Si el gobierno estatal no pone un alto al “clima de inseguridad social” se corre el riesgo de que se lleven a cabo múltiples manifestaciones “incontrolables, dando pie a que de una mayor intensidad de la violencia”, aseguró el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG).
Este miércoles se llevó a cabo la entrega-recepción del Comité Ejecutivo Central (CEC), en la que la secretaria general suplente, Elsa Patricia Chabelas Reyes, cedió de manera oficial el cargo a Ofelio Martínez Llanes, por segunda vez consecutiva. El acto fue durante la primera sesión del CEC de este año, en las oficinas del STAUAG en la capital, y estuvieron presentes los integrantes del comité saliente y el entrante.
Luego de cumplir con el protocolo correspondiente, los secretarios de las distintas comisiones del sindicato acordaron emitir un pronunciamiento respecto de la violencia e inseguridad en Guerrero, que se acentuó en los últimos años y acabó con la vida de 25 universitarios.
El pronunciamiento se difundió mediante la página oficial del sindicato y está dirigido a la opinión pública, al pueblo en general, a los universitarios y medios de comunicación, donde se indica que: “En los últimos años en el estado de Guerrero se han presentado escenarios que han golpeado a todos los sectores sociales, los crímenes no sólo se observan a supuestos miembros de la delincuencia organizada, se ve con tristeza que luchadores sociales como Arturo Hernández Cardona, Rocío Mesino y Ranferi Hernández Acevedo, han sido víctimas de esta ola delincuencial”.
Refiere que el sindicato “también ha sufrido este embate de la violencia que se ha desatado en el país y particularmente en esta entidad suriana. Las extorsiones, secuestros y asesinatos de universitarios de la UAG son parte de la cotidianidad”, como lo son “el cobarde crimen” de enero de 2017 de la integrante del CEC, Jeany Margarita Rosado Peña, su hijo de 13 años de edad, Isaac Daniel Cabrera Rosado, y su ex esposo el doctor del IMSS de Ciudad Altamirano, Nicéforo Cabrera Rojas; el asesinato del director de la Preparatoria 2 de Acapulco, José Villanueva Arce, “entre muchos más alumnos y maestros”, a los que se suma la desaparición del académico y ex director de la Preparatoria 2, Evaristo Zaragoza Patricio.
Ante la situación, el CEC del STAUAG exigió al gobierno estatal “poner un alto al clima de inseguridad social, pues de no hacerse se corre el riesgo que se desarrollen protestas incontrolables, dando pie a que dé una mayor intensidad de la violencia”; y que “a la brevedad” la Fiscalía General del Estado (FGE) castigue “con todo el rigor de la ley a quienes han perpetrado esta ola criminal”.
Exigió que el gobernador Héctor Astudillo Flores “haga realidad su lema de orden, paz y progreso, porque observamos todo lo contrario. No más impunidad, alto a la corrupción en las corporaciones policiacas”.

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, declaró que son dos los estudiantes que están desaparecidos; no dio muchos detalles, pero indicó que un caso se trata de un joven, al que parece que “un grupo lo quiere en sus filas”.
Aseguró que no dejarán la gestión, para que las autoridades encargadas de seguridad pública los tomen en cuenta en sus protocolos y acciones de vigilancia.
Luego de asistir al cambio de la mesa directiva de la asociación civil Grupo Aca, dijo sobre la toma de oficinas de la Coordinación Zona Sur en Acapulco, por agremiados al STTAISUAG, que “no vamos a echar al hoyo a la universidad por interés de algunos”.
A pregunta sobre el caso del estudiante de preparatoria desaparecido en Chilpancingo, el rector respondió que platicó con autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), “están dándole seguimiento, necesito entrevistarme con los papás, para ver como va el asunto”.
Detalló que hay datos de que según estaba ubicado “en ese caso guardaremos prudencia”. Dio a conocer que “tenemos otro caso, de otro joven que está desaparecido. No quiero meterlo en complicaciones o en problemas, porque parece que un grupo lo quiere incluir en sus filas”.
Saldaña Almazán precisó que los guerrerenses deben poner de su parte para el autocuidado, “después exponer a las autoridades lo que está pasando, para que ellos en su protocolo, su estrategia de seguridad que dan a población, nos tomen en cuenta”.
Afirmó que la UAG no bajará la guardia para que exista estabilidad en todos los universitarios y guerrerenses, porque recordó que antes los problemas ocurrían adentro de las escuelas, hoy los problemas son afuera y se requiere de seguridad.
Del paro de trabajadores agremiados al STTAISUAG, declaró que revisará ese caso, que se reuniría con el coordinador de la Zona Sur, Efrén Arellano, para revisar las demandas que “no son cosas que violen el contrato, el cual está en revisión”.
El rector aseguró que no habrá ninguna contratación hasta que se resuelva el problema financiero para el pago de salarios, “no vamos a echar a la universidad al hoyo por intereses de unos cuantos, el acuerdo con los sindicatos es que una vez que haya espacios para contratar, se irá cubriendo, mientras nos hace falta nombrar a funcionarios”.
“No hay ninguna contratación mientras no se resuelva el tema del financiamiento para el pago de salarios, no hay ninguna contratación, no se ha contratado a nadie y no vamos hacerlo”, puntualizó el rector Saldaña Almazán.

Trabajadores del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), pararon labores y tomaron la Coordinación de la Zona Sur, para exigir la entrega de plazas para sus hijos.
A las 7 de la mañana instalaron unas cartulinas de diferentes colores, con mensajes como “exigimos respeto a los derechos laborales de cada uno de los trabajadores” y “equipos y materiales necesarios para desempeñar sus labores”; además de impugnaciones hechas por haber trabajadores contratados de manera unilateral, sin permitir que trabajadores de base propongan a sus familiares.
También pidieron una revisión de la estructura funcional de cada coordinación, para encontrar de áreas que competen a las funciones que desarrolla el STTAISUAG, retiro de personal externo contratado, como vigilantes particulares, en esa coordinación de la Zona Sur.
En declaraciones, la delegada sindical Patricia Carranza Trujillo declaró que el sindicato y la Rectoría tienen conocimiento de las demandas, “hasta el difunto rector (Ascencio Villegas) Arrizón tenía conocimiento, pero nunca arregló nada”.
Detalló que en la delegación sindical de la coordinación hay 14 trabajadores, la petición a Rectoría es que le den el mismo número de plazas para sus hijos, porque los beneficiados con plazas son los “amigos del rector y los jefes que llegaron”.
“Estamos en paro porque no hemos tenido el beneficio de proponer a un familiar nuestro para que trabaje en la universidad, todos los que estamos aquí en esta delegación de la Coordinación Zona Sur, esperamos que el rector nos entregue plazas que fueron habitadas por personal de confianza y que son funciones del STTAISUAG”, dijo.
Agregó que los trabajadores de confianza son los que han hecho las propuestas de nuevos ingresos, “para ellos sí hay presupuesto, sí hay dinero para pagar personal que no contrató el sindicato, que no son nuestros familiares y ya están aquí”.
La delegada sindical declaró: “A nosotros no nos han tomado en cuenta ninguna de nuestras propuestas, desde hace más de 20 y 30 años, yo tengo 45 y no he metido a mi hijo ni a nadie, y soy la más antigua de toda la universidad”.
Explicó que ha tenido dificultad para que su hijo o un familiar ingrese a la universidad, porque “hemos sido prudentes con nuestros líderes sindicales, esperamos que negocien, y tengamos esa oportunidad, pero nosotros vemos entrar y salir mucha gente de todo tipo, todos con sueldazo, cuando un intendente no gana ni la quinta parte y no vienen a trabajar”.
Por la tarde, una comisión de los trabajadores sindicalizados se reunió con el coordinador de Zona Sur, Efrén Arellano Cisneros, quien se comprometió con los empelados a que una comisión laboral revisará caso por caso.
De acuerdo con información oficial de la Zona Sur, los trabajadores dijeron que analizarían la propuesta de la administración antes de firmar la minuta de acuerdos.

Unos 50 padres de familia y maestros de la primaria Vicente Guerrero, de la colonia Insurgentes de esta ciudad, se inconformaron por la mañana y bloquearon por unos 45 minutos el acceso a las instalaciones de la delegación regional de los servicios educativos, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), de la zona Norte, para exigir la reposición de dos profesores que faltan para tercer grado.
A las 9:50 de la mañana, los padres de familia y profesores, encabezados por el director de la escuela, Vicente Medina Bahena, se presentaron en la sede de las oficinas regionales de la SEG y se plantaron en el acceso principal, impidiendo la entrada de trabajadores y profesores que iban a realizar algún trámite.
Media hora después, los padres y profesores ingresaron a las instalaciones para tener una reunión con la delegada regional de la SEG, Norma Angélica Domínguez Martínez.
Los padres le exigieron la reposición de dos profesores para tercer grado, luego de la jubilación de sus titulares. Además, anticiparon que para este mes una profesora de cuarto grado también hará su trámite de jubilación.
Tras la reunión, que concluyó minutos antes de las 11 de la mañana, la delegada regional Domínguez Martínez se comprometió con los padres y profesores a que el lunes próximo enviaría los dos docentes faltantes, por lo que dieron por concluida la protesta.
Debido a esta protesta, fueron suspendidas las clases en la primaria Vicente Guerrero, en el turno matutino, y se informó que para este día tendrán actividades normales.

El coordinador regional de los Servicios Educativos, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Fernando Leyva Sotelo, se reunió con los padres de la primaria José María Morelos, turno matutino, ubicada en la colonia Vicente Guerrero, con quienes se comprometió a que para la semana próxima estarán en ese plantel los maestros que hacen faltan.
Así mismo, se designó a una maestra como directora encargada mientras llega un nuevo director.
En la edición de este miércoles, se dio a conocer que padres de familia denunciaron que desde hacía dos meses no había un director a cargo de la mencionada escuela y, además, hacían falta cinco maestros frente a grupo.
Por la mañana, Leyva Sotelo se reunió en privado con los padres de familia en la escuela; al término, informó que hacen falta sólo tres maestros “no cinco, como lo dijeron los papás”, y que se comprometió con ellos que a más tardar la semana próxima ya estarán los nuevos maestros frente a grupo.
De igual forma, manifestó que durante la reunión se comisionó a una maestra de la propia escuela, para que haga las funciones de director, “se está buscando la manera de asignarles un director efectivo, de acuerdo con cambios internos o cambios de zona que se puedan dar en cierto tiempo. Por lo pronto, la dirección estará a cargo de la maestra Yahaira Méndez, que es personal de ahí mismo de la escuela”.
“Ya fuimos, ya intervenimos y platicamos con los padres, hicimos ese compromiso de mandarles los tres maestros y que por lo pronto, la maestra esté al frente de la escuela atendiendo las funciones directivas. Quedamos en muy buen acuerdo, la próxima semana, el miércoles a más tardar, estarán ahí los maestros que les hacen falta, que son tres y no cinco”.

Maestros, avalados por padres de familia, del Centro de Atención Múltiple (CAM) 60 pararon labores para exigir a las autoridades educativas que terminen la obra de electrificación que hicieron en el plantel y quedó inconclusa, por lo que desde agosto no tiene energía eléctrica en el edificio.
También los padres de familia denunciaron que la regidora del PT, Alma Juárez Altamirano, ofreció obras por 1 millón de pesos para los CAM 60, 61 y 62, a cambio de la donación de un área que ocupan los estudiantes para la siembra y como área verde.
Los maestros del CAM 60 pararon labores desde el lunes, porque llegaron a dar clases y el edificio sigue sin energía eléctrica, donde estudian 42 alumnos, distribuidos en cuatro talleres, y laboran 14 docentes.
El Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) invirtió en la colocación de la herrería de algunas ventanas, la instalación y estación eléctrica, obra que se terminó en julio. Sin embargo, cuando inició el ciclo escolar en agosto, los edificios de los CAM 60, 61 y 62 se encontraban sin energía eléctrica debido a la obra.
La falta de energía en el edificio del CAM 60 está afectando el desarrollo de las actividades diarias, debido a que en los talleres de cocina, carpintería y jardinería se requiere electricidad para el uso de aparatos.
Incluso por la falta de electricidad, en ese plantel de educación especial se tiene que acarrear el agua, debido a que ésta se bombea para suministrar los baños y otras áreas.
La madre de familia, María del Carmen de la Cruz Molina, expuso que no les explican cuál es el problema con la energía eléctrica, mientras que en los talleres no tienen actividades.
También denunció que la regidora Alma Juárez hizo un acuerdo con los directores de los CAM 60, del 61 y del 62 de hacer obras por un millón de pesos, a cambio de un terreno de la escuela.
Consideró que no se vale que un gestor, como es un regidor, pida a cambio un terreno por una obra que ofreció.
Por su parte, el director del CAM 60, Francisco Alegría Román, explicó que el cableado y parte de la instalación fue robada y por eso es el retraso, porque tuvo que pedir la recuperación del presupuesto para terminar el proyecto. De la denuncia respecto al terreno que está solicitando la regidora, el director dijo que era para la construcción de unas oficinas, que los padres y docentes se negaron a firmar para la donación.

Alrededor de 160 alumnos se quedaron sin clases en un jardín de niños de Chilapa, por un conflicto entre docentes y la directora.
Por la mañana, de acuerdo con relatos de padres, en el portón principal de la escuela fue colocado un candado, lo que no permitió la entrada del personal, alumnos ni padres de familia.
En el tercer día de la reanudación de clases, ni el grupo de maestros que solicitó el pasado diciembre una auditoría a la directora del plantel, Elvira Vargas Jaimes, representado por la maestra Dora Nelly Pintor; ni la misma directora, se responsabilizaron de cerrar la escuela.
La supervisora de la zona 147, a la que pertenece el jardín, Leticia Acevedo Sánchez, se limitó a decir que daría parte a la delegación regional de servicios educativos, que encabeza Jerónimo Maurilio Morales.
En tanto, la directora rehuyó a los reporteros diciendo que daría una entrevista “otro día”.
Los padres de familia tuvieron que regresar a sus niños, con la incertidumbre de cuándo regresarán a las aulas. (Luis Daniel Nava / Chilapa).