Roberto Borge apenas tenía 32 años cuando asumió la gubernatura de Quintana Roo. Playas paradisiacas, cenotes, centro de prostitución, lavado de dinero, migración internacional. Cancún y la Riviera Maya eran todo lo que un junior podía pedir, más si era gobernador.
Borge llegó como parte del “nuevo PRI”, ese de la “sangre nueva”, de las “grandes ideas”, del “cambio”. Junto con él también llegaron Javier Duarte a Veracruz, y Roberto Sandoval a Nayarit. Todos han terminado con enormes escándalos de corrupción y con denuncias.
El padre de Roberto Borge no fue una persona tan renombrada como sí lo fue su tío, Miguel Borge Marín, también ex gobernador del estado. Pero su padrinazgo mayor no vino del ámbito familiar: Roberto fue secretario particular del ex gobernador Félix González Canto, se ganó su confianza y lo hizo tesorero y más tarde gobernador.
Claro, no fue gratis. Su primer trienio de gobierno, Borge estuvo casi atado de manos por tanta influencia que González Canto ejercía en su administración, así lo cuentan diversos hoteleros, comerciantes y conocedores de la política de Quintana Roo.
Cuando trabajé para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), viajé varias veces a Quintana Roo para conocer la historia del joven egresado del Tec de Monterrey. Diversos periodistas me contaron que González Canto guardó para él todo aquello en lo que un gobernador tradicional podía hacer negocio, por eso Borge buscó otras fuentes de ingresos más radicales: despojos de bienes de manera indiscriminada, el uso de una aerolínea de estado como si fuera particular, autoventa de las reserva territorial del gobierno a precios irrisorios, privilegios a su línea náutica Barcos Caribe, entre tantas otras formas.
El ex gobernante detenido en Panamá, recién extraditado a México, logró imponer terror en la población. Los habitantes que se animaban a realizar alguna crítica se sentían espiados aunque no fueran figuras públicas. El narcotráfico creció, pero se controló a medios con dinero o se mandó el garrote a los disidentes. Era un mirrey con capacidad para movilizar a miles de policías a placer, de torcer al Poder Judicial y de modificar leyes a su gusto.
Mientras los ciudadanos de Quintana Roo sufrían su hierro, él no sólo inventaba nuevas formas de atraco al erario, también viajaba por el mundo (Berlín, Londres, París, Madrid, Dublín, Colorado, etcétera) e invitaba a artistas y deportistas famosos, como Lionel Messi, Sofía Vergara, Antonio Banderas, Paulina Rubio, Juan Gabriel, Shakira, y más.
Ahora Roberto Borge se halla muy lejos de lo que fue hasta hace unos meses. Este jueves autoridades mexicanas lo trajeron a México, extraditado de Panamá. Llegó con al menos 20 kilos menos, ojeras pronunciadas, palidez, y por primera vez un dejo de temor en la mirada.
La PGR lo acusa de lavado de dinero y la Fiscalía de Quintana Roo de tres delitos más: peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.
Este es uno de los momentos más importantes del proceso. Será muy interesante ver las fortalezas de las investigaciones, tanto de la federal como de las locales, para conocer el alcance de la pena que podría recibir el ex gobernador. Si los expedientes no están bien integrados –premeditada o accidentalmente–, Borge saldrá pronto de la cárcel, y la simulación de justicia se habrá concretado; si no, por fin se sentará un precedente importante que, al igual que el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, inició desde abajo, desde la presión social.

La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) acordaron establecer una mesa nacional para el análisis de riesgos y generación de protocolos de seguridad para funcionarios y candidatos que contenderán en las elecciones de julio próximo. A dicha mesa estarán convocados los líderes de todos los partidos políticos, puntualizó la Segob en un comunicado.

En una reunión este viernes, el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, y el presidente nacional del PRD, Manuel Granados Covarrubias, analizaron las dificultades que en fechas recientes y en diversas regiones del país han enfrentado integrantes de ese partido.

Durante el encuentro, Granados expresó su preocupación por las agresiones de las que han sido blanco dirigentes y militantes perredistas.

Posteriormente, el PRD difundió un comunicado y precisó que en la reunión de trabajo con Osorio Chong se trataron temas de la agenda nacional, uno de ellos la violencia que se ha suscitado, en particular, “los acontecimientos que han cobrado la vida de compañeros del PRD”.

Destacó entre las víctimas a Saúl Galindo, diputado local asesinado cerca de Puerto Vallarta, Jalisco, junto con su hijo; y Arturo Gómez Pérez, alcalde de Petatlán, Guerrero, asesinado el 28 de diciembre de 2017, como el caso anterior.

Un día después, también fue atacado fatalmente Gabriel Hernández Arias, regidor en el ayuntamiento de Jalapa, y el último día del año pasado acribillaron en Mexicali, Baja California, a Juan José Castro Crespo, ex candidato a diputado por el PRD.

El pasado martes 2 mataron a Sabino Mejía, director de Protección Civil y militante del PRD, en Santiago Ixcuincla, Nayarit.

En la sede de Gobernación, Granados solicitó al titular de la Segob el esclarecimiento de estos crímenes, así como el reforzamiento de la estrategia de seguridad.

Informó que el segundo asunto abordado con Osorio Chong consistió en la urgente convocatoria a una mesa amplia, con el firme propósito de fijar estrategias, lineamientos y protocolos en materia de seguridad que garanticen el Estado de derecho en México frente al proceso electoral que se avecina.

En respuesta, Osorio Chong reafirmó su compromiso de trabajar de forma coordinada y corresponsable con autoridades de los tres órdenes de gobierno, Poderes de la Unión y fuerzas políticas, a fin de garantizar la tranquilidad y normalidad del proceso electoral 2018.

El presidente Enrique Peña aseguró que durante el último año de su sexenio, estará enfocado a terminar de cumplir los compromisos que asumió durante su campaña a la Presidencia de la República.

En materia de salud, ejemplificó, actualmente ya se tiene un avance de 80 por ciento de las metas que se fijó, una de ellas, el hospital materno-infantil que inauguró este viernes en la ciudad de Colima.

“Esto es lo que tenemos hacia delante, y confío en que en la recta final de esta administración, en este sexto año de gobierno, estaremos dedicados, precisamente, a cumplir los compromisos que asumí ante los mexicanos. Vamos en ruta de alcanzarlos, de concretar la gran mayoría de todos ellos”, dijo Peña.

En la víspera del Día de la Enfermera, el mandatario entregó reconocimiento a tres enfermeras destacadas del país y resaltó los logros que en la materia se han obtenido durante su mandato: cada día, los hospitales del sector salud otorgan un millón 100 mil consultas, de las cuales 100 mil se atienden en las áreas de urgencias. También, se registran en promedio diariamente 4 mil 400 nacimientos de nuevos mexicanos.

Esto no sería posible sin el trabajo y la dedicación de poco más de 300 mil enfermeras y enfermeros del sector salud, destacó.

En su discurso, el primero de este año, el presidente expresó su deseo de que los mexicanos cumplan con las metas y objetivos que se hayan trazado. “Quiero, desde aquí, desde Colima, desear a las y los mexicanos, a toda la sociedad mexicana, el que tengan un gran año 2018”, expresó.

Benito Jiménez / Agencia Reforma

Ciudad de México

En la audiencia por lavado de dinero al ex gobernador Roberto Borge, el Ministerio Público solicitó que fuera llevado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16 CPS Femenil, sin considerar que éste es únicamente para población femenil.

Por ello, el convoy federal que trasladó a Borge ingresó con el imputado a tal centro penitenciario, ubicado en la localidad de Michapa, en Coatlán del Río, Morelos.

Las autoridades penitenciarias del Cefereso 16 permitieron el paso del convoy hasta la zona de revisión y ahí se les indicó que el penal era sólo para mujeres.

Entonces, Borge fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) del municipio de Ayala, también en Morelos, cuyo personal ya esperaba al ex mandatario desde horas antes.

Tras el error, la PGR modificó incluso el comunicado en el que se detallaba el traslado del ex gobernador, y sustituyó el destino final del tralado: “Cefereso” por “Ceferepsi”.

Durante el trayecto, las autoridades encargadas del traslado también cometieron un error en la ruta para tomar la salida a Cuernavaca.

La PGR logró obtener de José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, la vinculación a proceso contra Borge por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, el juez aceptó el traslado de Borge a un penal federal con atención médica adecuada, ya que la defensa argumentó que el acusado padece síncope vasovagal, problemas renales y una “depresión profunda”. Los abogados querían que el acusado estuviera en centros especializados, lo que fue negado.

El Ceferepsi está localizado en el kilómetro 11+500 de la carretera Cuautla-Izúcar de Matamoros, en Ciudad Ayala. Tiene capacidad para 500 reclusos y su nivel de seguridad es alto, pues cuenta con sistemas y equipos avanzados en detección de metales, drogas, explosivos y teléfonos. Además, cuenta con una torre médica de alta especialidad.

En ese penal ya había sido trasladado su antecesor, Mario Villanueva, luego de que fue extraditado de Estados Unidos, acusado por delitos contra la salud y lavado de dinero.

A Roberto Borge se le imputó estar involucrado en la presunta venta subvaluada de 22 predios, lo que derivó en un desfalco de más de 900 millones de pesos al erario.

La PGR mencionó como personaje clave en el plan de Borge a Claudia Romanillos Villanueva, a quien Borge nombró directora del IPAE. Según los antecedentes del caso, asentados en la causa penal 381/2017, Romanillos estructuró el plan para que esos predios fueran vendidos en un 6 por ciento de su valor comercial a integrantes del círculo cercano a Borge y sus familiares, incluida su madre, Rosa Yolanda Angulo Castilla.

Borge deberá enfrentar después a la justicia de Quintana Roo, cuya Fiscalía lo acusa de cometer durante su gestión un quebranto patrimonial hacia el estado por 3 mil 104 millones 823 mil 279 pesos, delitos por los que tiene órdenes de aprehensión vigentes por aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.

El Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) ha presentado 8 mil amparos en estados de la República contra la aprobada Ley de Seguridad Interior que, argumenta, permite al Ejército actuar con impunidad y sin restricciones.

Gilberto Lozano González, diri-
gente del Conaci, explicó que, luego de que la mencionada Ley fuera promulgada el pasado 21 de diciembre por el presidente Enrique Peña Nieto, los integrantes del Congreso emprendieron una campaña para que la población manifestara su inconformidad por la vía legal, mediante la tramitación de recursos ante la justicia federal.

Entre otras inconsistencias y ambigüedades que le ha hallado a la legislación aprobada y que busca revertir, está el que ahora el Ejército no está obligado a rendir cuentas en procesos de intervención policiaca, ni especifica bajo qué fuero serán procesadas personas que capture.

Asimismo, los militares pueden intervenir legalmente todas las comunicaciones ante una simple sospecha unilateral de un presunto acto de subversión y tienen la facultad de catear domicilios sin orden de un juez, por lo que ahora podrían ingresar arbitrariamente en cualquier casa por su simple voluntad, destacó el fundador de la Conaci.

Las repercusiones de la Ley se sentirán en los estados, advirtió, pues los gobernadores podrán replicarla, al permitir que sean militares los jefes de la policía y no civiles, como establece la Constitución y como han pedido durante años organismos ciudadanos.

Lozano dijo ante la cantidad de amparos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá atraer el caso para determinar si es constitucional esta ley con la que, según el gobierno federal, se pretende regular la actuación de las fuerzas armadas. Calculó que podría llegar a presentar 500 mil recursos. (Monterrey / Agencia Proceso)

El Instituto Nacional Electoral (INE) aceptó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de avalar la entrega de tarjetas como propaganda electoral.

En sesión del Consejo General, se aprobó eliminar las modificaciones que habían ordenado realizar en el Reglamento de Fiscalización, con lo que se autoriza a los aspirantes, precandidatos y candidatos de partidos políticos o independientes, entregar beneficios en especie o efectivo a través de cualquier sistema que les permita otorgar un bien o servicio.

Sin objeciones y avalado por unanimidad, los consejeros del INE volvieron a modificar el reglamento para acatar la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 28 de diciembre.

Tiene el PRI 10 días para cambiar nombre de coalición

Por unanimidad, el Consejo también determinó improcedente que la coalición conformada por PRI, Partido Verde y Nueva Alianza utilice el nombre “Meade Ciudadano por México”, por lo que emplazó a los tres partidos a cambiar de denominación en un plazo de 10 días.

El proyecto elaborado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto, argumenta que, al usar su apellido, el precandidato presidencial José Antonio Meade se beneficiaría de la propaganda de los 165 contendientes postulados por dicha alianza para contender por un escaño en el Congreso, ya que sería nombrado en todo espacio de promoción de cada uno de sus aspirantes.

“Es claro que, de autorizarse la denominación presentada por los partidos políticos, se traduciría en una sobreexposición del apellido del precandidato (Meade): afecta los principios de equidad y certeza”, explicó el consejero Benito Nacif, presidente de la comisión que elaboró el documento.

Nacif agregó que “la equidad en la contienda también se vería violentada en relación con el acceso en tiempos de radio y televisión, y en consecuencia, repercute en la fiscalización de los recursos”.

Ante esto, la representante del PRI ante el INE, Claudia Pastor, replicó que no existe impedimento legal para incluir el nombre del precandidato en el nombre de la coalición y acusó a los consejeros del INE de “cambiar las reglas del juego” en su interpretación de una supuesta violación a los principios de equidad y certeza.

Los consejeros del INE admitieron la complejidad del asunto por inédito, ya que nunca antes se había suscrito una coalición con el nombre de su potencial candidato presidencial. Sin embargo, desecharon los argumentos de la representante del partido oficial.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, avaló la resolución en su obligación por dar claridad al proceso. “Las razones no le interesan a esta autoridad electoral, pero ante las consecuencias de la utilización de ese nombre estamos obligados”.

A la espera de una posible impugnación en el Tribunal Electoral, en caso de que los partidos integrantes de la coalición no determinen una nueva denominación, “apegada a los precedentes y el sistema constitucional y legal” en el plazo señalado, el INE la registraría como Coalición PRI-PVEM-Panal.

 

Precandidato del PRI no informa cómo financia su precampaña

A 23 días del inicio de las precampañas, el INE advirtió que los ingresos y gastos de los precandidatos presidenciales no corresponden con la actividad política desplegada, ya que los tres principales aspirantes sólo han reportado ingresos por 666 mil pesos y gastos por 5.1 millones de pesos.

Al presentar el informe sobre el registro de operaciones del proceso electoral federal, el consejero Ciro Murayama destacó que el precandidato del PRI no ha reportado algún ingreso y “no ha sentado de dónde provienen los recursos que utiliza en su campaña”.

De acuerdo con el reporte, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador han informado de 75 actos políticos en total. Meade ha gastado 3.6 millones de pesos; Anaya, 842 mil pesos; y López Obrador, 656 mil pesos.

El combate a la inseguridad se ha quedado corto y se necesitan hacer las cosas de forma diferente, consideró José Antonio Meade, precandidato presidencial arropado por PRI-PVEM-Panal.

Ante militantes priistas de Nayarit, Meade afirmó que la seguridad no puede confiarse a quienes, en su oportunidad, entregaron malos resultados.

“Exige partir de la autocrítica, partir de reconocer que no nos gusta la inseguridad que se ve en el país, partir de reconocer que, si la inseguridad duele, es que nos hemos quedado cortos, que tenemos que hacer las cosas diferentes, que tenemos que quitarles las armas a los criminales, que tenemos que quitarles el dinero”, dijo el ex secretario de Hacienda.

Al hacer referencia a las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, Meade opinó que el principio de la política de seguridad debe ser mantener a los criminales en prisión y quitarles su libertad.

Asimismo, insistió en sus críticas a la gestión de López Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal, periodo en que el secuestro, dijo, aumentó.

Frente a la militancia priista, Meade repitió su compromiso de mejorar la inclusión de las mujeres y jóvenes a la política, así como de erradicar la violencia de género.

Antes del acto, el precandidato visitó el Centro Preescolar Indígena Takutzi y el mirador de Zitacua, donde partió una rosca de reyes con indígenas huicholes de la comunidad.

Diana Baptista / Agencia Reforma

Ciudad de México

El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que el proceso contra el ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge se debe a la transición política en la entidad con la coalición PAN-PRD.

Ante simpatizantes en la capital de Durango, Anaya dijo que los estados gobernados por el PRI se manejan bajo un pacto de impunidad, que se rompe cuando PAN-PRD ganan elecciones.

“¿Creen que si el PRI siguiera gobernando Quintana Roo a este señor se le hubiera procesado y se le hubiera detenido? Gobernador del PRI que gana su sucesión, se le perdona absolutamente todo. Eso se llama pacto de impunidad”.

En Coahuila, ejemplificó, gracias a la sucesión priista, los hermanos Moreira están libres y uno de ellos fue premiado con un cargo en el PRI.

Añadió que, en el caso del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, la transición a cargo de Miguel Ángel Yunes permitió la recuperación de más de mil millones de pesos y la detención del ex funcionario.

En el combate a la corrupción, reiteró Anaya, su gobierno no buscará la venganza, sino la justicia.

“Meade miente”: el año más violento, responsabilidad del PRI

El ex líder panista también descalificó a José Antonio Meade por mentiroso cuando señala a PAN y PRD por el aumento de la violencia en entidades gobernadas por dichos partidos, dado que el año más violento en México en las últimas dos décadas es responsabilidad del PRI.

“No tiene vergüenza el candidato del PRI. Dice que esa violencia se ha dado en estados gobernados por el PAN y por partidos que conformamos esta coalición. Es absolutamente falso, miente cuando nos señala esta responsabilidad”.

Anaya también arremetió contra el PRI por el aumento de los productos básicos como huevo, pollo y la tortilla, así como del gas LP.

“Cerramos 2017 con la inflación, el aumento generalizado de precios más alta, prácticamente, de los últimos 20 años. Una inflación de casi 7 por ciento”, reprochó.

El PRI endeudó a México, ya que la deuda en 2012 era de 38 puntos del PIB, mientras que actualmente es mayor a 50 por ciento, añadió.

El precandidato anunció que, de ganar, apostará por impulsar las energías limpias, subir el salario mínimo, erradicar la pobreza extrema y combatir la corrupción.

Agencia Reforma y Agencia Proceso

Yecapixtla, Morelos / Ciudad de México

El precandidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, precisó que su plan de seguridad no contempla desaparecer las policías municipales ni intervenir en las corporaciones estatales, y que su idea de fusionar Policía Federal, Ejército y Marina en una Guardia Nacional es respetuosa de la autonomía estatal.

El tema de las policías municipales “se debe resolver de acuerdo a las Constituciones de los estados, nosotros no podemos disponer de eso, cada estado es libre y es soberano y tienen sus policías”, abundó.

Al contrario de lo que expresó el día anterior, el aspirante descartó el Mando Único Policiaco, consistente en la desaparición de las corporaciones municipales para integrarlas en una sola fuerza estatal.

“Eso no sirve”, resumió. Afirmó que el Mando Único lo ejercerá él mismo como cabeza de la coordinación de la seguridad nacional.

“El Mando Único ya está establecido en la Constitución, nada más es cosa que asuma la responsabilidad el presidente y que él lleve a cabo la coordinación de todas las tareas de seguridad”, detalló.

Distorsionan plan sobre amnistía

El precandidato presidencial de Morena, PES y PT, aclaró que él nunca propuso dar amnistía para que secuestradores, violadores y asesinos queden libres; que sus detractores tergiversaron su propuesta de combate a la violencia y pacificación.

“Con eso de la amnistía hicieron todo un escándalo. Hice un planteamiento, que lo sostengo, además de que vamos a buscar, a explorar, todas las acciones que sean necesarias para conseguir la paz en el país.

“Los de la mafia del poder dijeron: ‘Ah, aquí está. Andrés Manuel va a perdonar a los delincuentes’”, comentó en entrevista, en la que denunció que han emprendido una campaña en la que llaman a la gente para advertirle que, si él gana, dejará en libertad a personas que cometieron esos delitos.

“Están hablando por teléfono a las casas (para preguntar): ‘¿tú estás de acuerdo en que se deje en libertad a los violadores?, ¿tú estás de acuerdo en que se deje en libertad a los que asesinan a la gente?, ¿tú estás de acuerdo en que se deje en libertad a los secuestradores?’. Y la gente dice: ‘pues no’. ‘Bueno, ¿sabías que eso es lo que está proponiendo Lopez Obrador?’. Son muy perversos. Distorsionan las cosas”, se quejó.

—¿Nunca propuso lo que se le está preguntando a la gente?

—Claro que no, pero la distorsión es mayor –contestó.

Tras un mitin en Yecapixtla, Morelos, López Obrador pidió ver de manera integral su propuesta de paz, ante el fracaso de la estrategia militar de combate al crimen organizado. “Recorro todo México. Sé lo que se está sufriendo por la violencia y me he propuesto lograr la paz en el país y para eso vamos a explorar todas las posibilidades”, sostuvo el ex dirigente de Morena.

“Vamos a conseguir la paz que ellos no han conseguido. Ellos no le han dado paz al pueblo de México. Ellos mantienen una guerra que ha costado muchas vidas. Nosotros vamos a conseguir la paz”, reafirmó.

Intelectuales desautorizan uso de su imagen en Twitter

Si en las elecciones presidenciales del 2006 fueron unos spots televisivos apócrifos con la leyenda “López Obrador, un peligro para México”, en los comicios federales de 2018 la “guerra sucia” contra el ex jefe de Gobierno ya opera a través de redes sociales, especialmente en Twitter.

Desde hace dos días comenzó a circular el hashtag #PiensaTuVoto y la pregunta “¿López Obrador?” con fotos de articulistas, comentaristas y políticos que han expresado sus puntos de vista críticos hacia el aspirante presidencial de Morena, como Denise Dresser, Jorge G. Castañeda, Sergio Aguayo, Sergio Sarmiento –quienes se han deslindado–, así como Enrique Krauze, Jaime Sánchez Susarrey, Federico Reyes Heroles o Javier Sicilia.

La campaña es apócrifa y sin autoría; la promueven cuentas de Querétaro, Jalisco, Estado de México, así como simpatizantes de PRI , PAN y PRD.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) denunció la muerte de una de sus simpatizantes, Martha Patricia Reyes, quien resultó herida tras los ataques en un evento del partido este miércoles en la delegación Coyoacán.

El coordinador del partido en la Asamblea Legislativa, César Cravioto, confirmó en entrevista con Animal Político el deceso de Reyes, quien salió “inconsciente” tras la primera agresión en un mitin político de la aspirante a la jefatura de Gobierno Claudia Sheinbaum, por lo que fue ingresada el Hospital General Balbuena de la capital.

En su cuenta oficial de Twitter, el senador independiente, Alejandro Encinas, culpó de la muerte a los provocadores que irrumpieron en el mitin, a quienes relacionó con el ex jefe delegacional Mauricio Toledo.

Recordó que Martha Patricia Reyes era abuela de dos niños que murieron en el edificio 1-C del multifamiliar de Tlalpan durante el sismo del 19 de septiembre.

“La compañera Marta Patricia del multifamiliar tlalpan, donde perdió a sus dos nietos por el sismo; participaba en el mitin de Coyoacán en el que los provocadores de

@mauriciotoledog aventaron cohetones que la mandaron al hospital, hace unos minutos perdió la vida”, publicó Encinas.

El procurador de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, declaró que “al parecer es un tema de un padecimiento de presión alta y eso provocó un problema en el cerebro… No tenemos notificación porque no es un hecho violento. O sea, es un tema de un padecimiento natural”.

Cravioto aseguró que no había una denuncia en específico por su caso, pero recordó que este jueves su partido presentó dos denuncias penales por lesiones, disturbios y tentativa de homicidio contra servidores públicos de la delegación Coyoacán.

Sobre la causa de la muerte, el legislador no descartó que Reyes padeciera de complicaciones de salud, sin embargo insistió en que los ataques fueron los que provocaron la hospitalización de Martha.

Los diputados de Morena identificaron a cuatro servidores públicos y a tres trabajadores por honorarios de la delegación Coyoacán, entre ellos el subdirector de Brigadas de Operación y Emergencia, Luis Ernesto Escalona Ruan, la jefa de la Unidad Departamental del Centro de Desarrollo Comunitario Yolanda Antúnez Reynosa, la subdirectora Territorial Culhuacanes, María Cristina Santa Cruz Delgado, y la jefa de la Unidad Departamental del Fomento al Deporte, Araceli Ruiz Apolinar.

De acuerdo con la denuncia de los legisladores en la Procuraduría General de Justicia (PGJ-Cdmx), los servidores públicos se mezclaron con los simpatizantes de Morena en los dos actos de precampaña en las colonias Villa Quietud y Ajusco, en donde golpearon a los simpatizantes con sillas, piedras, alimentos podridos, petardos y tubos de metal.

Insistió en que las autoridades capitalinas deben proceder penalmente contra los presuntos responsables, pues, sostuvo, hay elementos para identificarlos. En ambas denuncias presentadas antes autoridades capitalinas, los legisladores de Morena proporcionaron fotografías y videos que muestran la presunta participación de los acusados.