El inadecuado reconocimiento legal de los pueblos indígenas, como titulares de derechos, aunado a la discriminación estructural, son la base de los retos que enfrenta el Estado mexicano en materia de derechos de los pueblos indígenas, afirmó la Relatora Especial de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz.
En conferencia de prensa, tras concluir su visita a Guerrero, Chiapas y Chihuahua, la funcionaria advirtió que persisten retos importantes en temas como tierras y territorios; autonomía, libre determinación y participación política; autoadscripción de los pueblos indígenas y acceso a la justicia.
Asimismo, también detectó fallas en cuanto a combate a la violencia e impunidad; el derecho a determinar sus prioridades de desarrollo; consulta y consentimiento libre, previo e informado; derechos económicos, sociales y culturales, y la situación particular de sectores específicos de los pueblos indígenas.
Dijo que las iniciativas de los pueblos indígenas en el ámbito de la autonomía y el autogobierno debieran gozar de un reconocimiento mayor, y ser reconocidas e incorporadas en la estructura política general del país.
“Algunas de estas propuestas han sido reconocidas por las autoridades federales y estatales, lo cual es una buena práctica, como en las sentencias del tribunal electoral sobre el caso de Cherán, Michoacán”, puntualizó.
Asimismo, dijo que aunque hay avances en la posibilidad de registrar candidaturas independientes indígenas, hizo un llamado a los partidos políticos para incluir en sus listas candidatos indígenas.
Al mismo tiempo, refirió que recibió información sobre prácticas persistentes de presiones indebidas sobre los indígenas para influenciar su voto durante procesos electorales.
La relatora cuestionó el procedimiento de consulta libre previa e informada para llevar a cabo megaproyectos en territorios indígenas, pues dijo, la mayoría de las veces las decisiones ya están tomadas.
En sus conversaciones con más de 200 líderes indígenas, expuso, hubo reiteradas preocupaciones sobre la reforma energética de 2013 y sobre el establecimiento de zonas económicas especiales en tierras indígenas.
“Se me han presentado numerosos casos de graves violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas en diferentes estados de la Nación durante mis reuniones. Muchos de ellos siguen pendientes de resolución. Estos incluyen alegaciones de masacres, asesinatos, desapariciones forzosas, violaciones, torturas y desplazamientos forzados, que se han atribuido a individuos, el crimen organizado, grupos paramilitares, oficiales de la ley y militares, a menudo en el contexto de proyectos de desarrollo que afectan a sus tierras y recursos”.
Indicó que la presencia de crimen organizado, caciques y otros grupos armados han causado violencia, impunidad y desintegración social y cultural, que ha tenido como resultado final un gran número de desplazamientos de familias y comunidades enteras hacia áreas urbanas o hacia otras comunidades.
Además, alertó sobre el reclutamiento de niños y jóvenes indígenas a las filas del crimen organizado.
Sobre las comunidades indígenas afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre, advirtió que no han sido atendidas de manera adecuada y que están viviendo en condiciones inhumanas.
La visita de la Relatora tuvo un doble propósito: examinar la implementación de las recomendaciones realizadas por su predecesor, Rodolfo Stavenhagen, en 2003, y evaluar cómo México ha incorporado sus compromisos internacionales de derechos humanos en relación con los pueblos indígenas.

Con el registro de 130 trabajos de investigación, científicos guerrerenses participaron en el XXII Foro de Estudios sobre Guerrero, convocado por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (Cocytieg), que se realizó ayer en el Centro de Congresos Copacabana.
El director de Posgrado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Crisólogo Dolores Flores, quien participó como conferencista magistral, destacó que uno de los problemas que causan la falta de investigación e innovación científicos, radica en la educación de mala calidad y la falta de preparación de los profesores que imparten materias vinculadas directamente a las ciencias.
En declaraciones luego de su participación como ponente, mencionó que con la generación de condiciones que incentiven el interés de los jóvenes por la ciencia y la tecnología, se tendrán generaciones más interesadas en las ciencias.
“No es un tema espontáneo, sino que requiere de procesos de capacitación y las manos de gente experta. Con líneas estratégicas que permitan darle a los niños incentivos de acuerdo con sus capacidades”, dijo el doctor en Matemáticas.
Aseveró que en la UAG se incentiva la mejora académica de los profesores, para que alcancen grados de doctorado, mediante los programas de calidad y a través de la puesta en marcha de doctorados en la institución.
“Pretendemos desarrollar al menos 10 doctorados en el estado, y en el caso de los recursos, se piensa que resuelven todos los problemas, pero hay programas, tanto del gobierno del estado como de la Universidad, que se regresan, porque no supieron utilizarlo, lo que denota falta de planeación para disminuir los problemas, y sin un diagnóstico objetivo de lo que se va a desarrollar”, expresó.
El director de investigación y proyectos estratégicos del Cocytieg, Omar Julián Salgado Carachure, informó que 34 de los resultados fueron presentados de manera oral y el resto en carteles.

En la actual administración federal, con la coartada de las mal llamadas reformas estructurales para modernizar el país, el de aumentar el crecimiento económico e incorporar al país de lleno a la globalización, se ha disminuido en gran manera en los hechos la atención a la problemática ambiental.
Debe comprenderse, que las causas de los problemas ambientales del país son considerablemente complejos y su solución a veces lo es más aún. Resolver los problemas ambientales se vuelve mucho más complejo cuando las decisiones en materia de política ambiental se enfrentan a tendencias, inercias y decisiones a partir de valoraciones de política económica. Prueba de ello es la abrumadora reducción del presupuesto autorizado entre el año 2016 y este año 2017. El Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue severamente impactado por el recorte presupuestal, ya que la reducción global de todo el sector (Comisión Nacional del Agua, Conagua; Comisión Nacional Forestal, Conafor; Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Conanp; Sector Central, Procuraduría Federal de Protección Ambiental, Profepa; Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Inecc y el Instituto Mexicano de Tercnología del Agua, IMTA), fue en dicho periodo de 35.5 por ciento, 19 mil 791 millones de pesos menos. Damnificados especialmente han sido los principales organismos del fomento e inversión del sector, la Conafor, y la Conagua, que en dicho periodo tuvieron una reducción en su presupuesto autorizado de 49.1 y 36.3 por ciento respectivamente -3 mil 674 millones de pesos menos, la Conafor, y -14 mil 878 millones de pesos menos, la Conagua.
El resultado, fue no sólo la caída de la inversión para la protección ambiental, sino también un grave desmontaje de capacidades del sector, ya que la cancelación de plazas afectó a oficinas centrales, delegaciones, direcciones regionales y gerencias, especialmente en las áreas especializadas y operativas. La consecuencia evidente es que se ha presentado una verdadera desprofesionalización del sector ambiental y de los recursos naturales.
No obstante, en el documento en extenso del Quinto Informe se presenta información respecto a lo realizado por las diferentes áreas del Sector Semarnat. Para tratar de comprender los alcances de lo ahí presentado, se ha contrastado la información estadística del Quinto Informe, con los seis objetivos y 17 indicadores del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 – 2018 alineados al Plan Nacional de Desarrollo.
Aunque se considera que las metas de los 17 indicadores distribuidos en los seis grandes objetivos tienen gran incertidumbre de lograrse. Se razona que tres de los seis principales objetivos del programa no se van a alcanzar al 2018. Se trata de los objetivos 1, 2 y 4, los otros tres objetivos 3, 5 y 6 será de manera parcial. Expliquemos, porqué los tres objetivos 1, 2 y 4 no se van a alcanzar.
El Objetivo 1, “Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente” no se va a lograr. Esto, debido a que sus tres indicadores, tienen metas que se observan poco factibles de alcanzar con lo hasta ahora realizado. Se explica:
El primer indicador dice que al 2018, el 2.14 por ciento del Producto Interno Bruto será el valor de la producción de los bienes y servicios ambientales, aquellos que protegen y benefician al medio ambiente, hasta el 2016 está en 1.06 por ciento del PIB, desde el 2014, hace tres años no ha crecido.
El segundo indicador plantea una meta de generar un millón de empleos verdes al 2018. En el Quinto Informe se señala que existen 788 mil 397 empleos verdes al 2016. Es decir, desde el 2013, cuando se tenía un registro 695 mil 409 empleos verdes como línea de base, se habrían generado sólo 92 mil 988 mil empleos verdes. A ese ritmo logra los 211 mil 603 empleos verdes para la meta al 2018, se observa muy cuesta arriba con el bajo crecimiento económico del país.
El tercer indicador se refiere a la intensidad del carbono. La meta es que con menos toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidas se produzca más en la actividad económica. Sin embargo, se deberá esperar hasta los datos del siguiente inventario de GEI, al final del sexenio para saber, si efectivamente esto sucede.
El siguiente objetivo, que también se observa difícil de cumplir, es el Objetivo 2: “Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero.” Simplemente, sus tres indicadores no se lograrán al 2018.
El primer indicador del objetivo 2, es el relacionado a estimar el aporte del sector ambiental en la reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas y de la población ante fenómenos relacionados con el cambio climático, este índice agrupa un conjunto de variables que reflejan las acciones del sector para conservar, restaurar y manejar sustentablemente el capital natural; así como el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura relacionada y contribuir a la protección de la población. La meta del índice es un valor de 0.60, pero desde el 2013 año base, sigue en 0.27. Así, imposible.
El segundo indicador es el de las emisiones de gases de Efecto Invernadero (GEI) per cápita. Se trata de lograr reducir las emisiones de GEI per cápita es la meta, pero al igual del indicador de intensidad del carbono depende también de los datos del siguiente inventario de GEI, para saber, si efectivamente se reducen las emisiones per cápita y en que magnitud. Es decir, existe gran incertidumbre en tener éxito.

Agencia Reforma
y Agencia Proceso
Ciudad de México

Tras la presentación de la CIDH, Norma Jiménez fue la primera declarante en pasar al estrado, donde luego de las preguntas de sus representantes, del Estado y de los jueces, relató los abusos de los que fue víctima el 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y la falta de investigación de estos hechos: ella se encontraba en Atenco porque fue a documentar lo ocurrido un día anterior, después de que fueron retirados los floricultores de Texcoco, cuando fue arbitrariamente detenida y fue víctima de abusos por varios uniformados.
“Me llevan al último asiento del autobús y varios policías, no sé cuántos, pero eran más de tres, me atacan todos al mismo tiempo. Me arrancan el pantalón, comienzan a tocarme, me muerden, me levantan el suéter para que sólo me cubra los ojos, me muerden los labios, me penetran con sus dedos en la vagina, tomaban turnos para hacerlo”, contó.
Ante las preguntas del Estado, formuladas por el abogado Uriel Salas, el presidente de la Corte Interamericana, Roberto Caldas, tuvo que intervenir, pues las preguntas estaban yendo en una dirección procesal.
“Ella no está obligada a responder”, indicó la juez.
Salas preguntó a la víctimas si tenía conocimiento de informes que había presentado el Estado reconociendo los hechos y proponiendo reparación integral.
Jiménez contestó que sí tenía conocimiento, pero que de fondo eso no resolvía nada, pues no había justicia.
La juez Elizabeth Odio Benito le preguntó si tras lo ocurrido pudo terminar su carrera en Artes Plásticas, a lo que dijo que no, porque sus dedos resultaron lastimados por los golpes que recibió y le tomó mucho tiempo retomar su vida. También dijo que su padre no aprobaba que ella estuviera en esos momentos ante la Corte Interamericana.
“Norma, las mujeres nunca nos equivocamos cuando luchamos por nuestros derechos”, la alentó la juez.
El gobierno de Peña condena “categóricamente”… a Peña

Mediante un comunicado conjunto de Segob, SRE y PGR, el gobierno de Enrique Peña Nieto ofreció atender las acciones de reparación que decida la CoIDH en este caso, luego de condenar “categóricamente” los hechos de violencia sexual y tortura cometidos en contra de 11 mujeres como parte de la represión policiaca perpetrada en mayo de 2006 en el municipio de Atenco, cuando era gobernador del Estado de México el mismo Peña Nieto –hecho que no se menciona en el comunicado oficial.
El gobierno subrayó su reconocimiento, desde 1998, a la competencia contenciosa de la Corte. Resaltó que Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, representante oficial en esta audiencia, reiteró que el Estado mexicano condena “categóricamente cualquier violación a los derechos humanos que ocurra en nuestro territorio y, en particular, cualquier acto de discriminación o violencia contra las mujeres”.
El también subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, recordó que, desde marzo de 2013, el gobierno de Peña Nieto reconoció la responsabilidad internacional del Estado mexicano en el caso Atenco, y desde esa fecha, aseguró, se reforzaron las acciones para fortalecer las investigaciones y los procedimientos de responsabilidad penal y administrativa correspondientes.
Como resultado de estos esfuerzos, hasta la fecha han sido consignadas 52 personas ante las autoridades judiciales –incluyendo agentes de Seguridad Pública del Edomex, médicos legistas y de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, y un agente del MP– por los delitos de tortura y encubrimiento de tortura.
Por último, el gobierno mexicano reiteró su plena disposición y compromiso para “atender adecuadamente las medidas de reparación que en su momento pueda ordenar la Corte Interamericana” por el caso Atenco.

Érika Hernández y Jorge
Ricardo / Agencia Reforma

Ciudad de México

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó este jueves la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En el acto –que se realizó de forma privada ante organizaciones y funcionarios en Los Pinos– el mandatario reconoció la labor de los miembros de la sociedad civil que, dijo, han sido los principales promotores de esta legislación.
La pena para quien incurra en este delito es de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días multa. La sanción aumenta hasta en una mitad cuando la víctima pierda la vida, sea migrante, menor de edad, mujer, persona con discapacidad o adulto mayor, periodista o defensor de derechos humanos.
Se establece que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.
Por su parte, familiares y activistas consideraron un avance la promulgación de la Ley de Desaparición, pero exigieron una ruta clara para su aplicación, que tenga presupuesto suficiente, y que México renueve su compromiso con organismos internacionales de derechos humanos.
“La Ley es una herramienta que puede hacerle frente a la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, que tiene su origen en las desapariciones y crímenes de derechos humanos del pasado”, afirmaron más de 40 colectivos en un comunicado conjunto bajo el nombre de Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
“La impunidad del pasado nos persigue y rebasa, tanto, que la mayor tragedia que vivimos hoy en día son las desapariciones de miles de personas en México. Las familias sabemos que la Ley de Desaparición es sólo el comienzo”.
El Movimiento divulgó una lista de solicitudes: la creación y consolidación de la Comisión Nacional de Búsqueda y de Comisiones locales; la constitución de los órganos de participación con víctimas, así como la creación de nuevas fiscalías especializadas y fortalecimiento de servicios forenses.
Asimismo, plataformas tecnológicas y protocolos que ayuden en el registro, sistematización y cruce de toda la información necesaria para la búsqueda y localización de personas y que se garanticen los derechos de las víctimas; una declaración especial de ausencia por desaparición, que se reconozca la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y que los estados se comprometan a cumplir la Ley con la participación de familiares. Más una reunión con Peña y funcionarios involucrados.
Entre las ong firmantes figuran: Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México; Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de NL; Unidos por los Desaparecidos de BC; Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa; Colectivo 21 de Mayo de Tamaulipas, y Colectivo el Solecito de Veracruz.

Antonio Baranda / Agencia Reforma
Ciudad de México
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Álvaro Vizcaíno, advirtió que en México hace falta más del doble de policías preventivos estatales.
Al participar en la presentación del noveno Foro de Seguridad y Justicia organizado por la la Red Nacional de Juicios Orales –a realizarse el 29 de noviembre en la Universidad Panamericana–, señaló que en el país hay 0.8 agentes estatales por cada mil habitantes. “Tendríamos que alcanzar como mínimo los gobiernos de los estados, las entidades federativas, 1.8 policías por cada mil habitantes”, expuso. “El promedio de la ONU es 2.9, hoy hay 0.8. Necesitamos más policías”.
De acuerdo con estadísticas oficiales, en la República existen alrededor de 127 cuerpos de policía estatales, por lo que para cumplir con el estándar internacional tendría que llegar a por lo menos a 254 mil.
Advirtió que no sólo hacen falta más policías, sino agentes mejor preparados. “Debemos cuidar a quien nos cuida, tenemos que cuidar a nuestros policías, generar condiciones de salario digno y de prestaciones o percepciones de seguridad social que les permitan tener una vocación policial”.
Subrayó la necesidad de que los gobiernos aumenten los sueldos de los uniformados. “Cuando la media nacional es de poco más de 9 mil 500 pesos, todavía hay estados que pagan poco más de 5 mil”, expuso, aunque sin mencionar cuáles.