La información oficial que se tiene sobre la trata de personas en México es parcial e insuficiente para combatir este delito, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al participar en la inauguración del seminario internacional La trata de personas en contextos de movilidad humana, el ombudsman Luis Raúl González Pérez dijo que entre 2009 y 2015 la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas reportó mil 267 víctimas en el país.
De ellas, se identificó que el 42.2 por ciento eran mexicanas y el 7.18 por ciento extranjeras, mientras que en el 50.59 por ciento no se contó con información sobre su nacionalidad.
“En este caso, la falta de registro respecto de 641 víctimas impide saber si eran personas migrantes y, por ende, si se les proporcionó la atención diferenciada que su condición de movilidad requería, como. por ejemplo, el derecho a pedir y obtener asilo”, reprochó González Pérez en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
“Hemos observado que la sistematización e identificación de la nacionalidad de las víctimas es una omisión constante, así como el registro sobre la asistencia, atención y protección que se les brinda”.
La CNDH también encontó que para el 19 por ciento de las víctimas del fuero estatal y el 16 por ciento del fuero federal, no se tiene información de su sexo, mientras que en el 13 por ciento de todas las víctimas no se registra su edad.
“La desagregación de datos relativos a las víctimas, tales como su sexo y edad, ha sido ya una recomendación hecha a México por el Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ya que no solo es parte fundamental de una estrategia eficaz contra la trata de personas, sino también es el punto de partida en la planeación y ejecución de una atención apegada a derechos humanos con perspectiva de género”.
El funcionario recordó que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, México se encuentra entre los 25 países con más víctimas de trata.
En tanto, Christopher Gascon, representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, mencionó que en 2015 se encontraron seis nacionalidades de las víctimas: guatemalteca, hondureña, salvadoreña, colombiana, costarricense y mexicana.
“Se han detectado niños y niñas en el centro del país, en ciudades turísticas de las costas, con fines de explotación sexual; o bien mujeres indígenas en Chiapas o Oaxaca sufriendo explotación de servidumbre”, comentó.
En zonas del norte, como San Quintín, Baja California, dijo, la trata se da con fines de explotación laboral.

El futbolista mexicano Héctor Herrera estableció dos empresas offshore en Malta con el hijo del ex primer ministro británico, Tony Blair.
Originalmente Matías Bunge fue representante del mediocampista mexicano. Sin embargo, hubo diferencias personales que los separaron. Este jugador, quien se dio a conocer en el Pachuca, no tenía quién velara por sus intereses cuando llegó como seleccionado nacional a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Los mexicanos ganaron la medalla de oro –por vez primera en su historia– y Herrera, quien jugó como titular todos los encuentros incluida la final contra Brasil, se hizo de un buen agente: Nicholas John Blair, de apenas 30 años de edad, mejor conocido como Nicky Blair, hijo de Tony Blair.
Él fue quien pudo llevar a Herrera a jugar en la Primera División del futbol portugués. Según diferentes notas deportivas, Nicky Blair ganó el 10 por ciento de los 6.7 millones de euros que costó el traspaso del mexicano al Porto.
Pero el éxito financiero llegó por partida doble para esta dupla y se estableció lejos de Portugal o incluso de México. El 7 de febrero de 2014, ocho meses después de que Herrera firmó contrato, ambos fundaron la empresa Herrera Holdings Limited, dentro del paraíso fiscal de Malta.
La oficina de la compañía fue registrada en el nivel uno del Complejo LM, en la calle Mriehel en Birkirkara, Malta, y se constituyó con una repartición de 2 mil acciones, con valor de un euro cada una. Pero esa firma no tiene ni oficinas ni personal. Al igual que las compañías creadas para Diego Reyes, únicamente existen dentro de una gaveta.
Herrera poseía mil 600 acciones; su agente, Nicky Blair, era el propietario de las 400 acciones restantes.
La empresa nació con el objeto de comprar, vender, invertir, administrar y/o manejar cualquier acción o valores de gobiernos, estados, municipios, autoridades públicas o privadas y empresas.
El mismo día, el jugador constituyó la empresa Herrera Management Limited, en la que solo ha sido propietario de una acción. El resto de las mil 999 acciones forman parte del capital de Herrera Holdings Limited. El director y representante legal fue Nicholas John Blair.
De nuevo, una empresa dentro de otra.
Ambas firmas, Herrera Management Limited y Herrera Holdings Limited, fueron constituidas el mismo día y tienen la misma dirección, según consta en la documentación a la que se tuvo acceso.
La primera de éstas, según su objetivo social registrado en Malta, puede manejar los derechos de propiedad intelectual de cualquier tipo; particularmente con los profesionales del deporte. Y también pueden explotar esos derechos mediante contratos.
El esquema de formación de ambas compañías es parecido a un “sándwich”. De hecho, así se le llama dentro del argot financiero en Malta. La estructura sigue exactamente el modelo utilizado por su compañero de equipo, Diego Reyes, para beneficiarse de la devolución casi integral de impuestos.
Herrera es residente fiscal en Portugal. Y al igual que en el caso de Reyes, entre los documentos obtenidos en la base de datos de los Paradise Papers se detectaron dos actas que Nicholas John Blair presentó ante las autoridades maltesas como representante legal de la empresa Herrera Management Limited.
En ellas daba aviso, en conformidad con el artículo 182 de la Ley de Sociedad de Malta, de que la compañía está llevando a cabo negocios o tiene intereses comerciales de más del 90 por ciento fuera de Malta.
En el caso de la empresa Herrera Holdings Limited, fue el secretario Michael Scicluna, también involucrado en las empresas de Diego Reyes, quien presentó durante los años 2014, 2015 y 2016 la misma carta en la que explicaba tener el 90 por ciento de sus actividades financieras en el extranjero.
Malta es parte de la lista de los paraísos fiscales que no mantiene acuerdo fiscal con México, por lo que no es posible saber todos los movimientos de las empresas en ese territorio del Mediterráneo, incluidos los financieros por medio de bancos.
En los Registros Públicos de Malta no hay mucha información sobre los informes financieros de ambas compañías de Herrera y en el rastreo documental para este reportaje sólo fue posible obtener un acta firmada el 17 de marzo de este año, en la que el agente y socio de Herrera, Nicky Blair, le transfiere las 400 acciones de la empresa Herrera Holdings Limited, al futbolista mexicano; con lo que el seleccionado nacional se convierte en el único dueño de las dos firmas establecidas en los paraísos fiscales.

Con más beneficios fiscales

Éste no es el único negocio con beneficios fiscales en el que Héctor Herrera y Nicky Blair se han visto relacionados. En 2013, cuando el mediocampista fue fichado por el Porto, el inglés se registró como agente del futbolista mexicano y también del equipo portugués. Las dos cosas al mismo tiempo, lo cual es ilegal en Portugal, según documentó en ese año el portal francés Mediapart.
El beneficio de esta jugada fue meramente fiscal. La comisión por el traspaso del mexicano se fue completa a la cuenta bancaria de Nicky Blair, sin pagar impuestos. Esta operación es ilegal, no podía aparecer por partida doble: llevando al mexicano a Portugal y, a la vez, recibiéndolo en el Porto.

Crean sociedades en Barbados, a la sombra de jugadores

Para abrir sus empresas en Malta, Diego Reyes y Héctor Miguel Herrera utilizaron los servicios de un despacho ubicado en la isla de Barbados, en el Atlántico, especializado desde hace 30 años en la creación de sociedades y fideicomisos offshore.
El despacho se llama Chancery Corporate Services Limited (CCSL), y aparece como representante legal en las actas de las empresas Nemo Limited y Herrera Holdings.
Reyes y Herrera han recibido dinero en México por parte de la Federación Mexicana de Futbol. En 2017, les entregaron bonos por haberse clasificado al Mundial de Rusia 2018, así como por primas cuyos montos se desconocen pero están relacionadas con los juegos ganados y los goles anotados, por ejemplo.
La FMF está registrada en México como Asociación Civil, lo cual legalmente implicaría que no tiene fines de lucro. Hasta el momento y, desde siempre, los montos pagados a los seleccionados nacionales no se han hecho públicos.

Transferencias polémicas

Matías Bunge utilizó una empresa fantasma para transferir a dos jugadores a Europa. El 12 de diciembre de 2012 firmó como representante de Cónclave en el traspaso de Diego Reyes a Portugal. Tiempo después, el 26 de agosto de 2013, con la misma compañía intervino en la transferencia del Tecatito Jesús Manuel Corona al Club Twente de Holanda.
Grupo Comercializador Cónclave –ése ha sido su nombre completo– fue declarada el 10 de abril de 2017 como empresa fantasma por el Servicio de Administración Tributaria de México (SAT). Además, también está implicada en la defraudación de unos 207 millones de pesos en la Cruzada Contra el Hambre, un programa oficial del gobierno mexicano.
Bunge ganó 8.5 millones de euros en comisiones por los traspasos de Reyes y Tecatito a través, precisamente, de Cónclave y de Representaciones Internacionales VIJAI –que comparten los mismos socios–, de acuerdo con documentos consultados para esta investigación. (*Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) / Valeria Durán, Raúl Olmos, Daniel Lizárraga, Micael Pereira).

Ya está en México la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz. Su visita oficial inició el pasado miércoles 8 de noviembre, pero el día anterior asistió al Colegio de México a  la apertura de la Cátedra de Derechos Humanos “Rodolfo Stavenhagen” donde estuvo a cargo de la conferencia magistral. Ahí manifestó su admiración y aprecio por su predecesor (no olvidemos que el doctor Stavenhagen, fallecido hace un año, fue el primero en ocupar el puesto de relator que ahora tiene Tauli) resaltando su compromiso con los pueblos indígenas, y no perdió la oportunidad de lanzar un par de acertadas indirectas a los académicos.
El miércoles (según la agenda que me llegó) se reunió con funcionarios de las secretarías de Gobernación, y de Relaciones Ex-teriores, la Procuraduría General de la República, la Comisión Na-cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discri-minación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y otras dependencias.  Ya por la tarde asistió a uno de los varios encuentros que tendrá con representantes de pueblos indígenas.
Mientras tanto, el mismo día, integrantes de la Red Nacional Indígena (RNI) y otras organizaciones protestaban en la Cámara de Diputados y después en una marcha del Ángel a Los Pinos por el recorte al presupuesto federal para los pueblos indígenas. Protestaban también porque los organizadores de la agenda de la relatora (el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Secretaría de Relaciones Exteriores) los excluyeron de las reuniones con ella, quién sabe por qué razones.
Al enterarse Tauli-Corpuz de dicha exclusión agendó inmediatamente una cita con ellos para hoy viernes por la mañana. Curiosamente, entre quienes no habían sido invitados a verla se encontraban varios dirigentes que la conocen desde hace muchos años, pues han coincidido con ella en diversos eventos internacionales, incluido el ex diputado nahua Carlos de Jesús Alejandro, quien cuando estuvo en el Congreso fue de los principales promotores de la visita de la relatora a nuestro país. No sabemos si los dejaron por fuera intencionalmente o por error, pero como sea, finalmente hablarán con ella.
Parece que lo que no lograron los de la RNI, ni con las múltiples reuniones que tuvieron en la Cámara de Diputados desde hace meses ni con la manifestación del miércoles, fue el aumento al presupuesto, pero eso era de esperarse. Pensarán los congresistas que mientras más empobrecidos estén los indígenas más barato tendrán que vender su voto en las próximas elecciones. Evidentemente, el presupuesto está entre los temas que tratará la RNI con Victoria Tauli-Corpuz y probablemente ella lo incluya en su informe.
Ayer jueves la relatora se reunió con funcionarios de diversas secretarías y dependencias gubernamentales. Según su agenda, hoy asistirá a la Cámaras de Senadores y se encontrará con integrantes del Poder Judicial. Los siguientes días visitará Guerrero, Chiapas y Chihuahua, donde hablará con organizaciones indígenas y de la sociedad civil y con autoridades de los gobiernos locales.
La mayoría de las reuniones de Tauli han sido (y serán en los próximos días) con personal de instituciones gubernamentales. Lo más probable es que esté aprovechando para cuestionar directamente a los funcionarios sobre sus acciones hacia los pueblos indígenas. Supongo que, por ejemplo, habrá preguntado a los de Conagua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de Energía cuántas consultas previas, libres e informadas se han llevado a cabo para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas antes de construir presas, carreteras y demás obras en sus territorios; tal vez habrá cuestionado  a los de la Secretaría de Economía sobre las concesiones mineras y sobre las Zonas Económicas Especiales y su afectación directa a los pueblos indígenas, y a los de Hacienda sobre el presupuesto. Seguramente pidió información  a los integrantes del Instituto Nacional Electoral sobre la participación política de los indígenas, a la PGR sobre el caso Ayotzinapa, a la SEP sobre la educación bilingüe, a los senadores sobre la armonización legislativa con la De-claración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los   pueblos indígenas y un largo etcétera.
De esta manera, tendrá información oficial para incluir en su informe, y por más que lo intenten, los funcionarios no podrán dar muchas respuestas favorables, pues es evidente que no se han respetado los derechos de los pueblos indígenas.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presumió que la tasa de secuestros se redujo en los primeros nueve meses de este año en 17% con respecto al mismo periodo en 2012, el último del gobierno de Felipe Calderón, y dijo que el objetivo es que no haya ni un solo secuestro. Hay que combatirlo, pero no con discursos, dijo el secretario quien con discursos amañados pletóricos de lugares comunes –“no debemos bajar la guardia ni escatimar recursos”-, utilizó el recurso que criticó. Tasa cero en secuestros, sin embargo, es una utopía en México y el mundo. La disminución del secuestro en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no lo aclaró, también es relativa.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que recibe y procesa la información de las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas, el número de secuestros sí se redujo en el periodo de enero a agosto de 2012, cuando se registraron 901 denuncias, al mismo periodo en 2017, cuando se hicieron 782 denuncias. La trampa del secretario se da en los lapsos que escogió para comparar. Con la misma fuente de información, la tasa de secuestros se elevó dramáticamente en los primeros ocho meses de 2013 al denunciarse mil 123 secuestros. En 2014 se bajó a mil 123 casos denunciados, pero en 2015 hubo una reducción drástica, con un desplome a 704 secuestros denunciados, que se mantuvo estable durante 2016, cuando hubo 710 denuncias. Es decir, no comparó con los años del peñismo, sino con los de Calderón.
La considerable baja en la tasa del secuestro a partir de 2015, además, coincide con un cambio en la metodología para contabilizar los secuestros. Hasta 2014, los secuestros se sumaban individualmente en cada averiguación previa, por lo que cada una de las que se abría podía tener más de un caso. Desde 2015, los secuestros en las averiguaciones previas se contabilizan por carpeta y no personalmente. Hay una justificación técnica que busca no duplicar el trabajo al procesar secuestros en un mismo caso de manera individual en lugar de ser colectivo, que permite que la investigación y el proceso sean más expeditos, pero retóricamente es engañoso cuando se hacen comparaciones cuantitativas con averiguaciones previas abiertas antes de ese año. No puede haber analogías porque el método de contabilidad es diferente.
En las comparaciones con la aplicación de la misma metodología, 2013 fue el año que mayor denuncias se registraron desde 1997, cuando se comenzaron a contabilizar las denuncias de secuestro, y todavía en 2014, segundo año del sexenio de Peña Nieto, la cifra es superior al peor año del sexenio de Calderón, que fue 2011, cuando hubo 967 secuestros. Los únicos datos comparables, por utilizar la misma metodología, se refieren a 2015, 2016 y 2017. Al tomar estos tres años, se puede ver que de 2015 a 2017, la tasa de secuestros va en aumento: 704, 710 y 782%, respectivamente, lo que significa que la cifra de este delito de enero a agosto este año, se elevó 10.1% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Más aún, si se elabora un comparativo, mezclando incluso las metodologías, el número de secuestros durante los primeros 57 meses de gobierno de Peña Nieto se elevó en 30% en comparación con el mismo periodo del gobierno de Calderón. De diciembre de 2006 a agosto de 2011, se denunciaron cuatro mil 760 secuestros en las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas, mientras que de diciembre de 2012 a agosto de 2017, hubo seis mil 193 denuncias de secuestro, lo que significa que hubo mil 433 denuncias más de secuestro en la administración peñista que en la calderonista. En este mismo periodo, el promedio de secuestros denunciados por mes fue de 84 en la administración de Calderón, contra 109 en la de Peña Nieto.
Todos estos datos fueron soslayados por Osorio Chong al presumir los logros en materia de combate al secuestro. En este contexto, los más de dos mil millones de pesos que se ha invertido para el combate en lo que va del sexenio en todo el país, no ha tenido los frutos deseados. De hecho, al hacer una proyección sobre el número de secuestros al finalizar el año, con la información disponible hasta este momento, se puede anticipar que habrá un aumento de aproximadamente 3.5% en comparación con 2016, con lo cual el gobierno de Peña Nieto seguirá rompiendo récords negativos en esta materia. El anterior fue en 2013, cuando la tasa de secuestros denunciados fue de 1.43 por cada 100 mil habitantes, que es la cifra más alta registrada en 20 años, cuando comenzó a medirse el delito.
Los datos fríos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contradicen al secretario de Gobernación, quien en su discurso en Mazatlán, al inaugurar la reunión de planeación y estrategia para el combate al secuestro, dijo: “Mientras haya un solo secuestro no debemos bajar la guardia ni escatimar recursos hasta lograr el objetivo de tasa cero. Se trata de un delito grave que no debe quedar impune y que exige una respuesta firme, eficaz y corresponsable de todas las autoridades para lograr el gran objetivo de reducirlo a tasa cero”. Nunca en la historia del país ha habido cero secuestros. El secretario no está hablando con la verdad que exige el fenómeno. Menos aún reconoce, como debía ser en un ejercicio de autocrítica, que este gobierno tiene un déficit con los mexicanos en la materia.

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