Para cualquier observador de la escena política mexicana ahora queda más claro lo que desde hace mucho se suponía: que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha sido instrumento para la transferencia ilegal de recursos públicos al PRI. El supuesto ya es casi certeza tras el juicio que se sigue a ex funcionarios por un fraude de al menos 250 millones de pesos que la SHCP autorizó que se destinaran a pagos por servicios educativos en Chihuahua a sabiendas que terminarían en las arcas del PRI mediante el uso de empresas ficticias y que servirían para financiar la fallida campaña electoral de ese partido en ese estado norteño en 2016, (la explicación detallada de la operación está en Reforma, del 19 al 27/12/17 y The New York Times, 21/12/17).
La trama fue –¿es?– muy sencilla pero requirió de una condición sine qua non: que quien se beneficiaría por la triangulación de recursos –el PRI– controlara toda la pirámide del aparato de gobierno –en particular la institución encargado de asignar y vigilar el uso de los dineros públicos, es decir, a la SHCP. También, que tuvieran una influencia decisiva en los cuerpos encargados de vigilar las elecciones –el INE, el TEPJF y el instituto electoral local– para poder neutralizar cualquier intento de investigación sobre financiación y que, a la vez, los supuestos vigilantes fueran agresivos en la fiscalización de la contabilidad de la oposición.
Si se dan las condiciones anteriores –y el PRI las ha conjugado todas en este sexenio–, entonces se pudo proceder a crear empresas ficticias en Chihuahua y en cualquier otro estado, a las cuales el gobierno federal les pagaría por servicios educativos o de otra índole pero que no se prestarían. A su vez, esas empresas pagarían a otras, también ficticias, hasta lograr que el rastreo de los recursos se perdiera y éstos terminaran, con alguna merma a favor de los intermediarios, en las arcas del PRI.
El plan falló porque, pese a todo, en Chihuahua el gobierno lo ganó un panista sui generis, Javier Corral, que echó a andar una investigación y realmente atrapó en sus redes a esos “peces gordos” que muchos años atrás el PAN había prometido capturar, pero que nunca quiso.
En ciertos círculos se ha rechazado caracterizar al PRI como un partido de Estado. Antes del año 2000, muchos prefirieron calificarlo como predominante, hegemónico o algo semejante. Cuando al iniciarse el siglo actual el PRI perdió “Los Pinos”, esa discusión también pareció perder sentido. Se supuso que, de ahí en adelante, la maquinaria electoral creada por Plutarco Elías Calles sería un jugador más dentro de un sistema de partidos que había transitado del autoritarismo a la democracia, y que las elecciones sin competencia que habían caracterizado a México, eran cosa del pasado. Por definición, se aseguró, en el nuevo sistema no podía haber un partido de Estado ¿o sí?
Maurice Duverger advirtió en su obra clásica sobre los partidos políticos, que estas organizaciones “sufren profundamente la influencia de sus orígenes”, (Los partidos políticos, México, FCE, 1969, p. 15). Y el PRI se originó como partido de Estado. Fue ideado y creado desde la cumbre del poder para organizar ese poder no para competir por él. El presidente Emilio Portes Gil decretó que los recursos de la nueva institución provendrían de un descuento a los sueldos de los burócratas, pues los servidores del Estado debían ser, en automático, soporte del partido al que debían su empleo. Cuando finalmente se aceptó que ese descuento por nómina era ilegal, se le sustituyó con fondos públicos que no aparecían en la contabilidad oficial y con la asignación sistemática de recursos materiales y humanos de las secretarías de Estado y de los gobiernos locales para apoyar las campañas de los candidatos oficiales.
Se suponía que toda esa financiación estatal e ilegal había llegado a su fin con la derrota del PRI al inicio de este siglo. Y quizá fue el caso a nivel federal, pero no al nivel de entidades como el Estado de México, donde el PRI siguió apegado al viejo estilo y donde el PAN, supuesto verdugo de la antidemocracia, le permitió refugiarse sin modificar su naturaleza de origen y sin ser molestado.
La decisión del PAN de no perseguir a los “peces gordos” de la corrupción priísta en los dos sexenios que gobernó y, en cambio, compartir generosamente con sus gobernadores la renta petrolera, se explica por la necesidad panista de contener al enemigo común: a la izquierda encabezada por Andrés López Obrador. En 2012, lo anterior, aunado al rotundo fracaso del PAN como partido gobernante, abrió las puertas al retorno del PRI al poder nacional y a reactivar todas sus prácticas como partido de Estado.
Se suponía que la SHCP era una de las pocas dependencias del gobierno federal que, junto con el Banco de México, y las secretarias de Relaciones Exteriores, Defensa y Marina, estaban constituidas por personal de carrera, comprometido con los objetivos de la institución. Sin embargo, frente a la presión y embate de los intereses políticos de sus dirigentes, ese compromiso resultó relativo.
En resumen, la larga batalla del México democrático contra la arraigada y terrible práctica de un partido de Estado que ni puede ni quiere cambiar, es una que debe seguir. Y Chihuahua ha demostrado que puede dar resultados.

Terminó –¡Por fin!– el 2017 y se inicia un año que promete ser peor, a menos que la decisión popular lo convierta en punto de arranque para construir un México diferente, sin la ofensiva desigualdad en que nos han hundido los gobiernos del PRI y el PAN.
Ante cualquier cambio que se propongan la ciudadanía o los gobernantes, estará presente el asunto de las drogas. México, un país con sesenta por ciento de pobres, destina gran parte de su presupuesto a combatir los estupefacientes, mientras que en la mitad de Estados Unidos, la mayor potencia de la tierra, la mariguana ha adquirido estatus legal, ya sea para usos medicinales o de plano para su producción, distribución y venta libres.
La actual política contra las drogas se combina con más de treinta años de economía neoliberal, la que ha producido desempleo, pobreza, marginación y desigualdad. En esas condiciones, no debe extrañar que medio millón de mexicanos –cálculo conservador—de un modo u otro estén ligados al negocio de las drogas.
Otro efecto disolvente es la corrupción, que envuelve lo mismo a ediles de localidades perdidas que a los políticos más encumbrados, a civiles y uniformados. El narco presiona dentro de los partidos para impulsar candidaturas favorables, paga campañas electorales, estimula las carreras judiciales de su gente y tiene más representación que muchas actividades económicas en las cámaras de diputados y senadores.
La iniciativa privada no escapa al influjo del dinero negro, pues por múltiples vías se trabaja para blanquear las inmensas fortunas de los capos. En  ese cometido participan los ejecutivos de grandes bancos, los gerentes de empresas aparentemente ajenas al narco y quienes están en las más diversas actividades, como el deporte profesional, por citar un caso.
La guerra frontal contra las drogas –de algún modo hay que llamarla–, ha fracasado en el afán de disminuir o al menos contener la producción y el trasiego de las sustancias prohibidas, pero en menos de dos sexenios ya suma más de 200 mil vidas perdidas. Eran personas, con necesidades y con sueños, como cualquier ser humano. Eran mexicanos con derecho a una vida mejor que sus gobernantes no fueron capaces de ofrecerles. Y pese a la abrumadora cantidad de muertos, “desaparecidos” y desplazados, crece la producción y crece el consumo, se manejan cantidades de dinero cada vez mayores, las cárceles se llenan de hombres y mujeres que pudieron tener un destino mejor y el país se hunde en una espiral de violencia de la que México debe escapar.
Mantener la prohibición sobre las drogas es como combatir la obesidad prohibiendo las golosinas, lo que sería perfecto para crear otro pujante mercado ilegal. Hay que insistir en que el consumo de drogas ni siquiera figura en las estadísticas de muertes violentas, en tanto que el alcohol es la segunda causa de defunción. Por fortuna, nadie ha propuesto prohibir las bebidas alcohólicas después de la desastrosa experiencia de Estados Unidos entre 1919 y 1933.
Si bien han aflojado las disposiciones legales para el uso medicinal de la mariguana, lo cierto es que resulta extremadamente difícil y costoso obtener los fármacos de cannabis en México, y si alguien no lo cree puede preguntar en la Cofepris, que actúa más como guardiana de la moral que como órgano del Estado encargado de reducir los riesgos sanitarios. Por supuesto, son las trasnacionales las únicas beneficiadas en la legislación actual, cicatera, inhumana y discriminatoria, pues económicamente castiga más a los pobres (Sativex, un medicamento derivado del cáñamo, cuesta más de 20 mil pesos en este país donde abunda la miseria).
Hay que distinguir entre los opositores a la legalización de las drogas (de la mariguana para empezar): la oposición más tenaz y hasta rabiosa no proviene de las familias agraviadas por las bandas del narcotráfico, sino de los funcionarios que lucran con la prohibición. Pero el dilema está claro: o México procede a legislar una despenalización debidamente reglamentada o bien se opta por continuar con la carnicería, con el sufrimiento y la violencia creciente.
La humanidad ha vivido con las drogas, a las que ha dado un empleo ceremonial o meramente lúdico. El consumo por supuesto tiene riesgos, pero también los tienen los tacos de carnitas, y nadie los prohíbe. En 2018, la racionalidad tiene que imponerse a la mojigatería y, sobre todo, al interés de quienes lucran con la prohibición.

Al menos 13 personas resultaron heridas cuando un tráiler que al parecer se quedó sin frenos provocó un percance a escasos metros de la caseta de Texmelucan de la autopista México-Puebla.
De acuerdo con información de E-Consulta, el accidente, que también causó daños a 10 vehículos, ocurrió pasadas las 8:00 horas de este miércoles a la altura del kilómetro 94 en la zona de Moyotzingo.
De acuerdo con los primeros reportes se sabe que un tráiler Kenworth con razón social Refrigerados Angelito de Tonalá, Jalisco, perdió el control de la unidad y antes de salirse de la cinta asfáltica impactó a varios vehículos, entre ellos otro tráiler.
Paramédicos de Caminos y Puentes Federales, servicios prehospitalarios y la Cruz Roja se trasladaron al lugar a atender a los lesionados. Ocho de ellos fueron llevados a hospitales de la capital y el resto valorados en el lugar.
Más tarde, la Policía Federal y Capufe iniciaron las labores para el retiro de los vehículos siniestrados, restableciendo así la circulación.

Ocho entidades del país concentran 70 por ciento de las carpetas por el delito de narcomenudeo, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los datos, forman parte del nuevo registro y clasificación de delitos del SESNSP, el cual señala que siete de cada 10 carpetas de investigación por narcomenudeo, se iniciaron en
los estados de Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Michoacán y Jalisco.
Además, indican que de enero a noviembre de este año, se abrieron 40 mil 172 carpetas por narcomenudeo en todo el país.
De ese total, las Fiscalías y Procuradurías estatales de los ocho estados iniciaron 29 mil 948 carpetas, el 74.5 por ciento de todo el país.
La entidad con el mayor número de indagatorias iniciadas en los primeros 11 meses del año es Chihuahua, con 7 mil 337, cifra que representa el 18.2 por ciento del total nacional.
En segundo lugar está Guanajuato, con 5 mil 981; y en tercero Baja California, con 5 mil 227 carpetas de investigación.
Les siguen Coahuila, con 3 mil 69; Nuevo León, con 2 mil 368; Ciudad de México, con 2 mil 358; Michoacán, con mil 863; y Jalisco, con mil 645.
Las entidades que reportaron menos carpetas por narcomenudeo son Tlaxcala, con 43; Tabasco, con 35; Campeche, 141; Veracruz, con 166; y zacatecas, con 2015.
Llama la atención el caso del Estado de México, ya que su cifra aparece en cero en el periodo enero-noviembre, es decir, que no inició ninguna carpeta, o bien, no las reportó al SESNSP.
En agosto de 2009 fue publicado un decreto por el que se reformaron distintos ordenamientos, y se estableció que los estados participen en el combate a este delito.
Además, la Ley General de Salud señala que las autoridades estatales conocerán y resolverán de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
De acuerdo con el Semáforo Delictivo, el narcomenudeo es la principal causa de violencia en México y provoca entre 8 mil y 10 mil muertes por año.

Repunte

Las denuncias por narcomenudeo aumentaron en el país 28.8 por ciento en los primeros 11 meses de 2017, con respecto al mismo periodo de 2016.
Datos del SESNSP indican que este año se abrieron 40 mil 172; mientras que el año pasado fueron 31 mil 186 indagatorias.
Este año, el promedio diario en el periodo enero noviembre fue de 120 carpetas; en 2016 el promedio fue de 93.
El repunte del narcomenudeo este año se dio luego de que en 2016 se redujo el número de indagatorias con respecto al año previo, que sumó 35 mil 703 en el mismo lapso.

En noviembre, el Edomex vuelve a ocupar el primer lugar en ilícitos

Con 26 mil 556 ilícitos denunciados, el Estado de México fue también en el mes de noviembre de este año la entidad del país con mayor incidencia delictiva, conforme a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
En el segundo mes de la gestión del gobernador priista Alfredo del Mazo, en el país se cometieron 153 mil 329 delitos. En la Ciudad de México se denunciaron 17 mil 827.
En octubre, la misma dependencia registró la comisión de 28 mil 508 delitos en territorio mexiquense, la cifra más elevada de los últimos años, mientras en la Ciudad de México (Cdmx) se denunciaron 18 mil 849.
Apenas el miércoles 20, Del Mazo Maza presentó en Ecatepec los primeros resultados de la estrategia denominada “La fuerza del Estado”, donde participan el Ejército, Marina, Cisen, Policía Federal (PF) y Procuraduría General de la República (PGR).
Desde el Parque Ecológico Ehécatl, Del Mazo afirmó que durante los primeros 96 días de su administración los delitos de alto impacto se redujeron en 17%; el secuestro, aseguró, disminuyó 19%, y 20% el robo a casa-habitación.
Tultitlán, Tecámac y Valle de Chalco, recordó, salieron de la lista de los 50 municipios con mayor índice de violencia en el país.  (Agencia Proceso /?Toluca, Estado de México).