El presidente de Grupo Jobamex, empresa encargada de la seguridad y la limpieza de hospitales y clínicas del sector salud, Joaquín Badillo Escamilla, informó que debido adeudos “añejos”, que cuantificó en 70 millones de pesos, de las secretarías de Finanzas y Salud desde 2009, se dejará de prestar el servicio en algunos inmuebles.
En declaraciones al concluir la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación de Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Acapulco, Badillo Escamilla explicó, sin dar mayores datos, que aunque se han pagado “algunos” adeudos durante la actual administración estatal, la situación en Jobamex es “insostenible”, por lo que finiquitará al menos a 300 trabajadores, de un total de 3 mil 500 que actualmente tiene laborando en las empresas e instituciones a las cuales bridan el servicio de seguridad y limpieza.
Respecto a la declaración que hizo el subsecretario de Finanzas del estado, Tulio Pérez Calvo, de que no se paga a Jobamex por un adeudo que sostiene con el SAT, Joaquín Badillo respondió que esos son temas de la empresa que no revelará.
Explicó que Grupo Jobamex no se encuentra en condiciones de brindar “servicios tan complejos y grandes” al gobierno estatal y dada la proyección que tienen de expandir el negocio a otras entidades del país, “terminará en buenos términos su contrato con éste, no sin antes establecer un cruce de información con las dependencias a las cuales se les retiró el servicio porque tienen adeudos”.
“Hoy obedece a una unidad de negocio que para nosotros es complicado seguir sosteniendo, pero lo más importante es concluir en buenos términos. Gracias al gobernador nos orientaremos a seguir generando empleos en Guerrero y en el país”, sostuvo.
Y añadió que entre la empresa que preside y el gobierno estatal “no existe controversia sino diálogo”.
“Debido a que son muchas unidades de gobierno, las facturaciones correspondientes a cada unidad generan una mayor dificultad para el procesamiento del pago, y una vez que se acumulan por quincena a veces se liberan algunas pero se rezagan otros. Desde 2009, algunas dependencias como la Secretaría de Salud que tiene el adeudo sustancial con servicios de limpieza y de seguridad, son las que tienen más retrasos”, sostuvo.
Joaquín Badillo afirmó que la empresa ha dejado de prestar el servicio debido a los adeudos. “Se debe priorizar lo que llamamos unidad de negocio y si un cliente no tiene liquidez para cubrir los pagos, obviamente la empresa cumple con su responsabilidad y decidimos terminar la relación laboral para que no se genere un adeudo mayor”.
Mencionó que las decisiones que las dependencias asuman, debido a la institucionalidad, permite contratar libremente a la empresa que más le convenga; no obstante dijo que las empresas también mantienen obligaciones para con sus colaboradores. Lo anterior luego de la protesta que hicieron empleados de su empresa en las oficinas de Salud estatal la semana pasada.

Hoy miércoles comienza en Madrid, España, la Feria Internacional de Turismo (Fitur), a la que acudieron el secretario de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, y funcionarios de esa dependencia.
En un video enviado por whatsapp, Rodríguez Escalona informó que se reunió con su homólogo federal, Enrique de la Madrid Cordero, para hablar sobre la alerta de viaje estadunidense que advierte a sus conciudadanos a no viajar a a Guerrero y otras cuatro entidades.
Además, en su cuenta de twitter, anunció que en la reunión previa al arranque de la Fitur, que suma a 168 países, De la Madrid Cordero y el director del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Héctor Flores Santana, hablaron sobre la participación de Guerrero en dicha festividad que concluirá el 21 de enero próximo.
Además de “solicitarle nuevamente el apoyo del gobierno federal para atender de manera conjunta el tema de la alerta de viaje emitida por Estados Unidos”, se agrega en el mensaje del funcionario estatal.
De la Fitur se puede leer en su portal en internet que “según cifras de la OMT, los destinos turísticos del mundo recibieron mil 100 millones de turistas internacionales entre enero y octubre del pasado año, lo que significa un crecimiento del 7 por ciento en el mismo período del ejercicio anterior, con 70 millones más de llegadas internacionales”.
La Fitur ocupará 65 mil 500 metros cuadrados (un 4 por ciento más), supera las 10 mil empresas participantes de165 países y regiones, “elevándose la cifra de expositores titulares a 816, lo que representa un crecimiento global del 8 por ciento. De ellos destaca el aumento de la participación internacional, que representa el 54 por ciento del total, en un 13 por ciento, mientras la nacional (46 por ciento) crece un 3 por ciento.
Las regiones que experimentan mayor incremento de participación son África, que aumenta en más de un 21 por ciento; así como Asia Pacífico y Europa, que crecen respectivamente por encima del 19 por ciento, y del 15 por ciento.
Se indica que este año se unió con la Confederación Española de Agencias de Viajes, (CEAV), y Médicos Sin Fronteras (MSF), para promover la campaña “VolandoVa.com”, a fin de conseguir el apoyo suficiente para llenar 100 aviones de ayuda humanitaria.

El director de la Protur, Manlio Fabio Pano Mendoza, dijo que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha respondido la solicitud que hizo para que el gobierno federal ceda en destino el islote que divide las playas Caleta y Caletilla, donde se pretende construir un acuario sobre los restos del Mágico Mundo Marino.
El funcionario estatal indicó que antes de abrir el delfinario de la plaza comercial La Isla, en la zona Diamante, “se debe contar con todos los permisos, sobre todo federales”.
Atribuyó a la falta de una carretera el retraso en los desarrollos inmobiliarios de la Costa Chica.
Pano Mendoza mencionó también que es necesario propiciar que los inversionistas contraten mano de obra de la región para que los habitantes forman parte de su edificación.
Indicó que se busca potenciar la zona poniente de Acapulco, pues se dispone de grandes extensiones de tierra, de las cuales no proporcionó detalles, pero que “están siendo considerados para desarrollos inmobiliarios” entre Pie de la Cuesta y la barra de Coyuca. (Karla Galarce Sosa).

El 15 de enero el presidente Peña Nieto hizo unas declaraciones en apariencia inobjetables, incluso inocuas, sobre el crimen organizado y el narco. Supongo que en respuesta a las sugerencias medio en clave de Andrés Manuel López Obrador sobre una posible amnistía para quienes cultivan amapola y mariguana, o quienes trafican cocaína, fentanyl, heroína y mariguana, dijo: “Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia no puede haber perdón ni olvido para los delincuentes, no puede haber borrón y cuenta nueva. Dejar hacer y dejar pasar a los criminales significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México”.
Más clara ni el agua. De la misma manera que el apoyo de México, y del propio Peña Nieto para el proceso de paz en Colombia ha sido contundente, incondicional y solidario. No solo en lo tocante con las FARC, sino también, hacia adelante, con el ELN, sino, aunque no le haya tocado a Enrique Peña Nieto, con las AUC, o Autodefensas Unidas de Colombia, es decir los paramilitares, cuando Álvaro Uribe llegó a un acuerdo de entrega y desarme con ellos. Ahora bien, los buenos espíritus y los ignorantes de buena fe pueden alegar que ni las FARC, ni el ELN, ni las AUC eran delincuentes o criminales, menos aún narcos: solo guerrilleros de izquierda o de derecha, equivocados sin duda, pero que luchaban, también de buena fe, por una causa más o menos noble. Por ello, se justificaba una negociación con ellos, no por narcos ni por maleantes.
Asimismo, el estado de Israel ha afirmado a veces que no negocia con terroristas o criminales. Pero negoció los acuerdos de Oslo con la OLP cuando ésta aún no reconocía el derecho de Israel de existir, y cuando no controlaba a varios de los grupos que la componían. Asimismo, ha canjeado a cientos de presos palestinos por uno o dos soldados de Tajal (origen de la serie de televisión Homeland) retenidos por los palestinos. Con Hamás, canjeó justamente a Guilad Schalit, antecesor de Brody, por 477 presos palestinos. Podríamos enumerar decenas de casos donde estados democráticos dialogan, negocian y llegan a acuerdos con quienes habían anteriormente designado como terroristas, criminales, asesinos o delincuentes.
El tema colombiano es el más interesante, porque encierra una amalgama relativamente pura de actividad criminal desprovista de cualquier ideología o causa política, con estas últimas. Los tres grupos eran a la vez organizaciones armadas con algún tipo de causa, y narcotraficantes. Empezaron (las FARC) a principios de los años 80, gravando a los campesinos que cultivaban hoja de coca. Posteriormente, procesaron la pasta, produjeron polvo, e incluso traficaron. Quienes desconozcan la historia pueden consultarla en las grandes series colombianas (el Cartel de los Sapos, o el Patrón del Mal, entre otras). En otras palabras, el estado colombiano negoció con narcos en casos distintos a la célebre entrega negociada de Pablo Escobar a principios de la década de los 90. Esa negociación ha sido en general considerada como un fracaso; las de Uribe y Santos, como un éxito. A tal grado los acuerdos de paz con las FARC implican explícitamente a narcos como un perdón, que incluyen un capítulo sobre narcotráfico y amnistía y reinserción. Fue el caso de otra negociación, también apoyada por México, en El Salvador, entre las maras y el gobierno de Mauricio Funes. Muchos consideran que dicha negociación, aunque recibió la bendición de la OEA, también fracasó, aunque la estrategia de “mano dura” del siguiente gobierno salvadoreño tampoco prosperó.           
A reserva de encontrar excepciones, o de victorias aplastantes sin negociación alguna (Alemania y Japón en 1945), siempre se negocia con enemigos, nunca con amigos. Y en una guerra, los enemigos siempre son malos: criminales, delincuentes, terroristas, asesinos. Los unos lo son realmente, y son eso nada más. Otros revisten características complejas: son terroristas, y luchadores de liberación nacional también (FLN en Argelia, OLP hasta 1992). Unos son narcos y guerrilleros, otros narcos y campesinos que cultivan hoja de coca o amapola. Otros son capos a secas, como Von Braun, Heisenberg, los militares chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, guatemaltecos, etc.                               ¿Ni perdón ni olvido? Sin perdón no hay rendición, desarme ni reinserción. El olvido es otra cosa; la vida no es un bolero.

La urgencia por reencauzar la campaña presidencial de José Antonio Meade tiene una razón de fondo: los mexicanos quieren que pierda el PRI, y que entre Andrés Manuel López Obrador o Ricardo Anaya, salga el próximo presidente. Esta es la conclusión de un análisis realizado por Ronald Anton, director de la consultoría ecuatoriana CPI Latinoamérica, a partir de datos demoscópicos sobre las preferencias electorales, que anticipan un futuro ominoso para Meade y para el presidente Enrique Peña Nieto, que busca, a través del candidato, la continuidad de sus políticas y la consolidación de sus reformas. Esto no va a ser posible, si se analizan objetivamente las tendencias del electorado.
Anton publicó recientemente un diagnóstico de 22 páginas titulado Crónica de una Alternancia Anunciada, donde sólo ve una competencia real entre López Obrador y Anaya, “ambos representando el cambio que pide la sociedad, frente a un PRI que se encuentra con el presidente peor evaluado en la historia de México, con un partido que trae los máximos negativos, con seria desventaja territorial, con una constante pérdida de intención de votos en todas las campañas presidenciales y con un candidato que no termina de gustar a los electores”. Las condiciones objetivas que enfrentan Peña Nieto, Meade y el PRI son totalmente adversas, de acuerdo con el análisis del consultor.
“Desde la llegada del PRI a la Presidencia en 2012, el partido ha sufrido una debacle constante”, apuntó. “En 2012 controlaban 21 gubernaturas, pero desde entonces, ya con Enrique Peña Nieto como presidente, el PRI ha perdido un total de 24.9 millones de electores y gobierna solamente en 14 estados (15 si sumamos Chiapas gobernada por su aliado el Partido Verde): Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas”.
Cuando asumió Peña Nieto la Presidencia, el PRI gobernaba arriba del 51 por ciento de los mexicanos; en la actualidad gobierna al 43 por ciento. Esta pérdida de poder territorial, a juicio de Anton, es otro factor a tomar en cuenta para entender la baja probabilidad de ganar las elecciones presidenciales. El consultor lo explica a partir de la disminución de aprobación que tiene el PRI, más allá de sus candidatos a puestos de elección popular.
Esta disminución de poder territorial también se ha registrado en los congresos locales, donde según el análisis del consultor ecuatoriano, el PRI pasó de tener 463 legisladores en 2015, a 361 en 2017. “Aunque sigue siendo el partido que más diputados tiene, ha perdido gran parte de los congresos donde contaba con mayoría”, indicó Anton. “Desde 2015, tan solo ostenta la mayoría absoluta en los congresos de Campeche, Guerrero, estado de México, Sonora y Yucatán, perdiendo con ello más poder local”.
Anton no lo precisó, pero salvo el estado de México, ninguno de los restantes se encuentra entre las 10 entidades con mayor peso electoral en el país, y aún en esa entidad, la tierra del presiente Peña Nieto, en la elección para gobernador el año pasado, el PRI como partido obtuvo 56 mil votos menos que Morena; sólo la coalición con otros tres partidos evitó un monumental descalabro en el estado.
En los estudios que revisó, Anton encontró que la tasa de rechazo al PRI es de 57.4 por ciento, contra 40 por ciento de rechazo del PAN, 37.5 de Morena y 34.1 del PRD. “De todas las elecciones que se han sucedido desde que Enrique Peña Nieto es presidente –explicó Anton–, en todos los estados donde los gobernadores del PRI tenían una valoración ciudadana por debajo del 50 por ciento, los electores cambiaron el partido que gobernaba el estado”. Tampoco ayuda la aprobación a la gestión de Peña Nieto, donde entre 7 y 8 de cada 10 mexicanos desaprueba su actuación presidencial. “El fuerte rechazo con el que cuenta tanto el partido como la figura del presidente –afirma el consultor–, dificulta la revalidación del mandato del PRI”.
Como contraste, la coalición Por México al Frente que tiene como abanderado a Anaya, gobierna al 48.6 por ciento de los mexicanos en 16 estados, incluida la Ciudad de México, el bastión de la izquierda, donde el PRI se encuentra en un lejano cuarto lugar de preferencias electorales. El PAN gobierna 12 estados, que es el mayor número que jamás haya gobernado, entre los cuales se encuentran tres de las seis entidades con mayor peso electoral en el país. En el Senado ocupa más del 50 por ciento de los escaños, y en el Congreso federal tiene más del 40 por ciento de las curules. Por lo que toca a los congresos locales, los frentistas tienen una presencia de casi dos a uno en el país. Morena no tiene esos números, pero es un partido que apenas nació electoralmente en 2015. Sin embargo, tiene lo que ningún otro, a López Obrador como candidato, que en dos intentonas presidenciales anteriores, logró el apoyo del 35.29 por ciento del electorado en 2006, y 31.57 en 2012, y que puntea ampliamente las encuestas.
Este contexto, que habla de una complejidad política creciente en México, estimó Anton, ofrecen un escenario de gran dificultad para que el PRI pueda ganar las elecciones presidenciales. El escenario de victoria de López Obrador es real, afirmó el consultor, pero la alianza en el Frente le dan a Anaya la suficiente fuerza par contender contra él y ganarle. Meade no está en este rango. El rechazo social al partido y la baja popularidad de Peña Nieto, lo están hundiendo. ¿Podrá revertir esta crónica anunciada de una derrota? Todo es posible, ciertamente, aunque parezca imposible.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

A 50 años del movimiento estudiantil mexicano, el rescate de la memoria y la reflexión en torno a esos acontecimientos que sacudieron a la nación y marcaron su historia, encontrarán en este 2018 una oportunidad muy propicia. Seguramente saldrán a la luz nuevos libros y ensayos (yo he colaborado en uno de ellos, convocado por la UNAM). Algunos, incluso, acaban de publicarse y ya están disponibles. Es el caso del volumen de Francisco Pérez Arce, Caramba y zamba la cosa. El 68 vuelto a contar.
Su obra trata de recuperar las vivencias de esas jornadas de lucha, aunque no está contada en primera persona. Puede leerse como el diario de campo de un testigo y participante directo y también como las reflexiones de un historiador sobre un momento definitorio de la vida de México. Pero su trabajo es, quizás principalmente, un relato destinado a lectores jóvenes que algo saben del 68 pero no han leído una crónica completa, no han visto toda la película. 
El autor comienza su versión de la historia el 22 de julio, cuando dos pandillas de escuelas rivales se enfrentaron a golpes en la Plaza de la Ciudadela. Pudo haber sido, dice, un día cualquiera y un incidente sin importancia.  No lo fue porque a partir de esa fecha se desataron las grandes manifestaciones callejeras que sorprendieron al país. El libro narra los primeros días de protesta, la marcha reprimida el 26 de julio, la agresión del ejército a la Prepa ubicada en San Ildefonso, el inicio de la huelga general en todos los planteles del Politécnico y la UNAM, la caminata del rector sobre Insurgentes, el surgimiento del Consejo Nacional de Huelga, la definición del pliego petitorio y las marchas cada vez más numerosas que siguieron durante agosto y septiembre. Cuenta, con detalles, cómo era la vida en las escuelas durante la huelga y la importancia de las brigadas para dar a conocer las razones del movimiento.
Y ¿cuáles eran ellas? Pérez Arce nos explica: “lo que era una protesta por la violencia policiaca se convirtió en otra cosa, en una protesta con un significado más profundo, difícil de explicar. Es la rebelión juvenil frente a un estado de cosas insatisfactorio, contra una visión del mundo acartonada, contra una democracia inexistente, contra el presidencialismo, contra el poder vertical inapelable, contra el influyentísimo y la corrupción, contra la simulación, contra la demagogia, contra las desigualdades sociales…”
El autor narra luego lo que llama los “días difíciles”, sobre todo después del desalojo del Zócalo a fines de agosto y la entrada del ejército a Ciudad Universitaria el 18 de septiembre y al Casco de Santo Tomás a sangre y fuego el 23, hechos que prepararon la ofensiva del gobierno que culminaría el 2 de octubre en Tlatelolco. La matanza fue “premeditada” dice Paco, “planeada desde los más altos niveles del gobierno”. Los datos y documentos que conocimos en los años posteriores no dejan lugar a dudas.
El texto hace un breve repaso de lo que sucedió luego del regreso a clases, los comités de lucha que se formaron en las escuelas para solidarizarse con los presos políticos y la manifestación del 10 de junio de 1971, agredida brutalmente por el grupo paramilitar Los Halcones.
Mientras hace la crónica de los hechos más importantes, Pérez Arce va destacando otros episodios que merecen una narración especial: el movimiento de los pobladores de Topilejo; la tragedia de Canoa, Puebla; la dramática aventura de Alcira, la poeta uruguaya, que sobrevivió a la toma de Ciudad Universitaria; un relato muy personal del 2 de octubre (contada como un testigo presencial); algunos párrafos de los escritos de José Revueltas sobre la huelga de hambre de los presos políticos en Lecumberri. Todo ello para entender mejor el impacto de la protesta estudiantil y la atmósfera que se respiraba en esos días intensos.
Al final de su libro, Paco dedica varias páginas a lo que llama “El 68 en el mundo”. Su inventario arranca un poco antes, con la muerte del Che Guevara en Bolivia a fines de 1967 y luego pasa a recodarnos algunos sucesos que tuvieron lugar el año siguiente: la guerra de Vietnam se perfila como una gran derrota para Estados Unidos; el asesinato de Martin Luther King que avergüenza al mundo; y las rebeliones de los estudiantes en Alemania, Inglaterra y particularmente en Estados Unidos y, por supuesto, en Francia. Pero no sólo en el lado capitalista. La invasión de las tropas soviéticas en Checoslovaquia en agosto marcará también el curso de la historia de los países del llamado bloque socialista: poco más de dos décadas después, en 1989, caería el Muro de Berlín.
Carlos Fuentes, que vivió esos meses en París, escribió que “la insurrección de mayo en Francia no fue contra un gobierno determinado, sino contra el futuro determinado por la práctica de la sociedad industrial contemporánea… Asistimos a una revolución de profundas raíces morales protagonizada en primera instancia por la juventud de una nación desarrollada. Y estos jóvenes dicen que la abundancia no basta, que se trata de una abundancia mentirosa” (citado por Pérez Arce).
Un historiador liberal, Timothy Garton Ash, critica duramente, en un ensayo publicado hace unos años, la “retórica revolucionaria” de los estudiantes y los intelectuales europeos de esos tiempos, pero aun así reconoce que: “El año 1968 catalizó un profundo cambio social y cultural tanto en Europa oriental como occidental” Y concluye que “si hacemos un balance, representó un paso adelante para la emancipación humana”.
Lo mismo podría decirse del caso mexicano. Según nuestro autor, “La rebelión estudiantil no formula sus motivos más profundos, no los explica programáticamente, pero los contiene… Lo que están haciendo los estudiantes es ejercer una libertad que desconocían, es criticar lo que parecía inamovible; es el descubrimiento de la vida igualitaria… Han subvertido la vida cotidiana…”
En México, como en muchas partes del mundo, el 68 sigue vivo en la memoria. Todos o casi todos podemos coincidir en que el 2 de octubre no se olvida porque el movimiento fue un triunfo moral de los estudiantes y un catalizador de grandes cambios. La “revolución hecha gobierno” sufrió una derrota política de la que ya no se recuperaría. Poco tiempo después, en los inicios de los años 70, se iniciaba la insurgencia popular, con los obreros a la cabeza: una gran movilización que abarcó casi todo el territorio nacional. Abrió, igualmente, el camino para la renovación política y la construcción de un régimen con alternancia en el poder, pluralismo político y elecciones más limpias. Dio lugar a nuevas manifestaciones culturales, entre ellas, como dice Paco, al feminismo y a una mayor libertad sexual, pero también a expresiones y formas de disidencia antes desconocidas o impracticables. Una nueva oposición surgió bajo la inspiración de la rebelión del 68, misma que ya abarca varias generaciones que no han dejado de luchar contra el despotismo político, por la libertad de expresión y manifestación, y por el derecho a vivir en una sociedad democrática, con justicia y dignidad para todos. 
La historia del 68, en México y en otras partes del mundo, no se ha agotado. Todavía quedan muchas cosas por aclarar, muchos relatos que contar. Y, sobre todo, nos falta pensarlo como parte de una narración más larga. ¿Fue el momento en que finalizaba una etapa del capitalismo, la de los estados de bienestar, y el principio de otra que años después conoceríamos como el período neoliberal? ¿O el momento crucial que preparó la caída de algunos regímenes autoritarios y dio origen a una nueva conciencia democrática? ¿O ambas cosas? Algunos historiadores podrían decir que 50 años son muy pocos para sacar conclusiones. De cualquier manera, el libro de Paco Pérez Arce nos permite recordar, entender y pensar otra vez los episodios de aquel año. Y, con ello, recuperarlos para entender mejor cómo era este país, como evolucionó, cómo llegamos a este presente tan convulso, y cómo podemos transformarlo.

Twitter: #saulescoba

Ha circulado el rumor de su muerte. Parece que no, que está hospitalizado, pero da igual: morirá pronto y la noticia falsa me da pretexto para escribir sobre él, porque además ha vuelto a ser tema. Ya más de un intelectual del régimen ha apuntado que, de ganar Andrés Manuel López Obrador, estaremos de vuelta en el fin de los setenta, década en que gobernó Luis Echeverría, inaugurando un periodo histórico que su sucesor habría de continuar.
Luis Echeverría fue un represor, un hombre despreciable en muchas cosas, seguramente, y, debates aparte, sobre la loza de su tumba pesarán aquellos a quienes el régimen asesinó por su instrucción o con su consentimiento. No irá al cielo, de eso no hay duda, y las marcas del halconazo y el 2 de octubre acompañarán al ex presidente siempre. Pasa, sin embargo, que en materia de historia política estamos acostumbrados a tirar el niño con el agua sucia, y personajes tan oscuros como Echeverría hacen que esto sea más fácil. Todavía hoy, su presidencia se evalúa en el debate público según las ideas de Enrique Krauze: Echeverría, y después José López Portillo, habrían sido los hacedores de los años del dispendio, la irresponsabilidad, la deuda, el fracaso, la siembra de la crisis, la corrupción (y la represión, pero eso ya lo dije).
Hay un juicio histórico bastante simple. A veces es, además, torpe y mentiroso. Parte del supuesto de que el impacto psicológico de las imágenes –y dentro de éstas, las negativas: la inflación y la devaluación del peso, sobre todo– es siempre mayor que el de otras consideraciones. Por ejemplo, Luis de la Calle dijo este lunes en televisión que la elección iba a ser entre pasado y futuro y que a la gente tendría que ponérsele una disyuntiva entre dos fotos, una de 1981 –dado que ese es, según él, el proyecto de AMLO– y una de estos tiempos, porque eso es lo que está en juego. Seguro que las imágenes de inicios de los ochenta no son tan sexys, pero quizá la historia tiene lo suyo. La evidencia muestra que los niveles de vida más altos en la historia de la sociedad mexicana se alcanzaron a principios de los ochenta, justamente, tras una década que tuvo más virtudes de las que quieren aceptarse. En esos años, los de Echevería y Jolopo, aumentó la esperanza de vida, el PIB por persona creció a niveles que no hemos vuelto a ver –de 6.7 puntos porcentuales, 5.9 y superior a 4– y la desigualdad se redujo claramente. La provisión de electricidad, gas y agua creció 9.1 por ciento entre 1971 y 1980, y 1982 fue el año de mayor convergencia de los ingresos salariales de mexicanos y estadunidenses. (Para quien quiera profundizar, estos datos y algunos más pueden encontrarse en el capítulo correspondiente de la prestigiada Nueva historia general de México, editada por El Colegio de México).
Es cierto que el país se endeudó para financiar el desarrollo. Pero con frecuencia se olvida, y se hace a propósito, que la política de endeudamiento surgió solamente después de que se fracasara en hacer la reforma fiscal para que los ricos pagaran los impuestos que corresponden. No se trató de un componente original del modelo de desarrollo “populista”, como suele repetirse, sino de una derrota política que fue más o menos así: el gobierno sabía que nuestro país no tenía una gran fortaleza fiscal, lo que resultaba en que no hubiera ingresos suficientes. Para conseguirlos, se intentó, primero, gravar los artículos de lujo y, después, aumentar la tasa del impuesto sobre la renta, que nunca ha sido de las más altas del mundo. Como si fueran uno solo, los empresarios iniciaron una guerra frontal contra el presidente Echeverría, y le ganaron –entonces nos quedamos sin reforma fiscal. Se trató de un fracaso nacional, si se acepta que conviene a la nación que contribuya más quien más gana, y tuvo como resultado el endeudamiento gracias a que se mantuvieron intactos algunos objetivos de política pública, a saber, el crecimiento económico y el crecimiento del poder adquisitivo del salario. Eso es, aunque no lo digan, lo que realmente repudian los neoliberales: mientras mantener la inflación a raya –cosa que tampoco han logrado, pues el año pasado fue el de mayor inflación en lo que va del siglo– les parece un fin moralmente válido, aumentar los salarios no lo es tanto, porque puede estropear el clima de negocios, y los empresarios, estropear a los demás.
Otros podrán recordar, y mejor que lo hagan ellos porque tampoco se trata de hacer quedar bien al casi difunto, un legado que incluiría la apertura a la democracia sindical en ciertos ámbitos, el activismo internacional de la mano de la izquierda y grandes líderes del Tercer Mundo, la creación de infraestructura, el Conacyt y unas cuantas cosas más. Más allá de los personajes, me parece que algunas son medidas que pueden defenderse.
La decisión de “regresar al pasado” dependerá de que la memoria colectiva mantenga viva solamente la inflación, devaluación y represión, o de que piense, en cambio, en las posibilidades de crecimiento, desarrollo nacional, poder adquisitivo del salario, prestigio internacional y distribución de la riqueza. Y ambas cosas fueron ciertas, como es cierto también que la tradición democrática arraigó mejor en la izquierda, mientras el gustillo de la represión, el autoritarismo y la opacidad es lo único que goza de cabal salud en el PRI. ¿No será que puede recuperarse algo bueno de 1981?

En la alianza Morena-PT-PES, PRI-Panal-PVEM y PAN-PRD-MC no habrá elecciones internas, para elegir a su candidato a la elección presidencial del primero de julio. Así, la precampaña de los tres es una simulación. Desde ya sabemos a quienes postula cada una de estas alianzas: Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya.
Desde hace años se sabe, nunca ha existido duda, que el candidato de Morena-PT-PES sería López Obrador. El liderazgo que ejerce sobre su partido es indiscutible. Él es su fundador y también su gran referente moral. En Morena nadie se atreve a cuestionar su liderazgo y a hacerle contrapeso. Lo que él diga, se hace.
La candidatura de José Antonio Meade fue decidida por el presidente Peña Nieto. La cultura del PRI sostiene que si el presidente de la República es priista éste tiene la atribución de nombrar al candidato de su partido. Es una regla no escrita, avalada por los usos y costumbres, desde la fundación de esa organización, que a lo largo de sus historias ha cambiado de nombre en tres ocasiones.
Ricardo Anaya llega a la candidatura después de un complicado proceso al interior de su partido, que implicó la renuncia de Margarita Zavala, que se sentía la candidata segura, y también al interior de la coalición PAN-PRD-MC donde había otros candidatos apuntados. Al final los otros aspirantes, tanto del PAN como del PRD, declinaron.
Aunque los candidatos ya están nombrados y en razón de eso, como lo estipula la ley electoral, no tendrían derecho a la publicidad oficial en medios electrónicos, por una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sí la pueden utilizar siempre que se añadan la aclaración de que esa propaganda está dirigida a la militancia del partido.
Esta resolución del TEPJF restableció, por la vía de los hechos, la campaña presidencial de seis meses. La oficial es de 90 días y arranca el primero de abril, pero la verdadera inició de manera abierta el primero de enero. En 180 días de campaña pueden pasar muchas cosas. En todo caso es un tiempo muy largo y desgastante, para los candidatos.
En esta campaña, los spots de radio y televisión que van a estar al aire del día que comenzó la supuesta contienda interna, que no existe, al día de la elección serán 57 millones. En esta etapa son 11 millones. Una cantidad que no sólo es absolutamente exagerada sino que da lugar, es lo más lamentable, a un tipo de campaña donde las ideas no tienen importancia.
Las primeras dos semanas de contienda anuncian que el núcleo central de la estrategia de los tres candidatos va a ser la campaña negra o sucia. Se vislumbra también que con una gran facilidad se hará uso de las mentiras y acusaciones falsas. La disputa ya comenzó. Nos quedan seis largos meses de un intenso e improductivo ruido mediático.

Twitter: @RubenAguilar 

El pasado lunes, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), terminó una visita a Colombia, que incluyó recorridos por las zonas más duramente afectadas por el conflicto armado que vive ese país desde hace más de seis décadas, en un momento clave de la historia política del país. En efecto, desde la victoria extremadamente apretada del NO en el referéndum sobre el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a finales de 2016, el impulso político a la agenda de la paz parece haber perdido fuerza. Si bien las principales iniciativas jurídicas existentes en el acuerdo de paz fueron votadas rápidamente por el Congreso colombiano, la coalición gubernamental que dio pie a la elección del actual presidente Juan Manuel Santos parece estar dando señales de fragmentación, de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en mayo de este año. Juan Manuel Santos no puede ser candidato de nueva cuenta, al haber sido reelecto por un segundo periodo en 2014. Para el proceso de paz, la salida del cargo del principal actor institucional que lo ideó y apostó en él su capital político significa un aumento de la incertidumbre cuanto a su conclusión, en particular en la eventualidad de un cambio de orientación del nuevo gobierno. Desde hace meses, el ex presidente Álvaro Uribe ha estado recorriendo el país, junto con el senador Iván Duque, para criticar el proceso de paz, y en particular la posibilidad que este acuerdo le da a las FARC de participar en la vida política de Colombia.
En las encuestas de opinión, el apoyo popular al proceso de paz en su conjunto ha venido disminuyendo desde 2016; de hecho, si bien esa agenda polariza el debate en el seno de la clase política y de los medios de comunicación, no se trata de la principal prioridad expresada por los colombianos en estas encuestas. El desempleo, la corrupción, y la seguridad continúan siendo sus preocupaciones esenciales. Sin embargo, de la misma manera que en 2014, cuando el eje de la campaña fue la paz versus el mantenimiento de la guerra, todo apunta a que este debate se reproduzca este año. La mayoría de las personalidades políticas que han anunciado su voluntad de ser candidatos a la presidencia de la república han hecho hincapié en este punto en el lanzamiento de sus pre-candidaturas. Como era de esperarse, el sector más reacio al mantenimiento del acuerdo de paz es el campo de la derecha, en particular de los seguidores del ex presidente Álvaro Uribe, y de un sector importante del partido conservador, dirigido por el ex presidente Andrés Pastrana. Si bien en el plano político estos ex presidentes tuvieron ejercicios gubernamentales totalmente diferentes (Pastrana sostuvo un diálogo con las FARC, al contrario de Uribe que privilegió el combate armado frente a estas últimas), la perspectiva de la victoria del SI en el referéndum del 2016 los acercó, a tal grado que han anunciado públicamente su deseo de construir una plataforma política común frente a las elecciones presidenciales. Uribe defiende como candidato a Iván Duque, miembro de su partido Centro Democrático, mientras que Pastrana impulsa a la ex ministra Martha Lucía Ramírez, del Partido Conservador. Por otro lado, desde el centro y la izquierda, las cosas parecen estar un poco más confusas. El Partido Liberal, después de haber hecho una consulta, eligió como su candidato a Humberto de la Calle para la presidencia. Sin embargo, es el ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, que se encuentra liderando las encuestas de opinión, con poco más de 20 por ciento de los votos, después de haber realizado una alianza con el polo democrático, dirigido por el senador Jorge Robledo, y por la líder ecologista Claudia López. Por su lado, el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, también es candidato a la presidencia. A la luz de las encuestas, queda claro que una candidatura única del bloque político a favor de la paz tendría mucha fuerza política, pero todo apunta a que en la primera vuelta, estos grupos políticos querrán contarse. Esperemos que en su afán de contarse, eviten excluirse de la segunda vuelta, que marcará el futuro de Colombia.
*Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París. Twitter: @Gaspard_Estrada

Tras dos días de búsqueda- sábado y lunes-, el número de cuerpos encontrados dentro de tres fosas en un predio en Xalisco, Nayarit, subió a 32, informó un integrante del Colectivo Familias Unidas.
Hasta ayer en la tarde, el grupo civil, conformado por personas que buscan a desaparecidos, aseguró que habían desenterrado 11 osamentas humanas, nueve de hombres y dos de mujeres.
Sin embargo, al término del trabajo en los cañaverales de la localidad El Pantanal, la cifra final fue de 23 cuerpos enterrados clandestinamente, 17 personas en una fosa y seis más en otra.
El hallazgo de estos 23 cadáveres se suman a los otros nueve que encontraron a 100 metros de distancia dentro de una fosa el pasado 13 de enero en la misma localidad.
Todos los cuerpos han sido trasladados en vehículos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se inicien los análisis que ayudarán a identificar a las personas halladas.
La búsqueda en este sitio que está a dos kilómetros y medio de la vía Xalisco-Pantanal inició tras el alertamiento de un campesino sobre posibles cuerpos en la zona.
Según el informante de Familias Unidas, el labrador dijo que cerca de un árbol salían fuertes olores relacionados con cuerpos en descomposición.
Durante este martes continúa la búsqueda de más restos humanos en un predio que la delincuencia organizada convirtió en fosas clandestinas.
Ninguna autoridad de Nayarit ha informado oficialmente sobre estas fosas ubicadas en el Municipio aledaño a la capital Tepic.