Claudia Guerrero /
Agencia Reforma

Ciudad de México

Con el respaldo de senadores del PRI, PVEM y hasta del PAN, el Senado eliminó este jueves el “candado” con el que se pretendía garantizar la independencia del nuevo fiscal electoral frente a los partidos políticos.
A propuesta de priistas, panistas e independientes, quedó eliminada la disposición que impedía contender a quienes han sido dirigentes o han sido postulados por fuerzas políticas a cargos de elección popular en los últimos seis años.
Los cambios fueron aprobados por 64 votos a favor, 33 en contra y una abstención.
Desde la semana pasada, senadores del PAN, cercanos al ex presidente Felipe Calderón, y el independiente Manuel Cárdenas anunciaron la decisión de impugnar la redacción original de la convocatoria, con el argumento de que superaban los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la PGR.
Este jueves, los panistas llamados “rebeldes” retiraron la reserva que habían anunciado, pero la defendieron desde la tribuna luego de que fue presentada por Cárdenas, señalado por el PAN y Morena como un operador del PRI.
Durante la sesión, senadores de oposición defendieron el “candado” completo, al advertir que el nuevo fiscal electoral debería de gozar de plena independencia frente a las fuerzas políticas. “No es sensato, ni de buen consejo, tener un fiscal militante”, alertó el senador de Morena Luis Humberto Fernández.
“Resulta evidente que académicos, especialistas en materia electoral o personas con probidad no se prestarán a participar en este proceso bajo las condiciones de opacidad y de acuerdos políticos cupulares con los que se está formulando”, agregó la senadora Dolores Padierna.
El senador Zoé Robledo incluso calificó la propuesta como una aberración y se lanzó directo contra Cárdenas, a quien acusó de “descafeinar” la Ley 3de3. “Usted mató la 3de3 y ahora quiere matar a la Fepade. No a la fiscalía militante, no al acuerdo, no a la trampa”, exigió Robledo.
El coordinador del PRD, Luis Sánchez, sostuvo que la obligación del Senado es llevar hasta la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) a un funcionario que no represente los intereses de los partidos políticos, sino de la sociedad.
El senador del PAN, Héctor Flores, defendió el “candado”, por considerar que permite cumplir con los requisitos constitucionales.“Esperamos que prevalezca el
ánimo de construir un proceso digno, para una fiscalía eficaz, pero que tenga la legitimidad necesaria”, pidió la panista Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia.
En contraste, el senador del PAN Roberto Gil se pronunció a favor de “achicar” la limitante, tras asegurar que la Ley Orgánica de la PGR no contempla ese requisito y que incluso se violarían los convenios internacionales firmados por México. “Por más deshonroso que sea militar en un partido político, no puede excluir el derecho a tener acceso a un cargo público”, expresó, provocando el aplauso de los senadores priistas.
En su turno, el panista Javier Lozano calificó a los opositores de hipócritas y amnésicos que sólo buscan el aplauso fácil.
“No exhiban su ignorancia de esta manera. Quieren hacer jurisprudencia de la estupidez. Vergüenza les debería de dar que en la más alta tribuna, con ligereza y frivolidad, se pueda hacer a un lado el principio de legalidad. Resulta inconstitucional imponer en una convocatoria con más requisitos que los que establece la ley”, sostuvo.
Al hablar en tribuna, tanto Cárdenas como la senadora del PRI Verónica Martínez consideraron que la prohibición excedía los límites legales.

Claudia Guerrero /
Agencia Reforma

Ciudad de México

El Senado acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cumplir con su obligación y aprobar la ley reglamentaria en materia de propaganda gubernamental.
El coordinador del PRI, Emilio Gamboa, aseguró que para agilizar el proceso, se replanteará el trámite parlamentario de las nueve iniciativas que se han presentado en la materia.
La intención es que la legislación sea procesada en un máximo de tres comisiones y no en las siete a las que fueron turnadas de manera inicial. “Tendrán respuesta nuestra”, dijo.
El coordinador del PAN, Fernando Herrera, urgió a legislar a la brevedad sobre el tema, para frenar el despilfarro de recursos del gobierno en imagen y propaganda.
“Es insultante la cantidad de recursos públicos que se invierten en ensalzar imágenes, en mal informar a la sociedad tratando de que los funcionarios públicos den a conocer cosas intrascendentes”, denunció.
“Este gobierno está más preocupado por la estética que por la ética gubernamental”.
Cuestionado sobre la posibilidad de cumplir con el fallo antes del 30 de abril de 2018, el legislador advirtió sobre la responsabilidad del PRI en este tema.
“Nosotros tenemos toda la disposición y la voluntad, esperemos que el PRI no simule”, expresó.
En ese mismo sentido, el coordinador del PRD, Luis Sánchez, pidió al presidente Enrique Peña Nieto instruir a sus legisladores para poder avanzar en la nueva legislación.
Incluso reconoció que, a pesar de la división de poderes, es el ejecutivo que conduce las decisiones en el poder legislativo.
“Que obligue al PRI, que el ejecutivo federal instruya a los legisladores a que lo hagan, porque todos sabemos que el presidente manda en el legislativo, estamos a expensas de su consentimiento”, señaló.
El legislador reconoció que, en caso de no cumplir a tiempo, el Congreso estaría en desacato y deberá enfrentar las consecuencias legales.
“Corremos riesgo por omisión”, señaló.

Agencia Reforma

Ciudad de México

Los perredistas que han hecho público su apoyo a Andrés Manuel López Obrador no deben ser sancionados con la suspensión de sus derechos partidistas, la cual pudo ser antesala para su expulsión del partido, determinó la Sala Superior del TEPJF.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió este jueves una serie de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por Héctor Yescas Torres, el diputado local y ex delegado Víctor Hugo Romo, Dorisol González; el ex presidente del PRD, Pablo Gómez, y el ex miembro de la dirigencia nacional, Carlos Sotelo García.
Los quejosos, quienes han acudido a distintos actos masivos del tabasqueño, alegaron que la decisión de la Comisión Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de suspenderles sus derechos partidistas por apoyar a otra fuerza política fue contraria a derecho.
Al revisar los casos, la Sala Superior determinó que el órgano de justicia perredista no respetó el debido proceso en las indagatorias y tampoco el principio de presunción de inocencia, por lo que anuló, por mayoría de seis votos contra uno, todas las pesquisas en su contra.
En el proyecto de sentencia propuso revocar las actuaciones hechas dentro de los procedimientos especiales de sanción y las medidas adoptadas respecto a la suspensión provisional de sus derechos como militantes del PRD.
Durante el debate, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien suele ir contra las decisiones de sus colegas, coincidió en que la Comisión Jurisdiccional perredista no respetó el principio de presunción de inocencia.
No obstante, consideró que, contrario a lo que apoyó la mayoría de los magistrados, el procedimiento contra los cinco perredistas que apoyan a AMLO debía de continuar y no ser descartado en su totalidad, pues además el tribunal debe ser respetuoso de la vida interna de los institutos políticos.

Agencia Reforma

Ciudad de México

El Consejo Nacional del PRD sesionará sábado y domingo para preparar la sustitución de la presidenta Alejandra Barrales y la secretaria general Beatriz Mojica, así como aprobar las convocatorias a candidaturas y la plataforma electoral que se defenderá con el Frente Ciudadano por México.
De acuerdo con las convocatorias emitidas, el sábado sesionarán los consejeros perredistas para aprobar la convocatoria para elegir a candidatos a la Presidencia de la República, a las senadurías y diputados, estas dos últimas por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.
El domingo 19 se concretará la fecha para la despedida de Barrales y Mojica, tentativamente el 9 de diciembre.
El consejo del partido prevé aprobar la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional, en cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por no haber elegido en tiempo y forma a los órganos de dirección, cuyo periodo concluía en octubre.
Además, los consejeros del PRD aprobarán los documentos relativos a la conformación de la coalición electoral en la que podrá participar el partido para el proceso electoral 2017-2018, que son la Plataforma Electoral, el Plan de Gobierno y el Convenio de Coalición.
Ángel Ávila, presidente del consejo, dijo que están en la ruta firmar la coalición con el PAN y MC con la mayoría de votos de las corrientes internas.

Agencia Proceso

Ciudad de México
Mancera se declaró listo para ir “de frente hacia el Frente (Ciudadano por México) o el escenario que se presente”, con lo que confirmó que en cualquier momento abandonará el cargo para el que fue electo por seis años.
En conferencia para reportar los avances de la reconstrucción de la capital, el funcionario habló de sus aspiraciones políticas.
Afirmó que está firme para afrontar todo lo que se pueda presentar, y sobre quién lo sucederá en el cargo, respondió que su sustituto deberá conocer a la perfección la operación del gobierno de la Ciudad de México.
“Vamos a ver exactamente cuáles son los escenarios, estamos listos y de frente hacia el Frente”, reiteró.
Mancera tiene de plazo hasta de diciembre para solicitar licencia, y el Frente no ha dado a conocer hasta ahora el método de selección de su candidato a la presidencia.
Los dirigentes del Frente Ciudadano, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales del PRD y Dante Delgado del MC, desayunaron con Mancera este jueves

“Créditos no, rescate sí”, señalan los afectados a los asambleístas en otra jornada de parálisis legislativa por el desencuentro entre Morena y PRD

Agencia Proceso

Ciudad de México

La Coordinación General de Damnificados que integra a más de 500 familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre se manifestó en la Asamblea Legislativa (ALDF) para exigir que se detenga la aprobación de la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación, que propuso el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera el pasado 14 de noviembre.
Las familias se oponen a la iniciativa promovida por el mandatario capitalino pues consideran que viola sus derechos y privilegia los intereses de empresas inmobiliarias.
Principalmente por los puntos que sostiene una densificación de los edificios dañados hasta en un 35 por ciento, así como el otorgamiento de créditos para las familias afectadas como parte de la política de construcción.
“¡Créditos no, rescate sí!”, “Los damnificados queremos ser escuchados!”, fueron sus consignas.
Vecinos representantes de las unidades habitacionales de Tlalpan, Osa Mayor, Paseos de Taxqueña, Girasoles, Benito Juárez, Avenida del Taller, Saratoga e Iztapalapa denunciaron que la iniciativa no fue consultada con los afectados.
“El problema de fondo es la falta de voluntad de este órgano legislativo para permitir a los damnificados ser parte de la construcción de la solución al grave problema que enfrentamos”, manifestaron.
“Queremos dejar muy en claro que los damnificados de la Ciudad de México no legitimamos un proceso legislativo que nos ignora”, señalaron.
Por ello exigieron también una reunión con las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, Administración Pública Local y Desarrollo e Infraestructura Urbana a más tardar la próxima semana.
Dentro del recinto legislativo, el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, aseguró que eran demandas “amañadas”.

La iniciativa de ley, atorada por la pugna partidista

De nueva cuenta, la iniciativa de ley de reconstrucción fue retirada de la orden del día de la accidentada sesión de este jueves en ALDF.
El grupo parlamentario de Morena se retiró del salón de sesiones después de pasar lista para atender en los salones contiguos al grupo de damnificados que se oponen a la iniciativa de ley del gobierno de la Ciudad de México por privilegiar a las inmobiliarias. El hecho obligó al presidente de la Mesa Directiva, Fernando Zárate Delgado, del PVEM, a suspender momentáneamente la sesión por falta de
quórum.
Los morenistas se negaron a regresar al salón de sesiones. César Cravioto, presidente del grupo parlamentario de Morena, mencionó que no se reincorporarán a los trabajos de la Asamblea Legislativa hasta que no se integre una nueva Mesa Directiva.
Y es que rechazaron de nueva cuenta la imposición de Zárate Delgado, quien relevó en el cargo a la diputada de Morena Flor Ivonne Morales Miranda, en una sesión considerada ilegal por los de la fracción morenista.
Ante la negativa de los diputados de Morena de retornar al salón de sesiones, el perredista Mauricio Toledo pidió a la Mesa Directiva que se levantara un acta circunstanciada contra los 20 legisladores  por “paralizar” los trabajos de la Asamblea.
Sin embargo, Cravioto se mantuvo firme en su posición y anunció que este jueves haría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una petición para reunirse con el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, para “explicarle lo que está pasando en la Asamblea”.
“Se está violentando la Ley Orgánica de la ALDF y la Suprema Corte es responsable de garantizar que las leyes se cumplan por ciudadanos y diputados”, subrayó.
También adelantó que se impugnarán todas las leyes que apruebe la Asamblea en el curso del mes, entre ellos el fondo de garantía de la Planta de Termovalorización y de la Ley de Datos Personales.
“Respetamos el derecho a la manifestación, pero veo ahí mano negra, es decir, el grupo de Morena ha venido buscando tergiversar el contenido de la ley y confundir a la ciudadanía”, especuló por su parte Leonel Luna.

Agencia Proceso
Oaxaca, Oaxaca

Integrantes del Consejo de Damnificados en San Pedro Comitancillo fueron amenazados con “llenarlos de plomo” o de un “levantón” si continúan exigiendo al gobierno apoyos o denunciando irregularidades en padrón, la “clonación” y decomiso de tarjetas de Bansefi, así como la opacidad en la entrega de recursos del empleo temporal a los afectados por los sismos de septiembre.
Denunciaron que el pasado lunes realizaron una protesta frente al palacio municipal para que el alcalde Arturo Cruz Girón hiciera aclaración del pago de empleo temporal y cómo sus incondicionales fueron incluidos en el padrón de damnificados sin serlo.
Un día después, recibió una amenaza, al igual que Alba Peña, desde la red social de Facebook, de la cuenta “Pgr Cosco Alex”, donde aparece la fotografía de un individuo con un arma con el siguiente mensaje:
“Luego porque amanece uno muerto como perro sodel libton y alba peña cabrona amenazando porque según tienen el respaldo de esa gente bájenle a su pedo q si ustedes están peliendo mil pesos yo con esos mil pesos los voy a desaparecer los voy a llenar de plomo y déjenme decirles q esta por medio su familia un levanton no vendría nada mal hijos de puta (sic)”.

Promete Peña Nieto rápida
reconstrucción en Morelos

El presidente Enrique Peña Nieto arrancó con la entrega de 15 mil tarjetas en Morelos para que los damnificados por el sismo puedan iniciar la reconstrucción de sus viviendas.
“Estamos convencidos de que, con el trabajo o involucramiento de la sociedad, de las familias afectadas, del gobierno federal, de los estados y municipios, estoy seguro de que vamos a lograr una rápida y acelerada reconstrucción para que las familias estén de pie y lo que se cayó se levante”, afirmó.
De acuerdo con Bansefi, en Morelos, 5 mil familias perdieron su casa, mientras que otras 10 mil tienen daños parciales en sus viviendas.
El presidente recorrió las calles de esta comunidad, que ya luce con poco cascajo, entregó una decena de monederos electrónicos y habló ante decenas de vecinos.

Agencia Proceso
Ciudad de México

La Secretaría de Cultura del gobierno capitalino interpuso una denuncia penal contra quien resulte responsable del presunto “ataque cibernético” a su cuenta en el banco Santader lo que, según dijo, impidió el pago de la nómina de la dependencia a unos mil 400 trabajadores.
Sin embargo, la tarde este jueves la institución bancaria negó que su sistema haya sido hackeado e informó que, según sus bitácoras, la operación en dicha cuenta fue realizada por el usuario autorizado por la dependencia que dirige Eduardo Vázquez.
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, garantizó que los empleados tendrían el pago de la primera quincena de noviembre.
El supuesto fraude bancario fue equivalente a cinco millones de pesos y afectó a unos mil 200 empleados de base, sindicalizados, confianza y de nómica 8 de dicha secretaría.
Mancera Espinosa declaró: “Ahí no hay disculpa, hay que cubrirles el pago a los trabajadores, eso lo tenemos que garantizar al cien por ciento”.
En conferencia, aseguró que la falla fue “un hackeo, un sistema que tendrá que revisarse, debe ser mucho más fuerte, dadas las transacciones electrónicas”.
Negó que “alguien haya llegado y se haya robado el dinero, sino simplemente, pues lo hicieron a través de esto, de una entrada, de una vulneración de un sistema que no es propiamente el sistema de la custodia de la Secretaría de la Cultura, sino es un tema bancario”, en referencia al Banco Santander, donde reside la cuenta en mención.

“El retiro lo hizo la persona autorizada”

Por su parte, el Grupo Financiero Santander negó que su sistema de seguridad haya sido hackeado y aclaró que el movimiento bancario lo hizo la persona autorizada por la Secretaría de Cultura.
En una tarjeta informativa, aseguró: “Santander fue notificado por la Secretaría de Cultura el pasado 14 de noviembre sobre un faltante en los recursos de la cuenta a la dispersión de la nómina. Desde ese momento, el banco inició los protocolos de investigación y aclaración para identificar el origen del faltante”.
Negó categóricamente que sus sistemas hayan sido objeto de hackeo o ataque cibernético, o que fueran vulnerados en su seguridad”.

Agencia Proceso

Cuernavaca / Morelos

El juez de Control Adolfo González López decidió vincular a proceso por peculado al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, así como al ex tesorero de la institución Eduardo Sotelo, sin fijar medidas cautelares.
La audiencia se llevó a cabo en ausencia del rector luego de que los magistrados de la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), determinaron reactivar el proceso por peculado que había sido cerrado por el juez decretando la libertad del rector, el pasado primero de octubre pasado.
César García Bravo, defensor del académico, presentó al inicio de la audiencia un justificante médico como argumento de la asistencia del académico, aunque sí estuvo presente el ex tesorero Sotelo. La diligencia duró varias horas y al final, ya por la noche de este miércoles, el rector y el exfuncionario fueron vinculados a proceso, aunque la Fiscalía Anticorrupción ni siquiera solicitó medidas cuatelares.
Durante los próximos meses, el rector Vera Jiménez y el ex funcionario deberán desacreditar los elementos que ha presentado la Fiscalía en su contra.
La denuncia de peculado tiene como argumento el hecho de que, en 2013, el Consejo Universitario aprobó la contratación de un crédito por 450 millones de pesos, recursos que sirvieron para aumentar los espacios para clases e investigación. Se construyeron edificios en varios municipios de la entidad.
Sin embargo, la Fiscalía asegura que para contratar este crédito, el rector debió solicitar autorización al Congreso del Estado, no obstante, la defensa argumenta que al momento de hacer la solicitud, la Ley de Deuda Pública de Morelos no obligaba a dicha solicitud.

Agencia Reforma
Ciudad de México

El líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre en Puebla, Rubén Sarabia, obtuvo su libertad definitiva después de tres años. Simitrio, como es conocido, tenía prisión domiciliaria por el delito de narcomenudeo.
“Informamos que nuestro compañero Rubén Sarabia ya está en libertad, resultado de la enorme lucha solidaria con la que el pueblo mexicano ha rodeado a las masas de la UPVA 28 de Octubre”, detalló la organización. La organización recolectó más de 300 firmas de representantes nacionales e internacionales de la sociedad civil.
El documento tenía como objetivo que las autoridades estatales respondieran a la recomendación de la ONU, que señaló que la detención fue arbitraria.