Murió Pedro Ángel Palou sr.

Nacido en Orizaba, pero plenamente aclimatado en la ciudad de Puebla, donde acaba de morir, Pedro Ángel Palou Pérez rindió a la Angelópolis muchos y muy buenos servicios en la cátedra, el periodismo y las instituciones. Estudió en la Universidad Autónoma de Puebla, de la que fue profesor, ocupó numerosos cargos públicos, fue un tenaz comunicador y fundó órganos de difusión cultural. Deja una cuantiosa producción intelectual en la que se cuentan sus biografías de los pintores José Agustín Arrieta y José Luis Rodríguez Alconedo, el independentista. También dedicó libros a la vida de personajes intelectuales como Clavijero y Sor Juana, a figuras históricas como Cuauhtémoc, Ignacio Zaragoza o Aquiles Serdán, así como a intelectuales de la relevancia de José María Lafragua y Gabino Barreda. Brilló en la crónica histórica que permitió a los poblanos conocer mejor su pasado, sus lugares y su gente. Fue, para decirlo brevemente, un intelectual de la cabeza a los pies, padre del también escritor Pedro Ángel Palou, a quien damos nuestro pésame.

Borrego, un fascista siempre

En la Ciudad de México, donde nació en 1915, murió Salvador Borrego Escalante, quien trabajó de 1936 a 1965 en la casa Excélsior antes de pasar a la Cadena García Valseca, para la cual fundó El Sol de Guadalajara y El Sol de México. Escribió el libro Periodismo trascendente, interesante desde el punto de vista técnico, pero plagado de su inhumana ideología, pues Borrego destacó sobre todo como un intelectual fascista, un antisemita hasta extremos enfermizos que veía masones y comunistas hasta en la sopa. Escribió varias apologías de Adolfo Hitler y el nazismo, pero su obra más difundida es Derrota mundial, libelo prologado por el último José Vasconcelos, el amargado, místico y archirreaccionario que en 1940 hizo la revista Timón pagado por la embajada de la Alemania nazi. Servidor del atrabiliario “coronel” José García Valseca, Borrego no le perdonó a Luis Echeverría que se apoderara de la cadena de los soles cuando se hizo impagable la deuda de esos periódicos con PIPSA. De ahí que publicara Cómo García Valseca fundó y perdió 37 periódicos y cómo Eugenio Garza Sada trató de recuperarlos y perdió la vida, librito de 1984 en el que, muy a su estilo, hizo un amasijo de medias verdades y mentiras completas, algunos hechos relacionados y otro inconexos, pues tal era su forma de exponer.

Premio de novela de 15 mil €

Esta abierta la convocatoria al Premio Ciudad de Salamanca de novela 2018 para novelas inéditas en español y no premiadas antes ni que estén pendientes de fallo, de 150 páginas como mínimo y 250 como máximo (formato DIN-A-4), en tipo Times New Roman de 12 puntos con interlineado de 1.5, en un ejemplar debidamente engrapado, encuadernado o cosido firmado con lema o seudónimo y acompañado de un sobre con el mismo lema o seudónimo que en el interior contenga nombre completo, nacionalidad, domicilio y teléfono del autor, de quien deberá anexarse un resumen biobibliográfico y fotocopia del pasaporte. También deberá enviarse “un ejemplar en formato PDF y soporte digital”. Los textos deberán remitirse por correo certificado o servicio de mensajería antes del 30 de marzo del presente año a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes/Premio Ciudad de Salamanca de Novela 2018/Título de la obra/ Plaza del Liceo, s/n, 37002-SALAMANCA. Más informes en www.salamancaciudaddecultura.org

La entrada a recintos culturales

Como se sabe, los recintos culturales cobran la entrada al público. Teatros, galerías, museos y otros espacios cobran hasta 220 pesos por boleto individual, lo que priva de las manifestaciones artísticas a un pueblo de pobres como el nuestro, donde el ingreso familiar de 60 por ciento de las familias es inferior a 8 mil pesos mensuales. Ante esa ofensiva realidad, el Poder Legislativo estudia la posibilidad de reformar la Ley Federal de Derechos para que los menores de 13 años y mayores de 60 no paguen y los demás obtengan una rebaja de 50 por ciento. Como es obvio, lo que recibe el erario por tales conceptos es insignificante y probablemente cueste más cobrar que permitir el ingreso gratuito. Pero todo es mercancía para los neoliberales, hasta lo que no es negocio. Y así esperan ganar las elecciones.

Breviario…

Mañana martes, en el Centro de Creación Xavier Villaurrutia (Nuevo León y Fernando Montes de Oca, colonia Condesa), se inaugura la exposición fotográfica José Luis Martínez. Rostros de la palabra, tras de lo cual disertarán sobre la obra del gran polígrafo Rosa Beltrán, Liliana Weinberg y Leticia Chumacero. @@@ El guerrerense David Aponte, quien fuera integrante de Barro Rojo, recibirá muy merecidamente, así sea con retraso, el Reconocimiento Danza UNAM 2017 que se le entregará en la Sala Miguel Covarrubias el viernes 26. @@@ Angelina Muñiz-Huberman acaba de publicar Los esperandos: piratas, judeoportugueses… y yo, obra que versa sobre las peripecias de los bucaneros del siglo XVI, cuando se llamaba “esperandos” a los judíos, pues todavía esperaban a Mesías, mientras que para los cristianos llegó hace unos dos mil 17 años.

La semana pasada se hizo pública la renuncia del embajador de Estados Unidos en Panamá. Entregó su carta de renuncia en diciembre, y se volverá efectiva en marzo. Junto con el encargado de negocios norteamericano en Beijing, se trata del único par de jefes de misión bajo Donald Trump en haberse negado a seguir siendo sus representantes ante otro gobierno, a un año de haber tomado posesión.
Feeley fue consejero político en la embajada estadunidense en México a principios de este siglo, y después Deputy Chief of Mission, o segundo de abordo, entre 2009 y 2012. Por lo tanto, tiene muchos y buenos amigos en México, entre los cuales me siento orgulloso de contarme. La nota que escribo debe leerse en ese contexto.
Habiendo sido de joven piloto de helicóptero en el cuerpo de Marines, ingresó al servicio exterior de su país hace treinta años. Las líneas más importantes de su explicación son las siguientes: “Como joven funcionario del servicio exterior, firmé un juramento de seguir lealmente al presidente y a su administración de manera apolítica, aún cuando pudiera no estar de acuerdo con algunas posturas determinadas. Mis mentores me aclararon que si yo llegaba a creer que no podía cumplir ese juramento, mi honor me obligaría a renunciar. Ese momento ha llegado”. Me consta que en sus diversos cargos, Feeley manifestó desacuerdos, incluso con el gobierno de Obama, entre 2009 y 2015, que no lo llevaron a renunciar. Transitó por uno de los momentos más difíciles de la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos en 2010, cuando el presidente Felipe Calderón expulsó al embajador Carlos Pascual de México (entonces jefe y amigo de Feeley), con el pretexto de un cable de Wikileaks, pero en realidad por haberse relacionado amorosamente con la hija de un alto dirigente del PRI (entonces partido de oposición). La secretaria de Estado Hillary Clinton aceptó sin mayores miramientos la expulsión, actitud que algunos pudieran haber cuestionado. Feeley no.
Pero Trump rebasó el límite de lo aceptable para Feeley, incluso antes de haberse referido a Haití, El Salvador y a varios “países africanos” en los términos que se dieron a conocer hace unos días. Su decisión refleja el dilema que viven todos los integrantes de un servicio civil de carrera, como lo es el servicio exterior en la gran mayoría de los países, incluyendo desde luego al nuestro. Por un lado, trabajan para el Estado, no para un gobierno en particular, a diferencia de los múltiples funcionarios en diversas cancillerías que responden a nombramientos políticos. Su lealtad se debe al Estado, no al Presidente de turno. Pero en política exterior, y en realidad en la política a secas, las decisiones presidenciales revisten un peso específico que no puede ser siempre ignorado. En México tuvimos el caso de Octavio Paz, miembro del Servicio Exterior Mexicano, quien solicitó licencia en 1968 después de la matanza de Tlatelolco, un acto de política interna que sin embargo imposibilitó la estadía del poeta en la India como representante del Estado y mandatario responsables de las muertes acontecidas.
Tanto en América Latina como en Europa, abundan las circunstancias que a lo largo de los últimos cincuenta años han llevado a numerosos diplomáticos de carrera a “bellos gestos” como el de Feeley. El costo es elevado: el ex-piloto, con sus 56 años de edad, poseía un futuro atractivo en el Departamento de Estado, ya sea como subsecretario de Estado para América Latina, o como embajador en México o Colombia, países que conoce al detalle.
Por eso es tan noble y encomiable su decisión, y tan aleccionadora. Hay momentos en la vida de un funcionario, aún de carrera, ya sin hablar de designaciones políticas, cuando su permanencia en un gobierno resulta, a su entender, intolerable, porque lo vuelve cómplice de acciones, definiciones y comportamientos reprobables. Cada quien tiene su propio límite, y los de un funcionario no son extrapolables a otro. Pero en muchos países existen, y no se acata la consigna de la picardía política mexicana: “Antes de la renuncia, hasta la ignominia.”

Once muertos y 38 detenidos fue el saldo de dos enfrentamientos entre comuneros y entre policías comunitarios y fuerzas estatales y federales, el domingo 7 de enero pasado. Hay que añadir a estas cifras oscuras la muy alta polarización y división social en las comunidades de la zona de Cacahuatepec, que combina el miedo con los deseos de venganza y el enojo de las dos partes enfrentadas. Desde el año 2003, cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) invadió tierras comunales para iniciar los trabajos preliminares a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, que dio pie a la fundación del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), desde ese tiempo ha habido altas y bajas en el clima de inestabilidad social en esa zona.
Comunidades empobrecidas desde siglos, a lo largo del serpenteado río Papagayo, se vieron de pronto agredidas por un proyecto del gobierno federal, gestionado por la Comisión Federal de Electricidad para la generación de energía eléctrica en el contexto del Plan Puebla Panamá, durante el gobierno de Vicente Fox. Desde, al menos, una década antes se estuvieron haciendo los estudios preliminares relacionados con dicha presa, al margen de cualquier información a las comunidades que serían afectadas. Río arriba de la comunidad de Las Parotas, estaba instalado un campamento para la realización de los estudios pertinentes. Pero las comunidades nada sabían.
Sin mediar aviso alguno, la CFE introdujo maquinaria pesada que rompía alambradas y derribaba árboles frutales de los campesinos. En ese contexto nació el Cecop con la finalidad de defender la tierra y los recursos del río, dando una batalla mediante la organización y la movilización. Con el apoyo de los gobiernos federal y estatal se desarrollaron varias asambleas en los diversos núcleos comunales y ejidales con el fin de obtener la anuencia de los campesinos. Para lograr este cometido, la CFE empezó a corromper líderes naturales y autoridades comunales, así como comisarios municipales y a hacer mil promesas de beneficios. Además, organizó asambleas amañadas y fraudulentas respaldadas por la fuerza pública, que finalmente quedaron sin efecto por decisión de los tribunales, que hasta el momento actual están suspendidas las obras relacionadas con la presa.
Desde esos tiempos, se dieron situaciones de extrema división y polarización en las comunidades afectadas, causando muertes, enfrentamientos y una situación de conflicto interno, además del conflicto con la CFE. Lo que en el contexto actual se está manifestando tiene un historial oscuro de engaños, corrupción y violación a los derechos humanos de las comunidades locales. Y el principal factor de este conflicto ha sido el empeño del gobierno federal por construir una presa a través de la CFE, a costa del interés de las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Se trataba de un proyecto, visto como un gran negocio, que implicaría el despojo, contra todo derecho, de las tierras de los pueblos de esa región. Se trataba de un proyecto de un altísimo costo ambiental y social que favorecería los intereses de las trasnacionales y perjudicaría a los habitantes de esa zona, que perderían sus tierras y serían reubicados contra su voluntad.
Aunque este proyecto ha estado suspendido, no está desechado. Después del huracán Ingrid y la tormenta Manuel que hicieron graves estragos en Guerrero y, particularmente, en la zona de Cacahuatepec, el gobierno federal anunció el Plan Nuevo Guerrero con una inversión de 64 mil millones de pesos, que incluía, según el enuncio del presidente de la República Enrique Peña Nieto, la construcción de una presa, cuyo nombre no se mencionó. Pero se entendía que la intención era reactivar la construcción de La Parota. Por cierto, ¿qué ha pasado con ese dinero que, según sus promotores, detonaría la economía del estado de Guerrero tan castigado por la fuerza del huracán? No lo sabemos.
El hecho es que el gobierno federal, ayudado por el gobierno del estado de Guerrero, ha tenido un trágico papel en esta historia. A través de la CFE, puso en marcha la estrategia de dividir y enfrentar a los campesinos, con el fin de debilitar la oposición a la presa. En este sentido, ha sido el principal promotor del conflicto mediante la corrupción de campesinos, los engaños, las asambleas fraudulentas y el uso de la fuerza pública para reprimir la oposición a la presa.
Lo sucedido la semana pasada en La Concepción es una consecuencia de esa historia promovida desde el poder, de utilizar a los pobres para golpear a los pobres. Los pobres se han enfrentado entre sí, se han agredido y se han causado múltiples daños. Y ahora, se han matado entre sí. Tanto los campesinos favorables a la construcción de la presa como sus opositores han alimentado revanchas y han acudido a formas violentas para resolver sus diferencias y se han hecho mucho daño. Y el daño sigue creciendo. Y los gobiernos, en lugar de constituirse en factores de solución se han colocado como factores del conflicto y de la división. Los gobiernos se van mientras que las comunidades campesinas tan adoloridas se quedan con su miedo, su enojo y su dolor.
El resultado de esta historia: muchos muertos a lo largo de estos 15 años, detenidos en la cárcel, comunidades divididas y un conflicto interno que pareciera que no tiene salida. Todo, por obra y gracia de las autoridades constituidas. Es cierto que ha habido otros actores que se han involucrado como factores del conflicto y de acciones violentas, tanto en los dos bandos de las comunidades como en el ámbito político estatal y en empresas que tienen intereses en la zona. Pero el premio al promotor mayor del conflicto se lo lleva el gobierno federal, por su modo autoritario de imponer un proyecto a la fuerza y por la violación de los derechos humanos de los pueblos.
Lo más trágico de esta historia, es que las autoridades preparen todo, por omisión o por participación, para que los pobres se maten entre sí.

Totalmente desapercibido en México pasó el anuncio del procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, el jueves pasado, sobre la creación de un grupo antiterrorista para combatir mundialmente a Hezbolá, una organización calificada por el Departamento de Estado como “terrorista”, que fue formada por la Guardia Revolucionaria Iraní en 1982 para enfrentar la invasión de Israel a Líbano. El grupo, integrado por expertos en narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, se coordinará con la División de Operaciones Especiales de la DEA, y el área de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interior. Si en el gobierno mexicano no han procesado lo que esto significa, deben hacerlo rápidamente. La ruta de Hezbolá a Estados Unidos pasa por territorio mexicano de la mano de los cárteles de la droga.
Sessions fue muy contundente. “El Departamento de Justicia no dejará piedra sin remover a fin de eliminar las amenazas a nuestros ciudadanos de organizaciones terroristas y para eliminar la marea de la devastadora crisis de drogas”, dijo. “El equipo iniciará procesos que restrinjan el flujo de dinero de las organizaciones terroristas extranjeras así como romperá las violentas operaciones de tráfico de drogas”. No se requiere ciencia para conectar los puntos. Si toda la retórica del presidente Donald Trump para la construcción del muro fronterizo con México es para frenar a los criminales que están intoxicando a los estadunidenses con sus drogas y el Ejército mexicano es incapaz de confrontarlos, uno de los principales campos de batalla contra Hezbolá va a estar en México.
El tema de organizaciones terroristas en México siempre ha sido negado por las autoridades mexicanas, pero sobre todo, han minimizado el fenómeno. En agosto de 2002 se publicó en este espacio que el entonces jefe de la DEA, Asa Hutchinson, estaba reforzando la vigilancia en la frontera con México ante su temor de que los cárteles de las drogas financiaran el terrorismo político a través de Al Qaeda y Hezbolá. Los servicios de inteligencia estadunidenses, se escribió, tenían ubicadas células de esas organizaciones en la Triple Frontera, donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, convertida en ese entonces en un centro de operaciones terroristas, guerrilleros y espías.
En la edición de otoño de 2012 de Global Security Studies, una publicación académica especializada en temas estratégicos e internacionales, Dawn Bartell y David Gray escribieron un ensayo donde señalaron que tanto Hezbolá como Al Shabaab, que está vinculada con Al Qaeda, se habían infiltrado en México, donde estaban recibiendo entrenamiento de asimilación cultural y lenguaje, y habían establecido una “relación de conveniencia” con los cárteles de la droga mexicanos, que estaban ayudándolos a introducir ilegalmente a sus miembros a Estados Unidos para recolectar fondos y reclutar terroristas. “Hezbolá ha operado en América del Sur y América Central por décadas, junto con sus algunas veces rival Hamas”, apuntaron. “Ahora, el grupo está metiéndose a comunidades shiitas musulmanes en México, incluido en Tijuana”.
La preocupación estadunidense sobre la vulnerabilidad que representa México en el tema del terrorismo lleva largo tiempo. Robert Muller, quien es el responsable actual de investigar la presunta intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos, advirtió en un testimonio en el Congreso en 2006, cuando era director del FBI, que “hay personas de países con conexiones a Al Qaeda que están cambiando sus apellidos islámicos a hispanos, con falsas identidades, aprendiendo a hablar español y pretendiendo ser inmigrantes hispanos”. En 2012, el ex jefe de Operaciones de la DEA, Michael Braun, confirmó la vinculación de Hezbolá con los cárteles de la droga mexicanos y dijo que habían logrado tener rutas de transporte criminal y contrabando bien establecidas entre México y Estados Unidos. Y el año pasado, Michael Flynn, ex jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono y el primer consejero de Seguridad Nacional del residente Trump, confirmó en una entrevista con el portal Brietbart News la relación de grupos terroristas con los cárteles, y que la Patrulla Fronteriza tenia fotografías que aportaban evidencia de las rutas por las que estaban entrando en Texas.
La preocupación estadunidense sobre este tema no había pasado de mantener bajo estrecha vigilancia lo que sucedía en México. La dinámica cambió en Washington luego de aparecer un reporte en la prensa que el gobierno del presidente Barack Obama había detenido todas las investigaciones contra Hezbolá, que formaban parte del llamado Proyecto Casandra, a fin de allanar el camino para un acuerdo nuclear con Irán. El nuevo equipo formado en el Departamento de Justicia retomará las investigaciones suspendidas para profundizar las acciones de Hezbolá con el narcotráfico y lavado de dinero.
Los dos temas son vistos por el gobierno de Trump como un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. La prensa ha mostrado sistemáticamente las fallas en la estrategia del combate para las drogas en México, a lo que se le han sumado críticas sobre la deficiencia para frenar el lavado de dinero. Un informe de la Fuerza de Tareas de Acción Financiera, una organización que establece estándares internacionales, dado a conocer a principio de este año, señala que aunque ha habido mejoría desde 2008, cuando lo evaluaron por última vez, no ha sido suficiente para enfrentar actividades del crimen organizado, extorsión o corrupción. De hecho, hasta muy recientemente la PGR asumió el lavado de dinero como una prioridad, por lo que no se le investigaba de manera sistemática.
Las fallas institucionales mexicanas tienen también dosis de negligencia, que ahondan la debilidad de México ante situaciones extraordinarias, como las anunciadas por Sessions.

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