La secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero (Semaren), Karen Castrejón Trujillo, dijo que se apoyó a los campamentos tortugueros con capacitación este año. Argumentó que la falta de insumos y mobiliario para los encargados de las Unidades de Manejo Ambiental se debió a la “desaparición” de un programa federal que obligó al recorte de presupuesto y a una “redistribución” los que había destinados para ello. La funcionaria estatal acudió a la toma de protesta del comité de la Cámara Nacional de la Industria Forestal que se desarrolló en el salón Dolores Olmedo del Centro de Convenciones.
“Durante este año se realizaron foros de actualización de la norma a todos los campamentos de la Costa Chica y la Costa Grande, y no sólo el gobierno del estado, sino con la participación de autoridades federales, incluso los municipio estuvieron presentes con sus direcciones.
El presupuesto no se pudo entregar porque se redistribuyeron los recursos y la petición que hacen, dijo, no se pudo dar, reconoció.
“No estábamos en la obligación de dárselos, sino que realmente nosotros como Secretaría del Medio Ambiente… y lo tengo que decir, los recortes presupuestales que ha sufrido el sector ambiental desde la federación y parte del estado han afectado a muchos rubros, no sólo al tema de especies prioritarias (…) la Conanp tampoco tuvo recursos y lo que vino fue una disminución, por eso nos dedicamos a atender a los campamenteros con programas, talleres, recorridos, con el material y equipo didáctico que nosotros podamos tener para poder atenderlos; han sido visitados, por nosotros, por la federación, hemos estado al pendiente y desde nuestras áreas haciendo los informes necesarios para saber del arribo de tortugas y tengan una mejor producción”, argumentó.
El presidente de la Mesa Guerrerense de Protección y Conservación a la Tortuga Marina, Víctor Verdejo Ramírez, denunció el martes pasado que a tres semanas de que concluya la temporada de arribo de tortugas de la especie golfina, el gobierno del estado no ha entregado los apoyos para 25 campamentos tortugueros que trabajan sin material, equipo, seguridad o un mayor número de colaboradores, pese al importante aumento de nidadas en playas guerrerenses.

El pasado jueves 9 de noviembre fue aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 (PEF 2018). Fue una votación mayoritaría a favor de 413 votos, con 49 votos en contra, de Morena (44) y algunos diputados del PRD (3), uno del PAN y uno del Verde. Quisiera dar algunos datos sobre el presupuesto ambiental para el próximo año 2018, a ejercer por Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del gobierno federal.
El monto total del PEF autorizado en 2018, con el que cuenta la Semarnat, asciende a 37 mil 580.6 millones de pesos. Esto representa 1 mil 522.0 millones de pesos más que el PEF 2017 aprobado, un 4.2 por ciento más en términos relativos. Sin embargo, en términos reales con una inflación estimada para el 2018 de 4.89 por ciento, existe una reducción real de menos 0.9 por ciento (reducción de 315.6 millones de pesos respecto al 2017). Esto significa, un presupuesto insuficiente para las necesidades presupuestales del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los mayores impactos de incremento presupuestal en números absolutos se dan de mayor a menor en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con 1 mil 270.7 millones de pesos (4.9 por ciento), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), con 178.3 millones de pesos (4.7 por ciento), la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), con 53.1 millones de pesos (9.5 por ciento), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) con 33.6 millones de pesos (3.1 por ciento), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) con 11.5 millones de pesos (4.7 por ciento), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 9.7 millones de pesos (4.6 por ciento). La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene el mismo presupuesto en términos nominales.
Quien tiene decremento presupuestal en términos nominales, es el Sector Central de la Semarnat, con una reducción de menos 35.3 millones de pesos (-1.2 por ciento). Esto es preocupante, ya que significa que delegaciones en las entidades federativas tendrán que hacer más con menos.
A continuación, se indican las mayores preocupaciones de un servidor respecto a la falta de recursos presupuestales para programas ambientales.
1. Nos preocupa, que el Programa de Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas siga sin recursos. En 2016 y 2017, al programa se le asignó un presupuesto programado de cero pesos. El programa tuvo recursos programados en el 2015 por la cantidad de 1 mil 624 millones 119 mil 287 pesos, los cuales fueron distribuidos entre las 32 entidades federativas. Los recursos tradicionalmente habían sido etiquetados por entidad federativa en un anexo presupuestal del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal.
Con la virtual desaparición del programa, se sufre el grave riesgo de que de manera especial los gobiernos de las entidades federativas no puedan asumir plenamente sus facultades en materia ambiental, así como una mayor responsabilidad para regular, planear, coordinar y operar la gestión ambiental estatal. El asunto es que los gobiernos de las entidades federativas, salvo honrosas excepciones, invierten poco y mal en el tema ambiental.
2. Tampoco se logró ampliar el Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable del año fiscal 2018. Dicho programa intenta frenar y revertir problemas derivados por los cambios de uso de suelo forestal, la tala clandestina, los incendios forestales dañinos, las plagas y enfermedades y el aprovechamiento no sustentable, que se pueden presentar en los 138 millones de hectáreas con vegetación forestal en el país.
Cada año se otorgan subsidios a personas propietarias, poseedoras o usuarias de terrenos forestales o preferentemente forestales para los siguientes bienes o servicios: 1. Estudios y proyectos para aprovechamiento forestal sustentable; 2. Fortalecimiento de gobernanza y desarrollo de capacidades; 3. Restauración forestal y reconversión productiva; 4. Proyectos para silvicultura, abasto y transformación; 5. Pago por servicios ambientales; 6. Plantaciones forestales comerciales y 7. Protección forestal.
En 2016, al programa forestal se le asignó un presupuesto programado de 5 mil 178.0 millones de pesos. Para el 2017, se redujo en 61.4 por ciento (3 mil 178 millones 037 mil 492 pesos) para ejercer sólo 1 mil 999.9 millones de pesos. Para el 2018 se ejercerán 2 mil 095.7 millones de pesos, un aumento pírrico de 95.7 millones de pesos (4.8 por ciento). Con esta reducción, se sufre un grave riesgo de que la Conafor fracase en el logro de sus objetivos y metas. En especial, quedan en riesgo tanto la Estrategia Nacional de Incremento a la Producción Sustentable (Enaipros), como la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y degradación Forestal (Enaredd+). La Enaipros busca incrementar la producción forestal y la Enaredd+ incrementar las reservas de carbono por medio del buen manejo forestal.
3. No existen recursos para el Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos del año fiscal 2018. Dicho programa buscaba fomentar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el país, mediante el financiamiento de estudios o programas para la prevención y gestión integral de los residuos, así como el desarrollo de infraestructura de los sistemas de recolección, transporte y disposición final, y el aprovechamiento material o energético de residuos, a través del acceso a recursos económicos del citado programa. En 2016, al programa se le asignó un presupuesto programado de 730.7 millones de pesos. Para el 2017, no se asignó recurso alguno, y en el 2018 la situación es similar.
Los recursos económicos disponibles para el Programa para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, estaban destinados a impulsar acciones, actividades y proyectos para atender los problemas relativos a los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en las entidades federativas y municipios del país. Así se contribuiría con los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Programa Nacional de Prevención y Gestión Integral de Residuos. Asimismo, el inciso b) de la fracción II del artículo 3er. Transitorio de la Ley General de Cambio Climático mandata, que: “Para el año 2018, los municipios, en coordinación con las entidades federativas y demás instancias administrativas y financieras y con el apoyo técnico de la Secretaría de Desarrollo Social, desarrollarán y construirán la infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera en centros urbanos de más de 50 mil habitantes, y cuando sea viable, aplicarán la tecnología para la generación de energía eléctrica a partir de las emisiones de gas metano.” Esa meta, sin el apoyo federal, no se va a cumplir.
4. Se requería ampliar el Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo. En 2016, el programa se le asignó un presupuesto programado de 520.7 millones de pesos. Para el 2017, se redujo a 150.7 millones de pesos (-71.0 por ciento), para el 2018 se ejercerán solo 141.6 millones de pesos, es decir disminuye en 379.1 millones de pesos respecto al 2016.
El programa busca contribuir a la conservación de las especies en riesgo y su hábitat, promoviendo la colaboración y participación de instituciones de educación superior, de investigación y organizaciones de la sociedad civil, los ejidos y las comunidades, para el desarrollo sustentable en los municipios de las regiones prioritarias donde se distribuyen dichas especies. Es un instrumento de política pública para contribuir y recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes por medio de la conservación y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural mediante la conservación y recuperación de las especies en riego y su hábitat. Para la realización de estas acciones de conservación, la Conanp designa recursos mediante subsidios de carácter federal, que van más allá de tratar de salvar a la vaquita marina, por cierto.
En suma, se requería una ampliación de alrededor de 6 mil millones de pesos para el sector ambiental y de los recursos naturales, sin entrar al tema de los recursos para el agua potable, alcantarillado y saneamiento en el año 2018. Se observa un trato desigual con relación a otras áreas presupuestas, en cuanto a las reducciones presupuestales. De especial relevancia es la variedad de programas y proyectos variopintos que a través del Ramo 23 de previsiones salariales y económicas, de más de 158 mil millones de pesos (en el Ramo 23 sólo para el Fonden hay 24.6 mil millones de pesos), se colaron y que son verdaderos despilfarros e himnos al gasto opaco, en muchos casos, y no contribuyen ni a la inversión productiva, ni a la reconstrucción del país azotado por huracanes y sismos. Por eso, hay mucho que valorar para hacer un buen presupuesto ambiental y en general para el país, que permita frenar el creciente deterioro ambiental, así y que fortalezca una forma diferente de realizar el manejo sostenible de los recursos naturales del país.

El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Gerardo Yepez Tapia, informó que han sido detenidas tres personas en Barra Vieja por saqueo de nidos de tortugas, a quienes se les encontró con mil 800 huevos de tortuga golfina.
“Por saqueo, en la zona Diamante a fines del mes pasado”, dijo sin precisar más información.
En declaraciones a reporteros luego de que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, tomó protesta a la nueva mesa directiva del Consejo Forestal de Guerrero, el funcionario federal reconoció que faltan trabajadores para mejorar la vigilancia en las playas.
“Se está vigilando y la semana pasada hubo eclosión de los nidos, se retuvieron las tortugas y posteriormente se liberaron, desafortunadamente no tenemos a la cantidad suficiente de personal, pero sí hay vigilancia”, sostuvo el funcionario federal.
Advirtió que quienes incumplan con la normatividad en la especie protegida, será sancionado conforme a la ley.
Indicó que además de los recorridos de vigilancia e inspecciones también se llevan a cabo visitas a hoteles para contener las descargas de aguas residuales en las bahías de Acapulco y de Puerto Marqués, dadas las constantes denuncias hechas por prestadores de servicios turísticos.

El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció la puesta en marcha de una estrategia “similar” a la establecida en Acapulco ante el cierre de escuelas en La Montaña Baja debido a la violencia.
En declaraciones luego que clausuró el Noveno Congreso Nacional de Consejos Comunitarios de Abasto en un salón del Grand Hotel en Acapulco, Astudillo Flores atribuyó el cierre de las escuelas “fundamentalmente” a una “combinación de temores” generados por los sismos de septiembre pasado, pero “principalmente por la violencia”.
Dijo que Acapulco es el municipio que mantiene una estrategia de seguridad de vigilancia en escuelas encabezada por el Ejército, por lo que ante la deserción y la falta de clases desde hace 44 días, “habrá que implementarse también un operativo en escuelas cercanas a Chilapa”.
“Hubo una reunión el día de hoy en Chilpancingo para tener con mucha precisión cada una de las escuelas que tienen problemas por seguridad, que no exista confusión con la seguridad, el conflicto por el sismo, por las consecuencias de los temores ocasionados por el sismo”, dijo el gobernador.
Sostuvo que el cierre de las escuelas se ubica “principalmente” alrededor de Chilapa, aunque no precisó si hay problemas en otras áreas.
“Reconocemos el índice delictivo que se muestra (en Chilapa), principalmente en homicidios que es una preocupación permanente”, anotó.
Teniendo el diagnóstico, indicó, se implementará una estrategia similar a la de Acapulco, pues “hay que ayudar a cada una de las escuelas que estén en peligro”.
“Tendremos que implementar un operativo similar (al de Acapulco en Chilpapa). ¿Hasta dónde? No lo sé, porque tenemos al final de cuentas saber con cuántos elementos podemos contar con las instancias federales”, reconoció.
Se le preguntó si ya existe un diagnóstico preliminar que permita precisar qué es lo que está originando la suspensión de labores en La Montaña Baja y respondió que se trata de una combinación de factores no obstante es principalmente “el temor con la violencia que allí lamentablemente se ha presentado, pero principalmente es la vinculación con esta actitud recurrente de que hay, una exigencia de atender escuelas dañadas por los sismos, unas muy válidas y otras sencillamente que son daños menores, que tenemos que atenderlos no subestimarlos y ayudar”.
Mencionó que existe un programa nacional para atender a las escuelas y añadió que todos los días hay nuevas quejas que no están consideradas en el diagnóstico, lo que obliga a desplazar esfuerzos que se han dedicado a retirar bloqueos y dialogar con los afectados.

La pobreza alimentaria, nunca tan baja como hoy: Sedesol

El gobernador, firmó también un convenio de colaboración entre el gobierno de Guerrero con Diconsa para la comercialización de productos manufacturados en la entidad, mediante las empresas de la paraestatal.
El jefe de la Oficina del secretario de Desarrollo Social federal, Luis Miranda, Antonio Astiazarán Gutiérrez aseguró que los índices de la carencia alimentaria nunca habían estado “tan bajos como hoy”.
“Los índices de la carencia alimentaria, es decir la pobreza alimentaria en México está en su nivel más bajo desde que se tiene un registro en la contabilidad de la pobreza en nuestro país … Ustedes han hecho posible que podamos acercar el alimento a las y los mexicanos. Han sido ustedes los principales aliados del presidente Enrique Peña para que podamos avanzar en el camino o reto”, sostuvo.
Antes, el director general de Diconsa, Hector Eduardo Velasco Monroy agradeció y reconoció el trabajo de los consejos comunitarios por ser “la primera línea” de trabajo e incluso, “arriesgando la vida”.
Agregó que la nueva mesa directiva se “enfrentará” a los procesos electorales del año entrante y convocó a la unidad de sus integrantes.
El presidente entrante de la mesa directiva de los Comités Rurales de Abasto, Leandro González Méndez  dijo durante su mensaje que se debe recuperar estrategias en el campo que en el pasado hicieron rentables las tierras de labor y que dejaron ganancias a los campesinos y al sector agrícola.
Mencionó además la necesaria recuperación de “plazas de desarrollo rural para devolver las capacidades económicas de los campesinos que antes tuvieron”.
Durante los discursos, quienes intervinieron recordaron la necesidad de reconstruir las viviendas, las escuelas, los templos y la economía de las que resultaron afectadas por los sismos y fenómenos hidrometeorológicos este año.
El gobernador dijo en su participación que con la firma del convenio con Diconsa, se incorporarán el harina de Guerrero, la línea de productos de la empresa Sabrosur y otros productos a la venta de esa para estatal.
Mencionó también la discusión en la Cámara de Diputados la sesión para la aprobación del presupuesto del año entrante que entre otras necesidades, están las de destinar más recursos para los municipios afectados por los sismos y las lluvias, además de dinero para mejorar las condiciones de las actividades primarias.
“Debe ser un presupuesto que permita fortalecer las actividades del campo, un presupuesto que promueva la inversión en el país, un presupuesto que tenga inversión para hacer carreteras, para rehabilitar caminos rurales, un presupuesto que tenga inversión para que la gente que trabaja en el campo, pueda sentir alicientes a través de los programas”, dijo.

Firma Astudillo convenio para armonizar leyes locales con federales en materia laboral

El gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió con representantes de los tres poderes para la firma de convenio de colaboración para iniciar los trabajos de armonización de las leyes del Estado con la Federación en materia de justicia laboral.
A través de su cuenta oficial el Twitter, el gobernador informó sobre la firma que realizó junto con los poderes legislativo y judicial con el objetivo de establecer una mejor coordinación en la implementación de la reforma en materia laboral.
En el encuentro privado realizado en una de las salas de reunión de Casa Guerrero, estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Célis, y los presidentes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva del Congreso Local, Flor Añorve Ocampo y Eduardo Cueva Ruiz.
También participaron los secretarios General de Gobierno, Florencio Salazar Adame y del Trabajo y Previsión Social, Óscar Rangel Miravete, además de los subsecretarios de Asuntos Jurídicos, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, y de Asuntos Agrarios, Fernando Jaime Ferrel.
En un boletín de prensa publicado en su portal oficial, se explica que la firma del convenio se debe a que el Senado y el Congreso de la Unión aprobaron el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución Política, sobre justicia cotidiana en materia laboral.
Por ello ahora los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas en el ámbito local y federal, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
En esta firma se busca replantear la función conciliatoria, misma que será una instancia prejudicial y por lo tanto los trabajadores y patrones tendrán que acudir a ella antes de ir a la instancia judicial.
En el comunicado se detalla que en el orden local la función conciliatoria estará a cargo de los centros de conciliación especializados e imparciales. Dichos centros contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión (Anarsis Pacheco / Chilpancingo).