Los 33 trabajadores operativos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que tuvieron cuatro meses tomada la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), liberaron las instalaciones, pese a que no les pagaron los ocho meses de salario devengado que les adeudan.
El 22 de agosto pasado, los trabajadores tomaron las instalaciones de la dependencia federal, como modo de presión para que les pagaran el adeudo que tienen con ellos.
El 27 de septiembre iniciaron una huelga de hambre que duró tres días, y la interrumpieron porque participaron de manera solidaria en el censo de las viviendas dañadas por el huracán Max y los dos sismos que se registraron ese mes, aunque después retomaron su demanda, no liberaron las instalaciones.
En una llamada telefónica, un trabajador que pidió resguardar su nombre, contó que en diciembre fueron llamados uno por uno a la delegación, pues les entregaron un apoyo correspondiente a un mes de salario.
Aclaró que el dinero que les dieron no fue parte del pago que les adeudan, pues la Oficialía Mayor sigue sin enviar.
Agregó que quedó interrumpida la supervisión de las construcciones de las obras para los damnificados de 2013 por las tormentas Ingrid y Manuel, por lo que ya no están laborando y no sabe qué pasará con el programa.
A finales de diciembre liberaron las instalaciones, y este lunes se reanudaron labores todas las áreas en el edificio de Sedatu. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

 

A David Eagleman (Estados Unidos, 1971) lo llaman el Carl Sagan de la neurociencia. Su cosmos se guarda dentro del cráneo: el cerebro.
Su curiosidad científica apela a una serie de preguntas: ¿Quién soy? ¿Cómo decido? ¿De dónde vienen mis emociones y motivaciones? Las respuestas se hallan en el material neuronal y sus patrones de pulsos electroquímicos.
“Hace unos años tomaba una clase de filosofía y me di cuenta de que si realmente queremos avanzar en estas preguntas tendríamos que profundizar en el estudio del cerebro”, responde el profesor de la Universidad de Stanford.
Del neurocientífico está disponible en español El cerebro. Nuestra historia (Anagrama), libro que acompañó la serie El cerebro con David Eagleman de PBS, transmitida después por la BBC. Un viaje por ese “cosmos interior” formado por miles de millones de células cerebrales y miles de billones de conexiones para entender preguntas clave, entre ellas: ¿hacia dónde nos dirigimos como especie?
¿Conocer cómo funciona el cerebro nos ayudaría a vivir mejor?
Por supuesto, tan solo pensemos en cómo tomamos decisiones y el tipo de cosas que nos llevan a tomar malas decisiones. Un mejor entendimiento de nosotros mismos y de nuestras emociones, qué aspectos de la realidad tomar en serio y cuáles no, realmente nos ayuda a navegar el mundo en el que nos movemos. Un ejemplo es el concepto del contrato de Ulises. Esta idea de establecer un contrato entre el “yo” presente con el “yo” futuro. Entender qué esta sucediendo en el cerebro y actuar acorde a eso.
La referencia le sirve a Eagleman para ejemplificar en el libro cómo Ulises anticipa una decisión, sabiendo que tras haber ganado la guerra de Troya, a su regreso deberá pasar por la isla de las sirenas, cuyos cantos irresistibles tienen funesto destino para los marinos. Así que ordena que su tripulación lo ate al mástil y ellos sellen sus oídos con cera y no dejen de remar. Dispone todo para no cometer un error; es el contrato de Ulises entre el “yo” presente y el futuro.
Escribe que una mejor comprensión de la toma de decisiones abre también la puerta a una mejor política social. Y lo ejemplifica con el problema de las drogas. El gobierno de Estados Unidos, sostiene, gasta 50 billones de dólares al año en la guerra contra las drogas y no ha cambiado nada.
“La pregunta es: ¿Cómo hacemos algo que sea más fructífero? En lugar de atacar la oferta, propone, la mejor estrategia es abordar la demanda. Y la demanda de la droga está en el cerebro”.
En su laboratorio han trabajado en un nuevo enfoque más allá de la criminalización. Un adicto puede ver en tiempo real imágenes de su actividad cerebral a través de una resonancia magnética.
Es el caso de Karen, una chica adicta al crack por más de 20 años. Cuando a ella le enseñan fotos de la droga y le piden que desee consumirla, en su cerebro se activan regiones que se engloban como la red de la adicción. Pero cuando se le pide pensar en el costo laboral, social y familiar que ha tenido la adicción, se activa la red de supresión.
Lo que se da en su cerebro es un combate entre ambas redes. La que gana, decide su comportamiento. A Karen se le presenta en tiempo real un indicador de la batalla. Eagleman plantea que Karen con la práctica repetida reforzaría el circuito neuronal que le permite suprimir el deseo de la droga, pero esta técnica aún está en fase de experimentación.
Eagleman también se asoma al futuro. La plasticidad cerebral, esa capacidad para adaptarse y cambiar es clave. Uno de los proyectos de su laboratorio es construir una plataforma para la sustitución sensorial que permite, con técnicas no invasivas, compensar la pérdida de un sentido con el suministro de información por otro canal. Un ejemplo es el VEST, un chaleco para que los sordos puedan oír. Después de cinco días de uso, un sordo de nacimiento puede identificar algunas palabras. Puede verse en la página de NeoSensory, la compañía del científico donde trabajan 20 personas.
“Entiendo al cerebro como un dispositivo de cálculo de uso general. Eso significa que cualquier información que entre, el cerebro descubre qué hacer con ella y eso abre la posibilidad de alimentar al cerebro con otros tipos de información. Y en eso estamos”, añade.
Antes de morir le gustaría poder ver la tecnología capaz de mostrar la información que circula en microsegundos a través de los cientos de millones de células del cerebro; esto todavía no es posible con las técnicas de Resonancia Magnética Funcional (Irmf).

Chilpancingo

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los eventos de violencia de este domingo en la comunidad de La Concepción, del municipio de Acapulco, que tuvo un saldo de 11 personas muertas. Lamentó “la terrible pérdida de vidas” y llamó a las autoridades al esclarecimiento completo de los hechos y repudió las agresiones a periodistas que dieron cobertura a lo ocurrido.
La institución diplomática aseguró que cuenta con “fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo (policiaco y militar en La Concepción)”, como tortura y malos tratos, fabricación de pruebas, allanamientos y condiciones indignas de detención.
Denunció que la operación no atendió protocolos sobre el uso de la fuerza, que se violentó la presunción de inocencia de personas detenidas, y cuestionó que la investigación a cargo de autoridades estatales garantice el respeto a los derechos humanos.
En parte, en referencia al informe del gobierno del estado que presentó este martes pasado, en el cual explicó que la Policía del Estado realizó una operación de desarme de policías comunitarios de La Concepción por una denuncia al número de emergencias 911 donde reportaron que los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui (líder del movimiento opositor a la presa hidroeléctrica La Parota y su hermano) y un grupo de comunitarios habían matado a varias personas, entre ellos a dos menores.
Este miércoles, el gobernador insistió ante medios de comunicación, en una entrevista, que se actuó conforme a la ley y que se investigarán las denuncias de hostigamiento y ejecuciones extrajudiciales en la incursión policiaca, que denunciaron organizaciones sociales nacionales e internacionales, contra los policías comunitarios de La Concepción, integrados al Comité de Enlace de los Bienes Comunales de Cacahuatepec de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop).
Este jueves a medio día, la Oficina de la ONU-México DH informó que realizó una visita a las personas detenidas (integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora regional de Autoridades Comunitarias CRAC) y en ese momento no emitió ninguna opinión respecto al estado en que se encontraban, pero “contrariamente a las declaraciones de las autoridades de Guerrero, sí se pudieron constatar condiciones indignas de detención y otras violaciones a sus derechos”.
El representante de la ONU-DH, Jan Jarab, explicó que de acuerdo con la información recabada por la ONU-DH, durante la madrugada del domingo 7 de enero, “se produjeron enfrentamientos en la comunidad de La Concepción en los que fallecieron ocho personas en circunstancias todavía inciertas. Posteriormente, durante un operativo policial, tres personas más fallecieron y 38 fueron detenidas”.
En colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, indicó que la ONU-DH se entrevistó con autoridades, personas detenidas, periodistas agredidos, pobladores de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con lo documentado, dijo que ONU-DH cuenta “con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo, las cuales resultan profundamente preocupantes”.
Incluso añadió que “se recibió información sobre la comisión de actos de tortura y malos tratos, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención”.
Adicionalmente, consideró “profundamente preocupantes las agresiones en contra de periodistas por parte de fuerzas de seguridad, en particular contra Bernardino Hernández, quien incluso tuvo que ser hospitalizado dada la gravedad de sus lesiones. Varios reporteros señalaron que fueron encañonados a distancia, y Bernardino Hernández, que fue golpeado y arrastrado por policías estatales”.
Jarab subrayó que al periodistas también le robaron una tarjeta memoria donde guarda su material de gráfico, “estos hechos no sólo constituyen un obstáculo a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a obtener información independiente y plural, sino también podrían representar un intento de ocultar o destruir evidencias de graves violaciones de derechos humanos”.
Señaló particularmente “preocupante, la inacción de las autoridades para garantizar la protección de los periodistas que fueron amenazados mientras cubrían hechos posteriores en la misma comunidad, a pesar de las medidas cautelares por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”.
Se sumó la llamado de la CNDH “para que las autoridades competentes garanticen que la labor periodística se pueda realizar sin obstáculos y con seguridad”, y calificó “alarmante” que el incursión policiaca y militar en La Concepción “no se llevó a cabo con base en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”.
El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab declaró “todas las muertes deben ser investigadas, incluidas las que se produjeron durante el operativo policial, ya que de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, toda muerte producida por la actuación de funcionarios públicos debe ser investigada para esclarecer completamente sus circunstancias”.
Destacó que únicamente “una investigación, profesional, independiente, efectiva e imparcial podrá esclarecer los hechos y ofrecer justicia a las familias de las víctimas”.
Recordó que la investigación de todas las muertes causadas por funcionarios públicos debe realizarse de acuerdo a estándares internacionales, incluido el Protocolo de Minnesota, particularmente relevante en casos donde existan alegaciones de ejecución extrajudicial.
En general, expresó preocupación por la situación de seguridad en La Concepción y convocó a las autoridades a que adopten las necesarias para garantizar condiciones de seguridad adecuadas para todas las personas de la comunidad.
Asimismo, que las autoridades aseguren condiciones de seguridad para las personas detenidas y de sus familiares, para los abogados y personas de organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajan actualmente en torno al caso.
Finalmente, el organismo internacional expresó sus condolencias a las familias de todas las víctimas de estos lamentables hechos e insistió en el llamado a los autoridades a garantizar sus derechos a la justicia y la verdad.

 

Chilpancingo

La Secretaría General de Gobierno contestó al comunicado de la Oficina del Alto comisionad de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y afirmó que no era “admisible” aplicar el protocolo de Minnesota por que no se trató de delitos de lesa humanidad “ni de ejecuciones extrajudiciales”.
“En todo caso, las investigaciones correspondientes establecerán las responsabilidades a que haya lugar”, se dice en el comunicado, a pesar de que en el documento de la oficina de la ONU no se refieren en particular a algún caso de ejecuciones extrajudiciales.
En un comunicado de prensa responde que las autoridades estatales respondieron al hecho a través de varias llamadas realizadas al teléfono de emergencias 911, “derivado de enfrentamiento ocurridos en la comisaría municipal entre pobladores y civiles armados del Cecop”.
En el documento se insiste en que los hechos han sido analizados y atendidos a través de diversas instancias de gobierno, como se informó no solo a la opinión pública sino también “al representante en México de la ONU-DH y a los titulares de la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos en el comunicado de prensa emitido por esta Secretaría” en un comunicado la noche del martes pasado.
Respecto a la agresión en contra del fotógrafo Bernandino Hernández, la secretaría general de Gobierno dijo que “no son graves, como lo demuestran los dictámenes médicos, y los hechos están siendo investigados por la autoridad competente”.
Ante el comunicado de la ONU donde se puntualiza la falta de aplicación de protocolos que promuevan el respeto a los derechos humanos por parte de los policías, el Estado refirió que se manifiestan “en absoluta disponibilidad para atender las preocupaciones expresadas por la ONU-DH, así como a las medidas cautelares obsequiadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito indeclinable de que los hechos en La Concepción sean investigados con estricto apego a la ley y el pleno respeto de los derechos humanos”. (Redacción).

 

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, aseguró que el interés del gobierno del estado es que se aplique la ley en el caso La Concepción, por lo que todos los que resulten presuntos responsables y sean señalados serán investigados.
“Estamos interesado si por parte de la policía, de agentes ministeriales y de servidores públicos se cometieron abusos sean sancionados, pero que todo mundo tenga la confianza de aplicar la ley a quien sea”, aseguró.
En entrevista en su despacho de Palacio de Gobierno, Salazar Adame reiteró que el gobierno del estado intervino en la población de La Concepción tras una llamada de auxilio “de la población” realizada a través del 911.
“Todos sabemos cómo se generaron las situaciones de violencia en esta comunidad y por qué tuvo que intervenir la policía del estado ante actos de violencia generados por grupos de ciudadanos armados, que se hacen pasar como comunitarios. Lo refiero de este modo porque el comisario municipal en un video que circula en las redes el de La Concepción, señala que ellos nunca dieron la aprobación para que esta policía comunitaria actuara como tal y se posicionara de la comunidad y empezaron a cometer una serie de actos que ellos consideran nocivos”.
Indicó que la investigación ya está en manos de las autoridades responsables, es decir la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes tendrán que determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados.
El funcionario señaló que el gobierno del estado tiene el interés en que la investigación se haga con “la mayor pulcritud” y trasparencia. Por eso dijo que se facilitó a las organizaciones defensoras de derechos humanos el acceso a los “presuntos reos”.
“El interés del señor Astudillo (el gobernador) no es otro que se aplique la ley y por lo mismo quien esté a salvo de haber cometido actos delictivos seguramente serán liberados”.
Durante la entrevista, Salazar Adame llamó a quienes a través de redes sociales “están llamando a alertar el orden público”. Enfatizó que no se trata de amenazar al gobierno o a los servidores públicos o de generar actos de anarquía que provoquen “desorden”.
Se le preguntó sobre el comunicado de prensa de alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OMU-DH), que señala lo alarmante del operativo policiaco en La Concepción en el que no se siguieron estándares internacionales de derechos humanos.
A esto respondió que todos los que sean señalados deben ser investigados.
Indicó que sobre el ataque a reporteros y otros medios locales se deben de presentar las denuncias para que se inicie la investigación.
Guerrero en la misma escala de Irak, Siria y Corea del Norte

Salazar Adame calificó la escala comparativa del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Guerrero como excesiva.
Este jueves se dio a conocer que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo la prohibición a sus ciudadanos y funcionarios de no visitar Guerrero, incluido Acapulco, debido “al crimen”, además de colocarlo en la misma escala que Irak, Siria y Corea del Norte.
Ante esto el funcionario estatal señaló que ante la posibilidad de que le turismo ya no venga convocan a los prestadores de servicios a que sean muy cuidadosos de sus declaraciones.
“Porque de pronto alguien hace declaraciones extremas y se olvidan que necesitamos tener turistas porque finalmente es una actividad que dispersa el recurso prácticamente en todos los que habitan un lugar tenemos que cuidar bien, Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, por que es la actividad económica más importante”.

San Felipe del Ocote

Respecto a la petición de vecinos de la comunidad de San Felipe del Ocote, municipio de Apaxtla que pidieron ser reubicados en la cabecera municipal porque no regresarán a su comunidad, Salazar Adame enfatizó a través del área jurídica de la secretaría se hace la valoración de las familias que no puedan regresar y se les dé un espacio en la cabecera.
Indicó que el tema de la violencia es muy amplio en el estado y no se sabe aun cuando se dará un caso de desplazados, por lo que el actual gobierno no se puede adelantar a este fenómeno causado por los grupos del crimen organizado.
Dijo que los pobladores tendrán la certeza de poder regresar a su comunidad, en el caso de que algunas familias lo quieran hacer, será hasta los primero días de la próxima semana.
“Una vez que conozcamos los informes de la Secretaría de Seguridad Pública, de la propia Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno y que obviamente se haya hecho una amplia entrevista con los desplazados para saber quiénes quieren ser reubicados y cuántos quieren regresar”.
Insistió que en el caso de los desplazados del municipio de Apaxtla se les estará dando el apoyo que soliciten, pero las opciones es que los que quieran retornar lo pueden hacer, y la otra es la reubicación.
“El tema de la seguridad es más complejo en tanto que ocupa mayores recursos y evidentemente para el estado es insuficiente”.
Señaló que el gobierno del estado no está en contra de la adquisición de un nuevo terreno para que las familias vivan en un lugar más seguro.
Insistió que el desplazamiento de cientos de familias de zonas donde impera la violencia generada por grupos del crimen organizado son efectos colaterales que deben de ser atendidos.

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que dos de los tres policías comunitarios muertos en la operación de desarme en la comunidad de La Concepción, Acapulco, fueron detenidos y luego ejecutados extraoficialmente por agentes del Estado.
Consideró que la intervención del domingo contra la Policía Comunitaria en Acapulco, con 200 policías estatales, federales y militares, y la información contradictoria por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre los detenidos en los primeros días de la aprehensión, fueron premeditadas para ocultar estos datos.
Después de cuatro días de los hechos, de rastrear a las personas de las que se desconocía su paradero, informó que “se tuvo conocimiento que dos de los tres policías comunitarios ejecutados en el segundo enfrentamiento fueron detenidos y posteriormente ejecutados”.
De los 38 detenidos en la operación policiaca, según el reporte del gobierno del estado, hoy saben que 25 se encuentran en el penal de Las Cruces; 11 son policías comunitarios, dos detenidos que estaban en proceso de reeducación en el Sistema de Justicia Comunitario, 10 son civiles y 23 pertenecen al Cecop.
En un comunicado, Tlachinollan denuncia que las autoridades actúan de manera parcial e irregular, no sólo en los procedimientos penales contra las personas detenidas el domingo en La Concepción, sino desde que vecinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en Acapulco, se opusieron al proyecto hidroeléctrico La Parota.
Explicó que el gobierno dio la pauta para un conflicto intercomunitario en la zona de influencia del proyecto de la presa (suspendido a la fecha), para incursionar después “de manera extremadamente violenta utilizando las fuerzas policiales en un operativo letal y violatorio de los derechos humanos”.
En este marco, ocurrieron los hechos del 7 de enero, cuando alrededor de las 3 de la madrugada se suscitó el primer hecho violento entre policías comunitarios de la Casa de Justicia de La Concepción y civiles armados, que tuvo como resultado la muerte de dos comunitarios y seis civiles armados.
Después de varias horas, unos 200 policías y militares sitiaron la comunidad, en una operación que derivó en el segundo enfrentamiento entre la Policía Comunitaria, con un saldo de tres policías ejecutados extrajudicialmente, alrededor de las 11 de la mañana.

Hubo detenciones arbitrarias y torturas, señala

Asimismo, señaló que hubo personas torturadas y detenidas arbitrariamente, y propició “un ambiente de vulnerabilidad para familias que decidieron organizarse a través del CECOP y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) para defender sus derechos al territorio y al consentimiento libre, previo e informado”.
Añadió que desde la detención de los policías comunitarios trasladados al penal de las Cruces en la operación policiaca, Tlachiollan detectó irregularidades que indican que las autoridades no estaban actuando de buena fe.
Entre estas, señaló que, aunque el proceso en apariencia se conduce con legalidad, hubo información contradictoria sobre el número de detenidos. “En un primer momento se informó sobre la detención de 30 personas; después en un comunicado del gobierno del estado la cifra cambió a 38. El día 9 de enero, a los abogados defensores se les informó que en la Fiscalía General del Estado de Guerrero se encontraban 21 personas privadas de su libertad, mientras Tlachinollan obtuvo información por familiares, de 25 personas detenidas”.
Hasta ese momento dijo que los detenidos en eran policías comunitarios, personas que estaban en proceso de reeducación, integrantes del Cecop y civiles que se encontraban en la zona del enfrentamiento y en espacios aledaños a la comunidad de La Concepción.
Denunció que la falta de certeza en la información es grave porque, de acuerdo con los pobladores, había vecinos de los que no se conocía su paradero, y después se supo que dos de los tres policías comunitarios ejecutados en el segundo enfrentamiento fueron detenidos y posteriormente ejecutados.

 

Sin proporcionar mayores detalles, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó anoche de la detención del ex alcalde de Tlapa, el priista Willy Reyes Ramos, por el delito de homicidio calificado en agravio del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y de su chofer Erick Estrada Vázquez, ocurrido en septiembre de 2011.
Primero, a las 9 de la noche, mediante un Twitter, la Fiscalía informó que “dio cumplimiento orden de aprehensión en contra de Willy Reyes Ramos vinculado al homicidio en agravio Moisés Villanueva de la Luz y su chofer Erik Estrada Vázquez”.
Después, el vocero en materia de Seguridad del Gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia y la misma Fiscalía enviaron un breve comunicado de tres párrafos en el que se informa que “la Fiscalía General del Estado este día dio cumplimiento a la orden de aprehensión girada en contra de Willy Reyes Ramos, por el delito de Homicidio Calificado en agravio de Moisés Villanueva de la Luz y Erick Estrada Vázquez, cometido en septiembre de 2011”.
Agrega el comunicado que la detención ocurrió en coordinación con agentes de la Policía Investigación Ministerial adscritos a los municipios de Tlapa de Comonfort y Huamuxtitlan, pero no se informa donde, a qué horas y cómo fue detenido el ex alcalde de Tlapa.
Refiere que la detención está relacionada con los hechos que se encuentran en la causa penal número 01/2013, ocurridos el día 4 de septiembre de 2011 en la carretera federal Tlapa-Puebla, en el punto conocido como puente encajonado.
La detención del ex alcalde ocurre a más de dos años de que el fiscal Javier Olea Peláez, se comprometió a detener a quien fuera su cliente como abogado litigante, en una carta enviada a El Sur el 7 de diciembre del 2015, cuando el ahora fiscal apenas era integrante de la terna para ocupar el cargo de fiscal General.
En agosto del año pasado, la viuda de Moisés Villanueva de la Luz, Lucía Leyva Rosas, denunció que el fiscal Olea Peláez no sólo seguía protegiendo al ex alcalde como su abogado que había sido, sino que desde que llegó a la Fiscalía había ordenado que le retiraran a ella las medidas de seguridad.
El 4 de septiembre de 2011 el diputado 500, como era conocido Villanueva de la Luz por ocupar la última curul en la Cámara de Disputados, desapareció junto con su chofer, Erick Estrada Vázquez, cuando viajaba sobre la carretera Chilpancingo-Tlapa. Catorce días después sus cuerpos fueron encontrados cerca de Huamuxtitlán.
Por el doble crimen, el 21 de noviembre fue detenido en Chilpancingo, Juan Miguel Martínez Plácido, El Pequeño, como responsable material, quien declaró que “invitó” a participar a Antonio Jiménez Chino, El Baleado, “yo le comenté a el que el presidente de Tlapa quería que matáramos a alguien por paga”.
El detenido declaró que recibieron 300 mil pesos de parte del alcalde para asesinar al diputado federal y que participaron, además, Manuel Martínez Molina, El Cua Cua, Luis Manuel Ortega García, El Yogui y Jorge “N”.
Declaró que un día antes, él y sus cómplices se reunieron en el restaurant Sarita de Tlapa, para hacer un recorrido por las calles de la ciudad “para ver las calles, entradas y salidas de la ciudad” y que ese mismo día se reunieron con el alcalde Willy Reyes Ramos, entre la gasolinería y la tienda comercial Chedrahui, poco después de las cinco y media, en donde llegó una camioneta tipo Cherokee, color café y arena, donde iba como copiloto Willy Reyes con quien convinieron el pago por el “trabajo”.
“Ahí es donde Willy Reyes Ramos nos dijo que al siguiente día, es decir cuatro de septiembre del mes y año en curso, se llevaría a cabo una fiesta con motivo del cumpleaños de un diputado y ahí llegaría la persona que tendríamos que matar”, dijo en su declaración el detenido.
El detenido relató también la forma en que interceptaron al diputado federal cuando éste se trasladaba a bordo de su camioneta y al pasar el municipio de Huamuxtitlán lo interceptaron para privarlo de la vida.
Asimismo, reconoció que el día 2 de noviembre mató a su cómplice El Baleado, a quien sepultó clandestinamente en un paraje solitario de la ciudad de Chilapa, “para ir borrando evidencias”.
Otro de los detenidos por el mismo caso es el comandante de la policía municipal de Tlapa, Francisco Flores Lorenzo, quien se encargó de contratar a Juan Miguel Martínez Plácido, y confirmó que fue por encargo del alcalde Reyes Ramos.
Entonces el Congreso del Estado, se negó a iniciar un juicio de desafuero en contra de Reyes Ramos, a pesar de que fue solicitado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), hasta que concluyó la administración de Willy Reyes, quien para entonces ya estaba amparado.
El 3 de septiembre de 2013 la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, determinó librar orden de aprehensión en contra del ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, por su probable participación intelectual en el homicidio de Moisés Villanueva de la Luz, misma que según la fiscalía se ejecutó ayer.
Javier Olea, actual fiscal, fue en su momento el abogado defensor de Willy Reyes Ramos.

El Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos condenó los asesinatos y detenciones de policías comunitarios de la CRAC, el domingo en La Concepción, y exigió su libertad inmediata, así como el cese a la represión contra el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop).
En un comunicado, las organizaciones que integran el Comité expusieron que desde la fundación del Cecop el gobierno ha intentado desmantelarlo con represión y la criminalización de sus representantes, para desprestigiar su lucha.
Consideraron que el asesinato de comuneros, encarcelamiento de sus voceros y la incursión de grupos paramilitares a los Bienes Comunales ha sido la estrategia del estado para acallar las voces de los pueblos que luchan por la defensa de los recursos naturales.
Exigieron la libertad inmediata, incondicional y absoluta del líder del Cecop Marco Antonio Suástegui, y el resto de los detenidos en La Concepción, y demandaron al gobierno federal y estatal el esclarecimiento de los hechos, castigo a los responsables del artero asesinato de los policías comunitarios por parte del Ejército y policías estatales y federales.
Entre otros firman el escrito, el Comité por la libertad de Damián Gallardo Martínez, Unión de Artesanos y Comerciante Oaxaqueño en Lucha (UACOL), Frente Popular Revolucionario (FPR), Coordinadora Nacional Estudiantil, Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Frente Amplio de Lucha Popular (FALP) y la Coordinadora Nacional en Defesa de la Salud y la Seguridad Social.

Preocupación e indignación, expresa Unisur

Asimismo, la Universidad de los Pueblos del Sur (Unisur), expresó preocupación e indignación por los hechos violentos del domingo en La Concepción, y denunció que el uso indiscriminado y ostentoso de la fuerza pública en contra de las organizaciones civiles ha sido característica de los gobiernos autoritarios.
En un boletín, se pronunció por el esclarecimiento pleno de los sucesos y porque se generen la acciones pertinentes para la pacificación del estado.
Destacó que las Policías Comunitarias en la entidad han mostrado interés de garantizar condiciones de seguridad en sus localidades, donde las autoridades no consiguen los niveles mínimos de tranquilidad para sus habitantes.
Convocaron a organizaciones, académicos y observadores internacionales a dar seguimiento de los hechos, exigir justicia y apoyar a las organizaciones comunitarias en acciones por el ejercicio de sus derechos y en el reconocimiento del derecho comunitario, “para evitar estos acontecimientos deleznables”. (Lourdes Chávez y Beatriz García / Chilpancingo).

 

La fracción del PRI del Congreso local oculta un oficio del fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, con el que retira la solicitud de visto bueno para María Guadalupe Rendón Ramírez como su propuesta para Fiscal Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el que también anuncia que hará llegar una nueva propuesta.
Ayer el pleno del Congreso local sesionó y durante más de una hora, hubo una discusión en tribuna por el tema entre el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja, y el coordinador de facto de la bancada priista Héctor Vicario Castrejón.
La discusión en el pleno, fue para que la Comisión de Justicia que preside Héctor Vicario Castrejón presente al pleno el dictamen de las dos propuestas de fiscales especiales, pero la bancada priista se negó a llevarlas porque no tenía asegurado el voto de las dos terceras partes de los diputados para ser aprobados.
Fuentes del Congreso comentaron que la fracción priista pretende que los diputados del PRD voten a favor la propuesta de fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Antonio Sebastián Ortuño, a cambio de votar en contra la propuesta de María Guadalupe Rendón.
Pero el PRI no pudo asegurar el voto de las dos terceras partes del Congreso, a pesar de que ofrecieron un “apoyo económico” a diputados perredistas, que hasta ayer no aceptaba, según trascendió.
Sin embargo, ayer por la mañana circuló la propuesta de orden del día para la sesión, en la que en el primer punto de comunicados, se enlistó un oficio que envió el fiscal Javier Olea.
“Oficio signado por el licenciado Javier Olea Peláez, fiscal general del estado, mediante el cual retira la solicitud de visto bueno de esta soberanía con fecha 28 de noviembre de 2017, en la que se presenta propuesta de la licenciada María Guadalupe Rendón Ramírez para la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Lo anterior con la finalidad de hacer llegar una nueva propuesta”, pero ese punto fue retirado del orden del día.
Mejía Berdeja insistió en que la Comisión de Justicia tendría que presentar su dictamen respecto a las dos propuestas de fiscales especiales que Javier Olea, el de Guadalupe Rendón y el de Antonio Ortuño para titular de la Fepade.
Para que el pleno determine si le da el visto bueno a las propuestas o las rechaza para que el fiscal envíe otras propuestas.
Porque recordó que de no haber un pronunciamiento por parte del Congreso local, la propuesta del Fiscal General del Estado quedará en firme sin haberse siquiera discutido.
Explicó que el artículo 142 en su numeral decimo dicta que los nombramientos deben tener el visto bueno de dos terceras partes del Congreso y en caso de no pronunciarse se entiende que quedan aprobados.
Si no se rechazan las propuestas quedarán firmes los nombramientos de Antonio Ortuño como Fiscal de delitos Electorales y de Guadalupe Rendón en Materia de Desaparición Forzada, y dijo que “ambos casos, pero sobretodo el segundo, es grave por la situación que vive el estado en materia de desapariciones forzadas” insistió en tribuna Ricardo Mejía.
Insistió también en que la postura en contra no es por la trayectoria personal sino porque en el caso de la fiscalía para desaparición forzada no cuenta con el aval de víctimas y familiares de este delito  “no queremos que queden firmes por ser omisos en el Congreso”.
Advirtió también que no se puede usar en sentido contrario el artículo 142 para cometer un fraude a la ley, “no se puede pronunciar alguien cuando no hay dictamen y lo hemos señalado reiteradamente y es claro que no hay el visto bueno de las dos terceras partes del Congreso para los nombramientos, de lo contrario los someterían a votación”.
Mientras que Vicario Castrejón insistió en que aún hay tiempo para que los diputados lleguen a acuerdos en el ambas propuestas.
Insistió en que las propuestas de Javier Olea para fiscales especiales cumplen los requisitos que establece la ley.
En tribuna reiteró el llamado a los diputados para que llegar a los consensos y acuerdos, para que en los próximos días puedan dar el visto bueno a las propuestas, pero además pidió que se centren en señalamientos objetivos como el perfil de ambos profesionistas.
En tribuna también participó el diputado de MC Silvano Blanco Deaquino, que fue el único que se refirió a Antonio Sebastián Ortuño, de quien dijo que tiene una “alta afinidad al PRI” y que eso le impide estar al frente de la Fepade.
En tribuna dijo que “tenemos un proceso electoral muy complejo y la ficha curricular de la propuesta del fiscal para ocupar dicho cargo, todos sabemos de la afiliación que tiene al PRI. Se debe de evitar que alguien con esa afiliación política sea quien se vaya a encargarse de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales”.
Después de una discusión en la Vicario Castrejón y Mejía Berdeja subieron cada uno tres veces a tribuna para el mimo tema, la perredista María del Carmen Cabrera Lagunas, pidió que se presentara el dictamen ante el pleno y de no tener el visto bueno de las dos terceras partes de los diputados que se hicieran otras propuestas para fiscales.

No acude alcalde suplente de Petatlán a tomar protesta

El alcalde suplente de Petatlán, Jesús Gómez Pérez, no acudió al Congreso local a tomar protesta del cargo, argumentando que tenía “problemas de salud”. Él es hermano de Arturo Gómez, quien fue asesinado a balazos en un restaurante el 28 de diciembre.
El martes, el pleno del Congreso local llamó al suplente del alcalde perredista asesinado en Petatlán, para que asistiera el jueves al Poder Legislativo a tomar protesta del cargo y funciones de alcalde, pero Jesús Gómez no llegó y solo avisó a través de un correo electrónico que no podría ir porque está enfermo.
En la sesión de ayer, el presidente de la Mesa Directiva Eduardo Cueva Ruiz solicitó a nombre de la Junta de Coordinación Política, que se presente el próximo lunes a la ultima sesión del periodo ordinario, para cumplir con el protocolo.
Como el alcalde suplente sólo envió el correo avisando que no asistiría por problemas de salud, pero no precisó si lo haría después o renunciaba a su cargo, el Congreso le avisó a través del área jurídica que si no asiste a la sesión de el lunes “se dará por entendido que no acepta el cargo y se iniciará el procedimiento para elegir a quien reemplazará a Arturo Gómez”.
Al respecto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política Flor Añorve Ocampo, informó que vía correo electrónico Jesús Gómez avisó al Congreso que no podría acudir a la cita por enfermedad, sin embargo no adjuntó ningún documento como un certificado médico que lo confirmara.
Pero en caso de que Gómez Pérez esté enfermo y lo comprueba con documentos, Añorve Ocampo dijo que el Congreso podría esperar a que se recupere para el protocolo de toma de protesta.
De la posibilidad de que el alcalde suplente no quiera asumir el cargo por temor, después del asesinato de su hermano, Añorve Ocampo descartó esa posibilidad y que el motivo puede ser que tiene aspiraciones a participar en el proceso electoral de este año.
En caso de que el alcalde suplente decida no aceptar el cargo, el gobernador Héctor Astudillo Flores tendría enviar una terna de vecinos del municipio al Congreso que se pondrían a consideración del pleno.

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