La organización internacional Artículo 19, que promueve y defiende el derecho a la libertad de expresión, demandó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que brinde atención adecuada a periodistas agredidos durante una operación de desarme de la Policía Comunitaria de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en la comunidad de La Concepción.
Asimismo, exige una investigación exhaustiva de los hechos, para sancionar a los responsables de las agresiones, tomando en cuenta la cadena de mando de la operación.
A través de su cuenta de Twitter, también anunció que documenta las agresiones que señalaron los periodistas en Acapulco, parte del registro exhaustivo de los ataques contra la prensa en México.
De acuerdo con testimonios y datos oficiales, el domingo, policías estatales y federal, y soldados, respondieron a un llamado al número de emergencias 911, sobre hechos violentos y asesinatos en la comunidad de la Concepción, y alrededor de las 10, los uniformados sitiaron la población.
Luego de una hora comenzó una operación para desarmas y detención de policías comunitarios y sus representantes, donde abatieron a tres comunitarios. Para impedir que los periodistas tomaran fotografías y videos de los cuerpos, amedrentaron al menos a nueve reporteros, encañonándolos a distancia, y el fotógrafo Bernardino Hernández fue golpeado y arrastrado por los policías que le quitaron la memoria de su cámara fotográfica.
En su informe de 2017, Artículo 19 registró 23 agresiones a la prensa en Guerrero: un asesinato, cinco amenazas, cuatro intimidaciones, siete privaciones de la libertad, dos acosos y hostigamientos, dos ataques físicos, una intrusión no autorizada y una violencia institucional.

El Grupo de Coordinación Guerrero se reunió en la Novena Región Militar en Acapulco, donde abordó el asunto de la seguridad en la comunidad de San Felipe del Ocote, municipio de Apaxtla, donde sus habitantes fueron desplazados por la violencia, y la situación legal de los detenidos tras el enfrentamiento que dejó 11 muertos.
A las 11 de la mañana de este lunes en las instalaciones de la Novena Región Militar, el gobernador, Héctor Astudillo Flores encabezó el encuentro privado en el que participaron mandos de las corporaciones encargadas de la seguridad en el estado.
En una llamada telefónica, el vocero en materia de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia detalló que en el encuentro se evaluó y revisaron las acciones en la comunidad de La Concepción, “se conoció la situación jurídica de los detenidos, y también cómo van caminando las investigaciones, básicamente”, señaló.
Indicó que sobre los 38 detenidos tras el enfrentamiento de policías estatales y soldados, con opositores a la presa La Parota, hay un proceso legal contra cada uno de ellos, en algunos casos son órdenes de aprehensión, y en otros son acusados de portación de drogas y de armamento.

Las familias que huyeron, “están tranquilas esperando que se recuperen las condiciones de seguridad”, dice

El funcionario estatal dijo que, en el encuentro el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame informó sobre las acciones de “respaldo” a las familias que fueron desplazadas de la comunidad de San Felipe del Ocote por el grupo del crimen organizado, La Familia Michoacana.
“Informó qué medidas se han hecho, los apoyos que se han dado, como agua, vestido y víveres, además del kit de limpieza para acondicionar los lugares que se lograron obtener, que fueron proporcionados por el alcalde”, comentó.
Indicó que las familias que dejaron sus viviendas, sus animales y su patrimonio, ante el ataque del grupo criminal, “están tranquilas esperando que se recuperen las condiciones de seguridad para que en un momento dado decidan regresar a sus comunidades de origen”.
El 5 de enero, más de 700 habitantes de la comunidad de San Felipe del Ocote, municipio de Apaxtla, salieron tras el ataque de un grupo armado ligado con la Familia Michoacana.
Se refugiaron en la cabecera municipal, donde el gobierno municipal improvisó albergues donde pudieran pasar la noche.
Se le preguntó al vocero que hará el gobierno del estado para dar seguridad a las familias desplazadas, más allá de darles agua y víveres, a lo que respondió que, “en este lugar están desplegados policías de estado apoyados a distancia por el Ejército mexicano”.
Indicó que el Ejército se ha mantenido en labores de vigilancia en la zona, inclusive refirió que hubo un enfrentamiento con un grupo del crimen organizado que dejó un soldado herido de una mano y fue abatido uno de los criminales, hace tres días.

Portaban armas de uso exclusivo del Ejército y mariguana los comunitarios detenidos, dice

De acuerdo con un boletín de prensa difundido más tarde, en la reunión se habló de los avances de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en relación a los hechos en el poblado de La Concepción, “donde fueron detenidos más de 30 personas que portaban armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, así como hierba verde con las características de la marihuana y por su presunta participación en el homicidio de ocho personas, que en total registró el número de 11 decesos tras un segundo enfrentamiento en dicha zona perteneciente a los bienes comunales de Cacahuatepec”.
El documento indica que Astudillo Flores reiteró que el compromiso de su gobierno es “hacer valer el Estado de Derecho y la aplicación correcta de la justicia”, y que “sobre la presunta agresión denunciada por representantes de los medios de comunicación al realizar la cobertura informativa de dicho operativo de detención a los involucrados en el homicidio de ocho personas en La Concepción, se llegará a fondo de quienes cometieron dichos abusos contra los comunicadores y serán castigados conforme a la ley”.
En la sesión participaron, el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza; el comandante de la Octava Región Naval, Juan Guillermo Fierro Rocha; el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame; el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes; y el fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez. Además del delegado de la Secretaría de Gobernación en Guerrero, Ramiro Ávila Morales; el delegado de la PGR, Juan José Monroy; el Comisionado Estatal de la Policía Federal, David Portillo Menchaca, y el propio vocero.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan emitió una acción urgente, para que las autoridades garanticen el debido proceso e informen a familiares y abogados, del paradero y la situación jurídica de los detenidos tras el enfrentamiento de soldados, y policías estatales y ministeriales, contra policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El enfrentamiento ocurrió el domingo pasado en la Concepción, municipio de Acapulco, y dejó 11 muertos y 38 detenidos, además de agresiones a reporteros.
Por su parte, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y colectivos de desaparecidos del estado exigieron el cese a la represión al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (Cecop) y a la CRAC-PC, la liberación de los detenidos y respeto a la labor de los periodistas.
Por su parte, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) expuso que giró instrucciones para acompañar y hacer labores de observación en el reclusorio de Acapulco y las oficinas delegacionales adonde fueron llevados los detenidos.

En grave riesgo de violaciones los derechos de detenidos, advierten

En un comunicado, Tlachinollan denuncia que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga los hechos en total opacidad, y que el temor de los familiares es que trasladen a los detenidos a penales de máxima seguridad fuera de la entidad, donde aumentaría el riesgo de que sean víctimas de graves violaciones de derechos humanos, a la vida, a la seguridad personal e integridad física, a la personalidad jurídica, al acceso a la justicia y a un juicio justo, y a los principios del debido proceso.
“En particular, debido al trabajo de Marco Antonio Suástegui Muñoz como defensor comunitario y a la criminalización y ataques de que ha sido objeto anteriormente”, especifica.

Acusan violaciones de derechos humanos colectivos de desaparecidos y el Centro Morelos

En otro comunicado, el Centro Morelos, el Colectivo de Familias de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, Familias de desaparecidos de Chilapa, Iguala y Acapulco, se pronunciaron contra los hechos en la Concepción.
Los firmantes manifiestan su profunda preocupación, “pues el actuar sangriento de los elementos castrenses viola todos los derechos humanos de quienes se organizan para mantener sus comunidades a salvo de la violencia, pese a las miradas nacionales e internacionales de organismos de Derechos Humanos que han manifestado su preocupación por la crisis… que ha prevalecido en Guerrero y que ahora aumenta”.
Consideran que estos actos son una amenaza para el futuro de los que se organizan, que Marco Antonio Suástegui ha sido detenido anteriormente por defender a su comunidad y ahora vuelve a ser detenido y criminalizado por las autoridades, estigmatizando la existencia de la CRAC-PC, mientras que los grupos de supuestos policías comunitarios señalados de pertenecer a la delincuencia organizada permanecen intactos.
“Por si fuera poco, los policías estatales agredieron a más de 5 periodistas y foto periodistas que se encontraban cubriendo los hechos… uno de ellos, Bernardino Hernández, quien fue golpeado por dos elementos de la policía estatal, fue despojado de memorias SD y amenazando de ser desaparecido”, denuncian los firmantes.
Abundan que eso es una pequeña muestra de cómo se aplicara la Ley de Seguridad Interior contra todo movimiento de resistencia, y contra los defensores de derechos humanos, luchadores sociales y periodistas.
Exigen la libertad inmediata de todos los detenidos, garantías para el debido proceso y el derecho al acceso a la justicia, alto a la represión en contra del Cecop y el sistema de justicia Comunitario CRAC-PC, respeto a la labor de los comunicadores y rechazo total a la Ley de Seguridad Interior.
Asimismo, la organización Alerta Temprana Red también emitió una acción urgente en la que expone que en los hechos del domingo observan que hubo ejecuciones extrajudiciales y uso desproporcionado e intencional de la fuerza en contra de los miembros de la CRAC-PC.

Acompaña la Codehum a detenidos en el reclusorio de las Cruces, dice

Por su parte, la Codehum indicó que acompaña el caso y hace labores de observación en el reclusorio de Acapulco y oficinas delegacionales de la FGE, adonde fueron llevados los comunitarios detenidos.
Además inició un acta circunstanciada por los hechos ocurridos, con la finalidad de que las diligencias se lleven a cabo con estricto respeto a la ley.

Los dirigentes del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano condenaron los hechos ocurridos en el poblado de La Concepción de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, donde murieron en diversos enfrentamientos, once personas.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD Ricardo Barrientos Ríos opinó que debe avanzar la reforma de la Ley 701 que regula a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), “el Congreso debe ponerle celeridad de aprobar las reformas que se requieran para estos temas”.
Abundó que mientras no exista un marco jurídico que regule a las policías comunitarias o ciudadanas se pueden dar “libertades” que después son “difíciles controlar” para el gobierno, “por eso digo que es urgente y necesario que se saque de la congeladora todas esas reformas que están presentadas y que se les de pronta atención para tener un marco legal que regule el actuar de estos grupos de ciudadanos”.
El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Luis Walton Aburto opinó que es lamentable y condenable lo ocurrido en La Concepción por las vidas que se perdieron.
Consideró que sin apartarse de la “realidad difícil” que prevalece en esa zona se debe aplicar la ley.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Marco Antonio Maganda Villalva opinó que hechos como el de La Concepción y la violencia que se vive en diversas regiones del estado van a afectar el desarrollo del proceso electoral.
Agregó que la violencia genera temor en los ciudadanos y en los aspirantes y es responsabilidad del gobierno del estado garantizar que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera.
Indicó que el conflicto con Marco Antonio Suástegui Muñoz del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop) es añejo y el gobierno del estado debe tomar cartas en ese asunto.
Estado en crisis

Por separado el diputado local de Movimiento Ciudadano presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local Ricardo Mejía Berdeja también se manifestó a favor de que se legisle en materia de policías comunitarias. Recordó que en el Congreso local hay iniciativas pendientes y adelantó que presentará excitativas para que se aceleren los dictámenes y se puedan presentar al pleno del Congreso.
Opinó que los enfrentamientos del domingo en La Concepción demuestra que hay una grave crisis en el estado por la operación de las policías comunitarias pues casos similares se han presentado en otras regiones del estado “es un problema de gobernabilidad fuerte que amerita tener un orden jurídico claramente delimitado para que no se sigan presentando estos casos”.
Agregó que las policías comunitarias que no estén dentro del marco legal deben ser desarmadas, “parte del gran problema que hoy vive el estado es que muchas que se dicen policías comunitarias no lo son y están armadas y están generando un problema de carácter social y de aplicación de la ley”.
Recordó que las únicas policías comunitarias reconocidas por la ley 701 es la CRAC y están limitadas a poblaciones indígenas.
Del desarme de las policía municipal de Chilpancingo dijo que es un fracaso rotundo de las policías municipales porque están infiltradas por criminales y no han cumplido con la certificación, lo que evidencia que los gobiernos municipales no cumplen con sus funciones de garantizar la seguridad y servicios básicos.
En el caso de Acapulco, señaló que las condiciones de inseguridad que prevalecen en el municipio demuestran que la policía municipal “no está cumpliendo con su responsabilidad y esto sólo puede deberse a una negligencia criminal o a una colusión con los grupos delictivos”.

Presos y ex presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la Casa de Justicia del Paraíso, Ayutla de los Libres, y de Tixtla, repudiaron la represión y el asesinato de policías comunitarios el domingo en el poblado de la Concepción, municipio de Acapulco, y señalaron que con esto quedan demostradas las maniobras del gobierno para destruir el sistema comunitario.
En un comunicado dirigido a la CRAC-PC, a las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, sociales y al pueblo en general, manifestaron su postura los presos Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez, y los ex presos Arturo Campos Herrera, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Florentino García Castro, Benito Morales Justo, Abad Ambrocio Francisco y Bernardino García Castro.
“Repudiamos enérgicamente la represión y el asesinato que sufrieron nuestros compañeros del CECOP (Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota) pertenecientes a nuestra Institución, la CRAC-PC, por parte del Ejército mexicano, policía estatal, así como ministeriales que bajo un operativo intentaron liberar a dos delincuentes que días antes habían sido detenidos por la policía comunitaria de la CRAC”, indica el comunicado.
Resalta que, con esto queda demostrado una vez más que las maniobras que implementa el estado están orquestadas para destruir el sistema comunitario, que estas acciones son las mismas que se utilizaron hace cuatros años paraq tomar por asalto la casa de Justicia de El Paraíso y liberar a los delincuentes que se encontraban en proceso de reeducación.
Abunda, que otra vez se demuestra claramente el contubernio del estado con los grupos de la delincuencia organizada, que todo se confabula para dar paso a los proyectos de los grandes capitales que pretenden saquear los recursos naturales.
Hicieron un llamado a sus compañeros de la CRAC, a los organismos de derechos humanos, sociales, estudiantiles y campesinos, para que se movilicen en torno a la defensa del territorio comunitario.
“Al gobierno le decimos categóricamente que estamos de pie, que ni con todos los ejércitos del mundo jamás podrá destruir a nuestros pueblos organizados, y que no dude ni un segundo en que seguiremos decididos a dar la lucha por la defensa de nuestros territorios”.

Dirigentes del Frente de Defensa Popular Francisco Villa, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en conferencia de prensa señalaron que lo ocurrido a policías comunitarios en La Concepción, Acapulco, es la represión escudada en la Ley de Seguridad Interior.
En el obelisco de Lucio Cabañas, en Atoyac, los dirigentes del Frente de Defensa Popular Francisco Villa, Clemencia Guevara Tejedor, y de la OCSS, Norma Mesino, en compañía del representante de la CETEG en Atoyac, Faustino Rebolledo Salas, señalaron que la ola de violencia ha generado que los pueblos se organicen y formen sus propias policías comunitaria para evitar la delincuencia, como se vio en La Concepción, donde la CRAC detuvo a un ex militar que con un grupo de gavilleros hostigaba a la población.
Clemencia Guevara dijo que, tras la detención, los comunitarios fueron embestidos junto con reporteros que acudieron a cubrir la nota y corroboraron que se sembraron drogas y armas en el lugar de los hechos.
Reclamaron que los cuerpos de seguridad, en vez de proteger a la ciudadanía, apoyan a los que están haciendo mal a la población.
Los dirigentes alertaron que, “con la Ley de Seguridad quedó claro el papel de la policía, de reprimir, porque el pueblo tiene que pagar con sangre esos abusos; no queremos que se repita en Chilapa, Chilpancingo, ni en otras localidades, cuando son los responsables de darnos seguridad”.

Llaman a crear un frente contra la represión

Ante la situación llamaron a hacer un frente para denunciar y enfrentar la embestida, que será más violenta, “sabemos que la guerra no la hace el pueblo, la hace el mismo gobierno con sus policías y los que se dedican a otras cosas; que respeten sus códigos, antes no se metían con la ciudadanía nosotros somos activistas sociales no andamos haciendo cosas malas”.
Por su parte, Faustino Rebolledo repudió lo sucedido en La Concepción, porque demostró lo que se significa la Ley de Seguridad Interior, y justifica lo que han venido haciendo las corporaciones policiacas.
Exhortó a crear frentes regionales y estatal para hacer la fuerza, comenzando con brigadeo, y reuniones con las organizaciones y comunidades, para que se frene la embestida que ya inicio en Guerrero.
La ley, dijo, se está aplicando y se esperan más abusos y agravios contra la población, por lo que las organizaciones tienen que reordenar sus formas de lucha.
Por su parte, Norma Mesino dijo que sabían que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior era contra el movimiento social, “no para los delincuentes ni el crimen organizado que ha tenido asolado a todo el país, hay más de 6 mil muertos en el estado, y esta ley está dirigida al activismo social”.
Con ese hecho, “quedó claro que los partidos políticos y el gobierno, lo que buscan es blindar las elecciones y su partido, y llevar a los políticos al poder para tener fuero e impunidad”, dijo.
Urgió a que se reagrupen como movimiento social, y juntos seguir el ejemplo de los padres de los 43, denunciar recorriendo el país, protegerse sin quedarse callados y estar atento a la conformación del frente.

La síndica procuradora del municipio de Petatlán, la perredista Angélica García Vargas, manifestó que es urgente que el Congreso local llame al suplente del presidente municipal, pues es necesario atender los problemas financieros por los que atraviesa la administración tras el crimen del edil propietario, Arturo Gómez Pérez.
García Vargas, quien desde la semana pasada funge como encargada de despacho de la presidencia municipal, luego del asesinado de Gómez Pérez, ocurrido el pasado 28 de diciembre, declaró ayer lunes que es urgente que los diputados locales llamen al suplente para que rinda protesta al cargo.
El alcalde suplente es Jesús Gómez Pérez, hermano del finado edil, quien también aspira contender por la presidencia municipal.
La síndica procuradora reveló que hasta ayer lunes, los integrantes del Cabildo no habían tenido la oportunidad de reunirse con el alcalde suplente para platicar con él y conocer su postura sobre hacerse cargo del Ayuntamiento, al tiempo que informó que este mismo lunes enviaron al Congreso local la documentación en la que reportan a los diputados locales del fallecimiento del alcalde Arturo Gómez Pérez, así como el acta de mayoría en la que se señala quién es el edil suplente y que además, ella está como encargada de despacho.
El objetivo, dijo, es que la mencionada documentación se entregue este mismo lunes para que a más tardar, en el transcurso de esta semana, en cuanto sesionen los diputados, la situación del Ayuntamiento de Petatlán se considere en el orden del día y llamen enseguida al alcalde suplente para que rinda protesta al cargo, “y él decida lo que se va a hacer”.
Angélica Vargas también habló de la situación financiera de la administración municipal. Comentó que se han reunido con los directores de las dependencias recaudadoras para pedirles que ofrezcan descuentos a los contribuyentes a fin de tener dinero en las arcas, ya que “tenemos muchas deudas a proveedores del año pasado que ya no se hicieron movimientos, estamos invitando a la ciudadanía a que contribuyan con el pago de sus impuestos y paguen a tiempo durante todo el mes de enero con tal de que tengamos un poquito más de ingresos y tratar de subsanar las quincenas que es lo que más nos preocupa, el pago de los trabajadores”.
“Nosotros esperamos que el Congreso atienda el tema de Petatlán en esta semana, nosotros por eso quisimos que hoy entrara la documentación que enviamos para que en la primera sesión sea uno de los puntos a tratar en el Congreso, tratarlo con urgencia porque puedo estar como encargada de despacho pero hay muchas cosas que sí se requiere que esté nuestro presidente suplente”.

El tesorero municipal de Chilapa, Edgar Salmerón Feliciano se destapó como aspirante a candidato del PRI a la presidencia municipal.
La mañana de ayer, y en horario laboral, el secretario de Finanzas del gobierno municipal, Edgar Fernando Salmerón, acompañado del alcalde priista, Jesús Parra García, convocó a una conferencia de prensa para hacer pública su aspiración.
En un restaurant del Centro, Salmerón Feliciano dijo que ya hizo su examen en el Instituto de Capacitación Política del PRI y que esperará que se emita la convocatoria para registrarse, es decir, que hasta ayer seguía siendo funcionario.
“Sabemos que Chilapa pasa por un tiempo difícil, estamos conscientes de que es una responsabilidad muy grande, pero también me siento con la capacidad de hacerlo”, expresó.
Edgar Salmerón Feliciano, que aseguró tener 20 años de militancia priista, fue secretario general del Ayuntamiento en el anterior trienio, 2012-2015, encabezado por el también priista Francisco Javier García Gonzales, su jefe y mentor político.
En la presente administración fue movido a la Secretaria de Finanzas, desde donde ha intentado construir una candidatura. (Luis Daniel Nava/Chilapa).