EFE
Santiago de Chile
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, promulgó ayer la ley de educación pública, que traspasará la administración de 6 mil 500 colegios y jardines infantiles desde los municipios al Ministerio de Educación.
“Hoy ponemos en marcha un sistema de educación pública portador de una nueva visión sobre la equidad, la responsabilidad del Estado, la descentralización”, señaló la mandataria en un discurso, al ratificar uno de los compromisos emblemáticos de su gobierno.
Esta nueva normativa supone la creación gradual, hasta 2030, de 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), con directores que durarán seis años en el puesto, y se harán cargo de los establecimientos educacionales, en vez de los municipios.
Estos servicios serán administrados por la Dirección Nacional de Educación Pública, que les asignará recursos y velará por su buen funcionamiento, además proponer al gobierno una política nacional de educación cada 8 años.
La “desmunicipalización” de la educación, que revierte una norma impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet en 1981, fue una de las principales demandas que surgió del movimiento estudiantil, que se manifestó en las calles durante el primer gobierno de Bachelet, para exigir una educación básica de calidad transversal para todos los alumnos, que no dependiera de los dispares recursos y voluntades de los municipios.
Las manifestaciones estudiantiles fueron “in crescendo”, se masificaron durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) y se mantuvieron durante la actual Administración de Bachelet.
La jefa de Estado afirmó este jueves que “ya no será preocupación de los municipios competir con otros en base a sistemas de medición obsoletos, tampoco será preocupación de los directores de los establecimientos escolares conseguir los recursos para funcionar”, entre otras dicotomías que se presentaban.
Por otro lado, aseguró que “la única preocupación de todos los niveles del Estado será crear condiciones para que los maestros puedan hacer el mejor trabajo en cada aula”.
En tanto las elecciones generales que tendrán lugar el próximo día 19 en Chile se celebran bajo nuevas reglas derivadas de la reforma aprobada hace dos años y con el candidato derechista Sebastián Piñera como favorito para suceder en la presidencia por segunda vez en la historia a Michelle Bachelet.
Estos comicios supondrán el fin del sistema binominal, que ha sido reemplazado por uno proporcional directo, lo cual supone un aumento en el número de legisladores de la Cámara de Diputados (de 120 a 155) y el Senado (de 38 a 50), si bien en la Cámara Alta en esta ocasión sólo se renuevan 25 escaños.
La cita con las urnas, en la que el bloque de centro izquierda se presenta dividido por primera vez desde el fin de la dictadura, también servirá para escoger a los 278 miembros de los quince consejos regionales que hay en el país.
Por su parte, el ex presidente Sebastián Piñera, que en 2010 se convirtió en el primer político de la derecha chilena en acceder por la vía democrática al poder en cincuenta años, busca ahora la reelección para revertir las reformas de la era Bachelet y situar al país en lo que él considera la senda del crecimiento y el progreso.
A diferencia de lo que sucedió en 2010, cuando derrotó al candidato de la Concertación, Eduardo Frei, por un ajustado 51.6 por ciento, Piñera aspira ahora a alzarse con el triunfo en la primera vuelta y evitar el balotaje, fijado para el 17 de diciembre.