Malé. Esta ciudad mide seis kilómetros cuadrados, pero todo está apretado. Es natural. Con mil 102 personas por kilómetro cuadrado, es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, que combina su saturación, por si no fuera suficiente, con decenas de miles de automóviles y motocicletas. La vida aquí tiene un significado muy distinto al de otras naciones. Malé, no sólo es el centro político y económico de un archipiélago de mil 190 islas en el Océano Índico, sino el eje de la cruzada contra el cambio climático. Los maldivos saben de lo que hablan. Con el 80 por ciento de su superficie total con una altura máxima de un metro sobre el nivel del mar, será cuestión de tiempo, pero no más de lo que resta del siglo, para que el deshielo de los polos haga que el mar se los trague. En este lugar del mundo no hay retórica. La lucha por no desaparecer bajo el agua es permanente.
Este archipiélago es lo más plano que existe en la Tierra, y la inexistencia de topografía es lo que lo hace la zona más vulnerable del mundo frente al cambio climático. Pareciera que el destino manifiesto de los paraísos es ser los primeros en desaparecer. Las Islas Maldivas pueden entrar en esa categoría cuando se observan sus 26 atolones desde el aire, una serie de islas que forman cadenas con estructuras bordeadas por playas de talco blanco y mares turquesa que abrazan sus masivos arrecifes de coral, y que ya tienen escrito, de no hacerse nada, su certificado de defunción.
¿Qué sucederá si el peor escenario se materializa? Toda su infraestructura de vivienda y de las pocas empresas que existen quedaría sumergida en el mar. Igual pasaría con sus cinco aeropuertos –dos de ellos internacionales, que son vitales para el turismo–, y sus 128 puertos y marinas, que se encuentran en la parte costera. Cualquier inundación por lluvias o por eventos extraordinarios como el tsunami de 2004, provoca daños materiales y desplazamientos en estas islas. Y cada año, se agrava. En el 62 por ciento de las 200 islas habitadas y en el 45 por ciento de las 80 que son destinos turísticos, se ha reportado erosión en sus playas. Aguas más calientes también irán destruyendo el ecosistema coralino.
La cruzada contra el cambio climático fue llevada a todos los foros internacionales por el ex presidente Mohamed Nasheed, quien en 2008 comenzó a pedir ayuda al mundo para que, mientras comprometía a su nación a establecer una tasa de cero emisiones de dióxido de carbono, lo apoyaran a comprar tierras en otras partes del mundo para establecer ahí la nueva patria maldiva. Lo escucharon con atención y compartieron el drama en muchos de los organismos internacionales donde tocó la puerta, pero no le dieron muchas expectativas de respaldo financiero. Los principios no funcionan cuando hay dinero involucrado.
Cinco años después, cuando llegó a la presidencia Abdulla Yameen, hubo un cambio de estrategia. Ni neutralidad con el carbón, ni compra de tierras. Buscarían la sobrevivencia de manera agresiva. Turismo masivo en islas rentadas y mega desarrollos urbanos levantados en islas artificiales, sería el camino. Con esos recursos se reubicaría a miles de maldivos en las zonas de mayor vulnerabilidad a las nuevas tierras fortificadas contra el cambio climático. Igualmente, reubicarían a los habitantes de las casi 191 islas que tienen menos de cinco mil habitantes cada una, y rentarlas para entregarlas a quienes quieran invertir.
La estrategia se ha convertido en acción. A la vista de Malé, a mil 300 metros, se está construyendo sobre la isla Hulhumale, la Ciudad de la Esperanza. La isla comenzó a surgir de entre el mar en 1997 y apenas hace una década se colocaron las bases de su infraestructura. Ahora es la vanguardia del futuro y sobrevivencia. La isla tiene dos kilómetros cuadrados, pero está diseñada para acomodar a 130 mil personas, que podrán vivir tranquilos porque está fortificada con muros que se levantan tres metros sobre el nivel del mar. Más de una decena de nuevas islas artificiales se están construyendo.
El plan, altamente controvertido para quienes piensan que los ideales son primero, es audaz y quizás la solución que cambie el destino de las Maldivas. Con esta estrategia el gobierno piensa llevar el turismo, actualmente de 1.3 millones al año, a 10 millones. No es un turismo barato. Hoy en día varias de las islas de los atolones son ocupados las grandes cadenas hoteleras del mundo, que llegan a cobrar por un palafito –construidas sobre el mar– estándar, hasta 7 mil dólares la noche. Los sueños del gobierno son captar la atención de universidades de alto prestigio para instalar campus en el archipiélago y centros de alta tecnología en el futuro mediato.
La belleza de esta región coralina ya ha sido vista con ambición por algunos. Los saudíes, por ejemplo, van a invertir 10 mil millones de dólares en desarrollar el atolón Faafu, a dos horas y media en bote desde aquí, donde viven mil 500 personas. El atolón, con una forma casi de circunferencia, tiene 30 kilómetros de largo por 27 de ancho, donde los saudíes quieren hacer algo similar a la Rivera Francesa, que combine destinos turísticos con viviendas de lujo. Los maldivos piensan que no fue renta lo que se hizo, sino una venta. El presidente Yameen lo ha negado, pero hace tres años modificó la Constitución para poder vender territorio a extranjeros. Soberanía contra sobrevivencia es el dilema. Difícil, viviendo en la realidad maldivia, la decisión.
[email protected]
twitter: @rivapa

El director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapa-Zihuatanejo (OCVIZ), Pedro Castelán Reyna, manifestó que pese al llamado en redes de no viajar a México tras el homicidio de un funcionario de Estados Unidos, ocurrido el pasado 27 de diciembre en la zona comercial de Ixtapa, este organismo continuará con la promoción turística.
Aseguró que “seguiremos trabajando en el tema de la promoción, seguiremos reforzando mercados tan importantes para nosotros, como es el mercado americano y el mercado canadiense que hemos incrementado de una forma muy positiva”.
Castelán Reyna fue consultado vía telefónica sobre el nuevo vuelo directo de Guadalajara a Ixtapa-Zihuatanejo, de la aerolínea Aeromar, que a partir del mes próximo tendrá dos vuelos frecuentes los jueves y domingos.
Aunque intentó evadir la respuesta cuando se le preguntó acerca del llamado a no viajar a México, Castelán comentó de manera muy breve: “Ellos tienen su versión, tienen su posición como tal, la misma que han tenido en años anteriores, afortunadamente la llegada de turistas tanto americanos como canadienses ha sido a la alza. Este último año, el 2017, fue muy positivo para nosotros”.
“En el mes de noviembre iniciamos el vuelo directo desde Chicago hasta Ixtapa-Zihuatanejo, con nuestros amigos de Volaris; afortunadamente la ocupación de los aviones viene de forma positiva; seguiremos trabajando nosotros en el tema de la promoción, seguiremos reforzando mercados tan importantes para nosotros como es el mercado americano y el canadiense, que hemos aumentado en forma muy positiva”.
Castelán recordó que “en 2013 teníamos sólo tres vuelos directos desde Canadá, hoy tenemos ocho ciudades con vuelo directo hacia Ixtapa-Zihuatanejo. En el caso de Estados Unidos, hemos logrado incrementar también con Los Ángeles, Milwaukee, Chicago, entonces creo que lo que tenemos que hacer nosotros es seguir trabajando en el tema de promoción, porque en nuestro destino tenemos sin duda un potencial muy importe, las bellezas naturales que tenemos, la gastronomía, como tal la infraestructura hotelera con la que cuenta hoy Ixtapa-Zihuatanejo y lo más importante, la calidad y la calidez en la atención de nuestra gente que es sin duda algo que se llevan nuestros turistas en el corazón”.

El secretario de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, sostuvo “sin minimizar lo que pasó”, luego del asesinato de un funcionario estadunidense en Ixtapa, las balas perdidas en la zona Dorada de Acapulco, que hirieron, el 31 de diciembre, a cinco turistas, y el accidente en la carretera frente a San Jerónimo, que dejó una decena de personas muertas, turistas de Estados Unidos entre ellas, que “el balance en las vacaciones durante la primera semana fue positivo”.
Rodríguez Escalona comentó en conferencia de prensa convocada en el restaurante del hotel Elcano, en la zona Dorada del puerto, que la temporada turística 2017-2018, “es positiva y se adelantó porque históricamente llegaron turistas a pasar la Navidad en el puerto de Acapulco y en otras ciudades turísticas de Guerrero”, situación que no ocurría “desde hace varios años”.
Respecto al exhorto que hicieron ciudadanos estadunidenses, a través de redes sociales, para no viajar a Guerrero después del asesinato del funcionario Douglas Bradley en Ixtapa, el 28 de diciembre pasado, Rodríguez Escalona consideró que difundiendo noticias positivas y hablando sobre una entidad “turísticamente viva, con actividad, y con una gran cantidad de congresos y vuelos directos de Canadá, Estados Unidos y el interior del país”, es como se contrarrestará la mala imagen tras el asesinato.
“Es la manera, cuando la gente viene, disfruta y sin duda, sin minimizar lo que pasó, el saldo es positivo porque hay muchos turistas más y que no tuvieron problemas porque siguen disfrutando en las zonas turísticas en las playas, en los centros turísticos, en las grutas en Taxco, y los municipios como Ixcateopan, La Unión; como en Costa Grande y Costa Chica, Acapulco, Ixtapa, con miles de turistas que vinieron; y estoy seguro que vamos a cerrar con más de un millón de turistas”, dijo.
El funcionario estatal lamentó el asesinato del funcionario estadunidense, no obstante aseguró que el gobierno de Héctor Astudillo atendió el tema y da seguimiento mediante la fiscalía.
De las balas perdidas en la zona Dorada, lamentó que sigan registrándose “costumbres arcaicas que puedan originar pérdidas humanas”.
“Sin minimizar el hecho, celebramos que no pasó a mayores. Por instrucciones del gobernador los atendimos médicamente y los apoyamos económicamente, se pagaron los gastos por parte del gobernador, pero afortunadamente no fueron de gravedad. También en el caso del accidente de la carretera en San Jerónimo que el gobernador instruyó para su atención, apoyar a la familia con los trámites y ayuda posibles, con el papá de uno de los niños y lo trasladamos”, dijo.
Mencionó que ciudades de Guerrero como Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo, estuvieron al 95 por ciento de su capacidad “y eso lo vimos este año, muchos de ellos se fueron el día 25, pero también mucha gente volvió el día 25 y era un cruce de carros de entrada y salida”.
“Terminamos extraordinariamente las fiestas de fin de año y ayer (martes), hoy (miércoles) siguen llegando personas a Guerrero a vacacionar, no solamente Acapulco, sino que también a Taxco, Ixtapa-Zihuatanejo, y hay reportes de la gente que llega en líneas aéreas y autobuses, que tuvieron que incrementar frecuencias a los destinos de Guerrero”, informó el funcionario estatal.
El llegar al 98.4 promedio en Guerrero, consideró, fue “prácticamente lleno para el estado, pero hay hoteles completamente llenos”.
“El balance sin duda del 2017 es muy positivo: 13 millones de turistas visitaron Guerrero en 2017 y comenzamos el año sin duda de manera muy positiva. Tenemos firmados 32 congresos y estamos pensando en cerrar la temporada el domingo y prepararnos en la agenda como la Fitur, recibir la estafeta del Tianguis Turístico en Mazatlán, preparar el puente del 5 de febrero, los congresos que van a llegar, que son los más importantes de todo el país”, declaró.
Rodríguez Escalona consideró que hubo menos ahogados luego de la instalación del programa especial con salvavidas y que incluyó ahora las costas de la entidad, que disminuyó el número de accidentes en Acapulco gracias al mantenimiento que se le hizo a la avenida Escénica y al bulevar de Las Naciones, con iluminación para esas vías, además de que se renovaron los barandales de la avenida Adolfo López Mateos y Sinfonía del Mar en la zona Tradicional.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, retó al presidente Enrique Peña Nieto, a demostrar que no protege al ex mandatario priista César Duarte, especialmente después de que se ha revelado la triangulación de recursos hacia el PRI.

“Quiero hacer un llamado respetuoso pero firme, enérgico, al gobierno de la República para que dé trámite ya a la solicitud de extradición del ex gobernador César Duarte. Ya no hay justificación alguna para el retraso, se les está pasando de tueste”, dijo Corral en conferencia de prensa en esta ciudad fronteriza.

En septiembre, recordó, entregó 10 órdenes de aprehensión que acreditan igual número de presuntos delitos cometidos por el ex gobernador por un monto de más de mil 200 millones de pesos, y ya han transcurrido cuatro meses de haber solicitado el trámite.

“El gobierno de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado ha hecho su trabajo de una manera rigurosa, profesional, seria, técnica y, diría yo, científica. Ahora corresponde al presidente de la República y al procurador general de la República demostrar en los hechos que no protegen a César Duarte aun revelado el caso del desvío de este dinero al PRI nacional”.

Corral hizo estas declaraciones en el marco de la vinculación a proceso que un juez de Chihuahua dictó contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario adjunto del PRI, por peculado, luego de recibir un millón 740 mil pesos por servicios que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, no realizó.

En diciembre pasado se dio a conocer una declaración ministerial de Jaime Herrera Corral, secretario de Hacienda de Chihuahua en la gestión de Duarte, quien reveló que la SHCP avaló la triangulación de 250 millones de pesos para financiar campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Responde a Beltrones, pero evita polemizar

Aunque se negó a entrar en una polémica con el ex gobernador de Sonora Manlio Fabio Beltrones, quien lo acusó de haber vulnerado la justicia al actuar con “testigos protegidos” que aportan declaraciones a modo, Corral sostuvo que las indagatorias de su administración no se basan en testimonios, sino en pruebas.

En las investigaciones que la Fiscalía General del Estado realiza sobre peculado en la administración de Duarte, Beltrones fue señalado de haber acordado el desvío de 250 millones de pesos del gobierno de Chihuahua para las campañas electorales del PRI en 2016, cuando él era presidente del partido.

“Lamentablemente, el gobernador Javier Corral y el fiscal del estado de Chihuahua han faltado a su deber y vulnerado la justicia al actuar con testigos protegidos que aportan declaraciones a modo, para alimentar irresponsablemente con filtraciones la hoguera mediática buscando beneficios en la temporada electoral”, afirmó Beltrones en una carta difundida en diciembre.

“Quisiera no entrar en una polémica o en una discusión de este carácter con el licenciado Beltrones, por las mismas características del tema”, dijo Corral este miércoles.

“Lo único que puedo responder es que las investigaciones que la Fiscalía General del Estado realiza en torno de la operación Justicia para Chihuahua son muy completas, muy robustas, que no solamente se basan en testimonios; se trata de investigaciones técnicas que han conjuntado un gran número de pruebas, análisis financieros, análisis de información electrónica, por supuesto cotejo de la ruta del dinero, depósitos bancarios, transferencias.

“No estamos sustentados sólo en el testimonio de otro imputado (Ricardo Yáñez Herrera, ex secretario de Educación), que no es ningún testigo protegido (…) son actores del círculo principal del ex gobernador del Estado de Chihuahua, que están también en prisión preventiva, incluso algunos de ellos ya sentenciados, y que han dado información que luego el Ministerio Púbico ha podido corroborar. En modo alguno, no hemos inventado testigos o creado testigos a modo, son ex funcionarios del gobierno del Estado”, explicó Corral.

“La operación Justicia para Chihuahua, va. Es nuestro compromiso, indiscutible e ineluctable con el pueblo de Chihuahua, y va a llegar hasta sus últimas consecuencias, hasta donde topen los niveles de responsabilidad”, aseguró.

A unas horas del retorno del ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge a México, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) logró la vinculación a proceso y cárcel preventiva para la ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) Paula González Cetina por peculado, el cual ascendería a más de mil 700 millones de pesos.

Según informes oficiales de la Fiscalía General del Estado, la FECC obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de González Cetina, quien se desempeñó como directora de CAPA en la segunda mitad del sexenio de Roberto Borge.

En la audiencia, que inició a las 12:00 del 2 de enero y terminó aproximadamente a la 1:30 del 3 de enero, el fiscal del Ministerio Público solicitó al juez prisión preventiva justificada, la cual fue otorgada.

Por lo anterior, González Cetina fue trasladada al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, en donde permanecerá el tiempo que dure su proceso.

El actual gobierno detectó en CAPA un desvío de más de mil 700 millones de pesos, por el cual también fue detenida la ex directora de Recursos Financieros de ese organismo Ana Alicia Rivera Galera la noche del 27 de noviembre de 2017.

De acuerdo con los informes extraoficiales, “desaparecieron” mil 80 millones de pesos pagados por la empresa Aguarán, por la concesión que le otorgó el gobierno anterior, en noviembre de 2014, del sistema de agua potable de Playa del Carmen y la extensión de las de Cancún e Isla Mujeres.

También se desconoce el destino de 506 millones de pesos de un crédito bancario a CAPA para el saneamiento de sus finanzas. Además, no se reportó el ingreso de 198 millones de pesos por el uso de cárcamos para aguas negras.

Más imputaciones a Borge

La Fiscalía de Quintana Roo advirtió que podría ampliar los delitos por los que acusa al ex gobernador de la entidad Roberto Borge, quien será extraditado este jueves a México tras ser detenido en Panamá.

Confirmó que Borge enfrenta tres procedimientos penales del fuero común: aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado cometidos en agravio de la administración pública del estado de Quintana Roo.

“Lo anterior, sin que quede restringido el derecho de esta representación social para ampliar los posibles delitos que se le pudieran imputar al ex funcionario estatal, esto, de conformidad con el Tratado de Extradición vigente entre México y Panamá firmado en noviembre del 2004”, resaltó la Fiscalía, sin detallar qué delitos serían ampliados.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la PGR, viajan este jueves a Panamá en un avión oficial para que les sea entregado Borge en el aeropuerto de Tocumen, al filo de las 9:00.

El ex gobernador fue detenido el pasado 4 de junio en Panamá, cuando pretendía viajar a Europa, en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por un juez de control del orden federal, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por los tres procedimientos en contra de Borge, la Fiscalía de QR contabilizó un quebranto patrimonial por más de 3 mil millones de pesos.

El PRD, PAN y Movimiento Ciudadano presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, anunció el coordinador parlamentario de la bancada perredista en San Lázaro, Francisco Martínez Neri.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, consideró que la Corte resolverá “con absoluta imparcialidad”, y pidió que ello se realice lo antes posible, pues “es un tema sensible donde hay muchos mitos, algunas mentiras deliberadas y donde es importante que haya un claro deslinde entre estas cosas y la realidad”.

El priista defendió nuevamente la Ley, a la que calificó de “un instrumento útil, válido para legitimar el trabajo que hace el Ejército cuando se ve forzado a cumplir labores de policía”.

Por su lado, el legislador perredista Martínez Neri confió en que al revisar la Corte el recurso que interpondrán contra esa ley, dará su voto positivo para suspenderla, “ya que a todas luces se trata de una normatividad que no ayuda en la lucha contra el narcotráfico ni fortalece la seguridad nacional. Vivimos en un Estado de derecho y tenemos confianza en que la Corte nos dará la razón porque es una ley nociva que está lejos de regular verdaderamente el actuar del Ejército”.

Los partidos, comentó Martínez Neri, presentarán el recurso antes del 15 de enero, aunque el plazo para hacerlo vence el sábado 20.

Para que el recurso tenga validez, debe ir precedido por la firma de cuando menos 165 legisladores, esto es, 33 por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados.

Para la elaboración del documento, apuntó Martínez Neri, se tiene comunicación con el resto de los coordinadores parlamentarios, pues la intención es que sea apoyada por la alianza Por México al Frente y que también se sume Morena.

Aclaró que se evalúa si se impugna toda la Ley o sólo algunos artículos. En lo que sí se tiene certeza, es que hay que detener este marco jurídico, ya que “el PRI impuso esta norma a pesar de que la ciudadanía y los organismos internacionales han argumentado que se trata de una ley dañina. Por eso seguimos dando la pelea”.

Puntualizó que el país necesita policías bien capacitados para que paulatinamente las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles. “Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, lamentablemente el PRI y sus aliados hicieron oídos sordos”. (Ciudad de México / Agencia Proceso)

En Coahuila, estado que en los últimos 12 años fue gobernado por los hermanos Humberto y Rubén Moreira, el precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, propuso aplicar la “muerte civil” a los corruptos.

Arropado por simpatizantes y ante el ex candidato panista a la gubernatura, Guillermo Anaya, Ricardo Anaya dijo que esta “muerte civil” significará imponer a los corruptos sanciones a perpetuidad para evitar que vuelvan al gobierno, si se trata de servidores públicos, o comercien con él, si son particulares. “El funcionario que cometa un acto de corrupción nunca más en su vida podrá volver a trabajar en un gobierno. Jamás.

“Y la empresa o el particular que se preste al acto de corrupción, que participe en un acto de corrupción, nunca más le podrá volver a prestar un bien o vender un servicio al gobierno en ninguno de sus órdenes de gobierno: federal, estatal o municipal. Muerte civil para los funcionarios y las empresas condenados por actos de corrupción”.

El 16 de noviembre, Reforma reveló que una de las propuestas contenidas en la plataforma electoral del Frente, conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, era instituir lo que el documento aparecía como “muerte civil”.

El ex líder del PAN señaló que formulaba su propuesta de combate a la corrupción desde Coahuila debido a que la corrupción de los Moreira no ha tenido límite y anticipó que el triunfo “robado” del priista Miguel Ángel Riquelme va a permitir la continuidad del pacto de impunidad del que han gozado.

Además de instituir la “muerte civil”, el aspirante presidencial aseguró que en su eventual administración se impulsará la eliminación del fuero que protege a los altos funcionarios y la prescripción de los delitos de corrupción para que puedan ser perseguidos sin importar el tiempo que haya transcurrido desde su comisión.

“(También) vamos a prohibir, por disposición legal, el uso de dinero en efectivo en los tres órdenes de gobierno, ninguna transacción se podrá hacer en efectivo, que es como muchas veces se roban el dinero los corruptos.

“Todos los pagos, por disposición legal, se tendrán que hacer siempre por transferencia electrónica, por transferencia bancaria y, lo más importante, vamos a romper el pacto de impunidad; no va a ver venganza, pero sí va a ver justicia, el que haya cometido un acto grave de corrupción, va a pagar las consecuencias”, sostuvo.

Zedryk Raziel / Agencia Reforma

Ciudad de México

El precandidato de Morena-PES-PT a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el gobierno federal es el responsable del aumento en el precio de los energéticos y de alimentos básicos como la tortilla, por lo que consideró injusto que se culpe a los empresarios.

Explicó que el alza de precios es un medio de recaudación del gobierno, el cual está previsto en la Ley de Ingresos que cada año elabora la Secretaría de Hacienda.

“El gobierno hizo mal en aumentar el precio de las gasolinas, el gasolinazo fue un mal precedente, y ahora se quieren lavar las manos diciendo que son los dueños de las gasolinerías los que están aumentando el precio de las gasolinas, nada más que se debe de considerar que hay impuestos que se están pagando, altos, por la gasolina”, comentó durante un mitin en Yucatán.

Agregó que: “(Quieren) tener una mayor recaudación de impuestos, porque la gasolina con precios altos implica también ingresos por impuestos, entonces no se vale que le esté echando el gobierno la culpa a los gasolineros, porque quien es el responsable de fijar estos precios es el gobierno, tiene que ver mucho con la Ley de Ingresos que se aprueba año con año, se acaba de aprobar la Ley de Ingresos para este año y se contemplaron todos esos aumentos de ingresos”.

El megagasolinazo que entró en vigor el año pasado estaba previsto en la Ley de Ingresos de 2017, que fue elaborada en la SHCP, entonces encabezada por José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia de la República.

López Obrador señaló que el posible incremento al precio de las tortillas está ligado al alza en los energéticos.

“Es lo mismo, no es culpa de los tortilleros, es culpa del gobierno, porque no hay nada para beneficio de las pequeñas empresas, al contrario, aumentan cada vez más el precio de la luz, del gas, de las gasolinas, y esto tiene que ver con el gobierno, no es un asunto de la iniciativa privada”, argumentó.

Presenta este jueves su plan de seguridad

López Obrador defendió, a partir de su experiencia como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que es posible contener la violencia en un plazo de tres años.

Acusó que ni el presidente Enrique Peña Nieto ni su antecesor, Felipe Calderón, se ocuparon de atender el problema.

“Ya llevan bastante tiempo y no han podido, yo no soy ni Calderón ni Peña, yo ya fui jefe de Gobierno de la Ciudad de México y demostré que se puede reducir la incidencia delictiva, ya lo hice, ellos no tienen ninguna experiencia, y además no les ha importado el problema de la inseguridad y la violencia, no lo asumen como algo que le preocupa al pueblo de México”, reprochó.

A un día de que presente a quien estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de su Gobierno, López Obrador adelantó que su equipo ya está trabajando en los programas que se implementarán para combatir la violencia.

“Voy a dar a conocer al próximo Secretario de Seguridad Pública del gobierno democrático. Vamos a crear esa Secretaría que ya existía”, adelantó a través de un video difundido en su página oficial de Facebook.

El tabasqueño dijo que haber incorporado la seguridad pública a la Secretaría de Gobernación durante el actual sexenio no ha funcionado.

López Obrador comentó que su estrategia consiste en un conjunto de acciones tendientes a garantizar la paz y la tranquilidad del país.

“Primero vamos a atender las causas que originaron esta inseguridad, esta violencia. Tenemos que promover el crecimiento económico, que haya empleo, trabajo, que haya atención a los jóvenes.

“Y también que haya orden; no se puede enfrentar a la delincuencia organizada con un gobierno desorganizado”, manifestó el precandidato.

El aspirante presidencial expuso que todas las mañanas se reunirá con el gabinete de Seguridad para tomar decisiones.

“Vamos a serenar el país. Ese es mi compromiso y lo vamos a hacer. Muy pronto se va a terminar ya con esta violencia y van a reducirse los índices delictivos”, puntualizó.

La coalición Por México al Frente apremió al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Secretaría de Gobernación a instalar un comité de seguridad para proteger a los aspirantes a cargos públicos en los comicios de 2018.

Tras la ola de violencia contra políticos en México en el último mes, el diputado panista Jorge Triana informó que los partidos que integran el Frente le propusieron al INE adelantar la mesa de seguridad entre éste y la Segob para crear protocolos de seguridad para los candidatos de las próximas elecciones.

Gobernación “tiene la obligación legal de coordinarse con el INE para hacer convenios de colaboración para garantizar la seguridad de los aspirantes, no nada más a la Presidencia de la República, sino candidatos a diputados, candidatos a senadores e incluso también a candidatos locales”, explicó.

A través del comité de seguridad, conformado por representantes de cada partido, los aspirantes a cargos públicos pueden acceder a escolta, vehículos blindados y apoyo operativo para las giras. “Hay todo un protocolo de actuación” que debe hacer Gobernación, “responsable en primera instancia, pero coordinado con el INE”. Aunque éste sólo vela las elecciones federales, el comité de seguridad puede resolver peticiones de los candidatos locales, explicó el diputado. (Ciudad de México / Agencia Reforma)