Pedro Sánchez / Agencia Reforma

Chihuahua

Siete personas fueron asesinadas en Chihuahua durante el fin de semana, informó la Fiscalía General del Estado.
En la Ciudad de Chihuahua, un hombre fue ejecutado el domingo en un domicilio de la Colonia Rosario, en las calles 48 y Urquidi.
El mismo día, un cuerpo en estado de descomposición fue hallado en el cruce de Juan Pablo II y La Galera en la Colonia Galera 1.
También en la capital del estado, se reportó el hallazgo de una persona muerta en la cajuela de un vehículo la noche del sábado, en las calles Río Grande y Morelia de la Colonia Crucero.
El cuerpo corresponde a un joven reportado como desaparecido desde el viernes, de nombre Aldo Moreno Olivas, de 17 años de edad, estudiante de preparatoria.
Junto con él desapareció en la Colonia Chihuahua 2094 otro alumno identificado como Edwin Alonso Maldonado, de 18 años, quien no ha sido localizado.
Mientras que en Delicias, un hombre fue asesinado el domingo con arma de fuego en el Fraccionamiento Delia, en la ciudad de Delicias.
La noche del sábado en Ciudad Juárez, un hombre murió a tiros en las calles Sierra Vista y Montes Himalaya en la Colonia La Cuesta, aproximadamente a las 22:00 horas.
Antes de la medianoche del mismo día, otro individuo fue ultimado a balazos en las calles Gardenias y Encino en la Colonia Francisco Villa.
Además, en el Municipio de Cuauhtémoc, un hombre murió en un hospital la noche del sábado tras haber sido atacado a balazos.

Matan a hermano de ex regidor del PRI en Mazatlán

Un hombre murió en el hospital luego de que resultó herido de bala al ser atacado por hombres armados cuando llegaba en una camioneta a un domicilio de la Colonia Ferrocarrilera, de Mazatlán, Sinaloa.
De acuerdo con información de Noroeste, el occiso fue identificado por autoridades policiacas como Jesús Omar “N”, de 42 años de edad, quien era hermano de un exregidor priista.
Los informes de las autoridades ministeriales indican que el atentado ocurrió a las 14:00 horas de ayer, en el cruce de las calles Río Baluarte y Flamingos, en la colonia antes mencionada.
Según lo comentado por los agentes investigadores, la víctima llegó a su domicilio en una camioneta Chrysler Aspen de color gris, y al descender de la unidad fue atacada por un delincuente, que al parecer ya lo esperaba, junto con otros hombres, en un vehículo de color gris.
Tras el atentado, el maleante huyó junto con sus cómplices, mientras que el hombre quedó herido y tirado a un lado de la camioneta en la que había llegado. (Agencia Proceso /?Ciudad de México).

El gobierno central mantendrá intervenida la autonomía de Cataluña si Carles Puigdemont es investido presidente de la región pese a estar huido en Bruselas, avisó ayer el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, dos días antes de que se constituya el nuevo Parlamento catalán.
La intervención “seguirá en vigor hasta que tome posesión el nuevo presidente”, anunció el mandatario ante la junta directiva de su Partido Popular (PP), aclarando además que “no hay margen para ser presidente a distancia ni por delegación ni por otro tipo de trampa”: una alusión a los planes de Puigdemont.
Puigdemont puede ser elegido otra vez jefe del gobierno catalán porque la fuerzas independentistas sumaron mayoría absoluta en las elecciones del 21 de diciembre. Sin embargo, huyó a Bruselas tras ser destituido el 27 de octubre por Madrid y si regresa a España será detenido por presuntos delitos vinculados a su plan independentista.
Su plataforma Junts per Catalunya (JxCat) intenta por eso que el ex “president” sea investido de forma telemática en Bruselas. Un informe no vinculante de los letrados del Parlamento conocido ayer rechaza esa posibilidad y estipula que es “imprescindible” que el candidato a presidir el gobierno catalán asista al pleno, en parte porque debe poder debatir de forma directa con todos los grupos.
La incógnita sobre el futuro de Puigdemont debe resolverse antes del 31 de enero, primera sesión de investidura. El gobierno de Rajoy adelantó ya que recurriría ante la Justicia un nombramiento de Puigdemont a distancia. La situación promete volver a subir la tensión entre Barcelona y Madrid las próximas semanas.
Por otro lado, el partido del independentista catalán Puigdemont, refundado ahora como PDeCAT, recibió ayer un golpe judicial: la Justicia ordenó el decomiso del dinero que cobró en comisiones ilegales en el marco de una conocida trama de corrupción.
La Audiencia de Barcelona consideró probado que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), predecesora del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), recibió 6.6 millones de euros de la empresa Ferrovial a cambio de contratos de obra pública entre 1999 y 2009.
Las sospechas por el llamado “caso Palau” sobrevolaron en los últimos años el partido del primer impulsor del proceso independentista catalán, Artur Mas, hasta el punto de que en 2016 abandonó las siglas CDC y fue refundado como PDeCAT.

La cifra de muertos por el desplome ayer de un viaducto en construcción en la carretera entre Bogotá y Villavicencio, capital del departamento del Meta, en el centro de Colombia, ascendió a nueve y hay cinco heridos, dijeron las autoridades.
El coordinador del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Meta, Reinaldo Romero Silva, confirmó el número de fallecidos y dijo que aparentemente ya no se busca a más desaparecidos.
El accidente ocurrió ayer en el sector conocido como Chirajara, una zona muy montañosa donde se construye la doble calzada de la carretera Bogotá-Villavicencio, que a lo largo de sus 120 kilómetros incluye decenas de viaductos y túneles para salvar la complicada orografía de la zona.
El accidente se produjo en el kilómetro 64 de la carretera por “causas que aún se desconocen y serán materia de investigación”, informó Coviandes, empresa que tiene su cargo la construcción del tramo afectado.
Por otro lado, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, posesionó ayer a 31 magistrados que se encargarán de juzgar a quienes hicieron parte del conflicto armado interno del país, entre militares, civiles y ex combatientes de las FARC.
En tanto, la ex fiscal colombiana Viviane Morales presentó ayer su candidatura para las elecciones presidenciales en un vídeo difundido en su cuenta de Twitter, en el que también anunció su renuncia al Partido Liberal y, por consiguiente, a su escaño en el Senado de la República.

Partidos políticos piden diálogo para superar crisis en Honduras

Cinco partidos políticos de Honduras propusieron ayer un diálogo urgente para solventar la crisis política que atraviesa el país tras las elecciones del 26 de noviembre y las denuncias de fraude.
En conferencia de prensa, representantes de los partidos anunciaron la conformación de una coalición con un programa de 26 puntos, el primero de los cuales es el llamado al diálogo .
Honduras atraviesa desde hace un mes y medio una crisis generada tras las elecciones generales, luego que el candidato presidencial de la izquierdista Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, acusara de fraude al presidente Juan Orlando Hernández, quien resultó reelecto en los comicios.
Nasralla, dijo ayer que el tema para participar en el diálogo nacional que ha propuesto Hernández debe ser “el robo de las elecciones” generales del 26 de noviembre.
Por su parte, Hernández, reiteró ayer que la toma de posesión para su segundo mandato en el poder será austera, cívica y sin la presencia de gobernantes de otros países.

Por los disturbios en Túnez, 850 detenidos en una semana

Fuerzas de Seguridad tunecinas arrestaron a 41 personas durante los disturbios y las protestas contra las políticas de austeridad que se repitieron ayer por la noche en diversas zonas de Túnez, y que engloban la cifra de 850 detenidos en una semana, informó ayer en el ministerio de Interior.
En declaraciones a la prensa, su portavoz, Jalifa Chibani, volvió a insistir en que se tratan de actos organizados pero “limitados a los barrios de Ettadhamen, Daoura, Hicher y el Kram, en la capital, y a Sidi Bouzid y Feriana”, en el centro-este del país.
Testigos explicaron que grupos de jóvenes prendieron neumáticos y contenedores en el distrito capitalino de Ettadhamen y lograron cerrar el acceso a la arteria principal frente a unidades antidisturbios.
Además, lanzaron piedras y otros objetos contra los agentes, que practicaron detenciones y utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los congregados.

La caída del vestíbulo de la Bolsa de Yakarta deja 70 heridos

Al menos 72 personas resultaron heridas ayer en Indonesia al hundirse el techo del vestíbulo de uno de los edificios de dos torres que acoge la Bolsa de Valores de Yakarta, que tuvo que ser desalojada durante unas horas, informaron fuentes oficiales.
Los heridos, muchos de los cuales eras estudiantes que visitaban el edificio a mediodía, fueron trasladados a cuatro hospitales de la capital, indicó la policía de Yakarta en un comunicado.
El portavoz de la policía de Yakarta, Argo Yuwono, descartó en declaraciones a los medios presentes en el exterior de la Bolsa que la causa del derrumbe fuese una explosión, mientras continúa la investigación. (DPA / EFE / Tegucigalpa / Túnez / Yakarta)

Al menos 36 personas murieron y otras 91 resultaron lesionadas ayer por la mañana en un doble atentado suicida en el centro de Bagdad.
Las explosiones se registraron de forma casi simultánea en la plaza Al Tayarán, en el centro de la capital iraquí, y fueron perpetradas por dos terroristas suicidas que portaban cinturones explosivos.
De acuerdo con información difundida por diversas agencias, los terroristas detonaron las cargas que llevaban encima junto a un grupo de trabajadores que se encontraba en la plaza.
El portavoz del Ministerio del Interior, Saad Maan, señaló que los dos terroristas suicidas utilizaron chalecos con explosivos.
Este es el segundo atentado en tres días en la capital iraquí, después del que ocurrió el sábado 13, en el que tres personas murieron y otras 10 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en la zona Al Kademiya, en el norte de Bagdad.
“Dos kamikazes se hicieron explotar en la plaza Al Tayaran en el centro de Bagdad”, indicó en un primer momento el general Saad Maan, portavoz del comando conjunto de operaciones iraquí, quien dio balance inicial de 16 muertos. (Agencia Apro / EFE /?Bagdad).

Protestan griegos contra el último gran paquete de reformas de rescate

Grecia vivió ayer una nueva jornada de huelgas y movilizaciones contra el presumiblemente último gran paquete de medidas de austeridad antes de que el país salga del rescate económico.
El transporte público quedó totalmente paralizado por una huelga de 24 horas convocada por los sindicatos ante el debate en el Parlamento de una ley escoba que incluye 400 artículos, que finalmente fue aprobada ayer por la noche.
Al paro se sumaron durante tres horas los controladores aéreos, lo que obligó a las aerolíneas a cancelar algunos vuelos nacionales y modificar el horario de otro medio centenar.
Los paros laborales, apoyados en varias manifestaciones, se dirigen contra el compendio de reformas pactadas por el gobierno izquierdista de Alexis Tsipras con las instituciones acreedoras, de cuya aprobación depende el próximo desembolso del rescate.
Entre las medidas que más ampollas han levantado figura el endurecimiento de las condiciones para la convocatoria de huelgas a nivel local, la creación de un sistema electrónico para las ejecuciones hipotecarias, así como una reforma de los subsidios familiares. (EFE?/ Atenas).

Una protesta que realizan miles de campesinos en varias regiones de Guatemala en la que exigen la renuncia del presidente Jimmy Morales ha dejado ayer un muerto, informaron los organizadores de la movilización.
Según el Comité Campesino del Altiplano (Codeca), un pesado camión arrolló a un grupo de manifestantes en la carretera hacia El Salvador, en jurisdicción de El Progreso, en el departamento de Jutiapa, donde realizaban un bloqueo.
A raíz de este hecho murió uno de los manifestantes, identificado como Antonio Jiménez Cruz, de 48 años. (EFE?/?Guatemala).

Los resultados de una investigación periodística sobre los “gastos de gestoría” que reciben algunos regidores y síndicos, así como los diputados de Guerrero, se abordarán en esta y la siguiente entrega de Monitor de Guerrero. Se trata de una partida muy cuestionada por su opacidad y nula rendición de cuentas, ya que públicamente no se conoce de dónde proviene, de cuánto son los montos, los criterios para su ejercicio, la comprobación de ese gasto y su impacto en la población.
No hay en la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado ningún enunciado que faculte a los regidores para ejercer recursos públicos de manera directa, aunque tampoco lo prohíbe. En todo caso, éstos deberían sujetarse a la normatividad para el control, fiscalización y transparencia -como todos los recursos públicos-, y no ser excepcionales sólo porque provienen de los recursos propios de los ayuntamientos.
Las solicitudes presentadas se refirieron a la “Cantidad de recursos financieros entregados a los regidores como Gastos de Gestión durante 2016”. Se pidió que los datos se desglosaran por regidor y partido político y que proporcionaran el nombre, ubicación y monto de las obras reportadas con estos recursos. También se les requirió la “descripción del procedimiento mediante el cual los regidores comprueban estos recursos”.
La información solicitada es parte de la que obligatoriamente deben publicar todas las dependencias públicas. La Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero, en su artículo 81, fracción XV, del capítulo de las “Obligaciones de Transparencia Comunes” dice que las dependencias públicas deben transparentar “La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio”.
Pero ningún ayuntamiento lo hace, ni tampoco el Congreso del estado, de ahí que fue necesario solicitarla mediante los procedimientos que establece la ley.
La gestión de información y la revisión de documentos para realizar este trabajo fue de casi un año; tuvo dos propósitos, a saber: conocer qué ayuntamientos guerrerenses proporcionan recursos públicos a los ediles para sus “gestiones” y en qué condiciones lo hacen; y poner a prueba los procedimientos e instituciones establecidos en la ley para el acceso a la información pública gubernamental.
La información que publicamos se deriva de las respuestas a 71 solicitudes de información presentadas desde el 5 de enero de 2017 para conocer cómo ejercen estos recursos los ediles de 70 municipios guerrerenses -únicas demarcaciones, de las 81 que existen en el estado, habilitadas en la plataforma electrónica Info Guerrero en esa fecha- y los legisladores del Congreso del estado.

Primeros hallazgos

Lo primero que destaca es que 27 ayuntamientos no respondieron a las solicitudes en los plazos que fija la ley, y otros dos sujetos obligados -ayuntamiento de Chilpancingo y el Congreso local- dieron datos que no correspondían a lo requerido; en consecuencia, se presentaron 29 recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (Itaigro).
Un balance sobre las dificultades para el acceso a la información en el estado, así como sobre las respuestas que dieron los ayuntamientos -casi todos los 44 gobiernos municipales que sí contestaron dijeron que no otorgan recursos a sus regidores- se publicó en la edición del 25 de abril de 2017 de Monitor de Guerrero, “Opacidad en los gastos de gestión”.
Igualmente, el 2 de enero de 2018, en Transparencia en 2017; qué hay para 2018, se describió el rezago en el procesamiento de recursos de revisión y el incumplimiento de las resoluciones del Itaigro, pues aunque ha emitido 22 resoluciones, sólo se han cumplido cinco, es decir, a diez meses de que se presentaron 29 recursos de revisión, sólo se obtuvieron datos de cinco gobiernos municipales.
Hay un problema muy grave en el estado en materia de acceso a la información, derivado de la falta de atención a las solicitudes de información por los ayuntamientos, del rezago en el procesamiento de recursos de revisión, y de la falta de consecuencias para quienes incumplen las resoluciones del órgano garante local, pues ninguna multa ni otras sanciones se han aplicado a la fecha.

Acapulco y otros 4 ayuntamientos

Había interés particular por los cinco ayuntamientos con mayor número de población en el estado, pues éstos tienen más posibilidades de recabar ingresos propios, y por lo tanto, de financiar los gastos de gestoría social de sus ediles. El gobierno municipal de Taxco respondió que les otorga 5 mil pesos mensuales a sus regidores, mientras que el de Iguala proporciona la misma cantidad. El ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta omitió responder y el Itaigro aún gestiona un recurso de revisión presentado el 20 de febrero de 2017. Por cierto, también pendiente de resolución se encuentra el recurso de revisión del Congreso del estado que se presentó el 13 de febrero de 2017.
Del gobierno municipal capitalino, Chilpancingo, el órgano garante emitió una resolución el 17 de octubre de 2017 para que entregara la información sobre sus ediles, pero esto no ha sucedido. Dice la resolución que el sujeto obligado tendrá un plazo de tres días hábiles para cumplir o de lo contario se haría acreedor a una multa económica de 10 mil 956 pesos, “con independencia de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de los servidores públicos”. Ya pasaron tres meses y el ayuntamiento de Chilpancingo no ha entregado la información; no se ha cobrado ninguna multa y tampoco se ha iniciado ningún procedimiento de responsabilidad administrativa. Es la ruta que han seguido casi todas las 22 resoluciones que emitió el Itaigro.
Acapulco es un caso aparte. Los regidores y síndicos del ayuntamiento de Acapulco deben considerarse privilegiados porque reciben montos significativos de recursos, que destinan a “gestoría social”. El ayuntamiento les entrega poco más de 1.6 millones anuales a cada uno.
Los datos que se presentan en adelante se derivaron de las respuestas a dos solicitudes de información, a la documentación del procedimiento de un recurso de revisión en contra de ese gobierno municipal, y a la revisión de cerca de 14 mil hojas de comprobación de gastos de 20 ediles porteños correspondientes al ejercicio 2016.

Las solicitudes a Acapulco

En su respuesta, el Ayuntamiento de Acapulco informó que 19 regidores en 2016 recibieron recursos por 1 millón 680 mil pesos y un regidor, un millón 710 mil pesos (seis ediles son del PRI, cinco de la coalición PRD-PT, cinco del PAN, dos de Movimiento Ciudadano, uno del PT y uno del Partido Verde). No informó si los síndicos recibieron este tipo de recursos.
Hasta este punto, no había problemas con el acceso a la información del ayuntamiento de Acapulco, pero sí cuando se presentó una segunda solicitud con el folio 00084517, que literalmente decía: “Relación de acciones por concepto de gastos de orden social y gastos de gestoría social de 2016, desglosado por cada regidor del ayuntamiento, acción, comunidad, monto y fecha”. También se solicitó copia de las facturas y comprobantes de lo gastado por cada regidor.
Como respuesta, se recibió un oficio de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Acapulco -vencido ya el plazo que otorga ley para responder a una solicitud- para decir que no entregaría la información porque “deberá solicitarla a quienes generan el gasto directamente”, es decir, a los ediles.
Al respecto, la norma es muy clara. En el caso de Guerrero, el artículo 52 de la Ley 207 de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dice que “Los sujetos obligados contarán con un área responsable para la atención de las solicitudes de información, a la que se le denominará Unidad de Transparencia, la cual será la única competente para recibir y tramitar todas las solicitudes de información y las relativas a datos personales que se presenten”.
Sobre el requerimiento de “Copia de las facturas y comprobantes del mes de enero de 2016, agrupados por cada regidor”, el Ayuntamiento también negó la información porque “contiene datos personales de terceros”. Es probable que el ayuntamiento se refería a los proveedores de bienes o servicios pagados con recursos públicos, o bien, a los beneficiarios de los apoyos otorgados por los ediles. Pero en ninguno de los dos casos tenía razón.
En el primer caso, la negativa no se justifica, ya que la información solicitada se encuentra enmarcada en el artículo 81, fracción XXVIII: “La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados…”.
Tampoco la segunda, porque igualmente está incluida en la ley: “La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: … Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo”. (artículo 81, fracción XV).
No había pues, ninguna justificación para negar las comprobaciones del gasto ni tampoco para no informar a qué se destinaban estos recursos. Por esta negativa se presentó un recurso de revisión ante el Itaigro el 23 de marzo de 2017 en contra del ayuntamiento de Acapulco.
El órgano garante emitió una resolución el 10 de octubre de 2017 ordenando que se entregara la información, y el 30 del mismo mes la Unidad de Transparencia del ayuntamiento comunicó la disposición de la misma.

Qué entregaron

En formato electrónico, el gobierno municipal de Acapulco nos entregó cerca de 14 mil hojas correspondientes a pólizas de cheques, tablas de control, recibos de la Tesorería municipal, y especialmente, recibos firmados por las y los beneficiarios que recibieron el apoyo, así como copias de documentos de identificación y su lugar de residencia.
Durante 2016, los regidores y regidoras de Acapulco recibieron mensualmente cheques por 70 mil pesos, cada uno por concepto de “gastos de orden social, subsidios, apoyo social, materiales, suministros y gastos en general necesarios para la operatividad de las oficinas de los ediles”, de la cuenta de Recursos Propios del ayuntamiento de Acapulco.
Pero adicionalmente, recibieron 70 mil pesos mensuales por concepto de “subsidio adicional por gestoría social en cumplimiento de sus funciones, necesarios para la operatividad de las oficinas de los ediles”.
En total, cada regidor o regidora recibió del orden de un millón 680 mil pesos en 2016, de acuerdo con los documentos del ayuntamiento que revisamos.
Sin embargo, la comprobación que nos entregaron corresponde sólo a 70 mil pesos mensuales erogados por cada edil; del resto del dinero que ejercieron no se recibió ningún documento y por lo tanto no hay evidencia de en qué se gastó.
Los regidores comprobaron de manera muy diferente los recursos. Al revisar los documentos en nuestro poder, algunos ediles hicieron una comprobación razonable, presentaron evidencia documental y fotográfica de los apoyos que proporcionaron; pero otros, la mayoría, improvisaron su comprobación, abusaron de los recibos firmados por los beneficiarios y hay una notable ausencia de facturas fiscales, no obstante que una gran cantidad de dinero se destinó a la compra de electrodomésticos (estufas, refrigeradores y hasta colchones), a materiales de construcción (madera, cemento, grava, arena, láminas) y a medicamentos o análisis de laboratorio, es decir, conceptos de los que se pueden emitir ese tipo de comprobaciones formales sin mucha dificultad.
La gran cuestión de los gastos de gestoría no es que los regidores dispongan de dinero para canalizarlo a personas de bajos recursos o a proyectos de beneficio colectivo -eso podría ser legítimo si hubiese reglas claras- sino su utilización discrecional, su opacidad y su comprobación deficiente.
En la siguiente entrega se abordará con más detalle la manera en que los regidores porteños comprobaron los recursos que ejercieron a partir de la revisión de la documentación entregada por el ayuntamiento de Acapulco.