Adriana Arcos / Agencia Reforma

Ciudad de México

El índice de pedidos manufactureros cerró el 2017 en un nivel de 51.34 puntos, medida que indica expansión en el sector por situarse arriba del rango de las 50 unidades, aunque representó una baja de 0.37 unidades respecto al cierre del 2016.
De acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi, el indicador acumula tres años de bajas, en los que el sector ha perdido dinamismo y se encuentra, para un cierre de año, en su nivel más bajo desde el 2008, cuando finalizó con una lectura de 45.98 puntos e indicaba contracción en la actividad manufacturera.
El agregado que más bajó respecto a diciembre del 2016 fue el volumen esperado de pedidos, que pasó de 52.53 a 52.86 unidades, una caída de 0.66 puntos, seguido de una reducción de 0.62 unidades en el nivel esperado del personal ocupado.
Los componentes que subieron respecto al cierre del 2016 fueron el volumen esperado de producción y los inventarios de insumos.
Los empresarios del sector disminuyeron su nivel de desconfianza al cierre del año, el indicador que desde marzo del 2015 se ha situado debajo de los 50 puntos, lo que indica incertidumbre, subió tres unidades a 49.61, desde los 46.61 de diciembre del 2016.
Los inversionistas confían en la situación económica presente y futura de la empresa, cuyos puntajes ascendieron a 53.37 y 58.77 unidades, en el mismo sentido confían en la situación económica futura del País con un nivel de 51 puntos.
Mientras tanto, se encuentran temerosos sobre si es actualmente un momento adecuado para invertir y sobre la situación económica presente del País, ya que asignaron puntajes de 38.75 y 46.63, respectivamente.
Las expectativas referentes al sector manufacturero acumularon cinco años de caídas consecutivas al cierre del 2017, su lectura se ubicó en 51.95 unidades, 0.05 puntos menos que el cierre del 2016.
Los agregados de producción y utilización de planta y equipo fueron tuvieron bajas, de 1.34 y 0.89 puntos a 51.79 y 51.93 unidades, respectivamente, mientras que las expectativas para la demanda nacional de productos, las exportaciones y el personal ocupado, mejoraron.

Pemex lanzó ayer la convocatoria para la primera subasta de ductos y terminales de almacenamiento del año, la cual arrancará el 9 de enero e involucra infraestructura del sistema norte zona frontera.
Este proceso, también conocido como temporada abierta, finalizará el 14 de marzo de 2018 con la asignación de capacidad, según se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Las empresas interesadas en esta primera subasta del año que inicia podrán concursar para reservar capacidad en terminales de almacenamiento ubicadas en Sabinas, Monclova y Nuevo Laredo, de acuerdo con lo publico en el Diario.
Grupo Reforma publicó que la empresa Pemex Logística solicitó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dividir las cuatro regiones restantes que no logró subastar el año pasado en 11 zonas.
La apuesta de la compañía Pemex Logística es que estas 11 subastas tengan una separación de 20 días hábiles para llevarse a cabo.
A través de las subastas de capacidad en ductos y almacenamiento se permitirá que entren más proveedores de combustibles al mercado mexicano.
Cabe destacar que a pesar de la apertura de este mercado, el mismo sigue dominado por Petróleos Mexicanos. (Norma Zúñiga / Agencia Reforma / Ciudad de México).

Con la finalidad de comparar precios de los distintos distribuidores, evaluar el servicio y hasta combatir el comercio ilegal de gas LP, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) prepara el lanzamiento de una aplicación móvil.
A través de AmiGas LP, el usuario podrá verificar si el vehículo que lleva gas LP cuenta con permiso de la Comisión, según un documento publicado por el organismo regulador en Compranet.
También esta herramienta proporcionará teléfonos de emergencia y recomendaciones para el uso del gas LP.
Esta aplicación estará disponible en las tiendas App Store y Google Play Store, según el anexo técnico publicado por la CRE.
Aunque todavía no hay una fecha oficial para el lanzamiento de esta aplicación, se prevé que sea este mismo año.
Según la CRE el aumento del precio del gas LP en promedio a nivel nacional ha sido de 19 por ciento de enero a noviembre de 2017.
A través de una adjudicación directa la empresa Animactiva se quedó con el contrato de 39 mil pesos sin IVA para el diseño gráfico de esta aplicación.
Dicho contrato arrancó en diciembre del 2017.
Estos avances tecnológicos se dan a un año de que se liberalizaron los precios del gas LP. (Norma Zúñiga / Agencia Reforma / Guadalajara).

Alejandro González / Agencia Reforma

Ciudad de México

México debe acelerar la adopción del protocolo de internet versión 6 (IPv6 por sus siglas en inglés), de acuerdo con expertos.
Esto, porque las direcciones con la versión anterior, IPv4, ya no alcanzarán para conectar dispositivos en la era del internet de las cosas.
Erik Huesca, presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital (FUNCO), explicó que es urgente que el Instituto federal de Telecomunicaciones (IFT) fomente en los operadores de internet una transición hacia las nuevas direcciones.
“Por supuesto que es urgente para el desarrollo de servicios, mercado, comunidades la oferta de direcciones de internet que las personas posean y puedan usar para configurar sus servicios.
“Hay un gran riesgo de no crecer y quedarnos estancados con malos servicios y que otros queden obsoletos”, dijo el especialista en telecomunicaciones.
Para ello, el IFT abrió un micrositio especial sobre el IPv6 que busca informar y fomentar sobre el cambio generacional de las direcciones de internet.
Cabe señalar que cualquier dispositivo como un smartphone, reloj inteligente, computadoras, automóviles conectados, se les asigna una dirección IP para conectarse a la red.
De acuerdo con el IFT existen alrededor de 4 mil 300 millones de direcciones en el IPv4, que comparadas con los más de 7 mil millones de personas que hay en el mundo son insuficientes, pensando en que en promedio una persona utilice por lo menos algún dispositivo conectado a internet.
En cambio, la nueva versión IPv6 tienen más de 340 sextillones de direcciones, por lo que podría conectarse un mayor número de objetos.
“(Con IPv6) se pueden conectar a internet un inmenso número de dispositivos, asegurando en el futuro el continuo e indefinido crecimiento de las redes, permitiendo el acceso a los usuarios a nuevos servicios y aplicaciones como los que se tendrán con el llamado internet de las cosas”, explica el IFT en el nuevo micrositio dedicado al tema.
Los proveedores de servicio de internet deben considerar desde ahora migrar hacia la nueva tecnología de forma gradual, dijo Erik Huesca.
Cabe señalar que la transición será transparente para los usuarios de internet, pues no deberán realizar cambios de equipos o de configuración, sin embargo, si los proveedores de internet no migran, podrían dejar inservibles algunas páginas o dispositivos en un futuro.

La propuesta de seguridad de Andrés Manuel López Obrador tiene, por al menos en parte, el mérito de existir. Contiene una buena dosis de lugares comunes, otra de  demagogia –a menos de que sus ideas de amnistía y diálogo se desglosen y se definan con mayor precision– y unos elementos interesantes, aunque abstractos. Entre ellos destaca la creación de una guardia nacional que englobaría –o no– a todas las policías, al Ejército y a la Marina.
Junto con la (re)creación de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo creador, Alejandro Gertz, afortunadamente pertenece al Consejo Asesor de AMLO, la Guardia Nacional puede ser el primer paso –confuso– hacia la creación de una policía única. Implican ambas la separación de las funciones policiacas de las funciones políticas de la vieja Secretaría de Gobernación, vueltas (o volvidas) a ser fusionadas bajo Peña Nieto, después de que Fox con razón las separó. Si todas las corporaciones se funden en una estructura de Guardia Nacional y se “policisan” los integrantes castrenses, en lugar de militarizar a los policiacos, se habrá avanzado algo.
En alguna reseña de la presentación de López Obrador, leí que sugería la cifra de 350 mil miembros de la Guardia. De ser así, supongo que una buena parte de los elementos de la Defensa y de la Marina se integrarían a la misma, junto con la Policía Federal, y quizás algunas policías municipales o estatales que sirvan (CDMX, Yucatán…). Como de cualquier manera deberá mantenerse la existencia, aunque fuera mínima, de las fuerzas armadas, como un estamento aparte, contaríamos con un pequeño ejército, una Policía Federal única y numerosa, y habríamos suprimido la enorme cantidad de policías municipales o estatales, prácticamente todas inservibles.
No sé si AMLO tenga conciencia de lo que propone. Implica admitir todas las tonterías que se han dicho sobre el fortalecimiento de las fuerzas municipales o estatales, o sobre la irresponsabilidad de los gobernadores al no asumir sus …. responsabilidades. Si fuéramos serios, no repetiríamos las mismas mantras sin preguntarnos por qué no se ha podido lograr lo que se ambiciona. ¿Por qué no sirven las policías municipales? ¿Qué tendría que cambiar para que funcionaran? ¿Por qué los gobernadores no hacen su chamba? ¿Qué tendría que cambiar para que la hicieran?
En cambio, transitar hacia una policía nacional única, como muchos hemos propuesto desde hace más de diez años, por lo menos encierra la ventaja de explorar algo nuevo. Es obvio para todos que todo lo hecho hasta ahora no ha funcionado. También debiera ser evidente que lo disfuncional es el andamiaje institucional mexicano, simulador de un falso federalismo, en un país donde lo que marcha bien es lo nacional. Entonces plantearse la posibilidad de reestructurar las instituciones de seguridad civil y militar no es necesariamente una mala idea, aunque no sepa yo, por lo menos, exactamente qué entiende AMLO por ello.
Sobre la amnistía y el diálogo propuestos por López Obrador, confieso que no acabo de entender. ¿Amnistía para los campesinos si dejen de sembrar amapola o marihuana, o para que sigan cultivando? ¿Diálogo con capos para que se entreguen, o para que se dediquen a lo suyo –el narco– y no a lo ajeno –extorsión, ordeña, secuestro, etc? Cuando nos explique, habrá que tomar en serio las “ocurrencias” de AMLO, para descalificarlas, o para entenderlas y juzgarlas.

Rangún. Cuando uno aterriza en el moderno aeropuerto de esta antigua ciudad del Imperio Británico, entra a un espacio de modernidad con hoteles de lujo, mall y distribuidoras de automóviles Mercedes Benz. Hace menos de un lustro, el aeropuerto internacional parecía una terminal de autobuses en México y los distritos que lo rodeaban no estaban desarrollados, mezclándose con la incipiente urbanización y los campos de cultivo. El Rangún de la periferia contrasta salvajemente con el centro histórico, donde las calles apestan por los tramos de drenaje abiertos, y los antiguos edificios victorianos llevan décadas en sin mantenimiento. El choque de las realidades en esta ciudad es la del país, cuya transición democrática se encuentra atrapada por los militares, a quienes se les señala de ser parte de los momentos más oscuros que vive este país, y con el deseo indómito de querer el poder pleno de regreso.
Los militares, que controlaron el país en forma dictatorial durante 49 años, tras un golpe de Estado 44 años después de proclamarse república, cedieron a la presión internacional y celebraron elecciones democráticas en 2015, donde el 85 por ciento de la población votó contra la junta militar y le dio la victoria a Aung San Suu Kyi, la hija de un general que encabezó la lucha por la independencia en 1948, encarcelada durante 15 años por su activismo opositor, y a quien durante su confinamiento le dieron el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el colapso del régimen militar no se dio.
Pese a la victoria, Suu no pudo asumir la presidencia porque la Constitución prohíbe que una persona casada con un extranjero –como ella, de un inglés–, pueda acceder a ese cargo. Suu es gobernante de facto, salvo por un factor fundamental: los militares tienen garantizado el derecho de nombrar al 25 por ciento del parlamento, que es suficiente para vetar las enmiendas constitucionales que deseen. Por lo tanto, no puede tener bajo su control al Ejército, y como en todo país, quien no tiene las armas de su lado, no tiene poder real. Esa falta de poder le impide frenar la “limpieza étnica”, como definió el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, de la comunidad musulmana de los rohingyas en el noreste del país. Lo que está sucediendo en esa zona del país es un secreto. Ningún extranjero puede viajar ahí, y el tránsito de los locales está limitado.
Lo que sucede ahí es típico en esta nación llena de hoyos negros, que son las zonas donde el acceso está prohibido, y en las cuales se abren las posibilidades para todo tipo de actividad ilegal supeditada a los militares. La mayor se encuentra en el norte y el noreste del país, en los estados de Kachin y Shan, parte de la zona del Triángulo Dorado que comparte con Laos y Tailandia, la segunda región más importante del mundo que produce opio. Su cultivo es realizado por los campesinos que no tienen qué comer ni otra forma de subsistir. Se calcula que más de 335 mil hogares dependen del cultivo de opio, operado por grupos étnicos que mezclan la conflictividad racial con el negocio de las drogas y que, a su vez, están en otra guerra civil con los militares por el control de la producción y sus rutas de distribución y comercialización.
Organismos internacionales estiman que un 40 por ciento de las divisas que entran al país vienen del narcotráfico, pero el dinero no ha sacado a millones de la miseria. Hay carreteras en regiones cercanas a esos estados donde se ve a cientos de personas que extienden la mano al paso de los vehículos, para ver si alguien se detiene para darles dinero. Miles caminan en chanclas o descalzos, y comen en el suelo, dentro de los templos y pagodas. En contraste, hay jóvenes que se transportan en motocicletas y camionetas con la música a todo volumen, con ropa de marca –probablemente pirata–, pero con decenas de billetes en las manos, en contradicción con las altas tasas de desempleo en el grupo de su edad.
Los recursos del narcotráfico se invierten en hoteles, viviendas, bancos y empresas eléctricas. Cuando uno ve la transformación de los distritos de Rangún en unos cuantos años, se pregunta si tiene como sustento al narcotráfico, y esos jóvenes son sus futuras legiones de sicarios.
Otro ejemplo de lo que sucede en los hoyos negros se encuentra a pocos kilómetros el norte de Mandalay, la capital histórica, en donde están los grandes yacimientos de rubíes. Una de las sospechas más extendidas entre organizaciones no gubernamentales es que altos mandos militares controlan de forma ilegal la producción de rubíes, oro y jade, cuya producción equivale a más del 50 por ciento del Producto Nacional Bruto.
Los males de Myanmar son los males de Suu, cuyo poder se ha erosionado al no controlar a los militares. Nadie sabe el alcance de las matanzas que están haciendo de rohingyas, o si en el fondo esa nueva ofensiva es una provocación al gobierno civil para desestabilizar a Suu y allanar el regreso de los militares al poder. Hay mucho dinero en juego. El dilema es si Myanmar termina su proceso democrático y de apertura plena, o se convierte en un narco estado a la sombra, avalado por Suu, cuyo respeto mundial y capital político se irá desvaneciendo ante la realidad de que el poder bicéfalo, donde ella pone la cara y los militares la fuerza, sólo llama a la desgracia de un país que no termina de nacer.

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Inicia 2018, que como todos sabemos, es en México año electoral. Ya están en curso las precampañas, pronto se definirán candidatos y comenzarán formalmente las campañas, y a mediados de año serán las elecciones.
En esta ocasión la presencia indígena en la contienda electoral será mayor que en el pasado. Además de la ya conocida participación de María de Jesús Patricio, que intenta conseguir las firmas necesarias para inscribirse como candidata independiente a la presidencia, en representación del Congreso Nacional Indígena, habrá muchos candidatos indígenas a diputados federales. Esto se debe a que el INE determinó que, en por lo menos 13 de los 28 distritos electorales indígenas, los partidos políticos deberán nombrar candidatos que pertenezcan a algún pueblo originario. Serán los 13 distritos en los que la población originaria es mayor al 60 por ciento.
Además, en otros distritos electorales hay también líderes indígenas intentando conseguir ser candidatos a diputados federales por sus respectivos partidos, habrá que ver si algunos lo consiguen. Esto dependerá seguramente de si, independientemente de que sean o no  indígenas, se considere que puedan ganar por su popularidad. También hay varios que están peleando candidaturas plurinominales.
Sin embargo, el hecho de que haya más candidatos indígenas y que por lo tanto vaya a haber más diputados de este sector de la población, no garantiza que los intereses de los pueblos originarios vayan a estar de verdad representados en el Congreso. Para ello se requiere que los candidatos o futuros diputados indígenas presenten propuestas concretas y coherentes, que beneficien a los indígenas y que una vez en el cargo les den curso y las defiendan, y que pongan por encima de los intereses partidarios los intereses de sus pueblos. Y eso está por verse, además de que de todas formas serán minoría.
Por otro lado, los precandidatos presidenciales de los diversos partidos no han presentado propuestas específicas que de verdad signifiquen mejoras para los pueblos indígenas. Como ya parece ser tradición entre los candidatos y precandidatos, Meade fue a tomarse la foto a San Juan Chamula vistiendo el traje típico local, pero eso no hace olvidar que, siendo él secretario de Hacienda, se recortó considerablemente el presupuesto federal para los indígenas.
López Obrador tampoco ha hecho ninguna propuesta novedosa o que considere de verdad las peticiones de los pueblos originarios, y su propuesta de crear una dependencia similar al extinto Instituto Nacional Indigenista es más bien un retroceso, pues desde hace años los indígenas están en contra del indigenismo, como menciona Francisco López Bárcenas en su artículo de esta semana en La Jornada (http://www.jornada.unam.mx/2018/01/04/opinion/012a1pol). Además, ya anunció que la institución en cuestión sería dirigida por Adelfo Regino Montes, cuando más bien, si se atuviera a los derechos indígenas establecidos en convenios internacionales, debería hacer una consulta antes de nombrar un director (aclaro que no tengo nada en contra de Regino, al contrario, pero el problema no es la persona sino el procedimiento).
Ricardo Anaya, por su parte, inició su precampaña en un municipio con alrededor de 33 por ciento de población indígena (Amealco de Bonfil, Querétaro), según afirmó, porque ahí conoció a su mujer y ahí nacieron sus hijos, pero tampoco tiene propuestas significativas para los pueblos originarios.
Evidentemente, nadie ha hablado de autonomía o libre determinación, y menos de cancelar las concesiones mineras o los megaproyectos que despojan (y despojarán) a los pueblos indígenas de sus territorios, que son los puntos que más interesan a los indígenas. Tampoco hay propuestas viables o novedosas para terminar con la pobreza de este sector de la población.
En síntesis, parece ser que, gane quien gane la presidencia, y así sean unos cuántos más los diputados o diputadas indígenas, las condiciones de estos pueblos no cambiarán en los próximos años, o por lo menos, no por los resultados electorales.

No hay mayor cinismo que el de aquellos que reclaman para sí lo que nunca han dado.
Jorge González Moore

Arrancamos el 2018 con todo el ánimo de que nos vaya bien a todos, al país, a nuestro estado, nuestras familias y a cada uno de nosotros, tenemos miles de proyectos y planes para crecer y desarrollarnos como personas y sociedad, hay esperanza y convicción de hacer cosas buenas y cambios para mejorar; sin embargo, entramos al año nuevo con un proceso electoral en el que se van a renovar la Presidencia de la República, alcaldías, diputados federales y locales, y senadores, proceso que ineluctablemente va a incidir en todos esos proyectos y planes de vida, de ahí que resulta necesario involucrarnos como ciudadanos.
Electoralmente el año viejo no cerró muy bien que digamos, dos homicidios en Costa Grande y la violencia en Acapulco y Chilpancingo, presagian la tensión con que se desarrollará el proceso electoral en torno a los aspirantes y candidatos; así también cerró con el regreso sorpresivo de Ángel Aguirre Rivero a la política, presentándose como el virtual candidato de la coalición Por México al Frente del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, lo que viene a representar una cachetada a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes no se hicieron esperar para manifestar su válida y legítima indignación al ex gobernador, boicoteando el arranque de su precampaña en Ayutla, el pasado 27 de diciembre.
Aunque aún no se conocen las líneas de investigación, ni los posibles móviles, los homicidios del presidente municipal de Petatlán y del aspirante militante del PRI de Atoyac, estos hechos se ubican en el contexto político enrareciendo el proceso electoral. Los cargos en juego mueven muchos intereses, más allá de los propiamente políticos, tanto que se han convertido en objetivos muy codiciados, no sólo por los militantes y dirigentes de los partidos, quienes tratan de obtenerlos a toda costa, sino por representantes de otros sectores sociales hasta incluir al mismo crimen organizado, por lo que no se descarta que se registren más agresiones contra candidatos o aspirantes, de ahí que el propio presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) crea importante que las autoridades de seguridad garanticen un proceso electoral en paz.
En ese mismo tenor se presentó al final del año el reclamo de los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, contra la pretensión de Ángel Aguirre de participar en el proceso electoral como candidato por el 08 Distrito electoral federal. En Guerrero se conoce muy bien el grado de responsabilidad con que gobernó Ángel Aguirre el estado, lo que dio como resultado dos normalistas de Ayotzinapa asesinados en el Parador del Marqués, en diciembre de 2011, cuando su jefe operativo de la policía estatal dio a conocer públicamente que le había instruido limpiar la carretera; así como los cientos de damnificados y decenas de muertos por no haber alertado a tiempo sobre la llegada de las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre de 2013 y la abominable desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, en septiembre de 2014, hechos en los que hay responsabilidad, si no legal sí política, de Ángel Aguirre; sin embargo, eso no le importó a Ricardo Anaya y a los dirigentes del PRD, a quienes más que la justicia lo que les interesa es la obtención de votos a toda costa, utilizando la supuesta popularidad de Aguirre en Costa Chica.
De tal suerte que no sólo la violencia política o del crimen organizado, sino la irresponsabilidad y el cinismo de políticos, como Ángel Aguirre y Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente están poniendo en riesgo la tranquilidad del proceso electoral retando a la herida abierta, al clamor de justicia que se ha expresado en el mundo y por las familias de los 43 y estudiantes de Ayotzinapa, pero la ambición tanto de uno como de otro ya es bien conocida, sólo cabría esperar que la ciudadanía guerrerense no se vuelva a equivocar votando por este tipo de candidatos.
Vuela vuela palomita y ve y dile: A los Santos Reyes que se den una vueltecita por Guerrero, para que desenmascaren a tantos políticos y aspirantes que les están usurpando sus funciones.

El obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, consideró que los homicidios a políticos, aspirantes a algún cargo de elección popular, son porque “hay grandes intereses en juego, tanto al interior de los partidos como de grupos”, por lo que hizo un llamado a tener un proceso de campañas y elecciones civilizadas.
Este jueves estuvo en Altamirano, como parte del encuentro 23, de la Provincial Pastoral, dedicado en esta ocasión al tema del evangelismo a través de los medios de comunicación y donde estuvieron presentes el arzobispo de Acapulco Leopoldo González González, y el obispo de Tlapa Dagoberto Sosa Arriaga. Salvador Rangel, también funge como encargado de la diócesis de Altamirano, en sustitución de Maximino Martínez Miranda, a quien recientemente lo cambiaron a Toluca, Estado de México.
Rangel Mendoza señaló que a los feligreses se les diría que en este año electoral “el arma más poderosa es el voto, dentro del sistema de gobierno que tenemos, no es una democracia perfecta, pero estamos mejor que en otros países, y sobre todo buscando el bien común, no buscando intereses particulares”.
“Yo le pediría a la feligresía, que salga a votar de manera responsable, fijándose bien por quién van a votar porque nos estamos jugando el futuro de México”.
También le hizo un llamado a los políticos a la coherencia, “de aquello que hablan con lo que hacen y sobre todo con lo que prometen, porque en México es clásico hablar pero a la hora de obrar no lo hacen. Que sean consecuentes, que lo que no van a poder cumplir que no lo prometan”.
“Viendo el ambiente crispado que hay en la sociedad, yo les pediría a los políticos que vayan a favor de la vida, yo les pediría que vayan siempre en favor de la vida, Tenemos asesinatos muy crueles en México, como a esos que los destazan, yo les pediría que promuevan siempre en favor de la vida”.
También les llamado a que “antes que ser fieles a sus partidos, que lo pueden ser, sean fieles primero al pueblo que los eligió, porque se nota una gran distancia, de aquel político al que se elige con la gente, y ellos son frutos de una elección popular y hace falta que estén más cerca de su gente que los eligió”.
Lamentó el ambiente de inseguridad, y dijo que “En Chilapa, en Chilpancingo a las 8 de la noche, la gente no sale”.
Dijo que “desafortunadamente, están matando a políticos, pero es por los grandes intereses que están en juego ya sea a nivel partido o a nivel de grupos, y yo exhorto a tener elecciones más civilizadas que no salga el hombre primitivo, con venganza, tenemos que tranquilizarnos, y todas las instituciones tenemos que cooperar por tener unas elecciones tranquilas y democráticas”.
La reunión de los obispos se realizó en las instalaciones del seminario católico de Altamirano, donde emitieron un comunicado que el arzobispo de Acapulco Leopoldo González González dio a conocer.
Señalan que el objetivo haciendo conocer más a profundidad las diez versos herramientas de la comunicación “para utilizarlas en comisiones y dimensiones de la pastoral de nuestra provincia y así continuar construyendo la paz con misericordia y nuestras comunidades”.
También dijo que este es un año coyuntural para México por eso “hacemos un llamado a trabajar juntos sociedad civil e iglesias para reconstruir el tejido social atendiendo a las familias a nuestros comencé niños a los que han sido víctimas de la violencia para darles consuelo y acompañamiento es un año de la esperanza no podemos caminar con la mirada inclinada hacia el suelo hay un padre que camina con nosotros un Dios que cura y consuela con el bálsamo del amor”.

No hay fecha para conocer al nuevo obispo titular de Altamirano

El nuevo obispo de Altamirano, sigue sin ser designado, El obispo encargado Salvador Rangel dijo que no se sabe cuándo, “si nosotros los sacerdotes, los laicos, coincidimos en el perfil del obispo que viene a hacer el bien a tierra caliente, esto no se tardaría, pero si hay disparidad de opiniones, el Papa retrasa su designación. Yo soy de la idea de que venga lo más pronto posible el obispo titular a esta diócesis”.
“Como gente de fe, yo los invito a la oración por este hombre que nos pueda ayudar a sembrar estos sentimientos de paz, un hombre de concordia, que nos llame al perdón y la reconciliación, en medio de este ambiente de inseguridad, y esperamos en Dios que pronto tengamos al titular de esta diócesis”.