La Ley de Seguridad Interior debilita a organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fiscalías y organismos anticorrupción, advirtió la propia CNDH.
En un posicionamiento ante la entrada en vigor de la Ley, la Comisión señaló además que ésta no representa un beneficio inmediato para las personas en general, ni para las mujeres y hombres de las fuerzas armadas.
La CNDH reprochó que mientras el artículo 9 mantiene bajo reserva toda la información generada con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, el artículo 21 obliga a organismos como la CNDH a entregar toda la información sobre asuntos que se consideren amenazas o riesgos a la seguridad interior.
“Sin parámetros objetivos que la acoten y, por ende, con interpretaciones altamente discrecionales, puede darse el supuesto de que, aun cuando este Organismo Nacional investigue violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas u otras autoridades federales, se vea obligada a entregar los expedientes respectivos a las propias instancias que investiga”, indicó la CNDH.
Con ello, detalló, se violentarían los derechos de las víctimas y se propiciaría que en esos casos no exista verdad, justicia ni reparación.
“Esta disposición debilita, desde antes de que empiecen a operar, la autonomía y efectividad de las fiscalías e instancias anticorrupción autónomas que se han planteado, pues las mismas, de igual forma, estarían obligadas a entregar la información que se les solicite sobre las investigaciones que realicen”, alertó el organismo de derechos humanos.
Por ello, la CNDH lamentó que el presidente Enrique Peña Nieto haya promulgado la ley, puesto que dejó de lado de lado oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre el ordenamiento.
“La CNDH reitera su convicción de que la Ley de Seguridad Interior posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, que se afecte el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y Poderes, así como el que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”, agregó la CNDH en su pronunciamiento.
La Comisión advierte que si bien las autoridades han reiterado que la esencia de la Ley es brindar un marco normativo a la intervención de las fuerzas armadas en apoyo a las policías, la realidad es que su alcance trasciende, por mucho, el ámbito estrictamente vinculado a la seguridad de las personas.
“La Ley de Seguridad Interior, en opinión de esta Comisión Nacional, no lleva implícito un beneficio inmediato para las personas, ni tampoco favorece de manera directa a las mujeres y hombres que, como elementos de nuestras fuerzas armadas o policías, arriesgan su integridad y vida para la defensa y protección de la sociedad.
“Por el contrario, abre una ventana para que al amparo de la ambigüedad, la opacidad y la falta de una debida y oportuna rendición de cuentas, se legitime una mayor intervención estatal en la esfera de garantías y libertades de las personas, así como para alterar el orden federal y democrático previsto por nuestra Constitución”.
La Comisión agregó que, a pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto dijo que no emitirá ninguna declaratoria de protección a la seguridad interior antes de que la Suprema Corte se pronuncie sobre la validez constitucional de la Ley, ésta ya entró en vigor, pues su aplicación no depende de la emisión de dichas declaratorias.
“Por lo anterior, esta Comisión Nacional reitera que en el ámbito de sus atribuciones promoverá las acciones conducentes para prevenir que se violente el orden constitucional vigente y se vulneren los derechos humanos de las y los mexicanos, haciendo expresa su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerá, en las acciones y controversias que sobre este tema se hagan”, finalizó.
El Ejército acatará fallo de la Corte: Cienfuegos
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró que acatará el fallo de la Suprema Corte en torno a la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que regula el actuar tanto del Ejército como de la Marina.
De acuerdo con e-Consulta, durante la graduación de elementos de la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios (EMAAYS) en Puebla, Cienfuegos dio “la bienvenida” a la polémica ley, aunque aclaró que esperará el resolutivo del máximo tribunal del país.
“Los militares le damos la bienvenida a la aprobación de esta ley y agradecemos el esfuerzo del Congreso para otorgar esta ley que hemos estado solicitando. Estaremos atentos a las determinaciones que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, como siempre ha sido, acataremos lo que se decida”, declaró.
Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por el Congreso de la Unión, Peña Nieto promulgó la norma el pasado 21 de diciembre, para que la SCJN sea la que decida sobre su constitucionalidad.
Esta regulación faculta al Ejército y la Marina a intervenir en acciones de combate a la delincuencia, que según la Constitución Política sólo son responsabilidad de las fuerzas de seguridad pública. La indefinición de límites y, en consecuencia, el riesgo de militarización en el país causaron protestas y pronunciamientos en contra por parte de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Exhortan a la Corte a declarar inconstitucional la LSI
El coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), José Antonio Lara Duque, se sumó a los exhortos hechos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior; de lo contrario, advirtió, aumentarán los desplazamientos, el encarcelamiento de líderes sociales y la persecución contra defensores de derechos humanos.
“Desde la sociedad civil, hago un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare inconstitucional esta ley y regrese a la normalidad jurídica y democrática al Estado mexicano, regresando a sus cuarteles a los soldados y, buscar otros mecanismos para enfrentar la grave crisis de inseguridad y falta del Estado de derecho que México padece”, manifestó en un comunicado de la organización.
Lara Duque afirmó que en los últimos meses ha aumentado el número de comunidades y pueblos originarios desplazados por disputas de tierra y agua, “avaladas desde el gobierno mexiquense e impulsadas por un fuerte interés económico”. Y mencionó como ejemplo a los extractores de minas, desarrollos inmobiliarios y grupos paramilitares vinculados con el priismo.
El activista expresó el temor de que, con la Ley, se recrudezca la persecución contra líderes sociales activistas y periodistas, y que crezca el número de desplazados, “como es el caso de Chiapas”.