La autoridad electoral descubrió una trama de empresas fantasma, financiamiento ilegal, lavado de dinero y entrega de tarjetas, similar al caso Monex, durante las elecciones de 2012.

A siete meses de las elecciones presidenciales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a los partidos PRI, PVEM, PAN, PRD, MC, Panal y PT con 36.9 millones de pesos.

Esto por recibir 18.4 millones de pesos de financiamiento ilícito de Logística Estratégica Asismex, que tiene sospechas de ser una empresa fantasma, para entregar tarjetas con un promedio de 2 mil pesos a representantes de casilla hace seis años.

Del monto total, 30.3 millones son exclusivamente de la coalición Compromiso por México, compuesta por el PRI y el PVEM, cuyo candidato fue el actual mandatario federal, Enrique Peña Nieto.

El INE detalló que, tras años de investigación, Bancomer, que desde el 2013 fue renuente en entregar información, otorgó en diciembre una base de datos donde se señala que los partidos políticos recibieron ilegalmente 18.4 millones de pesos por parte de Logística Estratégica Asismex, cuyo representante legal es José Alfredo García Barradas y su apoderada legal Araceli Barragán Hernández.

La información fue cotejada por el INE hasta encontrar que, para la jornada de 2012, de los 18.4 millones de financiamiento de Asismex, empresa de la que no se encontró registro y que podría ser una firma fantasma, 14.6 millones fueron utilizados por el PRI para pagarle a 5 mil 436 representantes de casilla.

Mientras que 482 mil fueron ejercidos por el PVEM para pagar a 237 representantes; 824 mil por el PT; 752 mil por el PRD; 742 mil por el PAN; 489 mil por Panal; y 482 mil por Movimiento Ciudadano.

Para entregar el financiamiento ilícito a los partidos, explicaron los consejeros, Asismex echó mano de un mecanismo de dispersión en donde se utilizaron otras 10 empresas irregulares, de las cuales sólo se encontró el registro de tres.

Al tratarse de un presunto caso de empresas fantasma y lavado de dinero, el INE decidió dar vista al Sistema de Administración Tributaria. También dio vistas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, para que investiguen todas las anomalías.

El INE decidió abrir un procedimiento ordinario sancionador contra de Bancomer debido a que durante cuatro años obstaculizó y le negó la información. (Ciudad de México /Agencia Reforma)

Claudia Guerrero / Agencia Reforma

Ciudad de México

La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aceptó este miércoles la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que los obliga a cambiar el nombre de la coalición “Meade Ciudadano por México”.

El PRI informó que no impugnará la decisión de los consejeros ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como había anunciado.

“El PRI no impugnará ante el tribunal la decisión del INE de instruir el cambio de nombre de la coalición integrada por el PRI, PVEM y Panal”, aseguró el Comité Ejecutivo Nacional priista.

“Pese a que nos asiste la razón jurídica, no acudiremos al Tribunal en aras de dar un paso adicional a una contienda transparente, libre y respetuosa”.

Sin embargo, los priistas reiteraron que no están de acuerdo con el fallo del órgano electoral y los criterios establecidos para prohibir el nombre de la alianza, pues argumentaron que tanto la ley como la reglamentación permiten que la coalición incluya el apellido del precandidato presidencial José Antonio Meade.

“Los partidos integrantes de la coalición reafirmamos que esta denominación no está prohibida por la ley.

“La única prohibición contemplada expresamente es que en sus denominaciones no se hagan alusiones raciales o religiosas”, expuso el partido.

El pasado 5 de enero, el pleno del Consejo General del INE declaró improcedente, por mayoría, utilizar el apellido de Meade en el nombre de la coalición encabezada por el PRI.

Los consejeros determinaron que el nombre provocaría una sobreexposición del precandidato presidencial de esa alianza, ya que al incluir su apellido toda la propaganda electoral se llevaría acabo una promoción permanente.

Hasta el momento, el PRI no ha informado sobre el nuevo nombre con el que registrarán la coalición.

Agencia Proceso

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) confirmó que al menos 23 indígenas tzotziles del municipio de Chenalhó fueron detenidos tras el operativo de desalojo en la plaza central de esta ciudad la noche de este martes, acusados de los delitos de motín, daños y lesiones.

La FGE informó que elementos del grupo interinstitucional detuvieron a 23 personas, entre ellos seis líderes de un grupo de habitantes de Chenalhó que provocaron lesiones graves a dos efectivos de seguridad y diversos daños a las instalaciones del Palacio de Gobierno en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, los manifestantes llegaron a la plaza central desde la mañana de este martes y causaron daños con piedras y palos al inmueble que alberga al poder Ejecutivo.

La Fiscalía detalló que los manifestantes evitaron el libre tránsito de trabajadores y ciudadanos que acudieron al lugar.

Durante el operativo de desalojo, y en atención al protocolo especializado en la materia, los policías acudieron sin armas. Sin embargo, los manifestantes lesionaron a dos policías, agregó la Fiscalía.

El primero de ellos fue un agente de la policía estatal a quien hirieron con una varilla en la espalda, así como a un elemento de la policía municipal, a quien golpearon con piedras en la cabeza.

Entre los detenidos están Cristóbal Hernández Hernández, de 24 años; Juan Pérez López, de 19; Abraham Pérez Pérez, de 31; Lorenzo Santiz Gómez, de 36; Victorio Pérez Gutiérrez, de 28 años;
Manuel Gómez Velazco, de 36; Ma-
riano Pérez Gutiérrez, de 25;
Mariano Pérez Hernández, de 54; Miguel Santiz López, 58;Andrés Pérez González, de 24 ;Alejan-
dro Pérez Gómez, de 37; Emanuel Encinos López, de 22; Mario Hernández López, de 25.

De igual forma, Vicente Arias Pérez, de 55 años; Manuel Patishtán López, de 36; Juan De La Cruz rLópez, de 18; Leonel Jiménez Pérez, de 22; José Pérez Paciencia, de 60; Luís Marín Gómez Gómez, de 29; Tomás Pérez Pérez de 42; Miguel Santiz Álvarez, de 53; Eleuterio Gómez Guzmán, de 25; y Walberto Darinel Ruiz Liévano, de 32. Todos ellos son originarios de Chenalhó.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público por los delitos de motín, lesiones, daños y atentados contra la paz.

La Fiscalía de Distrito Metropolitano informó que, en breve, resolverá la situación jurídica de los imputados, proceso que se llevará conforme a derecho.

Liberan a integrantes de Las Abejas detenidos

Nueve integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas detenidos esta semana fueron liberados por autoridades del barrio Río Jordán, comunidad de Los Chorros, municipio de Chenalhó, Chiapas, tras la intervención del gobierno del estado para instalar una mesa de diálogo.

José Vázquez Entzín fue el primer detenido el 5 de enero, luego de que se atascara el camión que llevaba arena para construir su casa por las malas condiciones del camino, por lo que las autoridades de Río Jordán lo detuvieron y exigieron el pago de una multa de 5 mil pesos para liberarlo.

El coordinador de subsecretarios regionales de la Secretaría de Gobierno, Gustavo Moscoso Zenteno, relató que tras la detención integrantes de Las Abejas intentaron liberar a su compañero y en ese intento también fueron detenidos en la cárcel comunitaria.

Para el 7 de enero, integrantes de Las Abejas de Acteal fueron a Los Chorros para dar atención médica y psicológica a José, pero las autoridades de la comunidad detuvieron a los representantes de la comisión y a dos miembros más de la organización.

Los detenidos fueron: José Vázquez Entzin, Oscar Hernández Gómez, Ignacio Pérez Pérez, Eusebio López Guzmán, Martín Gómez Pérez, Manuel Ortiz Gutiérrez, Mario Hermilo Pérez Sántiz, Antonio Ramírez Pérez y Sebastián Guzmán Sántiz.

Este miércoles la organización publicó en su blog oficial: “Exigimos la libertad de los promotores y demás compañeros miembros de la SC Las Abejas cuya integridad de todo tipo está en peligro”.

Explicaron que la mayoría eran promotores de salud, quienes señalaron en una carta que para su libertad les pedían 5 mil pesos. “Si no se paga la cantidad nuestra sentencia es indefinida”, acusaron.

Ante la situación, funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, establecieron una mesa de diálogo con las autoridades de la comunidad, a quienes se les exhortó a mantener la paz y la tranquilidad en el municipio, para evitar la retención de las personas por más tiempo.

Las nueve personas fueron liberadas de la cárcel comunitaria, luego de que el gobierno de Chiapas intervino para instalar la mesa de diálogo.

El Poder Judicial del Estado de México rechazó que su presidente, Sergio Medina Peñaloza, esté involucrado en el sobreseimiento del amparo contra la designación de 12 notarios por el ex gobernador Eruviel Ávila al final de su mandato.

Mediante un pronunciamiento, el Tribunal Superior de Justicia mexiquense calificó como falsas, bajas y absurdas las acusaciones del abogado constitucionalista Oscar Valdés, quien anunció que solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revisar la conducta del juez Breyman Labastida Martínez, pues dos días antes del fallo fue visitado presuntamente por Medina Peñaloza.

Como parte de la denuncia ante la Judicatura, un testigo mencionó que después de la reunión se entregaron al juzgador un par de maletas que, conforme a lo que escuchó, contenían 2.5 millones de pesos cada una.

Los señalamientos, afirmó el Poder Judicial del Estado de México, carecen de veracidad, credibilidad y sustento. “Por lo que solicitamos pruebas o bien la aclaración para preservar el buen nombre del aludido”, añadió.

“Consideramos inaceptable se refiera que el magistrado presidente del Tribunal mexiquense tenga injerencia en cualquier resolución judicial del ámbito estatal o federal, pues es el primer promotor de la autonomía de los jueces”, afirmó. (Toluca / Agencia Proceso)

El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, insistió este miércoles en el tema del actor Alejandro Axel Arenas Reyes, liberado la noche de este martes por falta de pruebas para imputarle el homicidio de la modelo argentina Karen Ailen, e informó que si se tiene que ofrecer una disculpa, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) lo hará.

“Ante una prueba que tiene un peso relevante que es el que se acredita que está fuera del país, pues me parece que se termina la investigación, eso da cuenta, si hay una actuación indebida, si hubiera algo, que eso he ordenado al procurador también, saber si se siguieron todos los protocolos, si se agotó la investigación, como se tenía que agotar y lo que se tenga que hablar con la familia, si se tiene que ofrecer una disculpa, que se la ofrezcan”, destacó en conferencia de prensa.

El procurador de Justicia capitalino Edmundo Garrido señaló que el caso en cuestión “no es un tema de equivocación”, sino de “probanzas”, y en ese sentido Mancera detalló que con base en los protocolos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el juez de Control determinó, a partir de las pruebas aportadas por la Policía de Investigación (PDI), girar la orden de aprehensión en contra del actor, para ser investigado por la muerte de Karen.

“El procedimiento que se ha seguido ahí de la información que tengo yo, es una doble imputación de testigos directa y un señalamiento con otro testigo más de un número de placas, unas imágenes, eso lo consideró el juez suficiente para una orden de captura”, justificó el funcionario.

De igual manera, Mancera Espinosa adelantó que conversará con Garrido para conocer las acciones que se tomarán a partir de que se determinó no vincular a proceso al joven, quien que el día del asesinato de la actriz argentina, el 27 de diciembre, se encontraba de vacaciones en Colombia.

El procurador de Justicia adelantó que la investigación continuará con diferentes líneas. Y se defendió: “Yo no diría que estamos hablando de errores (por haber liberado al presunto culpable); el juez decide si los elementos de prueba son suficientes para continuar con el procedimiento”.

Subrayó que la orden de aprehensión “en ningún momento determina una responsabilidad penal contundente”, y remató: “La institución no está criminalizando a nadie”.

El PRD pidió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aplique el Protocolo de Estambul en el caso del operador del PRI acusado de triangular recursos federales para su partido, Alejandro Gutiérrez, ante los señalamientos de que ha sido víctima de tortura por autoridades de Chihuahua.

El precandidato del PRI, José Antonio Meade, hizo referencia en Querétaro a este señalamiento, por lo que este miércoles la diputada Cecilia Soto pidió en la Comisión Permanente del Congreso la intervención de la CNDH.

“Quiero hacer un llamado a la CNDH para que aplique el Protocolo de Estambul a Alejandro Gutiérrez y demuestre, así, si éste ha sido o no torturado y que haga público los resultados”, solicitó.

Según Soto, con ello se podrá demostrar que ese hecho, planteado por el abogado de Gutiérrez, Antonio Collado, es falso.

Mencionó que las audiencias han sido públicas en el proceso que se le sigue a Gutiérrez y nunca se le ha notado que haya sido maltratado.

“Todas las audiencias han sido públicas y no se le ha notado algún signo de tortura”, dijo Cecilia Soto.

Alejandro Gutiérrez fue acusado por el desvío de 250 millones de pesos para las campañas electorales de Chihuahua de 2016. (Ciudad de México / Agencia Reforma)

Al menos dos muertos y siete heridos dejó anoche un ataque armado registrado en un restaurante en Cancún, Quintana Roo.
Medios locales reportan que sujetos dispararon contra las personas que se encontraban al interior del local La Palapa del Chuki, ubicado en la avenida Leona Vicario, en la región 230.
De acuerdo con testigos, fueron por lo menos siete atacantes, quienes arribaron a bordo de tres automóviles.
Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y policías municipales.

 

El ex alcalde perredista de Colipa, Víctor Molina Dorantes, fue asesinado por sujetos armados cuando salió de su rancho ubicado a 4 kilómetros de la cabecera municipal.
Víctor Molina fue un militante del Partido de la Revolución Democrática, ex diputado local y un abogado laboralista en la entidad veracruzana.
Su hermana, Teresa Molina Dorantes, es actualmente presidenta municipal de Colipa.
A través de un escueto comunicado, el gobierno estatal condenó el crimen y se comprometió a investigar de manera inmediata los hechos hasta esclarecerlos, refrendando que será implacable en el combate a la delincuencia.
En lo que va del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares también han sido asesinados los ediles de Ixhuatlán de Madero, Víctor Manuel Espinosa Tolentino, y el de Hidalgotitlan, Santana Cruz Bahena.
En el sexenio del priista Javier Duarte –hoy preso en el Reclusorio Norte de la capital del país por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero— fueron asesinados una decena de políticos, entre ediles y exalcaldes, así como candidatos a cargos de elección popular.
La semana pasada, por resistirse a un asalto en las inmediaciones de una gasolinera, el ex candidato del PRI a la presidencia municipal de Tenampa, César García, fue acribillado por dos sujetos armados en la comunidad de Monte Blanco.

El Grupo de Coordinación Veracruz liberó a una persona que se encontraba plagiada y abatió a cinco secuestradores en el municipio de Nogales, en la zona centro de la entidad.
En el operativo de inteligencia fueron aseguradas armas de uso exclusivo del Ejército, una casa de seguridad y un vehículo con reporte de robo.
La incursión a la casa de seguridad ubicada en la colonia Tenango fue encabezada por personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de manera coordinada con agentes de Investigación Criminal y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes lograron el rescate de la persona que fue plagiada desde el pasado 4 de enero y que es originaria del vecino estado de Tlaxcala.
La víctima, un ferrocarrilero, estaba cautiva en una casa de seguridad ubicada sobre un callejón, en el municipio de Nogales.
“Los secuestradores, al verse sorprendidos, abrieron fuego contra los elementos policiacos, dándose el enfrentamiento para rescatar a la joven víctima”, indicó el gobierno de Veracruz en un comunicado.
El vehículo asegurado es una camioneta tipo CRV, de color azul marino, con placas de circulación UKE877D, la cual cuenta con reporte de robo.
En hechos de violencia por separado, un nuevo cuerpo desmembrado fue localizado en el interior de un vehículo Aveo en el municipio de Cosoleacaque, su cabeza fue puesta en el cofre con un mensaje alusivo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

 

Un hombre que ayer resultó herido en un ataque a balazos, donde su acompañante fue ejecutado, falleció hoy en el hospital.
Una fuente policiaca informó que durante la madrugada se reportó la muerte de quien fue identificado como Mario Alberto Ríos.
Agregó que la persona falleció a consecuencia de los balazos que sufrió en un ataque cometido en la calle Parás cruz con Camino Real, en la Colonia El Porvenir, en el norte de la Ciudad.
La víctima viajaba en un taxi Nissan Tsuru con Ismael Villanueva de la Cruz, de 37 años, quien murió en el lugar. Las autoridades no han establecido el móvil de la doble ejecución.