Agencia Proceso / Redacción
Xalapa, Veracruz / Ciudad de México

El aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los cambios realizados en la Secretaría de Gobernación (Segob) son entendibles, pues los nuevos funcionarios de la administración peñista harán labores proselitistas en favor de José Antonio Meade.
“Saben que está muy mal electoralmente, que no levanta. Meade dijo en algunas encuestas que está en tercer lugar y otras en cuarto, para eso colocaron a Alfonso Navarrete Prida, a Roberto Campa, los nombraron para ayudar a Meade, son especialistas en asuntos electorales, para eso son los cambios”, expuso en un mitin en Huayacocotla.
En su sexto día de gira por Veracruz, reflexionó que los cambios en el gobierno federal cuando falta menos de un año para que éste concluya, sólo se explican desde una estrategia política-electoral.
“Los nuevos funcionarios reforzarán a Meade, aunque se sigue hablando bastante de la posibilidad de cambiarlo por Aurelio Nuño, porque no levanta, y eso se daría al final de la precampaña, todavía tienen tiempo de hacer eso”, consideró.
Esquivó hablar de la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chong a la Segob y su eventual postulación al Senado. Únicamente señaló que “no hace leña del árbol caído”, por lo que no le gusta hablar de los que “están en desgracia”, “de los caídos” o “en la cárcel”.
AMLO podría tener respaldo de Rusia: The Washington Post
De acuerdo con un artículo publicado en el diario estadounidense The Washington Post, López Obrador, podría estar recibiendo apoyo del gobierno ruso para ganar las elecciones.
La especialista en asuntos internacionales destacó que en unos comicios que podrían resultar cerrados, “un poco de ayuda de los rusos, amplificando el mensaje en las redes sociales, podría terminar marcando una diferencia decisiva” hacia el precandidato presidencial de la alianza Morena-PES-PT, informó Nación 321.
El artículo llamado “Un candidato presidencial mexicano está obteniendo un impulso inesperado de Trump –y de Putin”, se explicó que desde hace meses la cadena de televisión no oficial del Kremlin, RT, disponible en México, comenzó a dar cobertura al principal portavoz en inglés de López Obrador, John Ackerman.
“Su esposa anunció recientemente que Ackerman se unirá al gabinete de López Obrador si gana. Y un anfitrión de un programa de RT incluso describió a Ackerman como ‘nuestro hombre en México’”, refiere en la publicación de este jueves.
“Si López Obrador gana, Putin tendrá una razón más para mostrar una sonrisa de satisfacción propia. Eso es porque López Obrador no sería una buena noticia para EU”, agregó el texto de Frida Ghitis.
Tras esta publicación, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que las acusaciones sobre la “intromisión rusa” en México fueron demasiado lejos, y señaló que estas afirmaciones “son incorrectas y, lo que es más importante, infundadas”.
El 15 de diciembre, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Herbert Raymond McMaster, aseguró en un video que había señales iniciales de que Rusia estaba interfiriendo en los comicios mexicanos.

Redacción
Ciudad de México
Leonardo García Cortés fue detenido este jueves en su domicilio en el Estado de México, acusado por la constructora Sylma de difamación. La orden se ejecutó sin aviso por agentes de la policía de Hidalgo, informó Animal Político.
Leonardo García había denunciado que el subsecretario de Obras de Hidalgo es también el director responsable de obra de la empresa, lo que representa un posible conflicto de interés.
Esta relación fue documentada en la nota publicada el 27 de julio de 2017 por Animal Político, en la que Leonardo denunció que el funcionario Marco Antonio Rico Moreno tiene participación en al menos cinco constructoras de la entidad y sus familiares poseen otras firmas.
Además, ha recibido por lo menos 273 licencias y la misma Secretaría de Obras emitió las órdenes de construcción.
García, quien vivía en una casa mal construida –según sus propias palabras– por Sylma, había hecho una denuncia pública sobre el caso, lo que motivó la investigación.
La empresa señala que se ha visto afectada por las denuncias de corrupción que ha hecho García en medios de comunicación.
La denuncia contra el ciudadano se sustenta en el artículo 194 del Código Penal de Hidalgo que señala que “al que impute falsamente a otro un hecho que la ley califique como delito, a sabiendas de que éste no existe o de que el imputado no es responsable del mismo, se impondrá prisión de tres meses a dos años y multa de 5 a 50 días”.
Ciro Juárez Ortega, Juez Penal de Control adscrito al Juzgado en Materia Penal en el Sistema Acusatorio y Oral del Primer Circuito de Pachuca Hidalgo giró la orden de aprehensión.
Durante la audiencia su defensa solicitó la duplicidad del plazo, por lo que la audiencia –en la que se decidirá si se vincula o no a proceso– se retomará el próximo 15 de enero a la 13:00.
El juez Tercero de Control del Poder Judicial ordenó la libertad inmediata de Leonardo y le dictó dos medidas cautelares: firma periódica y la prohibición de salir de Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México.
La defensa anunció que presentará videos y documentos como prueba de que lo declarado por Leonardo es verdadero y no está difamando a la empresa.
Leonardo García denunció en julio de 2017 que Marco Antonio Rico Moreno, subsecretario de Obras Públicas de Hidalgo, era accionista mayoritario de la constructora Crimsa, y de presentarse como “director responsable de obra” de los proyectos de la empresa Sylma, propiedad de su hermana, tiene participación en otras constructoras, entre ellas la Constructora Rial del Valle, la Inmobiliaria Edoma o Construcciones Rihema.
Marco Antonio Rico Moreno ha obtenido más de 270 licencias de construcción en municipios del estado y su propia dependencia ha autorizado las obras, al emitir los permisos y cambios de uso de suelo para sus constructoras.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Hidalgo establece que se presentarán “intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.

Agencia Proceso
Ciudad de México
Integrantes de la comunidad indígena de Santa María la Asunción Tepexoyuca, municipio de Ocoyoacac, Estado de México, cerraron la mañana de este jueves dos carriles de la carretera México-Toluca en protesta por la continuación de las obras del Tren Interurbano de Pasajeros, pese a la orden judicial para suspenderlas.
“El bloqueo de la carretera es una manera de decirle a la autoridad que estamos cansados de la inconciencia y de la violación que se está haciendo al derecho a la propiedad”, declaró el director jurídico de la Central Campesina Cardenista en el Estado de México, Gustavo Olivares, quien lleva la defensa de la comunidad afectada.
“Se protesta porque hay una ejecutoria, una sentencia dictada por el Tercer Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan, que en octubre del año pasado resolvió que las obras del Tren Interurbano México-Toluca, en el predio denominado el Portezuelo, se pararan inmediatamente, pero la autoridad, el director ferroviario y la misma secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) han sido omisos”, explicó.
El abogado precisó que la obra de infraestructura ferroviaria ha afectado a por lo menos 200 indígenas de la zona, si se toma en cuenta que violentaron la posesión de 32 hectáreas.
La resolución del Tribunal a favor de los indígenas salió el 5 de octubre de 2017 y de inmediato se le notificó a la SCT, dependencia que se ha negado a darle cumplimiento y que sigue trabajando en la obra.
A las 10 de la mañana de este jueves, una hora antes de que iniciara el bloqueo a la carretera México-Toluca, un actuario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparos en Toluca realizó una inspección judicial para mostrar al juez que las autoridades federales han sido omisas en dar cumplimiento a la ejecutoría del Tribunal.
De octubre a la fecha se ha avanzado en una superficie de 20 hectáreas lineales, de las 32 que se pretende ocupar, y las obras continúan.
Se le preguntó al abogado si existe una manera de parar la obra, a lo que respondió que “sólo oponiéndonos, pero ya ve, las represalias del gobierno federal son duras, inmediatamente nos pueden denunciar por el paro de obras, aunque tengamos la sentencia a nuestro favor. Como usted sabe, en México no existe el estado de derecho”.
–¿Han pensado en interponer una denuncia por daños y perjuicios?
–Sí, será la próxima semana, ahora lo que queremos es que se paren estas obras, porque es un gran menoscabo a la propiedad de la comunidad indígena.
De acuerdo con el asesor jurídico, antes de que iniciara la construcción del tren interurbano, los indígenas vivían de sus tierras, las dedicaban al cultivo y a rentar caballos y motos, y a ofrecer el servicio de tirolesa en el parque ecológico La Marquesa.
De igual manera, detalló que la construcción del Tren Interurbano, el cual fue ideado por el presidente Enrique Peña Nieto, ha tenido diversas irregularidades, entre las que destaca el pago a un comisariado ejidal no reconocido por la comunidad, con la finalidad de obtener un permiso no válido para el proyecto.
En dicha irregularidad, añadió el abogado de la comunidad, participaron trabajadores de la SCT, así como la delegación de la Procuraduría Agraria en el Estado de México.

Alberto Bazbaz fue designado ayer por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, como titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en sustitución de Eugenio Ímaz.
Bazbaz es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Penales por la Universidad de Anáhuac, y fue Procurador de Justicia del Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Mientras estuvo al frente de dicha dependencia, enfrentó el emblemático caso de Paulette Guevara en 2010.
La menor de cuatro años de edad primero fue declarada como desaparecida y motivó una gran movilización policiaca para su localización, así como múltiples hipótesis sobre su destino.
Nueve días después, según la versión oficial, fue hallada muerta en su propia cama. La investigación concluyó que la muerte de la menor fue un accidente. Bazbaz renunció a la dependencia estatal tras ese caso, con el argumento de que la sociedad perdió confianza y credibilidad en la institución.
Tras registrarse el peor año en términos de violencia, Navarrete Prida ratificó en sus puestos a los altos mandos de la seguridad federal.
Donde Navarrete sí hizo un cambio fue en la División de Inteligencia de la Policía Federal, donde nombró a Víctor Manuel Torres Moreno, quien se desempeñaba como titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). (Ciudad de México / Agencia Reforma)

El secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, condenó el asesinato de Víctor Molina, militante perredista y ex presidente municipal de Colipa, Veracruz.
Molina fue encontrado muerto en su casa luego del mediodía de este miércoles.
Ávila Romero enfatizó que este instituto político exige justicia para éste y todos los asesinatos de militantes, mientras que el gobierno federal sigue sin garantizar condiciones de seguridad a los ciudadanos y a los alcaldes de distintos partidos.
El secretario general exigió cesar la violencia de cualquier tipo en el país, ya que –dijo– cada vez aumenta la inseguridad y esta situación es producto de una estrategia de seguridad fallida implantada por el gobierno federal y que tuvo al país sumergido en un baño de sangre con más de 20 mil asesinatos en el 2017. (Ciudad de México / Agencia Reforma)

Agencia Proceso
Ciudad de México
A tres semanas de que Enrique Peña Nieto promulgara la Ley de Seguridad Interior (LSI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidenció abusos sufridos por civiles por integrantes de Secretaría de Marina.
Este jueves la CNDH dio a conocer la Recomendación 74/2017 dirigida al secretario de Marina, Francisco Soberón Sanz, relacionada con actos de tortura y privación de la libertad, seguridad e integridad personal atribuibles a marinos en agravio de un ciudadano de San Luis Potosí en septiembre de 2012.
De acuerdo con la investigación, se “constató que tres efectivos navales atentaron contra la seguridad y libertad personales del agraviado, al detenerlo sin motivo ni fundamento alguno, ya que no se acreditó que cometía delito de flagrancia como lo argumentaron sus aprehensores en la puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal”.
El organismo pudo constatar a partir de cinco testimonios, que el agraviado fue detenido junto con otras dos personas cuando salía de un restaurante sin orden de aprehensión o flagrancia delictiva, mientras que los marinos señalaron en su puesta a disposición que el arresto ocurrió “cuando salía de una residencia en un vehículo con personas armadas”.
La CNDH recomendó al titular de la Semar brindar “atención psicológica, inscribir al agraviado en el Registro Nacional de Víctimas para que tenga derecho a los beneficios de ley; colaborar en el seguimiento de la averiguación previa que se instruye ante la PGR contra los agentes que intervinieron en el caso y en el procedimiento administrativo que se promoverá ante el Órgano Interno de Control de la Semar contra los mismos”.

El ex secretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, no ha presentado queja por presunta tortura y, más aún, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no encontró indicios de violaciones de derechos contra el preso.
El ombudsman estatal José Luis Armendáriz informó que, una vez que conocieron la denuncia de la defensa de Gutiérrez en medios de comunicación, quien acusó a las autoridades por presuntamente torturar a su cliente, un visitador acudió al Cereso de Aquiles Serdán.
“Un visitador acudió el martes al Cereso de Aquiles Serdán con el interno, por las denuncias de su abogado en medios, y él dijo que no era su deseo poner una queja. También dijo que esperaría a tener la opinión de su abogado”, explicó Armendáriz.
La CEDH realizó una inspección de oficio, y solicitó la relación de ingresos al hospital, pero no encontraron a ninguno Alejandro Gutiérrez. Posteriormente revisaron el certificado de ingreso al penal, la comunicación que ha sostenido el interno y determinaron que no hay indicios que desprendan en violaciones a sus derechos humanos.
El presunto ex operador de Manlio Fabio Beltrones, expresidente del PRI nacional, se encuentra en el área conocida como Centro de Observación y Clasificación (COC). (Ciudad de México / Agencia Proceso)

Representantes de padres de familia de la zona escolar 96 de primarias, así como de preescolar y de la secundaria técnica 75 Valerio Trujano, ubicadas en Petacalco, municipio de La Unión, se reunieron este jueves para tratar la falta de maestros en estos tres niveles educativos.
Los inconformes se comunicaron vía telefónica con el delegado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en Costa Grande, Fernando Leyva Sotelo, quien se comprometió a resolver la demanda de maestros en diez días hábiles.
La reunión estuvo encabezada por la presidenta del comité de participación social de la primaria Miguel Hidalgo, ubicada en Petacalco, quien informó que luego del movimiento que protagonizaron los padres de familia de 14 escuelas de las 15 que conforman la zona escolar, para exigir que les mandaran maestros a las escuelas faltantes, “en octubre mandaron tres maestras, una de ellas fue enviada a la comunidad El Huicumo, pero no le gustó el lugar y desde entonces la escuela está cerrada, porque no hay maestro para que atienda a los niños”.
Agregó, además, que siguen faltando maestros debido a las jubilaciones, “nos faltan un maestro en la primaria Hidalgo turno matutino y otro en la misma escuela, pero que en el turno vespertino se llama Ignacio Manuel Altamirano, y un maestro en la primaria de Zacatula. Estamos pidiendo cuatro maestros”.
Del caso de la secundaria técnica 75 Valerio Trujano, dijo que en noviembre del año pasado, cuando el delegado de la SEG, Fernando Leyva, acudió a informar que enviaría a una maestra para que impartiera la clase de Ciencias I, II y III, se comprometió a que también mandaría otro maestro, que sustituiría a un profesor que se jubiló en diciembre pasado y no ha llegado.
Sobre el nivel preescolar, explicó que el problema es que está disminuyendo la matrícula en algunos planteles, por lo que hay cambios entre las maestras que necesitan ser resueltos de manera directa por la SEG.
Durante la reunión, los padres de familia se comunicaron vía telefónica con el delegado de la SEG, Fernando Leyva Sotelo, quien pidió a los ahí reunidos que le dieran un plazo de 10 días hábiles para que lleguen a los planteles los maestros faltantes. (Brenda Escobar / Petacalco).

Padres de familia de la primaria Cuauhtémoc, ubicada en la comunidad San José Ixtapa, municipio de Zihuatanejo, denunciaron que la Secretaría de Educación Guerrero  (SEG) no ha atendido la petición de que les envíen tres maestros que les hacen falta desde el inicio del actual ciclo escolar.
Este jueves, un grupo de madres encabezado por el presidente del comité de padres de familia de dicho plantel, Jaciel Baños Mariche, acudieron al Ayuntamiento para hablar con el director municipal de Educación, Luis Melchor Arizmendi, a quien le pidieron que los ayude con un maestro más para que atienda al grupo de tercero A, pero no les resolvió favorablemente, porque actualmente el gobierno municipal ya los apoya con dos profesores.
La señora Jherania Cruz Véjar, representante de este grupo, dijo a los reporteros que desde el actual ciclo escolar, cada padre de familia de los 29 alumnos debe aportar 65 pesos quincenales para cubrir el salario de la maestra que atiende a sus hijos, “se supone que la educación debe ser gratuita y nosotros estamos pagando a una maestra, cuando es obligación del gobierno mandar a los maestros para que atiendan a nuestros hijos”.
La ama de casa dijo que ya están cansadas de esperar a que el delegado de la SEG en esta región, Fernando Leyva Sotelo, les envíe a los tres maestros que han estado pidiendo, así como se ha comprometido desde hace meses, por lo que advirtió que de no tener una respuesta pronto van a llevar a cabo medidas más drásticas, “porque sólo así es como el gobierno va a hacernos caso”.
Por su parte, el presidente del comité de padres de familia, Jaciel Baños, sostuvo que la falta de maestros no es desconocido para las autoridades educativas, “es un problema que la SEG debe resolver de manera urgente, son tres maestros que hacen falta, uno porque falleció y dos se jubilaron. El Ayuntamiento está pagando a dos maestros y los padres de familia del tercero A están pagando a la maestra que le da clases a sus hijos, y ya se cansaron de esperar a que el gobierno mande a ese maestro que ellos están pagando”.
Baños Mariche aseveró que la mayoría de los padres de familia de este plantel son de escasos recursos económicos, “en el caso del tercero A, muchos papás no tienen la posibilidad de pagar 110 pesos mensuales, es un gasto más a su economía que se nos hace injusto que estén pagando, cuando es una obligación del gobierno mandar maestros a las escuelas”.
Añadió que otro problema que tienen es que hasta la fecha, el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) no ha respondido sobre la reconstrucción de seis aulas que resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Aseguró que ya cumplieron con todos los requisitos que ese organismo les pidió, pero no les han informado para cuándo les van a reconstruir los salones, “mientras, los niños siguen tomando clases en aulas provisionales”. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).