EFE

Harare

Un documento publicado ayer por 115 organizaciones de la sociedad civil de Zimbabue pide al presidente Robert Mugabe que dimita y a los militares que mantienen intervenido el país que restauren el orden constitucional para que se lleve a cabo una transición democrática.
“Esperamos y pedimos a las Fuerzas Armadas que elaboren una hoja de ruta clara y fácilmente adoptable para restaurar el orden constitucional en Zimbabue”, indican las asociaciones, que reclaman una “salida del poder voluntaria” del veterano presidente, de 93 años y en el poder desde 1980, “por la paz, estabilidad y progreso” del país.
El documento, divulgado por el activista Doug Coltart en su cuenta de Twitter, expresa la “preocupación” de la sociedad civil y condena “cualquier acción, intento o interés por hacerse con el poder del Estado al margen de las provisiones de la Constitución”.
Sus firmantes reclaman al Parlamento que realice los cambios legales necesarios para la que las elecciones de 2018 sean “libres y justas”, y para salvaguardar la independencia del poder judicial y garantizar la neutralidad de los funcionarios en los procesos políticos.
Sus requisitos van más allá del panorama nacional y solicitan a la organización regional Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (SADC, siglas en inglés) que sea el “árbitro” del conflicto y “permita un diálogo inclusivo con partidos políticos, sociedad civil y líderes religiosos, sindicales y estudiantiles” entre otros.
Por otro lado, el principal partido de la oposición de Zimbabue, el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC-T), está dispuesto a entrar en un gobierno de transición tras la intervención militar contra Mugabe aseguró ayer su secretario general, Douglas Mwonzora.
En tanto, Mugabe, de 93 años de edad, negociaba ayer con los militares después de haber sido puesto bajo arresto domiciliario y en medio de los pedidos de la oposición de que dimita.
El líder de la oposición Morgan Tsvangirai exigió ayer la dimisión de Mugabe y la celebración de nuevas elecciones tras el golpe de Estado militar que dejó un clima enrarecido en el país.
El diario estatal The Herald difundió fotos en las cuales se ve a Mugabe en la presidencia conversando con el jefe del Estado Mayor, Constantino Chiwenga, y mediadores, entre ellos la ministra de Defensa sudafricana, Nosiviwe Mapisa-Nqakula.

Miles de guatemaltecos volvieron ayer a las calles para pedir la renuncia del presidente del país, Jimmy Morales, y de 112 diputados al Congreso a los que consideran corruptos.
Estudiantes universitarios, campesinos, dirigentes sindicales, mujeres, académicos e indígenas protestaron de forma pacífica contra la impunidad que, aseguran, reina en Guatemala.
Con pancartas y consignas, las manifestaciones, una de ellas encabezada por el rector de la estatal Universidad de San Carlos (USAC), Carlos Alvarado, llegaron a la sede del Congreso donde exigieron la renuncia de Morales y de 112 de los 158 parlamentarios.
“Los guatemaltecos esperamos que ustedes corruptos, agarrados con las manos en la masa, nos pidan perdón y devuelvan lo que se robaron”, se leía en un cartel.
Las protestas pacíficas fueron convocadas por la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, integrada por estudiantes universitarios, indígenas, campesinos, sector de mujeres y sociales, entre otros.
Además de pedir la renuncia del presidente y los legisladores, los manifestantes exigieron reformas para cambiar el sistema político y que lo recursos que ingresan a las arcas públicas lleguen al pueblo. (EFE / Guatemala).

El diálogo con la oposición durará un año para “acuerdo de paz”: Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estimó ayer que el nuevo proceso de diálogo político durará un año y aseguró que su gobierno trabajará para, en ese tiempo, lograr un “acuerdo de paz” con la “oposición violenta”, a la que culpa por la crisis política y económica del país.
“Creo que con esfuerzo en un año pudiéramos llegar a acuerdos integrales o acuerdos parciales para garantizar la vida en paz de Venezuela”, dijo el mandatario durante un acto proselitista que fue transmitido de manera obligatoria en todas las emisoras de radio y televisión.
La llamada revolución bolivariana y la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunciaron este jueves que se reunirán en Santo Domingo el 1 y 2 de diciembre próximo para comenzar una nueva ronda de negociaciones y buscar una salida a la situación en el país petrolero.
Maduro celebró la reanudación de las conversaciones directas con interlocutores de la MUD y aseguró que la delegación de su gobierno hará todos los esfuerzos para alcanzar “como hubo en Colombia, un acuerdo de paz con la oposición violenta venezolana”.
Por otro lado, el abogado y activista venezolano Alfredo Romero recibió ayer el Premio Robert F. Kennedy (RFK) de derechos humanos como reconocimiento a su labor en defensa de los políticos presos en su país desde su Foro Penal Venezolano (FPV). (EFE / Caracas / Washington).

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunirá este sábado en París con el dimisionario primer ministro libanés, Saad Hariri, actualmente en Arabia Saudí, informó ayer la presidencia francesa.
Hariri ha aceptado ayer la invitación del mandatario galo para viajar a París y acabar con su permanencia en Arabia Saudí, que había acentuado la crisis política desatada en Beirut por su renuncia el pasado día 4.
El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, avanzó ayer durante una visita oficial a Riad que Hariri será recibido como un “amigo”.
Hariri permanece en Riad desde que anunció que abandona el cargo y en los últimos días ha prometido varias veces que regresará a Beirut, al asegurar que no se encuentra retenido en Arabia Saudí, como han denunciado el presidente libanés, Michel Aoun, y otros dirigentes y partidos del país.
El gobierno francés se ha presentado en esta crisis como mediador y ha reiterado la importancia de llegar a una solución.
Para el Ejecutivo de Macron, el Líbano, antiguo protectorado francés en Oriente Medio, es clave para la estabilidad de la región, atenazada por la guerra de Siria y por la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí. (EFE / París).

EFE / DPA

Saná / Roma

Al menos 16 personas murieron y otras siete resultaron heridas ayer por la noche por una explosión en un almacén de armas en la provincia yemení de Al Yuf (noreste), informaron ayer fuentes de seguridad y testigos.
Un incendio se desató en el almacén, propiedad de un comerciante local de armas en la localidad de Bart al Anan y, cuando los habitantes se dirigieron a apagar el fuego, se produjo la explosión.
Además de armas, el almacén contenía minas y municiones, lo que causó al destrucción del edificio, en cuyos escombros quedaron atrapadas las víctimas, contaron las fuentes.
Entre los cadáveres que han sido recuperados se encuentran el del comerciante y cinco de sus familiares, así como diez voluntarios que estaban extinguiendo el fuego.
El Yemen es escenario de un conflicto originado en 2014, cuando los rebeldes hutíes ocuparon Saná y otras provincias, y que se recrudeció en marzo de 2015 con el inicio de la intervención de la coalición militar integrada por países suníes y liderada por Arabia Saudí a favor de las fuerzas leales al presidente, Abdo Rabu Mansur Hadi.

La Fiscalía de Brasil solicitó ayer que al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva le sean bloqueados bienes por un valor de 7.3 millones de dólares, en el marco de una investigación en la el ex mandatario está acusado de participar en tramas de corrupción.
El portal “G1” informó que en el pedido efectuado por la Fiscalía también está incluido el hijo menor del ex mandatario, Luis Claudio, quien también es investigado en la misma causa.
De acuerdo con el portal, el Ministerio Público (Fiscalía) pidió que a Lula le fueran bloqueados algo más de 6.5 millones de dólares, mientras que a su hijo un total de 763 mil dólares.
En un comunicado, la defensa del ex mandatario de Brasil entre 2003 y 2010 informó que su patrimonio no es de 7.3  millones de dólares, y que sus bienes ya fueron bloqueados por el juez Sérgio Moro, quien condenó a Lula en primera instancia a nueve años y medio de prisión por cargos de corrupción.
“No hay base jurídica y material para pedir el bloque de bienes formulado por la Fiscalía”, destacó en un comunicado el abogado defensor de Lula, Cristiano Zanin Martins. (DPA / Brasilia).

La FARC crítican modificaciones
aprobadas a “Justicia para la Paz”

La FARC, ahora convertidas en partido político, saludaron ayer el aval que le dio la Corte Constitucional de Colombia a la Justicia Especial para la Paz (JEP), pero criticaron algunos aspectos porque “generan consecuencias adversas” para el acuerdo firmado con el gobierno nacional.
Así lo expresó el número dos de FARC, alias Iván Márquez, en una rueda de prensa en Bogotá en la que también saludaron “el concepto de exequibilidad proferido por la Corte Constitucional”.
Sin embargo, explicó, “debemos decir que hay aspectos del mismo que generan consecuencias adversas para la paz”.
La Corte Constitucional de Colombia declaró el martes pasado ajustada a la ley la JEP que, según el acuerdo firmado por el gobierno y las FARC en noviembre del año pasado, se encargará de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado.
Por otro lado, un militar colombiano resultó herido en el cuello por un miembro del Ejército de Liberación Nacional, guerrilla que se encuentra en cese el fuego temporal desde el 1 de octubre, informaron ayer fuentes castrenses. (EFE / Bogotá).

El proyecto Guerrero Jaguar alertó al municipio de San Luis Acatlán y autoridades ambientales locales, estatales y federales por el plan que tiene un grupo de cazadores que identificó jaguares en la zona y que los pretenden cazar, luego de la denuncia que recibió de vecinos y con el antecedente de que hace un año hubo un sacrificio de un ejemplar en la zona.
En consulta telefónica, el representante de la organización, Fernando Ruiz Gutiérrez, contó que ayer le llegó un mensaje de vecinos de la zona de San Luis Acatlán, que reportaban la presencia de un grupo de personas que iban de cacería en una zona cercana, y que mencionaron de la presencia de felinos.
“Siempre que encuentran un jaguar o que saben de la presencia de algún felino en la zona casi siempre son sacrificados, entonces nosotros estamos emitiendo una alerta para tratar de persuadir a esas personas de que lleguen a hacer cacería, sobre todo de los felinos en el área”, manifestó.
Dijo que un amigo biólogo estaba en San Luis Acatlán, que ya hizo el primer acercamiento con el Ayuntamiento, con la Dirección de Ecología, quienes se comprometieron que de manera inmediata iban a girar oficios hacia las comunidades para que estén pendientes de este tipo de actividades, para que contribuyan ellos y ayuden en el proceso de evitar más cacería de felinos en la zona.
Añadió que se parte de que ya hay un antecedente de sacrificio de jaguar en esa región, hace aproximadamente un año cuando se sacrificó un jaguar en la comunidad de Piedra Ancha y que no hubo seguimiento por parte de las autoridades, y que solamente se hizo difusión en las redes sociales y en algunos periódicos locales.
Dijo que la organización intentó acercarse al municipio para ver de qué manera podía contribuir pero no los recibieron, y que entonces el Ayuntamiento no mostró interés.
Abundó que espera que esta vez las cosas cambien, que se está tratando de generar la alerta no sólo para San Luis Acatlán sino para toda la parte serrana donde todavía hay felinos.
El biólogo resaltó que se necesita de la colaboración de las comunidades, pero también se necesita de la participación de las autoridades ambientales tanto municipales, estatales y federales, que no nadamás se queden en el discurso, y que ya se necesitan actividades directas encaminadas a la protección del jaguar, que es una especie muy vulnerable en el estado.
Lamentó que a falta de apoyo de las autoridades del estado, Guerrero Jaguar está trabajando con apoyo de instancias fuera del estado como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Alianza Nacional para la Protección del Jaguar.
“Nuestra alerta es para que de alguna manera empiecen a tomar en cuenta este tipo de situaciones, y que se necesita más que prohibir, empezar a genera estrategias que nos ayuden a mitigar este tipo de impactos”, indicó.
Dijo que en el caso de esta zona en comparación con Jaleaca, municipio de Chilpancingo, y Tecpan de Galeana donde ha habido depredación de ganado por jaguar, en San Luis Acatlán no ha habido reportes, que sin embargo eso no significa que no esté sucediendo, que además como no hay información en la zona sobre el seguro ganadero los pobladores no tiene cómo reportar.
“Necesitamos acción de las dependencias, acabamos de ver el informe que dio la secretaria de Medio Ambiente (Karen Castrejón Trujillo) y sinceramente se queda muy corta en lo que se pueda hacer en el estado, estamos en un estado mega diverso en un estado con una gran riqueza de especies y sinceramente se está haciendo poco por la conservación del jaguar”, lamentó.

Diana Baptista / Agencia Reforma

Ciudad de México

En 2016, México perdió 253 mil hectáreas de bosque y selva, la mayoría en Chiapas y la Península de Yucatán, según la plataforma Global Forest Watch.
En el país, significa un incremento de 36 por ciento con respecto a la deforestación registrada en 2015.
“Si la deforestación mantiene este ritmo, antes de que termine el siglo XXI no quedará una sola hectárea de estas selvas, y con ellas se perderán una enorme diversidad biológica y servicios ambientales vitales para la agricultura, la producción industrial y la vida en las ciudades”, alertó la organización Reforestamos México.
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que contienen los últimos macizos de selva tropical en el mundo, perdieron el año pasado 95 mil hectáreas de selva.
En Chiapas, la deforestación creció en 114 por ciento, al pasar de 30 mil a más de 65 mil hectáreas.
“El estado con la peor situación fue Campeche, que perdió 54 mil 761 hectáreas de selva, 22 por ciento del total deforestado a nivel nacional, y más de la mitad de la pérdida en la península”, agregó Reforestamos México.
Recordó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se comprometieron este año a restaurar 8.5 millones de hectáreas para el año 2020.
Por su parte, los gobiernos de la península se comprometieron a reducir en 80 por ciento la deforestación para 2020 y alcanzar la cero deforestación para 2030.
Reforestamos México advirtió que el cumplimiento de ambos compromisos representa un reto ante la cifra significativa de deforestación en el país.

DPA

Oakland

Científicos estadunidenses están probando por primera vez una terapia de modificación genética directamente en el cuerpo de un paciente, informó el USCF Bennioff Children’s Hospital.
Con esta herramienta se pretente colocar un gen corrector en un lugar exacto del ADN de un paciente que padece el síndrome de Hunter. A las personas que sufren esa enfermedad les falta un gen que codifica una enzima que procesa determinados hidratos de carbono. Estos se acumulan en las células y causan múltiples daños.
El paciente Brian Madeux, de 44 años, es el primero en el que se ha probado la terapia. Recibió por vía intravenosa virus inocuos que transportan las instrucciones tanto para el gen corrector como las “tijeras genéticas”.
El objetivo es insertar el gen corrector en las células del hígado del paciente y que este produzca de por vida las enzimas que le faltaban por la enfermedad. Tendrán que pasar tres meses para saber si la terapia está funcionando.
“Estamos orgullosos de ser parte de este estudio revolucionario y nuestra esperanza es que esta terapia de edición genética sea beneficiosa para nuestro paciente y otros”, explicó el investigador principal del estudio, Paul Harmatz.
“Tengo dolores cada segundo. Pensé que no viviría más de 20 años”, apuntó por su parte el paciente.
Una de las particularidades es que el gen se podrá llevar con mucha precisión hasta las células del hígado. Los vectores virales empleados están preparados para que lleguen al hígado con una alta probabilidad.

Dulce Soto / Agencia Reforma

Ciudad de México

El embarazo adolescente disminuyó en el país en 2016, al pasar de 440 mil 468 nacimientos de niñas y adolescentes de entre 9 y 19 años en 2014, a 395 mil 597 registrados el año pasado, aseguró la secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Patricia Chemor.
De acuerdo con datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos de la Secretaría de Salud, esto representa 44 mil 871 nacimientos menos en niñas y adolescentes, sostuvo Chemor.
Al participar en la ceremonia conmemorativa del XL Aniversario del Primer Programa de Planificación Familiar, Chemor aseguró que los datos comprueban que la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente está dando frutos.
El secretario de Salud, José Narro, destacó que son buenas noticias, pero todavía no puede asegurarse que el embarazo adolescente a la baja sea una tendencia, pues faltan los datos de 2017.
“Estamos en el tercer año (de la Estrategia), todavía no tenemos esos datos, pero en dos años hemos logrado no sólo detener el incremento, sino regresar a cifras que teníamos en los años 80 en el número de nacimientos de mujeres adolescentes”, expuso.
Narro reconoció que aún hay pendientes a resolver en materia de salud sexual y reproductiva.
“Claro que no estamos satisfechos. ¿Quién, con más de 9 mil 500 nacimientos en niñas, puede estar tranquilo? No vamos a estar tranquilos hasta que no tengamos un nacimiento en una niña. Porque no hay razones que valgan, porque no se pueden argumentar usos y costumbres, no se vale condenar a criaturas, en plural, la madre y su hijo, a que pierdan prácticamente su vida o a que ésta se vea comprometida. Entonces, falta mucho por hacer”.
Entre los pendientes, apuntó, se encuentra lograr un acceso equitativo a métodos anticonceptivos. Según datos de la Secretaría de Salud, el 28.1 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años y el 18.6 por ciento de las mujeres de habla indígena no tienen acceso a métodos anticonceptivos.
A decir de Arie Hoekman, representante en México del Fondo de Población de las Naciones Unidades, si los gobiernos de América Latina no mejoran el acceso a anticonceptivos, en 2030 el embarazo adolescente registrará 18.5 millones de casos en la región.