Padres de los 43 normalistas desaparecidos desde hace tres años y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, protestaron dentro de la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la libertad de los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), detenidos en La Concepción.
A las 11:10 de la mañana un grupo de poco más de 100 manifestantes llegó en dos camiones a las instalaciones de la FGE, tras concentrarse una hora en el monumento a Las Banderas, donde llegaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
Afuera de la Fiscalía, mediante un equipo de sonido, el vocero de los padres, Melitón Ortega, pidió justicia para los policías comunitarios que permanecen detenidos tras los hechos del domingo pasado, así como por sus compañeros asesinados.
Los manifestantes pidieron a los trabajadores que les permitieran la entrada al estacionamiento de la Fiscalía, para que se realizara un mitin, pero ante la falta de respuesta quitaron un candado y una barricada, para poder entrar y protestar en una explanada de las instalaciones, en el acceso al Centro Estatal de Capacitación.
Durante la intervención, el vocero de los padres de familia de los 43 normalistas señaló: “Queremos pedir que nuestros compañeros de la CRAC y CECOP sean liberados. ¿Por qué solamente se detienen a comunitarios y no al grupo de sicarios que asesinó a los policías de la CRAC?”.
También recordó que aún queda pendiente resolver el tema de Ayotzinapa, “Ángel Aguirre aún no ha sido investigado, tampoco el ex procurador Iñaky Blanco Cabrera y Lambertina Galeana, quien no ha revelado el contenido de más vídeos tomados por cámaras de seguridad en Iguala”.
Los trabajadores que estaban atendiéndolos, no les dieron respuesta sobre la solicitud de pasar, ya hasta que metieron, uno de ellos les pidió “nada más te encargo que los controles”.
En el mitin, el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, señaló que el gobierno del estado ha intentado despojar de sus hogares a los habitantes de La Concepción, para construir la presa desde la administración de Zeferino Torreblanca Galindo.
Afirmó que los hechos violentos ocurridos el domingo fueron realizados por el gobierno estatal, que ha violentado los derechos humanos de los policías comunitarios detenidos y que se deben de acatar las indicaciones del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, sobre las violaciones a éstos.
Durante la actividad, un padre de familia al que le desaparecieron su hijo en 2008, Claudio Munivez Rodríguez, denunció que la desaparición fue hecha por policías municipales que estaban a cargo de Bonifacio Montúfar, en el periodo de Mario Moreno Arcos, y que actualmente busca la candidatura a la alcaldía de Chilpancingo.
En su intervención señaló que la delincuencia está dentro del mismo gobierno, recordó que cuando desapareció su hijo fue en un retén de policías municipales, que se colocaba en Tierras Prietas.
Señaló que cuando desapareció su hijo, Jonnathan Munivez Mayo, protestó en las instalaciones de la misma fiscalía para exigir la búsqueda.

Condena de investigadores del INAH

Investigadores adscritos a la Dirección de Etnología y Antropología Social, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), condenaron los hechos ocurridos el domingo en La Concepción, Acapulco, donde 11 personas murieron y hubo 38 detenidos. Exigieron una investigación y respaldaron la lucha de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y del Cecop.
Los investigadores Amparo Sevilla Villalobos, Eliana Acosta Márquez, Hugo López Aceves, Verónica Ruiz Lagier, Giovanna Gasparello, Eduardo González Muñiz, Maya Lorena Pérez Ruiz, Laura Corona de la Peña, María Isabel Hernández González, Francisco Javier Guerrero, Rosa María Garza Marcué, José Arturo Motta Sánchez y Cristina Mansferrer León, firmaron el comunicado en exigencia de una investigación.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, declaró en esta ciudad que la detención del ex alcalde priista de Tlapa, Willy Reyes Ramos, es un “acierto” de la Fiscalía General del Estado (FGE), y consideró que es bueno que se aplique la ley en contra de los que están haciendo mal las cosas, para que paguen las consecuencias.
El líder priista dio declaraciones a los reporteros por la mañana, después de que la dirigencia estatal del PRI ofreció un desayuno a reporteros de Taxco e Iguala, en el restaurante Los Laureles, con motivo del día del periodista, donde habló además del caso del alcalde con licencia de Chilpancingo, el también priista Marco Antonio Leyva Mena, de quien reiteró que le asiste la razón legal, “pero no la razón política”. Y señaló que una de las causas por las que Leyva Mena dejó la alcaldía fue el problema de la recolección y tratamiento de la basura, aunque después se retractó.

“Peor hubiera sido no agarrarlo”, reflexiona

En relación con la detención del ex alcalde priista de Tlapa, Willy Reyes Ramos, por el asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y su chofer, en septiembre de 2011, la cual se concretó el jueves y de la que no se dio a conocer mayores detalles, el dirigente priista resaltó que es un “acierto” de la FGE en la detención y procesamiento del ex alcalde.
“Qué bueno que se aplique la ley, y yo reitero que quienes estén haciendo mal las cosas, pues que paguen las consecuencias”, exclamó.
A pregunta de que la detención se da a seis años de que fue librada la orden de aprehensión, Huicochea atajó que “peor hubiera sido que no lo agarraran nunca, finalmente está donde debe de estar y eso es lo que vale”, y advirtió que no meterán las manos por alcaldes que hayan cometido algún delito, “el que haga mal las cosas, para fuera”.
Agregó que la detención de Reyes Ramos es parte de lo que se tiene que ir cumpliendo poco a poco, lo cual servirá para ir recuperando la credibilidad en las instituciones. “Es por lo que estamos pugnando, por un libre ejercicio de derecho, caiga quien caiga”.

Tiene Marco Leyva la razón legal pero no la política, dice

En el caso del alcalde con licencia de Chilpancingo, el también priista Marco Antonio Leyva Mena, señaló que le asiste la razón legal, pero no la razón política, “porque el Ayuntamiento se renovó, ya está en funciones el presidente Jesús Tejeda, él se fue por un motivo y hay un proceso de revocación de mandato, que lo único que va a provocar es que se tenga que retomar lo que se quedó pendiente”.
Llamó al alcalde con licencia a conducirse con congruencia, porque “no hay congruencia política entre lo que dice y lo que hace, no podemos jugar a ir y venir”, insistió.
Consideró que Leyva Mena se encuentra “lastimado” con el PRI, “pero no porque se lo hayamos provocado nosotros… yo siempre lo he dicho, Marco Leyva es un tipo preparado y capaz, pero que desafortunadamente creo que se confió en un equipo de colaboradores que no le dieron la prestancia, la celeridad y los resultados que él hubiera esperado. Lo cual también hay que reconocerlo, cuando no te salen bien las cosas y que la ciudadanía te califica que no está contento con tu trabajo”.
En una primara parte de la entrevista, a pregunta de una reportera sobre el descontento de la población en Iguala por la falta de obra pública por parte del gobierno priista, Huicochea Vázquez habló de un análisis que están haciendo de los ayuntamientos que gobiernan y tomó como ejemplo el caso de Chilpancingo, con el problema de la basura, y refirió que fue una de las causas de la salida del alcalde Marco Antonio Leyva Mena.
Después, en otra parte de las declaraciones un reportero insistió en que el conflicto político entre Leyva Mena y el gobernador Héctor Astudillo es por el problema de la basura, que orilló al alcalde a solicitar licencia al cargo por tiempo indefinido. “No, eso es un mito, es una vil mentira, ahí no hay nada. Yo conozco al gobernador desde que éramos muy jóvenes y él jamás en su vida ha tenido, ni siquiera un camión o una camioneta para que se dedique a ese tipo de cosas”.
Llamó a Leyva a la mesura, moderación y que haya razón política por encima de los intereses personales, y negó que haya una “línea” política del priismo en contra del alcalde con licencia, para evitar su regreso a la presidencia.
Sobre el señalamiento que hizo el alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva, de que el conflicto en torno a él es porque no se alineó a las decisiones unipersonales y de capricho de alguien a quien se refirió como “príncipe”, calificó que desconoce a quién se refiera el alcalde y le pidió que sea más directo y más congruente con lo que dice y lo que hace, “y si va a decir algo, pues que lo diga bien”.
Mencionó que el hecho de que todos sean priistas, tampoco les obliga a que todo lo que “hagamos los priistas lo podamos avalar, hay de priistas a priistas”, y agregó que este tema “lejos de perjudicar al partido, lo fortalece, porque son ejemplos de que lo que queremos es que las cosas se hagan bien, y que quien no haga bien las cosas tampoco tenemos por qué mantenerlo así”.

Etiquetas: México, Guerrero, Iguala, PRI, dirigente estatal, violencia, Willy Reyes Ramos, FGE, arresto, orden de aprehensión, cumplimiento, ayuntamientos, alcaldes, espaldarazo, análisis, cobertura, Mena Leyva, razón, política, jurídica, Heriberto Huicochea Vázquez

El hermano de diputado federal Moisés Villanueva, asesinado en 2011, Gaudencio Villanueva de la Luz advirtió que la detención del ex alcalde de Tlapa, el priista Willy Reyes Ramos, acusado de ser el autor intelectual, fue arreglada por el fiscal Javier Olea Peláez, y temen que se le otorgue libertad el domingo.
Mientras tanto, la viuda del diputado, Lucía Leyva Rosas celebró que aunque sea ya casi a los siete años se haya hecho justicia y que hayan detenido a quien asesinó a su esposo en septiembre de 2011.
El ex alcalde priista fue detenido el jueves por el delito de homicidio calificado del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y de su chofer Erick Estrada Vázquez, en septiembre de 2011.
El hermano del diputado asesinado afirmó que la detención fue arreglada, y consideró sospechoso que se haya dado en pleno proceso electoral.
Comentó que la familia está preocupada por la manera como ocurrió la detención, porque pareciera que lo están protegiendo “todo apunta que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene interés en este sentido, ya que Olea Peláez fue su abogado”.
En una llamada a El Sur, el quejoso pidió que actúe en este caso como fiscal y no como abogado defensor de Willy Reyes, “porque el asunto requiere imparcialidad”.
Gaudencio Villanueva consideró “sospechosa la captura” del ex alcalde y la escueta información que difundió la FGE, pero además, dijo que el proceso se está acelerando, pues el mismo día de la detención, Willy Reyes fue presentado ante el juez y se le tomó su declaración preparatoria, “lo detienen, y muy rápido lo ponen a disposición, e inmediatamente le toman su declaración, cuando lo debieron hacer hasta el viernes”.
Gaudencio Villanueva comentó que los familiares del diputado asesinado, “estamos seguros de que lo van a soltar, yo creo que el domingo que fenece el término constitucional, porque el abogado no solicitó la ampliación del término para aportar pruebas de descargo para comprobar su inocencia”.
Dijo que el hecho de que el abogado del acusado no haya pedido ampliación del término es sospechoso, “el domingo vence el término y se conocerá su situación jurídica, y todo apunta a que va hacer auto de libertad, creemos que la fiscalía y el juez tienen un acuerdo previo para que él se entregara y se le diera su libertad lo más pronto posible”.
Consideró que se trata de un hecho concertado entre la Fiscalía y el Poder Judicial, por eso, “convoco, y hago un llamado al licenciado Javier Olea Peláez a que actúe con imparcialidad, y al magistrado presidente, Alberto López Celis, para que ponga atención especial en este asunto, y sobre todo hable con el juez que está conociendo el proceso, para que actúen con estricto apego a derecho”.
Pidió también a Olea Peláez que instruya al Ministerio Público adscrito para que aporte todas las pruebas a favor de las víctimas, y que se realicen los careos entre los detenidos que son los que hacen las imputaciones directas contra Willy Reyes.
Los autores materiales son Juan Miguel Martínez Plácido El Pequeño, quien declaró que “invitó” a participar a Antonio Jiménez Chino El Baleado, y que participaron, además, Manuel Martínez Molina El Cua Cua, Luis Manuel Ortega García El Yogui y Jorge N.
“Tienen que carearse dentro del termino constitucional, si no se carean, entonces no estamos llegando a la verdad de los hechos, porque hay una contradicción entre lo que dicen lo autores materiales, de que (Willy Reyes) financió para que privaran de la vida a mi hermano y a su colaborador”, insistió Gaudencio Villanueva.
Recordó que la Fiscalía se ha manejado con mucha opacidad en el caso, sobre todo se refirió, “a que hay más gente involucrada que no se ha detenido”.
Comentó que la mañana de ayer acudió al juzgado, donde se enteró del estado de la causa penal.
En la información oficial que circuló sólo se precisa que la detención se dio en coordinación con agentes de la Policía de Investigación Ministerial, adscritos a los municipios de Tlapa de Comonfort y Huamuxtitlan, pero no se informa dónde, a qué hora y cómo fue detenido el ex alcalde de Tlapa.
A su vez, la viuda del diputado asesinado, vía telefónica se dijo satisfecha por la detención de Willy Reyes “porque al final llegó la justicia, esperé casi siete años, que se cumplen el próximo mes de septiembre”, dijo.
Se quejó que dos veces salió la orden de aprehensión y no había sido detenido, insistió que posiblemente por la protección del fiscal Olea Peláez, quien fue su abogado, “pero doy gracias a Dios que haya llegado este momento, ya estaba triste y desesperada porque para mí era muy lamentable que el responsable intelectual anduviera libre”.
Indicó que ahora sólo espera que se aplique la ley sin reservas al responsable intelectual del asesinado de su esposo, “pero por lo pronto, sólo me queda agradecer a Dios y luego a la justicia de que lo hayan detenido”, insistió.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó la cantidad de 2 millones 452 mil pesos, como el límite del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos de sus militantes y simpatizantes durante el ejercicio fiscal 2018, dentro o fuera del proceso electoral, ya sea en dinero o en especie.
El límite de aportación de simpatizantes para la elección de ayuntamientos y diputados locales es de 2 millones 711 mil pesos, y de manera individual el tope es de 135 mil 566 pesos.
En el caso de los candidatos independientes, indica que el límite de financiamiento privado estará sujeto a los gastos que determine el Consejo General por el tipo de elección.
Se advierte que “la suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para sus gastos de campaña y actividades específicas”.
En consulta por separado, el presidente del organismo, Nazarín Vargas Armenta, indicó que una de las reformas de 2014 es que el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargará de la fiscalización de gastos de los partidos, en “tiempo real, en la medida de lo posible”.
En sesión extraordinaria, el Consejo General también aprobó los diseños de las boletas electorales, actas y formatos a utilizar en el proceso electoral del 1 de julio, en este apartado, los representantes del PRI, PRD y Morena expresaron su interés en que la contratación de la empresa encargada de la reproducción de los materiales, garantice las medidas de seguridad que dan certeza al voto ciudadano.
Asimismo, Vargas Armenta explicó después que la preocupación de los representantes de partido, es uno de los temas más importantes de la organización del proceso electoral, para garantizar todas las medidas de seguridad en las boletas y evitar suspicacias.
A la fecha indicó que hay tres propuestas de interesados en elaborar las boletas electorales, y el consejo se encuentra en la definición del procedimiento para la contratación de una de ellas, que pueda realizar los trabajos.
Destacó que la impresión es uno de los costos más altos de la organización, además de la compra de otros materiales electorales y la contratación de un tercero para que se encargue del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
En el pleno se informó también sobre los escritos de intención de ciudadanos ante los consejos distritales, para obtener la calidad de aspirantes a candidatos independientes a diputados locales y también a miembros de ayuntamientos.
El consejero Edmar León García indicó que hubo 21 escritos de intención, y en cinco casos, entregados con anticipación, pues ya tenían la calidad de aspirantes y se encontraban recolectando los firmas requeridas para su inscripción como candidatos.
Los distritos electorales sesionaron para expedir las demás constancias de aspirantes a candidatos independientes. En Chilpancingo, a Jacobo Alarcón Nájera, como diputado local; en Acapulco a Arturo Flores Mercado y Ángel Antonio Molina Valente, como diputados locales.
En Tecpan el consejo entregó constancias a Carlos Armando Bello Gómez, aspirante a candidato a alcalde de Atoyac; a Julio César de la Cruz Vargas ,como candidato a alcalde de Benito Juárez; en Zihuatanejo a Anibal Gabriel Herrera Moro Valdovinos; como alcalde de José Azueta, en Taxco, a Corey Sánchez Silva, como candidato a diputado, y en Iguala, a Benigno Velino Rodríguez Leyva, como candidato a alcalde en ese municipio.
En el Consejo Distrital de Tlapa hubo dos solicitudes de aspirantes a candidato independiente a alcalde de Huamuxtitlán, Roque Rodríguez Juárez, y para alcalde de Iliatenco, Simeón Ramos Aburto.
Los últimos puntos del orden del día, fue la aprobación de las solicitudes de coalición en la elección de diputados, conformadas por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social,“juntos haremos historia”, del PRD, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, Por Guerrero al frente”, y la del PRI y el Partido Verde Ecologista de México, “transformando Guerrero”. Además, Morena, PT y PES, adelantó el registro de la coalición de ayuntamientos con el mismo nombre.

El director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández lamentó que los diputados del PRI estén ocupados en negociar el oficio que entregó el fiscal, Javier Olea Peláez, para retirar su propuesta de nombrar fiscal especial de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas a María Guadalupe Rendón Ramírez.
Como se informó ayer en estas páginas, la fracción del PRI del Congreso local ocultó un oficio del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el que retira la solicitud de visto bueno para Rendón Ramírez, y que fuentes del Congreso comentaron que el objetivo es que los diputados del PRD voten a favor de la propuesta de fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Antonio Sebastián Ortuño, a cambio de rechazar a Rendón Ramírez.
“Es de alta preocupación el hecho de que el Congreso, los diputados no hagan eco de la petición de los familiares de las víctimas que integran los diferentes colectivos, que se han estado movilizando para exigir que esta propuesta de fiscal no prospere, y en cambio se pudiere hacer una convocatoria para que los mismos colectivos pudieran hacer una propuesta; en todo caso, de manera conjunta poder calificar, avalar, o revisar el perfil de las gentes que pudieran ser”, declaró vía telefónica Olivares Hernández.
Asimismo, dijo que a los colectivos les preocupa que se han entregado documentos al Congreso, el último fue el lunes en las oficinas de cada integrante de la Junta de Coordinación Políticas, y que saben que en las sesiones el tema no se toca. También dijo que les preocupa que esto pueda utilizarse para negociar otras cosas.
Señaló que el jueves vio la grabación de las intervenciones de los diputados en la sesión, principalmente del diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, y los argumentos del coordinador de facto de la bancada del PRI, Héctor Vicario Castrejón, y lamentó que un diputado que dice estar al servicio del pueblo, quiera medir mal las leyes que ellos mismos crearon, en lugar de tomar en cuenta la opinión de las víctimas.
“Héctor Vicario insiste en que se cumplen los requisitos y que no hay nada que discutir, porque, supuestamente, como lo dice la ley lo hizo el fiscal general del estado, y que Guadalupe Rendón tiene el perfil profesional suficiente para ocupar este cargo, aquí el detalle es dónde queda la opinión de la víctimas, la inquietud y la inconformidad, cuando ella ha sido titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y que no ha dado ningún resultado”, argumentó.
Agregó que los colectivos de familiares de desaparecidos saben que había un documento, “hay dos versiones ya ese documento que ya se había preparado el proyecto de acuerdo de rechazo a esta propuesta”, dijo; mencionó también el oficio que el fiscal envió para retirar la propuesta, “entonces es lamentable que los diputados utilicen todo este tipo de cosas para negociar acuerdos”, y presionar para que una propuesta sea aprobada o rechazada, con el rechazo o la aprobación de otra, “ni ética ni moralmente es correcto”, acusó.
El director del Centro Morelos adelantó que están elaborando un documento que entregarán al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, para solicitar que se pronuncie o envíe alguna carta a los diputados, para que realmente se tome en cuenta a las víctimas, y que las víctimas sean el interés superior del quehacer de los legisladores.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) manifestó su preocupación por la actuación policiaca del gobierno de Héctor Astudillo en La Concepción, Acapulco, y lo llamó a investigar y sancionar “en forma seria y transparente todas las violaciones que tuvieron lugar durante el operativo”.
En un comunicado, informó que este viernes envió una carta al gobernador, Astudillo Flores; al fiscal general, Xavier Olea Peláez; y al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Ramón Navarrete Magdaleno, para señalar su preocupación por los hechos violentos del pasado 7 de enero en la zona rural de Acapulco.
El organismo internacional recordó que la madrugada del pasado domingo 7, policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción –organizado desde hace cuatro años para consolidar un sistema de seguridad que garantice la paz de los pobladores y rechazar la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota en sus tierras– “fueron emboscados por gente armada, desatando un enfrentamiento en el que fallecieron ocho personas”.
Como respuesta, agregó, las autoridades desplegaron en la comunidad más de 100 agentes de las fuerzas de seguridad locales y federales, “sin que exista evidencia de una planeación efectiva y adecuada a estándares internacionales en materia de uso de la fuerza”.
En el operativo fueron detenidas 38 personas, entre ellas Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), y tres policías comunitarios fueron asesinados en el tiroteo “provocado por un policía estatal que accionó su arma”.
WOLA destacó como “de extrema preocupación” las agresiones contra periodistas que estaban en el lugar, que incluyeron golpes, amenazas verbales y con armas por parte de los agentes.
Por esta situación, llamó a las autoridades de Guerrero a investigar y sancionar en forma seria y transparente todas las violaciones que ocurrieron en la operación.
“Las violaciones documentadas por organizaciones de derechos humanos y periodistas deben ser debidamente investigadas y sancionadas. Este ataque a la población y a los defensores comunitarios es particularmente grave tomando en cuenta el historial de impunidad del estado de Guerrero y los alarmantes niveles de violencia que prevalecen en la entidad, así como los ataques y criminalización que el defensor comunitario Marco Antonio Suástegui ha enfrentado en el pasado”, concluyó.

El coordinador estatal de Organización del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio, y simpatizantes y aspirantes a coordinar municipios y distritos locales y federales, recorrieron casa por casa la cabecera municipal de Atlamajalcingo del Monte para presentar su proyecto de 150 puntos que plantea su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador.
Al llegar a la cabecera habitada por indígenas me’phaa y na savi, Salgado Macedonio dijo que formarían brigadas para ir casa por casa, y sugirió que se formaran equipos o uno solo para decirle a la gente que presentaban el proyecto de nación de Morena y su periódico, Regeneración.
Pidió que lo llevaran con los partidos opositores, empresarios, los que no tienen partido, líderes campesinos, para darles el mensaje de Morena y atraerlos, porque el pleito no es abajo, sino arriba, con la mafia del poder, repitió las palabras de López Obrador, y de porque no llegan los recursos a la Montaña, “que no le quede nada al PRI, al PAN, y que todos se organicen en torno a Morena”, dijo.
Indicó que hablaría con la gente para que se afiliara o diera su apoyo, y explicó que su trabajo era organizar, difundir a Morena, y pretendían hablar con 200 a 400 vecinos y entregar la misma cantidad de periódicos.
Desde temprano llegaron a Ityi yu’u yita, donde caminaron con sus seguidores y aspirantes a coordinar el municipio, entre ellos Javier Hurtado Catalán; para encabezar el quinto distrito electoral, Aristóteles Tito; y coordinar el distrito 28, la na savi Elisabeth Vega Crispín; del municipio de Metlatónoc, Zeferino Villanueva; de Tlapa, Fredy de Jesús Castro, entre otros.
Los participantes visitaron casa por casa, entregaron el periódico Regeneración y afiliaron a ciudadanos interesados. (Carmen González Benicio/Tlapa).

La tarde de este viernes agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) ubicaron en la comunidad de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, una fosa con cuatro osamentas, entre ellas la de un niño, luego de denuncias anónimas de gente del municipio.
Según informes oficiales la tarde de este viernes peritos de la Fiscalía, policías del estado y policías ministeriales llegaron al poblado de La Gavia, a un potrero a las afueras del pueblo y encontraron una fosa que contenía cuatro osamentas.
Según el reporte oficial las osamentas tienen varios meses y algunos de los huesos corresponden a los de un niño, según el primer peritaje.
Por varias horas estuvieron excavando en el lugar y sacaron varios huesos que según el reporte corresponde a los de cuatro personas, al parecer hombres.
No hay mayores detalles acerca de la identidad de las personas, pero llegaron a la localidad vecinos de San Miguel Totolapan que tienen familiares muertos o desaparecidos desde hace más de un año, y que temen que podría tratarse de sus parientes.
El agente del Ministerio Público de Arcelia tomó conocimiento de los hechos para avanzar en la indagatoria acerca de la identidad de las víctimas, por lo que se espera que las osamentas sean trasladadas al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes.
La comunidad de La Gavia era utilizada como escondite por el líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, conocido como El Tequilero.
La Fiscalía tuvo reportes de que en esta población se escondía y se llevaba a sus secuestrados, de los cuales varios desaparecieron.
En un conteo que hizo gente de la misma población se estimó que había más de 40 personas que fueron secuestradas y que no aparecieron, en aproximadamente tres años.
La comunidad de La Gavia quedó deshabitada desde mayo de 2017 luego de un enfrentamiento que sostuvo la banda de El Tequilero contra agentes federales de la Procuraduría General de la República, en donde se reportaron tres muertos de los cuales dos fueron policías federales, desde esa fecha la localidad quedó completamente sola y se reportó que la banda Los Tequileros se fueron hacia la sierra.
Recientemente se confirmó la detención de uno de sus operadores, conocido como El Mudo o El Vago, y que presuntamente se ubicaba cerca de Chilpancingo. Actualmente está procesado en el distrito judicial de Cuauhtémoc con sede en Arcelia.