En este año habrá elecciones presidenciales en siete países de América Latina: Costa Rica, Paraguay, Cuba, Colombia, México, Brasil y Venezuela. En los últimos procesos electorales han ganado las plataformas de centro y centro derecha, cuando años atrás lo hacían las de izquierda o centro izquierda.
En febrero son las elecciones en Costa Rica. Hay 13 candidatos que disputan la presidencia. Los que ahora tienen mayores posibilidades son Antonio Álvarez Desanti, del Partido Liberación Nacional; Juan Diego Castro, del Partido Integración Nacional; Rodolfo Piza, del Partido Unidad Social Cristiana, y el oficialista Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana. Todo apunta a que habrá segunda vuelta en abril.
Los comicios en Paraguay son en abril. El actual presidente, Horacio Cartes, fracasó en el intento de que hubiera reelección. La disputa es entre Mario Abdo Benítez, del sector más derechista del Partido Colorado, y Efraín Alegre, de la Gran Alianza Nacional Renovada (GANAR), integrada por el Partido Liberal y el Movimiento Guasú del ex presidente Fernando Lugo. Hay posibilidades de segunda vuelta en mayo.
Colombia celebra elecciones en mayo. Todavía no es clara la intención del voto. Es la primera vez, después de la firma de la paz, que participan la guerrilla con el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y su candidato es Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko. Tiene muy pocas posibilidades de ganar. Los otros candidatos son el uribista Iván Duque, la conservadora Marta Lucía Ramírez, críticos al proceso de paz, y también Germán Vargas Lleras, que mantiene una posición ambigua. A favor del acuerdo de paz están quien fuera su negociador principal, Humberto de la Calle; el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el ex gobernandor de Antioquía, Sergio Fajardo. Éste último encabeza los sondeos. Hay probabilidades de una segunda vuelta en junio.
La elección en Brasil es en octubre. Encabeza las encuestas el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva acusado de corrupción. En las próximas semanas, la justicia dirá si es o no culpable y por lo mismo si participa o no en la contienda. Se mencionan como candidatos a Gerardo Alckmim, gobernador del estado de Sao Paulo, por el Partido de la Social Democracia Brasileña, y al general retirado Jair Bolsonaro, de la extrema derecha. Ahora el panorama electoral está muy fragmentado. Hay espacio para que surjan nuevos liderazgos. Existe rechazo de la sociedad a los políticos por eventos de corrupción. Es probable una segunda vuelta en el mismo octubre.
En diciembre deben ser la elecciones presidenciales en Venezuela. El presidente Maduro asegura se habrán de celebrar, pero hay dudas si se van a celebrar y cuál sería la manera de hacerlo. El gobierno hace todo lo posible para que no participe la oposición y ha iniciado un proceso de purga al interior del mismo. Se da por hecho que Maduro buscará la reelección. En Cuba, Raúl Castro deja la presidencia en abril. Las elecciones, de sólo un partido, son para reiterar lo que ya decidió la cúpula del poder. Todavía no es público el nombre de quien será el sucesor de los hermanos Castro. En un próximo artículo analizo la elección del 1 de julio en México.

Twitter: @RubenAguilar

Javier Corral ha puesto en jaque a Enrique Peña Nieto. La acusación por peculado por 250 millones de pesos en contra de su antecesor como gobernador de Chihuahua, César Duarte, colocó al presidente en el centro de la lucha por la sucesión presidencial. Peña Nieto no estará en la boleta, pero por él cruza el descarrilamiento de la campaña presidencial del PRI. Corral lo ha emplazado desde el fin de semana. Peña Nieto, dijo, tiene que responder a los mexicanos. La estrategia detrás de él es clara, y la ha delineado Ricardo Anaya, precandidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano: hay que eliminar al tercer lugar. Verbigracia, llevando la corrupción de Duarte al corazón de Los Pinos, inhabilitará la candidatura de José Antonio Meade y al final, la lucha será entre dos, Andrés Manuel López Obrador y él.
En tiempos de precampaña electoral, donde los aspirantes a la Presidencia no pueden pedir el voto ni hacer propuestas, Corral es el mejor instrumento de Anaya para el ataque. La corrupción del neopriismo del nuevo siglo ha construido involuntariamente las condiciones para su vulnerabilidad. El presidente reconoció la gravedad de las acusaciones de Corral, quizás no tanto por el fondo de su alegato, sino porque el ruido que ellas producen, impacta en su proyecto transexenal. Peña Nieto fue forzado por las imputaciones de Corral a pelearse con él en el fango, y buscar frenar el daño que les estaba infligiendo.
“El gobierno de la República no puede ni merece ser descalificado, y menos señalado, por no estar respaldando al gobierno de Chihuahua”, dijo Peña Nieto horas después de procesar las imputaciones. “Yo les pregunto a los medios de comunicación si ha habido otro momento en la historia política del país donde algún funcionario del más alto nivel que hubiese sido señalado con sustento o con presumible sustento a la acusación, no esté enfrentando un proceso judicial alguno”. Improvisar en temas complejos no es el mejor ambiente para el presidente. La respuesta es simple: se equivoca; sí ha habido otros momentos de esos.
Secretarios de Estado en regímenes priistas han ido a la cárcel por presuntos actos de corrupción; senadores priistas desaforados para poder ser juzgados por peculado, o gobernadores priistas por vínculos con el narcotráfico. Funcionarios en gobiernos estatales y municipales también fueron a prisión en el pasado. Una diferencia de aquellos años con los tiempos actuales, es que nunca fueron tantos priistas ni con sumas de dinero tan extraordinarias generadas por su presunta corrupción, los que habían enfrentado a la ley. Otra diferencia es que las percepciones otrora con las que se tienen ahora, es que nunca se concibió una corrupción tan rampante como la que se ha vivido en la era Peña Nieto, asociada intrínsecamente con la impunidad.
Las acciones de Corral en el proceso contra Duarte, su antecesor en Chihuahua, ya tienen una primera víctima de altos vuelos, Manlio Fabio Beltrones, quien ante la detención de Alejandro Gutiérrez, uno de sus principales colaboradores cuando era presidente del PRI, por el presunto desvío de 250 millones de pesos para campañas políticas del PRI, tramitó tres amparos ante un juez. Al hacerlo, automáticamente quedó inhabilitado para buscar un cargo de elección popular, porque la ley lo prohíbe al estar involucrado en un proceso judicial. Corral no ha quitado el interés sobre el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que aparece en las indagatorias del Caso Duarte de manera indirecta hasta ahora –por lo que se sabe–, por haber presuntamente autorizado la transferencia ilegal de recursos presupuestales para fines electorales. Si avanza sobre esa ruta y procede judicialmente contra Videgaray, el siguiente en la lista será su sucesor en Hacienda, Meade, el precandidato presidencial. De ser así, no tardaría en aparecer en el camino, como se adelantó en este espacio el martes, Luis Vega, el secretario de Finanzas y Administración del PRI, incondicional del presidente Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México.
Corral tiene en sus manos lo que quiere Anaya, descarrillar al candidato del PRI y tener un proceso electoral polarizado. La sangre que corre por las heridas abiertas de los priistas ha sido claramente olida por muchos. La fotografía de la conferencia de prensa que dio Corral el lunes para acusar formalmente al gobierno de Peña Nieto de haber tomado venganza presupuestal contra Chihuahua por abrir el proceso contra Duarte, presentó a varias víctimas o denunciantes del priismo actual.
Entre ellos Santiago Nieto, el ex jefe de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, que inició el proceso contra Duarte, que fue cesado y presionado con fotografías que afectarían su vida personal para que desistiera que el Senado lo repusiera en el cargo, y Paulo Díez, el abogado de Infraiber que hizo de su denuncia de corrupción contra la empresa OHL y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una cruzada personal. También Jacqueline Peschard, Mariclaire Acosta y Octavio López Presa, miembros del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, contra quienes El Universal, el periódico de batalla que ha utilizado el gobierno federal para fines políticos, enderezó una campaña de desprestigio.
Tiene razón el presidente Peña Nieto al decir que el montaje de Corral tuvo fines electorales. Pero hay matices. No todos los ahí presentes tienen ambiciones políticas o electorales, pero son luchadores probados contra la corrupción y por la transparencia. Estas dos variables son grandes déficits del gobierno peñista, que hoy ve en la suma de fuerzas, una alianza táctica y un piolet permanente contra la candidatura presidencial de Meade.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

El gobierno del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, vive en la incertidumbre política a raíz de la excarcelación del ex presidente y dictador Alberto Fujimori, el pasado 24 de diciembre.
Después de la sorpresa, la rabia ha tomado posesión de la sociedad peruana, al tiempo que Pedro Pablo Kuczynski ha sido incapaz de construir una nueva mayoría política en el Congreso, en condiciones de darle un nuevo comienzo a su gobierno. ¿Cómo en tan poco tiempo el presidente de Perú ha perdido la capacidad de gobernar su país?
En primer lugar, hay que recordar las condiciones políticas de llegada al poder de Pedro Pablo Kuczynski. Después de una campaña electoral marcada por la judicialización de las candidaturas (no menos de tres candidatos, con más del 10 por ciento de los votos, fueron invalidados por la autoridad electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales –ONPE– por cuestiones administrativas sin importancia) ; la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, obtuvo el mayor número de votos en la primera vuelta electoral.
Frente a este escenario preocupante, las fuerzas de izquierda, que apoyaron la candidatura de Veronika Mendoza, que llegó en tercer lugar de las encuestas, decidieron apoyar a regañadientes a Pedro Pablo Kuczynski, un antiguo banquero de inversión octogenario, para evitar el regreso de la familia fujimorista al Palacio de Miraflores, sede del poder presidencial.
En la segunda vuelta electoral, después de semanas en las cuales los encuestadores daban como un hecho la victoria de Fuerza Popular, el partido de los Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski obtuvo el primer lugar, con poco más de 40 mil votos de diferencia. Es decir, una diferencia ínfima. Sin embargo, durante las elecciones legislativas que se celebraron durante la primera vuelta, Fuerza Popular obtuvo 73 de los 130 escaños del Congreso peruano.
De tal manera que el Fujimorismo, si bien no obtuvo la presidencia de la República, obtuvo una capacidad de influencia dañina al buen desarrollo del gobierno.
¿Cuál fue la reacción del presidente Pedro Pablo Kuczynski ante tal hecho político? En lugar de intentar dividir al fujimorismo desde el comienzo de su gobierno, imponiendo sus reglas del juego, esperó que los hijos de Fujimori colaborasen gentilmente con su administración, dándoles para ellos algunos espacios en el aparato gubernamental. Como era de esperarse, Keiko y Kenji Fujimori, los hijos del expresidente, no se quedaron con los brazos cruzados. Poco a poco, empezaron a pedir la cabeza de un ministro (el de educación), de otro, hasta pedir la cabeza de cinco, y en última instancia, la del propio Pedro Pablo Kuczynski. Para evitar el desenlace, este último hizo un llamado a las fuerzas antifujimoristas que lo apoyaron durante la campaña presidencial, para salvar su mandato.
Gracias a ellos, Pedro Pablo Kuczynski se mantuvo en la presidencia, en nombre del estado de derecho. Y para festejarlo, lo apuñaló. No podía hacer otra cosa, al haber recibido 10 votos de la propia bancada fujimorista, gracias al apoyo de Kenji Fujimori. Desde entonces, no menos de tres ministros han renunciado al gobierno, y las calles de Lima y de las principales ciudades peruanas han sido el escenario de numerosas manifestaciones. La próxima se llevará a cabo el día de mañana.
Los manifestantes tienen tela de donde cortar. A raíz de su indulto “humanitario”, según el presidente peruano, Alberto Fujimori no ha dudado en lanzar mensajes políticos vía Twitter, lo cual ha puesto en evidencia, de nueva cuenta, que su excarcelación no se debe a un tema humanitario, sino político. Frente a esta situación, Pedro Pablo Kuczynski ha llamado a los peruanos a la “reconciliación”, al tiempo que ha hecho el anuncio de un nuevo gobierno en los próximos días.
Sin embargo, los días pasan y el ejecutivo no ha podido hacer los nombramientos correspondientes, lo que pone en evidencia la dificultad para Kuczynski de sobrellevar la crisis de credibilidad que vive su gobierno hoy. Si este nuevo gobierno se traduce por la llegada al poder del fujimorismo, como todo apunta al día de hoy, se habrá consumado la traición del presidente peruano a sus electores.

*Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada

Es dicho común que la historia puede cambiar de un momento a otro, que hay vuelcos imprevisibles, que nada es seguro y todavía menos en la política. Por eso, por ejemplo, los encuestadores suelen sostener que sus estudios no son pronósticos sino apenas fotografías del momento que corre. Eso no implica que todo sea susceptible de cambio, que no haya nada previsible: a veces la historia es menos caprichosa y las tendencias estructurales son suficientemente fuertes. Pienso que se trata de uno de esos momentos: Andrés Manuel López Obrador va a ganar la presidencia de la República, si todo sigue más o menos igual, y lo más probable es que así sea, pues no hay ataque que no hayan previsto, escándalo en que no hayan hurgado, noticia que no hayan inventado y que pueda de repente surgir y hacer el milagro a sus adversarios. No es una certeza asentada en la opinión publicada, como lo fue por largo tiempo la victoria de Enrique Peña Nieto, de la que sólo se dudó hasta tarde, en marzo, cuando el Yo Soy 132 hizo su aparición.
La certeza proviene, más bien, de la opinión pública. Por más que analistas, comunicadores y líderes partidistas avisan y repiten que López Obrador llegó a su techo, que en adelante no hay más que declive y que seguirá la cosecha de negativos, la realidad se empeña en desmentirlos. Véase la puntillosa y técnicamente solvente encuesta de encuestas, publicada por Javier Márquez en oraculus.mx.
El acumulado histórico de simpatías partidistas es seguramente el dato más relevante. Se trata de uno de los indicadores menos cambiantes entre encuestadoras. El diagnóstico es inequívoco: Morena no para de crecer. Ha pasado de tener una preferencia tendencial de 16 por ciento en agosto de 2015 a promediar, para diciembre pasado, 28 puntos porcentuales. Se trata de niveles que nunca rozó la izquierda mexicana en su historia, pero más importante aún: se trata de un voto galvanizado, prácticamente garantizado a toda prueba. Presenciamos, en pocos años, la conformación de una identidad partidista que ya pasó por Eva Cadena, por la alharaca de la amnistía, por la hostilidad creciente de los últimos tres años en los medios de comunicación (y las identidades no cambian de un día para otro, ni siquiera en la fluidez de la posmodernidad). López Obrador eleva esta tendencia a niveles cercanos a los 45 puntos porcentuales, según la proyección de Defoe-Spin; 40, según Reforma, y 38, según Parametría o Buendía y Laredo –es decir, las cifras son bastante consistentes.
Para decirlo fácil: el candidato AMLO suma más de 10 puntos a la preferencia por el partido Morena. Ricardo Anaya y José Meade, en cambio, suman entre 22 y 26 por ciento, dependiendo la medición, una cifra muy cercana a la de sus partidos, a los que no suman prácticamente nada. Tomo en cuenta sólo la preferencia de los partidos dominantes de cada coalición, pues sus fuerzas nunca se suman aritméticamente, por lo que conviene tomar mejor por base al más grande, siempre definitorio en la imagen de la coalición. Deben anotarse también las tendencias. Mientras que desde 2015 Morena tiene un crecimiento sostenido, el PRI no ha podido disminuir sus mermas y el PAN sube y baja –y bajará más, si Margarita Zavala consigue su registro como candidata independiente, pues su electorado natural es panista.
La diferencia de López Obrador con sus competidores es abismal. En la estimación más conservadora ésta alcanza 11 puntos porcentuales; en la mayor, 23. Se trata de una diferencia que anularía el poder de cualquier maquinaria corporativa para la movilización y compra del voto. Tómese, por ejemplo, la elección del Estado de México, donde el PRI tiene una máquina aceitada de dinero y corrupción, pero que además estuvo reforzada por gobernadores, funcionarios del gabinete federal, estrategos y generales electorales, pero donde la diferencia de votos no superó el 3 por ciento. Este nivel de operación, incluso de inversión por cada distrito, es imposible repetir a nivel federal, pero nótese, aunque se repitiera, lo que eso vale –si se acepta mi supuesto de que el Estado de México es un caso límite de estructuras corporativas y recursos institucionales contra la equidad en la contienda–: no más de cinco puntos porcentuales, ya exagerando.
Quien conozca el sitio Oraculus me reclamará el que no haya tomado en cuenta para este texto mediciones como la de Mitofsky o GEA. Se trata de dos de los grupos más desprestigiados. Quien no sepa cómo ha operado Mitofsky, tendrá que regresar al texto de Jaime Avilés en 2006, cuando el cronista –fallecido el año pasado– desvistió a Roy Campos y demostró los contratos con el gobierno, la metodología sesgada y algunos otros vicios (http://www.jornada.unam.mx/2006/06/05/index.php?section=politica&article=005n1pol). GEA-ISA, que también muestra algo similar a un empate técnico, fue una de las encuestadoras menos consistentes en el proceso electoral de 2012 (ver tabla 9 de Quién es quién en las encuestas, de Leo Zuckermann, en Nexos de agosto de ese año). GEA exageró casi 12 puntitos con la ventaja de Peña Nieto, Mitofsky más de nueve.
Visto fríamente, López Obrador parece ahora inalcanzable, con una ventaja que no vio ni siquiera en su mejor momento de 2006. A diferencia de entonces, ahora ya hemos escuchado todo lo que el poder tiene que decir al respecto, las redes sociales han roto la espiral del silencio que hacía que los votantes del tabasqueño no supieran que había otros como ellos, con similares convicciones, y es muy improbable que haya un choque externo que cambie bruscamente las percepciones sobre el PRI y el PAN, los únicos que hace tiempo alcanzaron un techo que no rebasan. Parece inevitable: López Obrador va a ser presidente de México. Y sigue creciendo.

La Secretaría General de Gobierno estatal informó que la autoridad ministerial emitió y ejecutó orden de aprehensión por el delito de homicidio en contra de 25 detenidos, entre ellos los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz, por los hechos ocurridos el pasado domingo en la comunidad de La Concepción.
En un escrito dirigido al representante en México de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Jan Jarab; al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez; al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno, y a organizaciones de la sociedad civil y la opinión pública, la Secretaría informó de los hechos.
En el relató de los hechos, la Secretaría General de Gobierno se refiere a los policías comunitarios pertenecientes al sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como “civiles armados” vinculados con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop).
Se enfatizó que los detenidos fueron certificados por un médico, ingresados a áreas adecuadas, fueron visitados por sus familiares, y estuvieron acompañados por representantes de diferentes organismos de derechos humanos.
La Secretaría General de Gobierno en el texto relató que en una llamada telefónica al número de emergencia 911 se solicito el auxilio “debido a que Marco Antonio “N” y miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades de La Parota (Cecop) habían detenido, golpeado y matado a varias personas”.
Al lugar se trasladaron policías estatales, agentes de la Fiscalía General del Estado, Policías federales y Ejército, a los que les informaron que entre las 2 y 2:30 de la madrugada del domingo hubo “un altercado en la comisaría municipal entre pobladores y civiles armados del Cecop, resultando 2 de éstos privados de la vida con arma de fuego”.
En respuesta, “un grupo de 35 personas del Cecop, al mando de los hermanos Marco Antonio y Vicente “N”, llegaron al lugar y asesinaron con armas de fuego a 6 habitantes del pueblo”. Horas después, a las 11:30 de la mañana, según la dependencia estatal “los civiles armados del Cecop dispararon sus armas en contra de los elementos de la Policía Estatal, la cual al repeler la agresión abatieron a tres civiles armados del Consejo”.
En el escrito se indicó que se aseguraron “24 armas largas, 4 armas cortas (3 calibre 9 mm y 1 calibre .38 súper), 102 bolsas de marihuana;  628 envoltorios conocidos como “carrufos” y se liberaron a 4 personas que estaban privadas de la libertad por la Cecop”.
De las 38 personas detenidas, 26 fueron por delitos contra la salud y portación de arma de fuego ante la Fiscalía General del estado, de los cuales siete quedaron en libertad; seis  fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR)  y seis más entre ellos los hermanos Marco Antonio y Vicente fueron llevados al penal por delitos como lesiones, despojo y robo.
Según la investigación se solicitó orden de aprehensión contra 25 personas por el delito de homicidio, entre ellas los hermanos Suástegui Muñoz, “el 9 de enero, el órgano jurisdiccional obsequió orden de aprehensión a estas personas, misma que fue debidamente ejecutada” .
La Secretaría General de Gobierno enfatizó en el respeto a los derechos humanos por lo que indicó que los detenidos fueron certificados por un médico, ingresados a áreas adecuadas, se les dio alimentos, los vieron sus familiares a los que se les informó su situación jurídica, recibieron asesoría legal de sus abogados y acompañamiento de organismo defensores de derechos humanos.
“Un representante del Alto Comisionado en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, integrantes de las Comisiones de los Derechos Humanos Nacional y del Estado de Guerrero, actuarios pertenecientes a Juzgados de Distrito y organizaciones civiles, visitaron a los detenidos y verificaron que se les respetan sus derechos constitucionales y humanos”.
Se atendieron las medidas cautelares emitidas por la CNDH el mismo domingo, y que el gobernador, Héctor Astudillo Flores expresó su convicción de que las autoridades estatales se apeguen al Estado de Derecho, apliquen la ley, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

Reporteros en Chilpancingo y Acapulco protestaron para exigir a los tres órdenes de gobierno detener las agresiones contra el gremio, y que se respete la libertad de expresión, luego de las agresiones y amenazas que sufrieron reporteros de distintos medios en la comunidad de La Concepción, Acapulco, cuando acudieron a cubrir el enfrentamiento armado que se vivió y que dejó el saldo de 11 muertos y 38 detenidos.

Acapulco

A las 11 de la mañana, trabajadores de diferentes medios, se concentraron en la zona turística y protestaron en la glorieta de La Diana, en solidaridad con el fotógrafo Bernardino Hernández Hernández, quien fue agredido el domingo pasado por policías en la comunidad de La Concepción.
“Basta de agresiones a periodistas”, “basta de impunidad”, fueron algunas pancartas que se podían leer.
Algunos automovilistas dieron muestra de apoyo a los periodistas mediante aplausos y sonado su claxon.
Los reporteros no dieron declaraciones, pero sí gritaron consignas contra las autoridades por la agresión a periodistas.
Después de media hora, los manifestantes retiraron la manifestación.

Chilpancingo

A esa misma hora, reporteros de Chilpancingo marcharon de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) al Palacio de Gobierno, para exigir respeto al ejercicio periodístico, luego de la agresión a colegas del domingo en La Concepción.
Unos 50 reporteros marcharon rumbo al Palacio de Gobierno, quienes portaron pancartas en las que se leía: “Astudillo ¡Respeta a la prensa!”, “¡Alto a la represión  a la prensa!”.
El en su paso por la PGR, el reportero Ezequiel Flores aprovechó para hacer un pronunciamiento sobre la recomendación emitida por la CNDH por  el asesinato de Francisco Pacheco Beltrán.
Dijo que la recomendación es la 72/2017, donde se afirma que las autoridades ministeriales no han considerado las publicaciones del reportero en las líneas de investigación, situación que impide el desarrollo de una indagatoria  adecuada y eficaz en delitos cometidos en periodistas y comunicadores.
Resaltó que esta recomendación debe de poner en alerta a todos, porque en Guerrero en los dos últimos años han sido asesinados dos periodistas, Cecilio Pineda y Francisco Pacheco.
Posteriormente la marcha continuó hasta llegar al Palacio de Gobierno que de por sí está cercado con una valla metálica, y que solo por un paso se puede entrar, y este lo están cuidando policías estatales.
Los reporteros intentaron ingresar para pasar al edificio. Sin embargo los estatales se los quisieron impedir provocando forcejeos y empujones entre los periodistas y los estatales. Finalmente el contingente logró pasar. De inmediato los policías que estaban en el interior cerraron la puerta de acceso a Palacio.
Los reporteros tapizaron de pancartas la fachada del edificio y se colocaron las lonas que portaron.
El representante de la delegación 17 del SNRP, Éric Chavelas Hernández lamentó que quisieran impedir la entrada a un edificio que es público, y dijo que el motivo de la protesta era para exigir la investigación sobre las agresiones que sufrieron sus colegas en La Concepción, donde el fotoperiodista Bernardino Hernández fue golpeado por policías estatales y le robaron las tarjetas de memoria de sus cámaras.
Mientras que el reportero de El Sur Zacarías Cervantes señaló que la corporación policiaca estatal que quiso impedir el paso a Palacio de Gobierno es la misma que reprimió y amenazó a los reporteros en La Concepción, que sólo cumplían con su trabajo.
Tras la protesta el grupo se retiró, sin ser atendidos por algún funcionario.

No acompañó a aspirante a la alcaldía de Chilapa, precisa el alcalde

Señor director:

En la nota suscrita por el corresponsal Luis Daniel Nava publicada el día lunes 9 de enero en la página 6, sección de Política, con el título “Se destapa el secretario de Finanzas de Chilapa como precandidato a alcalde por el PRI”, en el segundo párrafo menciona que: “La mañana de ayer, y en horario laboral, el secretario de Finanzas del gobierno municipal, Edgar Fernando Salmerón Feliciano, acompañado del alcalde priista, Jesús Parra García, convocó a una conferencia de prensa para hacer pública su aspiración”.
Sobre este punto en particular, aclaro que nunca estuve presente en dicha conferencia de prensa, ya que me encontraba realizando diferentes actividades de la agenda de trabajo mismas que pueden ser consultadas en nuestras redes sociales. Preciso que ese día, con funcionarios municipales, visitamos distintas instituciones educativas entregando apoyos en beneficio de la educación a los directivos, docentes, personal de apoyo y asociaciones de padres de familia tal y como lo hemos venido haciendo de manera continua desde el inicio de esta administración.
Asimismo estuve atendiendo diversas necesidades del municipio.
Manifiesto tajantemente que soy respetuoso de las formas, los tiempos y de las aspiraciones de todos los ciudadanos en sus diferentes expresiones políticas.
Sin más por el momento me despido y le mando un cordial saludo

Atentamente
Jesús Parra García
Presidente Constitucional del Municipio Chilapa de Álvarez, Guerrero

Por error, se consignó asistencia del edil de Chilapa a conferencia de aspirante del PRI

Señor director:

En relación a la nota de mi autoría publicada en la página 6 de la edición de este martes: Se destapa el secretario de Finanzas de Chilapa como precandidato a alcalde por el PRI, preciso:
Por una interpretación diferente de los editores asentó en el segundo párrafo: “El secretario de Finanzas del gobierno municipal, Edgar Fernando Salmerón, acompañado del alcalde priista, Jesús Parra García, convocó a una conferencia…”.
Cuando la nota original consigna: “Edgar Fernando Salmerón, secretario de Finanzas del gobierno municipal encabezado por el alcalde Jesús Parra García (PRI), convocó a una conferencia…”.
Es decir, el texto indica que Edgar Salmerón es funcionario del gobierno municipal que encabeza el alcalde Parra García y no que este último acudió a la conferencia.

Atentamente
Luis Daniel Nava, corresponsal en la Montaña baja

Integrantes de al menos una decena de organizaciones sociales y asociaciones exigieron la salida del Ejército y las policías estatal y federal de La Concepción, la liberación del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, y de 37 personas más; y que detengan el hostigamiento contra el movimiento que se opone a la construcción de la presa La Parota en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
En conferencia de prensa en una oficina de la delegación de los Servicios Educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, el vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sabás Aburto Espinobarro, señaló que el gobierno quiere desaparecer las policías comunitarias porque se oponen a la presa.
Cuestionó la omisión de las autoridades en investigaciones de asesinatos múltiples, como el ocurrido el año pasado en San Pedro Cacahuatepec o de líderes de izquierda.
Sin embargo, advirtió que “no podrán con la CRAC ni con el Cecop”, porque se sumarán más comunidades, pues fundamentan su conformación en la incapacidad del gobierno de garantizar la seguridad de sus habitantes.
“No somos filiales al gobierno, al partido que nos gobierna a nivel federal y estatal.  No es nada accidental (la irrupción), sino provocada para ir sobre las comunidades que están organizadas para defender sus derechos”, acusó Aburto Espinobarro.
Aclaró que La Concepción es parte de CRAC-PC desde 2013 y en 2014 ratificaron la conformación de más de 30 comunidades.
Añadió que el Cecop, liderado por Marco Suástegui, es parte de las organizaciones que están promoviendo la reforma de la Constitución de Guerrero, los artículos 8 y 14, y la reforma 701 detenida en el Congreso local.
Lo ocurrido, dijo, es para detener el avance de las organizaciones que empoderan a las personas, pues aunque “de concientización lenta”, buscan promover una lucha pacífica sin confrontaciones armadas.
“La lucha es pacífica, de organización, de apoyo a la gente pero no de sumisión al gobierno, ni de domesticación del gobierno. Nos quiere aplacar el gobierno, porque tenemos más de 200 comunidades incorporadas a la CRAC. Queremos que todo el mundo sepa, que se informe a la gente. El gobierno tiene mecanismos para desprestigiar a las comunidades”, expresó el vocero de la CRAC-PC.
Abundó: “La misión que llevaba Iván Soriano Leal, de matar a Marco Suástegui y luego de ‘rescatarlo’, le ha costado a la comunidad 11 vidas, de eso responsabilizamos al gobierno. No hubiera pasado eso. Por qué (el gobierno) no hizo lo mismo cuando mataron a 11 personas en San Pedro Cacahuatepec. Iván Soriano Leal fue cómplice de Eliseo Villar Castillo cuando fue coordinador infiltrado de la CRAC-PC en 2013 y 2014, y cometieron un fraude por un monto de 740 mil pesos e Iván Soriano dijo que era teniente y guarura del Enrique Peña Nieto, manejó formatos con logos de Sedena. Esa persona está comisionada para hacerle daño a la CRAC. ¿Por qué lo liberaron?, ¿por qué fue a Cacahuatepec? Él maneja tres nombres, credenciales con diferentes cargos y está protegido, eso nos da la seguridad de que estamos en la mira del gobierno federal para ir acotando a la CRAC-PC, pero nunca podrán contra la CRAC porque es un proyecto sostenido por las bases de las comunidades”.
Continuó: “tampoco podrá con Cecop. No se va a arrodillar, no va a abandonar sus tierras, así tengan a Marco Antonio toda la vida (encerrado), estamos seguros que la Cecop va a contar con el apoyo de otras organizaciones solidarias en el estado y en el mundo”.
Cuestionó la omisión de las autoridades en investigaciones de asesinatos múltiples, como el ocurrido el año pasado en San Pedro Cacahuatepec o de líderes de izquierda.
En la conferencia, representantes señalaron también que quieren desaparecer a las autoridades comunitarias, para que “entre el narcopoder” a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, a donde aseguraron, el gobierno no ha podido garantizar la seguridad de sus habitantes, de ahí que se organicen.
El integrante del Cecop, Rodolfo Chávez, advirtió que con la detención de las 38 personas en La Concepcion, la Policía Comunitaria tiene que renovarse “para impedir que entre el narcopoder a los Bienes Comunales, porque son juntos, uno solo, aquí todos sabemos y hasta el obispo lo ha dicho que están coludidos”.
Advirtió que impedirán que entren en función las zonas económicas, pues aseguró que están diseñadas para desplazar a los habitantes originales de esas tierras.
“Las Zonas Económicas Especiales, que tienen como proyecto federal, en este caso en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, dijeron que son para abrir espacios para las empresas fundamentalmente trasnacionales, pero sin indios y aquí no lo vamos a permitir. Son espacios para dejar que entren empresas transnacionales y quitar todos los obstáculos que tengan, porque el Cecop es un obstáculo, pero no lo vamos a permitir, ni la privatización de la tierra, ni la privatización del agua, ni del territorio, ni de los Bienes Comunes”, expresó el fundador del Cecop.
Comentó que la reforma energética basa sus leyes secundarias en que la tierra, prioritariamente es para quien encuentre petróleo y para la generación de energía eléctrica.
Advirtieron que no permitirán la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, aunque su oposición y defensa de sus tierras, les cueste la vida.
En la conferencia estuvieron la representante de la Comisión Política de la CETEG, Adulfina Mendoza Vázquez; de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Ernesto Guerrero Cano; del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz; así como representantes de la Unión de Trabajadores de México, del Sindicato de Telefonistas, de docentes jubilados, y Construcción de Paz.
Anunciaron que el próximo viernes realizarán reuniones informativas en Tlapa, San Luis Acatlán, Ometepec y Ayutla.

Castigo a policías: MPG

En una llamada a El Sur, el integrante del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) en Tlapa, Arnulfo Cerón Soriano, expuso que junto con organizaciones se pronunciaban en contra de lo sucedido en el poblado La Concepción.
Dijo que en una reunión junto con integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), región Montaña; del Colectivo El Grito; Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña; del Frente Popular de Tlapa y padres de los 43 normalistas desaparecidos, acordaron fijar una postura sobre lo sucedido en La Concepción.
“Repudiamos totalmente el asesinato de los cinco policías comunitarios y también, por otra parte, condenamos la represión mediante la detención que hicieron de más de 30. Como organizaciones sociales de la Montaña exigimos su inmediata libertad, entendemos que hoy, pues el gobierno quiere justificar lo injustificable cuando alega o menciona que éste fue un enfrentamiento”, señaló.
Expuso que cuando atacan a la policía comunitaria están atacando al pueblo de Guerrero, y que por ello exigen al gobierno del estado, encabezado por Héctor Astudillo Flores, que libere a los compañeros, castigue a los policías estatales que acudieron a reprimir y asesinar, y que cumpla con su trabajo.

Es un ataque a una organización emblemática: CCTI

Por su parte, el CCTI en un comunicado expresó su “más enérgica y rotunda condena” contra los hechos ocurridos el domingo en la comunidad La Concepción, de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Subrayó que a partir de la información disponible de los hechos y en el contexto de la región, la actuación principalmente de los gobierno estatal y federal han creado una nueva agresión y provocación a dos de las organizaciones más emblemáticas del movimiento social de Guerrero, CRAC-PC y Cecop.
Abundó que se debe recordar que en este caso, la policía comunitaria de Cacahuatepec está integrada en su totalidad por miembros del Cecop; es decir, por opositores a la presa La Parota, que se caracterizan por la defensa del territorio, la cultura y los usos y costumbres indígenas y campesinos.
“Igual que en 2013, cuando el gobierno de Ángel Aguirre agredió a la CRAC-PC de Olinalá, ahora el gobernador Astudillo pretende criminalizar a la experiencia que conjunta la defensa del territorio del Cecop y la CRAC-PC, y de paso dejarle el camino libre a la muy cuestionada UPOEG en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, así como facilitar el despojo y desplazamiento de los opositores a la presa”, resaltó.

Esclarecer y castigar a responsables de hechos pide Frente Progresista

Integrantes del Frente Progresista Guerrerense condenaron el asesinato de once personas en La Concepción, así como la agresión a reporteros, el allanamiento de viviendas y la criminalización de policías comunitarias.
Se pronunciaron contra la Ley de Seguridad Interior y anunciaron una parada cívica el próximo sábado en Acapulco, con la cual buscan informar a la población sobre el riesgo que representa dicha ley, pues viola derechos constitucionales y militariza la seguridad pública.
En conferencia de prensa en el edificio de La Coprera, ubicado en la avenida Ejido de Acapulco, exigieron el esclarecimiento de los hechos y “castigo ejemplar contra los autores materiales e intelectuales”. Exigieron también el cese en el cargo del secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Pedro Almazán González y del fiscal general, Javier Olea Peláez.
El ex presidente del PRD, Eloy Cisneros Guillén calificó de alarmante que en un año electoral ocurran ese tipo de acontecimientos, cuando también hubo un mayor numero de asesinatos de políticos y líderes de izquierda el año pasado.

Opositores a La Parota, en pie de lucha: Zeferino Ladrillero

En tanto el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) repudió y condenó la muerte de cinco policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
El coordinador del CDHZL, José Antonio Lara Duque, denunció que “la maquinaria de la seguridad nacional” asesinó ese día a ciudadanos al incursionar en las casas sin orden judicial y detener ilegalmente a 30 personas, violando sus derechos humanos y poniendo en riesgo su integridad física y emocional.
Lara Duque recodó que durante más de 15 años la comunidad de Cacahuatepec se ha mantenido en pie de lucha para detener el proyecto de la presa La Parota, pese a la represión, la violencia y la criminalización de los gobiernos estatal y federal (Con información de Agencia Proceso).

El presidente municipal de Chilpancingo con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, no comprobó 61 millones 478 mil pesos del ejercicio fiscal 2016, de acuerdo con el auditor superior del estado, Alfonso Damián Peralta.
Ayer a las 6 de la tarde se citó al acto oficial de la Entrega-Recepción en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, a casi tres meses de que Leyva Mena dejara el cargo y un día después de que anunciara su intención de regresar.
Al proceso, que estaba pendiente, no llegó Leyva Mena ni algún representante del denominado Comité Saliente. Ni el auditor ni funcionarios precisaron si éste era un acto previsto con anterioridad, aunque Damián Peralta reveló que el acto fue convocado por el alcalde suplente.
Sí acudió el alcalde suplente, Jesús Tejeda Vargas, acompañado de la primera síndica procuradora, Cristina Morales Nicolás; del secretario general, Joel Eugenio Flores; la secretaria de Finanzas y Administración, Elizabeth Vega Abarca; el secretario de Salud, Erick Francisco Bello, y los regidores. También asistieron Damián Peralta, el auditor especial del sector de ayuntamientos, Raúl Pacheco Sánchez; el analista jurídico de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Isidro Suástegui Flores, y los representantes de Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal, Ramón Aguilar Aceves y Jesús Eliseo Sánchez Rodríguez.
Sin embargo, Leyva Mena y su Comité Saliente – que debieron integrar tres funcionarios de su administración – no asistieron al acto. Luego de esperar 45 minutos a que el presidente municipal con licencia hiciera acto de presencia en la Sala de Cabildos, se declaró “inexistente” la Entrega-Recepción y se levantó el acta correspondiente ante el notario público, Emilio Ortiz Uribe.
Antes de proceder a firmar el acta, el coordinador del protocolo apuntó a las sillas vacías donde debían estar Leyva Mena y sus acompañantes, “nótese la ausencia”, dijo.
En declaraciones al salir de las instalaciones, Damián Peralta explicó que a la ASE le compete la fiscalización de los recursos públicos que ejerció Leyva Mena y que acudió a la Entrega-Recepción a petición de Tejeda Vargas.
Señaló que las cuentas que manejó Leyva Mena en 2016 no están aprobadas, “hay saldos pendientes por comprobar por parte del anterior presidente municipal (Leyva Mena)”. Se trata de 61 millones 478 mil pesos pendientes “aproximadamente”.
De acuerdo con Damián Peralta en un principio eran 73 millones de pesos. Las irregularidades se le notificaron a Leyva Mena en agosto pasado y justificó 11 millones de pesos.
Aunque no precisó la fecha límite para la comprobación correspondiente, el auditor dijo que el alcalde con licencia “aún está en periodo” para hacer lo propio.
Advirtió que si hay irregularidades en la comprobación de los recursos, se deberá proceder con las denuncias penales correspondientes. Puntualizó que la ASE ya presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado (FGE) “por ejercicio indebido del servicio público, esto es en función de que se nos comunicó por parte de la actual administración municipal que se sustrajo documentación oficial por parte de la administración saliente”.
Precisó que la denuncia es en contra de Leyva Mena pues a la ASE se le notificó que él fue el responsable del ilícito y se le dará el seguimiento necesario al proceso. En cuanto a la ausencia del presidente municipal con licencia y su comité en la Entrega-Recepción, Damián Peralta dijo que le compete al Ayuntamiento determinar la sanción correspondiente y no a la ASE, pues ésta se encarga sólo de la fiscalización de recursos públicos.

El presidente de la Comisión Instructora, Iván Pachuca Domínguez, adelantó que en cuanto se apruebe el regreso de Leyva Mena al cargo de alcalde, la Comisión Instructora presentará el dictamen de juicio de revocación de mandato en su contra.
En tanto, el secretario de la Comisión Instructora del Congreso local, Ernesto González Pérez, informó que esta semana se reunirá la Comisión Instructora para analizar la reactivación del proceso de juicio político que se inició contra el alcalde con licencia de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena.
En octubre de 2017 los diputados perredistas Perfecto Rosas Martínez y Rosa Coral Mendoza Falcón solicitaron un juicio de revocación de mandato contra Leyva Mena por el problema de basura que persistía en la ciudad. Como alternativa al juicio político Leyva Mena solicitó licencia y se separó del cargo.
El lunes, luego de permanecer casi tres meses ausente, Leyva Mena solicitó al Congreso local regresar a la alcaldía y tomó posesión simbólicamente por unos instantes de la oficina de presidencia y luego se retiró.
Entrevistado en el Congreso local, durante la sesión en donde se debatió sobre el oficio donde Leyva Mena anunció su intención de regresar, el diputado panista Iván Pachuca Domínguez recordó que el 16 de octubre pasado, luego de que éste solicitó licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido, la Comisión se declaró en receso y suspendió el procedimiento que existe en contra del priista, presentado por los diputados perredistas Perfecto Rosas Martínez y Rosa Coral Mendoza Falcón.
Reiteró que en cuanto Leyva Mena se reincorpore al cargo, el juicio de revocación de mandato se reactivará y el dictamen será turnado a la Mesa Directiva del Congreso para enlistarlo en el orden del día de la próxima sesión y someterlo a votación del pleno.
“El momento en el que el señor asuma el cargo nosotros tendremos la facultad de presentar nuestro dictamen, y de manera inmediata tendría que pasar a la siguiente sesión”, dijo el panista.
En declaraciones en Acapulco, el diputado González Pérez informó que ayer conversó con el presidente de la Comisión Instructora, el diputado panista Iván Pachuca Domínguez, con quién acordó que hoy miércoles o mañana jueves sesionará la Comisión Instructora para analizar el juicio de revocación de mandato contra Leyva Mena.
Explicó que el juicio de revocación de mandato nunca se cerró y se puede reanudar por parte de la Comisión Instructora: “vamos a sesionar en los próximos días para darle seguimiento a ese juicio de revocación de mandato y posiblemente dictaminar a favor”.
González Pérez opinó que es lamentable que Marco Antonio Leyva pida regresar al cargo y recordó que en el escrito mediante el cual se separó marcaba “por el resto de su periodo, ahí lo dice”, lo que se entendió que era por el resto del trienio para el que fue electo.
“El cinismo, la desvergüenza y lo mas rancio de los organismos públicos tienen nombre y apellido y sin lugar a dudas se llama Marco Antonio Leyva Mena, creo que no puede burlarse de esa manera de los ciudadanos de Chilpancingo. Creemos que políticamente, moralmente no es correcto que el señor regrese”.
Pidió al PRI que promuevan “auditorías exprés” como lo hicieron con otros municipios para que se revise la administración priista de Chilpancingo.