Este año se cumplen cincuenta de la inesperada e histórica movilización de los jóvenes estudiantes mexicanos que demandaban un cambio en el orden político creado por la postrevolución y que concluyó con una represión tan alevosa como brutal. A esa inconformidad la movió algo más que un escueto pliego petitorio: la impulsó el cuestionamiento del sistema mismo de autoridad. Buscó detonar una transformación cultural en toda una gama de estructuras: la familiar, la universitaria, la sindical y, desde luego, en la forma de gobernar.
En el 68, la exigencia de cambio mediante movilizaciones urbanas masivas se experimentó en muy diversos tipos de sociedades. La Guerra Fría llevaba ya más de dos decenios de conformar las ideologías y los privilegios a nivel global. En México, al verse desafiado, el orden establecido buscó deslegitimar a los descontentos y justificar su represión, culpando a la “influencia externa”. Se negaron a aceptar la otra posibilidad: que la inconformidad surgía de los defectos, las inconsistencias y, finalmente, las injusticias institucionalizadas por una maquinaria de poder asentada en una presidencia sin contrapesos, en un partido de Estado y en elecciones sin contenido.
En Washington, la American Historical Association ha programado para su reunión de este año (4-7 de enero) una serie de paneles en torno al significado del 68 ¡y vaya que tiene materia de estudio! En su programa, el tema de 1968 aparece en 44 sesiones, que van desde la olimpiada en México, a la huelga estudiantil en Dakar, el black power, el feminismo, a la violencia policiaca de ese año en Japón y en otros países. Desde luego que hay más temas sobre el 68: los choques con la policía de estudiantes y obreros en París; las movilizaciones contra la guerra en Vietnam en Estados Unidos, Berlín o Roma; las manifestaciones por el asesinato de Martin Luther King o contra el “socialismo real” en Praga o Varsovia, etcétera.
Al despuntar el 68, en México no había la sensación de estar al filo del agua. Cinco años atrás, el gobierno de Adolfo López Mateos, en una muestra de confianza en el régimen, había ofrecido organizar la olimpiada de ese año. Había riesgos, pero parecían ser más de organización que políticos. Los de México serían los primeros juegos olímpicos que se celebrarían en un país periférico después de los de Grecia de 1896. El reto era enorme: organizar unos juegos a la altura de las potencias centrales. Pero el beneficio político parecía ser mayor: México estaría en el centro de la atención mundial y su régimen postrevolucionario podría mostrar a los medios internacionales las bondades de su “milagro económico”, su cultura, la eficacia de sus instituciones de gobierno y dejar plantada la certeza de que pronto dejaría de ser “subdesarrollado”.
No era la primera vez que un gobierno mexicano se proponía mostrarse como ejemplo. Poco antes de venirse abajo, la dictadura de Porfirio Díaz lo intentó con las Fiestas del Centenario en 1910. Algo parecido ocurriría en 1968, pero los jóvenes pondrían al descubierto la naturaleza no democrática de su supuesta estabilidad.
Como sea, al despuntar el 68 no se veían motivos de zozobra. Los malos entendidos con Estados Unidos por causa de la Revolución Cubana habían quedado atrás. Internamente, las protestas del movimiento médico y de los estudiantes michoacanos entre 1964 y 1966 habían sido acalladas. La pax priista parecía total.
Ya se ha contado de muchas maneras como, en julio, un incidente entre estudiantes preparatorianos en la Ciudad de México desembocó, gracias a la manera autoritaria y estúpida de enfrentarlo, en las grandes movilizaciones del 1 de agosto, encabezada por el rector de la UNAM o en la Marcha del silencio del 13 de septiembre.
Es aquí donde debe recalcarse que ningún régimen autoritario tolera movilizaciones no promovidas por la propia autoridad. Un desafío como el del 68, aunque sea pacífico, tiene el potencial de demandar más libertades y dar origen a organizaciones independientes, incompatibles con la naturaleza no democrática del sistema (Juan J. Linz, Totalitarian and autoritarian regimes, Boulder: Lynne Rienner, 2000). Si este tipo de regímenes no frenan en su inicio a esa clase de movilizaciones mediante la amenaza o la cooptación –y el movimiento estudiantil mexicano organizó su representación para que no pudiera ser cooptada (Luis González de Alba, Los días y los años, 1971)– entonces la represión a fondo es la respuesta de la autoridad. Las primaveras árabes son los ejemplos más recientes de este fenómeno.
El régimen mexicano, urgido por el inicio de la olimpiada el 12 de octubre, optó por la salida extrema: la matanza de jóvenes desarmados reunidos la tarde del 2 octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Esa decisión se reafirmaría con una segunda matanza: la del Jueves de Corpus de 1971.
El régimen político actual no es el de hace medio siglo, pero tampoco es el democrático que demandaron los entusiastas inconformes del 68. El de hoy es un híbrido disfuncional y que mantienen vivas, en su esencia, muchas de las razones que dieron origen a las movilizaciones del 68 y a su desenlace. Hay pues que reexaminar el 68 para profundizar en la naturaleza de ese conflicto so pena de volver a tropezar con la misma piedra en su cincuentenario.

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Hace 50 años, en el 68, mexico vivió la euforia de la movilización contra la pax priista y la tragedia de su represión. Hay que reexaminar la naturaleza de ese año, pues aún podemos reconocer el presente en el espejo de ese pasado.

El año que comienza será decisivo en la historia política del país, en razón de que habrán de renovarse la presidencia de la República, la totalidad del Congreso de la Unión integrado por 128 senadores y 500 diputados federales, así como en las entidades federadas, la jefatura de gobierno, 16 alcaldías y 160 concejales de la Ciudad de México, ocho gubernaturas estatales, 972 diputaciones locales, mil 596 presidencias municipales –integradas por mil 716  síndicos y 12 mil 509 regidurías– 24 juntas municipales en Campeche y 38 regidurías étnicas. Esto implica toda una gran movilidad política de partidos, grupos, ciudadanos e instituciones electorales.
1.- El ambiente político que se observa es complejo, toda vez que al cierre del año que acaba de terminar y en los primeros días de éste que comienza han ocurrido crímenes políticos como los casos de un diputado local en Jalisco, de un presidente municipal de Petatlán y un aspirante a alcalde de Atoyac, en Guerrero. Es verdad que no existe un ambiente generalizado de violencia política, pero un solo caso vinculado al proceso electoral debe resultar de alta preocupación, a lo cual se debe agregar el clima de violencia e inseguridad en todo el país, que de acuerdo con cifras oficiales 2017 fue el año más violento en los últimos 20 años, según estos datos al último día de noviembre del año pasado se habían cometido 26 mil 573 asesinatos –80 por día en promedio– y con una media mensual de 2 mil homicidios dolosos.
2.- En el ámbito económico-social, el año comienza con el incremento al precio del kilo de tortilla, entre 1.50 y 3 pesos, y a la gasolina Magna un 5 por ciento. En el caso de la tortilla es un artículo de consumo indispensable en la mayoría de la población mexicana, cuyo aumento lesiona la capacidad adquisitiva de la gente más pobre del país. Respecto de los combustibles se repite el gasolinazo que aplicó el gobierno de Peña Nieto al inicio del año pasado. La liberación del precio de las gasolinas no ha tenido el efecto publicitado por el gobierno federal, en el sentido de que ello serviría para que en la competencia comercial bajaran los precios, como constatamos ahora, ha sido todo lo contrario puesto que cada vez suben más en perjuicio de los usuarios.
3.- En la contienda por la presidencia de la República se han configurado las coaliciones electorales de Morena-PT y PES; PAN-PRD y MC y el PRI-PVEM-Panal, cuyos precandidatos y seguros candidatos llevan algunas semanas de precampaña; se han publicado las convocatorias para los procesos internos de selección de candidatos de todos los partidos que implica las naturales negociaciones entre las dirigencias partidarias por los porcentajes de candidaturas y al mismo tiempo las confrontaciones al interior de las agrupaciones partidistas, por las candidaturas a los demás encargos de elección popular y en estos días se afianzan o se redefinen las coaliciones en las elecciones estatales, en donde se da un rejuego de fuerzas políticas nacionales y locales, que no necesariamente coincide en todos los casos con las decisiones del centro político.
4.- En este contexto de signos graves de violencia política, de violencia pública y de gran descontento social, el gobierno federal de Peña Nieto debería cuidar que prevalezca un ambiente político normal de este proceso electoral y no intervenir en el mismo, como ya en forma desafortunada lo ha hecho su secretario de Educación, el salinista Otto Granados Roldán –de nula experiencia en el sector educativo–, quien en vez de honrar la alta distinción que tiene, se quiere convertir en un fajador callejero al expresar calificativos inapropiados en contra del precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, AMLO. Si este personaje quiere participar en la contienda electoral que renuncie a su encargo y se dedique a la campaña, pero que no haga proselitismo desde una institución pública tan encomiable como es la educación del país.
5.- Los gobiernos federal, los estatales y municipales así como las instituciones electorales en cada ámbito de sus obligaciones están llamados a garantizar un proceso electoral pacífico, democrático, en donde prevalezcan los principios constitucionales rectores de toda elección. Las condiciones tan graves  de violencia y descontento social que hay en el país deben de conminarlos a actuar con suma responsabilidad. El proceso de transición política que hemos vivido en México desde la masacre de estudiantes en 1968, todas las represiones y graves violaciones a los derechos humanos, los fraudes electorales desde 1988, han costado muchas víctimas. Es hora de que en nuestro país haya elecciones auténticas, que demos paso a la elección verdaderamente libre de todos los representantes populares, es hora de la construcción de un Estado democrático social de derecho.

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Por una coincidencia, no necesariamente feliz, los tres candidatos presidenciales más viables –AMLO, Meade y Anaya— se niegan a criticar la Ley de Seguridad Interior. La razón es obvia, pues el que gane tendrá que lidiar con la delincuencia, hasta ahora incontrolada y en crecimiento.
Ricardo Anaya ha sido el más cauto, pero José Antonio Meade no ha escatimado elogios para el discutido ordenamiento, en tanto que Andrés Manuel López Obrador predice que mantener al Ejército en la calle no representará un problema mayor. Allá ellos.
Para el líder de Morena el asunto del narco estará resuelto a medio sexenio. Para lograrlo, ya puso sobre el tapete una posible amnistía, lo que le ha valido feroz condena del oficialismo y sus voceros. De avanzar en esa línea, tendrá que delimitarse el alcance de tal amnistía y acompañarla de una legalización reglamentada de ciertas drogas, empezando por la mariguana, y un convenio con los capos para que inviertan sus inmensas fortunas en determinados negocios legales que les permitan llevar una existencia pacífica junto con sus ejércitos de sicarios.
Meade, en cambio, considera “inconcebible” sacar de la cárcel a los delincuentes porque a su juicio eso generaría mayor intranquilidad en el país. Jugándole al adivino, aseguró en Zacatecas que “la ciudadanía quiere que se combatan las armas (sic), quiere que le quitemos el dinero a las organizaciones delincuenciales, quiere que los criminales no estén en la calle y los ciudadanos estén gozando de esa mayor seguridad”.
Para el candidato no priista del PRI, debe continuar la matanza de mexicanos, se tiene que mantener la absurda prohibición en torno a las drogas, lo que genera un gran mercado para las armas, los delincuentes seguirán en la calle –cada vez en mayor número y peligrosidad–, la seguridad será siendo un sueño guajiro y el dinero del crimen continuará engordando las cuentas de funcionarios públicos, jefes policiacos y elementos desleales de las fuerzas armadas.
Lo dicho por Meade ratifica que, en el improbable caso de que él llegara a la presidencia de la República, el país presenciaría lo mismo que hemos visto en los últimos once años, pero aumentado, porque esa política, lejos de derrotar o al menos contener el crimen, ha servido exactamente para lo contrario, a costa de las vidas de más de 200 mil mexicanos, porque hay que repetirlo: los caídos en la llamada guerra del narcotráfico no son seres venidos de Marte, sino hombres, mujeres, niños y ancianos mexicanos.
La política belicista de los dos últimos sexenios no ha servido para disminuir el tráfico de estupefacientes, pero sí ha contribuido al empobrecimiento de amplias capas sociales y ha llevado a destinar inmensos presupuestos a esa guerra infame en un país urgido de resolver grandes problemas sociales.
Insistir en una política tan redondamente fallida es imponer al pueblo de México más y mayores sacrificios. El continuismo que anuncia y promete la candidatura de Meade Kuribreña sólo será causa de más sufrimiento, pues él fue impuesto a los priistas para mantener las políticas hoy en juego, esas mismas políticas que nos han convertido en un vergonzoso apéndice de Washington, que ni siquiera lo agradece.
Legalizar las drogas, por lo menos la mariguana y alguna otra, no acabará con la criminalidad, fenómeno inherente a todas, absolutamente todas las sociedades, pero en un contexto de medidas inteligentes permitiría desactivar en gran medida a un alto porcentaje de la delincuencia, a la que se deberá abrir otra perspectiva de vida si se liberan recursos fiscales y privados para la inversión productiva.
Pero sería absurdo esperar de Meade algo novedoso. No está en su horizonte un México distinto al engendrado por las políticas neoliberales. Cree, con la tozudez del converso –antes sirvió a los gobiernos panistas–, que la reforma educativa abatirá la pobreza del país, la que de ser exitosa, lo que es del todo improbable, tardaría algunos decenios en mostrar tan generoso resultado.
Con tales desatinos, prefiere confiar en el sueño del continuismo y deja a la quiromancia su futuro. Dijo en Zacatecas: “No podría de hecho yo haber arrancado con un espectro de apoyo tan alto: Desde la bruja Zulema hasta el Financial Times. Ya ganamos todo el espectro y todo el espectro dice que pinta bien”. Ignoramos lo que le haya dicho la tal Zulema o su espectral informante, pero el Financial Times no está tan seguro de su triunfo. Ya veremos qué dice cuando se entreviste con los brujos de Catemaco, Veracruz.

Malé. Esta ciudad mide seis kilómetros cuadrados, pero todo está apretado. Es natural. Con mil 102 personas por kilómetro cuadrado, es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, que combina su saturación, por si no fuera suficiente, con decenas de miles de automóviles y motocicletas. La vida aquí tiene un significado muy distinto al de otras naciones. Malé, no sólo es el centro político y económico de un archipiélago de mil 190 islas en el Océano Índico, sino el eje de la cruzada contra el cambio climático. Los maldivos saben de lo que hablan. Con el 80 por ciento de su superficie total con una altura máxima de un metro sobre el nivel del mar, será cuestión de tiempo, pero no más de lo que resta del siglo, para que el deshielo de los polos haga que el mar se los trague. En este lugar del mundo no hay retórica. La lucha por no desaparecer bajo el agua es permanente.
Este archipiélago es lo más plano que existe en la Tierra, y la inexistencia de topografía es lo que lo hace la zona más vulnerable del mundo frente al cambio climático. Pareciera que el destino manifiesto de los paraísos es ser los primeros en desaparecer. Las Islas Maldivas pueden entrar en esa categoría cuando se observan sus 26 atolones desde el aire, una serie de islas que forman cadenas con estructuras bordeadas por playas de talco blanco y mares turquesa que abrazan sus masivos arrecifes de coral, y que ya tienen escrito, de no hacerse nada, su certificado de defunción.
¿Qué sucederá si el peor escenario se materializa? Toda su infraestructura de vivienda y de las pocas empresas que existen quedaría sumergida en el mar. Igual pasaría con sus cinco aeropuertos –dos de ellos internacionales, que son vitales para el turismo–, y sus 128 puertos y marinas, que se encuentran en la parte costera. Cualquier inundación por lluvias o por eventos extraordinarios como el tsunami de 2004, provoca daños materiales y desplazamientos en estas islas. Y cada año, se agrava. En el 62 por ciento de las 200 islas habitadas y en el 45 por ciento de las 80 que son destinos turísticos, se ha reportado erosión en sus playas. Aguas más calientes también irán destruyendo el ecosistema coralino.
La cruzada contra el cambio climático fue llevada a todos los foros internacionales por el ex presidente Mohamed Nasheed, quien en 2008 comenzó a pedir ayuda al mundo para que, mientras comprometía a su nación a establecer una tasa de cero emisiones de dióxido de carbono, lo apoyaran a comprar tierras en otras partes del mundo para establecer ahí la nueva patria maldiva. Lo escucharon con atención y compartieron el drama en muchos de los organismos internacionales donde tocó la puerta, pero no le dieron muchas expectativas de respaldo financiero. Los principios no funcionan cuando hay dinero involucrado.
Cinco años después, cuando llegó a la presidencia Abdulla Yameen, hubo un cambio de estrategia. Ni neutralidad con el carbón, ni compra de tierras. Buscarían la sobrevivencia de manera agresiva. Turismo masivo en islas rentadas y mega desarrollos urbanos levantados en islas artificiales, sería el camino. Con esos recursos se reubicaría a miles de maldivos en las zonas de mayor vulnerabilidad a las nuevas tierras fortificadas contra el cambio climático. Igualmente, reubicarían a los habitantes de las casi 191 islas que tienen menos de cinco mil habitantes cada una, y rentarlas para entregarlas a quienes quieran invertir.
La estrategia se ha convertido en acción. A la vista de Malé, a mil 300 metros, se está construyendo sobre la isla Hulhumale, la Ciudad de la Esperanza. La isla comenzó a surgir de entre el mar en 1997 y apenas hace una década se colocaron las bases de su infraestructura. Ahora es la vanguardia del futuro y sobrevivencia. La isla tiene dos kilómetros cuadrados, pero está diseñada para acomodar a 130 mil personas, que podrán vivir tranquilos porque está fortificada con muros que se levantan tres metros sobre el nivel del mar. Más de una decena de nuevas islas artificiales se están construyendo.
El plan, altamente controvertido para quienes piensan que los ideales son primero, es audaz y quizás la solución que cambie el destino de las Maldivas. Con esta estrategia el gobierno piensa llevar el turismo, actualmente de 1.3 millones al año, a 10 millones. No es un turismo barato. Hoy en día varias de las islas de los atolones son ocupados las grandes cadenas hoteleras del mundo, que llegan a cobrar por un palafito –construidas sobre el mar– estándar, hasta 7 mil dólares la noche. Los sueños del gobierno son captar la atención de universidades de alto prestigio para instalar campus en el archipiélago y centros de alta tecnología en el futuro mediato.
La belleza de esta región coralina ya ha sido vista con ambición por algunos. Los saudíes, por ejemplo, van a invertir 10 mil millones de dólares en desarrollar el atolón Faafu, a dos horas y media en bote desde aquí, donde viven mil 500 personas. El atolón, con una forma casi de circunferencia, tiene 30 kilómetros de largo por 27 de ancho, donde los saudíes quieren hacer algo similar a la Rivera Francesa, que combine destinos turísticos con viviendas de lujo. Los maldivos piensan que no fue renta lo que se hizo, sino una venta. El presidente Yameen lo ha negado, pero hace tres años modificó la Constitución para poder vender territorio a extranjeros. Soberanía contra sobrevivencia es el dilema. Difícil, viviendo en la realidad maldivia, la decisión.
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El director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapa-Zihuatanejo (OCVIZ), Pedro Castelán Reyna, manifestó que pese al llamado en redes de no viajar a México tras el homicidio de un funcionario de Estados Unidos, ocurrido el pasado 27 de diciembre en la zona comercial de Ixtapa, este organismo continuará con la promoción turística.
Aseguró que “seguiremos trabajando en el tema de la promoción, seguiremos reforzando mercados tan importantes para nosotros, como es el mercado americano y el mercado canadiense que hemos incrementado de una forma muy positiva”.
Castelán Reyna fue consultado vía telefónica sobre el nuevo vuelo directo de Guadalajara a Ixtapa-Zihuatanejo, de la aerolínea Aeromar, que a partir del mes próximo tendrá dos vuelos frecuentes los jueves y domingos.
Aunque intentó evadir la respuesta cuando se le preguntó acerca del llamado a no viajar a México, Castelán comentó de manera muy breve: “Ellos tienen su versión, tienen su posición como tal, la misma que han tenido en años anteriores, afortunadamente la llegada de turistas tanto americanos como canadienses ha sido a la alza. Este último año, el 2017, fue muy positivo para nosotros”.
“En el mes de noviembre iniciamos el vuelo directo desde Chicago hasta Ixtapa-Zihuatanejo, con nuestros amigos de Volaris; afortunadamente la ocupación de los aviones viene de forma positiva; seguiremos trabajando nosotros en el tema de la promoción, seguiremos reforzando mercados tan importantes para nosotros como es el mercado americano y el canadiense, que hemos aumentado en forma muy positiva”.
Castelán recordó que “en 2013 teníamos sólo tres vuelos directos desde Canadá, hoy tenemos ocho ciudades con vuelo directo hacia Ixtapa-Zihuatanejo. En el caso de Estados Unidos, hemos logrado incrementar también con Los Ángeles, Milwaukee, Chicago, entonces creo que lo que tenemos que hacer nosotros es seguir trabajando en el tema de promoción, porque en nuestro destino tenemos sin duda un potencial muy importe, las bellezas naturales que tenemos, la gastronomía, como tal la infraestructura hotelera con la que cuenta hoy Ixtapa-Zihuatanejo y lo más importante, la calidad y la calidez en la atención de nuestra gente que es sin duda algo que se llevan nuestros turistas en el corazón”.

El secretario de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, sostuvo “sin minimizar lo que pasó”, luego del asesinato de un funcionario estadunidense en Ixtapa, las balas perdidas en la zona Dorada de Acapulco, que hirieron, el 31 de diciembre, a cinco turistas, y el accidente en la carretera frente a San Jerónimo, que dejó una decena de personas muertas, turistas de Estados Unidos entre ellas, que “el balance en las vacaciones durante la primera semana fue positivo”.
Rodríguez Escalona comentó en conferencia de prensa convocada en el restaurante del hotel Elcano, en la zona Dorada del puerto, que la temporada turística 2017-2018, “es positiva y se adelantó porque históricamente llegaron turistas a pasar la Navidad en el puerto de Acapulco y en otras ciudades turísticas de Guerrero”, situación que no ocurría “desde hace varios años”.
Respecto al exhorto que hicieron ciudadanos estadunidenses, a través de redes sociales, para no viajar a Guerrero después del asesinato del funcionario Douglas Bradley en Ixtapa, el 28 de diciembre pasado, Rodríguez Escalona consideró que difundiendo noticias positivas y hablando sobre una entidad “turísticamente viva, con actividad, y con una gran cantidad de congresos y vuelos directos de Canadá, Estados Unidos y el interior del país”, es como se contrarrestará la mala imagen tras el asesinato.
“Es la manera, cuando la gente viene, disfruta y sin duda, sin minimizar lo que pasó, el saldo es positivo porque hay muchos turistas más y que no tuvieron problemas porque siguen disfrutando en las zonas turísticas en las playas, en los centros turísticos, en las grutas en Taxco, y los municipios como Ixcateopan, La Unión; como en Costa Grande y Costa Chica, Acapulco, Ixtapa, con miles de turistas que vinieron; y estoy seguro que vamos a cerrar con más de un millón de turistas”, dijo.
El funcionario estatal lamentó el asesinato del funcionario estadunidense, no obstante aseguró que el gobierno de Héctor Astudillo atendió el tema y da seguimiento mediante la fiscalía.
De las balas perdidas en la zona Dorada, lamentó que sigan registrándose “costumbres arcaicas que puedan originar pérdidas humanas”.
“Sin minimizar el hecho, celebramos que no pasó a mayores. Por instrucciones del gobernador los atendimos médicamente y los apoyamos económicamente, se pagaron los gastos por parte del gobernador, pero afortunadamente no fueron de gravedad. También en el caso del accidente de la carretera en San Jerónimo que el gobernador instruyó para su atención, apoyar a la familia con los trámites y ayuda posibles, con el papá de uno de los niños y lo trasladamos”, dijo.
Mencionó que ciudades de Guerrero como Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo, estuvieron al 95 por ciento de su capacidad “y eso lo vimos este año, muchos de ellos se fueron el día 25, pero también mucha gente volvió el día 25 y era un cruce de carros de entrada y salida”.
“Terminamos extraordinariamente las fiestas de fin de año y ayer (martes), hoy (miércoles) siguen llegando personas a Guerrero a vacacionar, no solamente Acapulco, sino que también a Taxco, Ixtapa-Zihuatanejo, y hay reportes de la gente que llega en líneas aéreas y autobuses, que tuvieron que incrementar frecuencias a los destinos de Guerrero”, informó el funcionario estatal.
El llegar al 98.4 promedio en Guerrero, consideró, fue “prácticamente lleno para el estado, pero hay hoteles completamente llenos”.
“El balance sin duda del 2017 es muy positivo: 13 millones de turistas visitaron Guerrero en 2017 y comenzamos el año sin duda de manera muy positiva. Tenemos firmados 32 congresos y estamos pensando en cerrar la temporada el domingo y prepararnos en la agenda como la Fitur, recibir la estafeta del Tianguis Turístico en Mazatlán, preparar el puente del 5 de febrero, los congresos que van a llegar, que son los más importantes de todo el país”, declaró.
Rodríguez Escalona consideró que hubo menos ahogados luego de la instalación del programa especial con salvavidas y que incluyó ahora las costas de la entidad, que disminuyó el número de accidentes en Acapulco gracias al mantenimiento que se le hizo a la avenida Escénica y al bulevar de Las Naciones, con iluminación para esas vías, además de que se renovaron los barandales de la avenida Adolfo López Mateos y Sinfonía del Mar en la zona Tradicional.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, retó al presidente Enrique Peña Nieto, a demostrar que no protege al ex mandatario priista César Duarte, especialmente después de que se ha revelado la triangulación de recursos hacia el PRI.

“Quiero hacer un llamado respetuoso pero firme, enérgico, al gobierno de la República para que dé trámite ya a la solicitud de extradición del ex gobernador César Duarte. Ya no hay justificación alguna para el retraso, se les está pasando de tueste”, dijo Corral en conferencia de prensa en esta ciudad fronteriza.

En septiembre, recordó, entregó 10 órdenes de aprehensión que acreditan igual número de presuntos delitos cometidos por el ex gobernador por un monto de más de mil 200 millones de pesos, y ya han transcurrido cuatro meses de haber solicitado el trámite.

“El gobierno de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado ha hecho su trabajo de una manera rigurosa, profesional, seria, técnica y, diría yo, científica. Ahora corresponde al presidente de la República y al procurador general de la República demostrar en los hechos que no protegen a César Duarte aun revelado el caso del desvío de este dinero al PRI nacional”.

Corral hizo estas declaraciones en el marco de la vinculación a proceso que un juez de Chihuahua dictó contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario adjunto del PRI, por peculado, luego de recibir un millón 740 mil pesos por servicios que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, no realizó.

En diciembre pasado se dio a conocer una declaración ministerial de Jaime Herrera Corral, secretario de Hacienda de Chihuahua en la gestión de Duarte, quien reveló que la SHCP avaló la triangulación de 250 millones de pesos para financiar campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Responde a Beltrones, pero evita polemizar

Aunque se negó a entrar en una polémica con el ex gobernador de Sonora Manlio Fabio Beltrones, quien lo acusó de haber vulnerado la justicia al actuar con “testigos protegidos” que aportan declaraciones a modo, Corral sostuvo que las indagatorias de su administración no se basan en testimonios, sino en pruebas.

En las investigaciones que la Fiscalía General del Estado realiza sobre peculado en la administración de Duarte, Beltrones fue señalado de haber acordado el desvío de 250 millones de pesos del gobierno de Chihuahua para las campañas electorales del PRI en 2016, cuando él era presidente del partido.

“Lamentablemente, el gobernador Javier Corral y el fiscal del estado de Chihuahua han faltado a su deber y vulnerado la justicia al actuar con testigos protegidos que aportan declaraciones a modo, para alimentar irresponsablemente con filtraciones la hoguera mediática buscando beneficios en la temporada electoral”, afirmó Beltrones en una carta difundida en diciembre.

“Quisiera no entrar en una polémica o en una discusión de este carácter con el licenciado Beltrones, por las mismas características del tema”, dijo Corral este miércoles.

“Lo único que puedo responder es que las investigaciones que la Fiscalía General del Estado realiza en torno de la operación Justicia para Chihuahua son muy completas, muy robustas, que no solamente se basan en testimonios; se trata de investigaciones técnicas que han conjuntado un gran número de pruebas, análisis financieros, análisis de información electrónica, por supuesto cotejo de la ruta del dinero, depósitos bancarios, transferencias.

“No estamos sustentados sólo en el testimonio de otro imputado (Ricardo Yáñez Herrera, ex secretario de Educación), que no es ningún testigo protegido (…) son actores del círculo principal del ex gobernador del Estado de Chihuahua, que están también en prisión preventiva, incluso algunos de ellos ya sentenciados, y que han dado información que luego el Ministerio Púbico ha podido corroborar. En modo alguno, no hemos inventado testigos o creado testigos a modo, son ex funcionarios del gobierno del Estado”, explicó Corral.

“La operación Justicia para Chihuahua, va. Es nuestro compromiso, indiscutible e ineluctable con el pueblo de Chihuahua, y va a llegar hasta sus últimas consecuencias, hasta donde topen los niveles de responsabilidad”, aseguró.

A unas horas del retorno del ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge a México, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) logró la vinculación a proceso y cárcel preventiva para la ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) Paula González Cetina por peculado, el cual ascendería a más de mil 700 millones de pesos.

Según informes oficiales de la Fiscalía General del Estado, la FECC obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de González Cetina, quien se desempeñó como directora de CAPA en la segunda mitad del sexenio de Roberto Borge.

En la audiencia, que inició a las 12:00 del 2 de enero y terminó aproximadamente a la 1:30 del 3 de enero, el fiscal del Ministerio Público solicitó al juez prisión preventiva justificada, la cual fue otorgada.

Por lo anterior, González Cetina fue trasladada al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, en donde permanecerá el tiempo que dure su proceso.

El actual gobierno detectó en CAPA un desvío de más de mil 700 millones de pesos, por el cual también fue detenida la ex directora de Recursos Financieros de ese organismo Ana Alicia Rivera Galera la noche del 27 de noviembre de 2017.

De acuerdo con los informes extraoficiales, “desaparecieron” mil 80 millones de pesos pagados por la empresa Aguarán, por la concesión que le otorgó el gobierno anterior, en noviembre de 2014, del sistema de agua potable de Playa del Carmen y la extensión de las de Cancún e Isla Mujeres.

También se desconoce el destino de 506 millones de pesos de un crédito bancario a CAPA para el saneamiento de sus finanzas. Además, no se reportó el ingreso de 198 millones de pesos por el uso de cárcamos para aguas negras.

Más imputaciones a Borge

La Fiscalía de Quintana Roo advirtió que podría ampliar los delitos por los que acusa al ex gobernador de la entidad Roberto Borge, quien será extraditado este jueves a México tras ser detenido en Panamá.

Confirmó que Borge enfrenta tres procedimientos penales del fuero común: aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado cometidos en agravio de la administración pública del estado de Quintana Roo.

“Lo anterior, sin que quede restringido el derecho de esta representación social para ampliar los posibles delitos que se le pudieran imputar al ex funcionario estatal, esto, de conformidad con el Tratado de Extradición vigente entre México y Panamá firmado en noviembre del 2004”, resaltó la Fiscalía, sin detallar qué delitos serían ampliados.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la PGR, viajan este jueves a Panamá en un avión oficial para que les sea entregado Borge en el aeropuerto de Tocumen, al filo de las 9:00.

El ex gobernador fue detenido el pasado 4 de junio en Panamá, cuando pretendía viajar a Europa, en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por un juez de control del orden federal, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por los tres procedimientos en contra de Borge, la Fiscalía de QR contabilizó un quebranto patrimonial por más de 3 mil millones de pesos.