue visto por última vez en Iguala el pasado 14 de junio, y la denuncia de su desaparición fue presentada por sus familiares este domingo.
En la ficha difundida por la Fiscalía estatal en su página oficial de Facebook ayer a las 11:48 de la mañana, se indica que el muchacho tiene un tatuaje de venado en el antebrazo izquierdo, como parte de sus señas personales.
En tanto que sus rasgos físicos son: moreno claro, ojos pequeños cafés oscuro, cabello negro mediano y mide 1.70 metros de estatura. Hasta las 8 de la noche de este lunes se desconocía el paradero del joven. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Redacción

Chilpancingo

El asesinato que se le imputa al dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, y por el que fue detenido el viernes pasado, es el del comisario municipal nahua de Xicotlán, municipio de Chilapa, José Pablo Xanteco Bartolo, ocurrido el 30 de octubre del 2021.
Testimonios de vecinos indican que José Pablo de 47 años de edad, era transportista y cubría la ruta de Xicotlán a Chilapa en un Nissan Tsuru de modelo antiguo.
Ese día salió entre 10 y 11 de la mañana de Xicotlán rumbo a Chilapa, contratado por dos jóvenes quienes ya casi al llegar a Chilapa, en la colonia Corral de Piedra, lo asesinaron a balazos.
De acuerdo con las fuentes, el caso, a diferencia de otros que ocurren en la zona cometidos en contra de miembros del Cipog-EZ o de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), no se hizo público, a pesar de que la víctima era el comisario municipal, y de que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias.
Sin mayores elementos que señalen al dirigente del Cipog-EZ Plácido Galindo como el responsable intelectual, en la comunidad se corrió el rumor de que fue él quien planeó el asesinato, derivado de que José Pablo no quiso, como comisario municipal, formar parte del Cipog-EZ.
“Yo creo que le hicieron daño porque no se quiso someter a la organización de esa gente como comisario municipal y no quiso firmar los acuerdos, debido a que predicaba una religión que le impedía formar parte de otras agrupaciones”, dijo el ex comisario municipal y dirigente de San Jerónimo Palantla, Constantino Calvario Merino, quien se asume como perseguido por la CRAC-PF y el Cipog-EZ, Contó que ha sobrevivido por lo menos a cinco atentados, del último sigue convaleciendo.
“Él (José Pablo) decía que no tenía problemas con nadie y no tomó las precauciones, por eso le hizo daño esa gente, siempre fue tranquilo no se metía con nadie, platicaba con todos porque no le gustaba echar pleito con nadie”, declaró Constantino.
Dijo que su “mala suerte” fue que lo eligieron comisario “y ya siendo autoridad no se quiso someter a esas organizaciones y por eso le quitaron la vida”.
Aseguró que como el asesinato de José Pablo ocurrieron otros de los que se responsabilizó al Cipog-EZ y a la CRAC-PF, como el de Antonia Orgin Casarrubias, originaria de San Jerónimo Palantla, pero que ya llevaba mas de 10 años radicando en Chilapa.
Aseguró que ese caso tampoco se hizo público “no hubo ni carpeta de investigación” porque sus familiares impidieron que actuara el personal de la FGE y ellos realizaron el levantamiento del cuerpo.
Calvario Merino denunció que él mismo ha sufrido varios atentados desde el 2013, cuando apenas comenzaba a organizarse la CRAC-PF.
El 8 de febrero del 2015 “me levantaron, me golpearon y me fracturaron la mano en la Comisaría Municipal junto con otros compañeros; el 12 de febrero de 2017 me emboscaron cerca de San Jerónimo Palantla junto con dos ciudadanos que resultaron lesionados; la camioneta recibió 12 impactos de bala”, contó.
Agregó que el 30 de diciembre de 2018 nuevamente lo emboscaron en el lugar conocido como Cruz Verde, cerca de Lamazintla, y salió ileso junto con uno de sus compañeros. Dijo que esa vez participaron en el ataque “diez encapuchados”.
El 11 de julio de 2019 sufrió otra emboscada, igual, cerca de Lamazintla, junto con 11 de sus vecinos, hombres y mujeres, y esa vez mataron a Salvadora Chávez Rendón y otra mujer, Santa Isabel, resultó lesionada de gravedad.
El 27 de septiembre 2025, Constantino resultó gravemente herido de otra emboscada junto con cinco de sus compañeros, y esa vez murió un nieto de Salvadora y él salió con lesiones graves, cerca de un retén de la Policía del Estado en la colonia de Zizintitlán de San Jerónimo Palantla.
Aseguró que, en todos los casos, entre los atacantes identificaron a gente del Cipog-EZ y de la CRAC-PF.

Carmen González Benicio

Tlapa

Familiares y vecinos del defensor de la Plazuela de los Cántaros, Sergio Hugo Ureiro Castañeda, asesinado hace un año, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Región Montaña para exigir justicia y avances en la investigación.
El grupo de personas llegó como a las 10:30 de la mañana y permaneció dos horas con su manta, cartulinas y una bocina, desde donde exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda que tomen el caso porque a un año del homicidio del arquitecto Sergio no hay avances.
Verónica Ureiro, hermana del asesinado, recordó que un domingo 20 de julio por la tarde, mientras su hermano esperaba su turno para cargar gasolina a su camioneta en la gasolinera del centro Tlachichinolapa fue asesinado a balazos.
Dijo que lo único que había hecho era defender el espacio de la plazuela que estaba ocupado por comerciantes de alimentos que estaban afectando los árboles con el aceite que le tiraban, los clavos que le ponían y los medidores de energía, y por eso pidieron la intervención de las autoridades ambientales.
Los acompañantes dijeron que lo único que pedían era justicia, porque la vida de Sergio no regresaría.
Dejaron las pancartas pegadas en las puertas con las frases: “Los Defensores no deberían acabar así”, “Fiscalía corrupta” y “Justicia para el arquitecto Sergio Hugo”.
Además, colocaron veladoras en la entrada de la Fiscalía en memoria de defensor de la Plazuela.
La movilización por la recuperación de la plazuela duró un año, el 06 de enero de 2024 los vecinos de la colonia San Diego cercaron el espacio con malla para evitar que los comerciantes entraran, pero luego intervino el Ayuntamiento de que se quitarían sin que eso ocurriera, por lo que los comerciantes siguieron vendiendo y los inconformes instalaron un plantón en las afueras donde pusieron una mesa para recolectar firmas que respaldarán la salida de los comerciantes y la Plazuela de los Cántaros quedara libre.
La exigencia de la salida de los comerciantes por parte de los vecinos del Barrio de San Diego era añeja pero tomó forma cuando en el 2024 se enteraron que en el lugar el Ayuntamiento construiría locales de concreto, que sustituirían las casetas de metal y lámina para dejarlos de manera permanente, aunque el municipio no quiso reconocerlo.
Durante todo ese año sostuvieron reuniones con autoridades municipales y estatales sin tener respuestas por lo que movieron su protesta a Chilpancingo, con un plantón de donde fueron desalojados por la policía.
Al inicio del 2025 recibieron respuestas favorables y reanudaron las pláticas con los comerciantes por lo que algunos aceptaron mover sus casetas y cosas, pero no todos, por lo que el día nueve de enero de 2025 los vecinos las quitaron dejándolas entre las calles Galvez y Fonseca para que fueran por ellas, pero nadie lo hizo y días más tarde lo hizo el Ayuntamiento para liberar las vías.
En las instalaciones desde la parte alta se asomó el fiscal regional, Mariano Ambrosio Flores pero no bajó para acercarse a la familia a entablar un diálogo, lo cual fue confirmado por Verónica, quien dijo que las autoridades son indiferentes con quienes acuden a pedir justicia, sobre todo si son personas comunes.
Pidieron que sea otra instancia la que atraiga el caso para que la investigación avance, porque no tienen información y para ellos el único motivo fue la defensa de la plazuela, donde ahora se hacen actividades culturales.