La constructora brasileña Odebrecht aparece ligada a 17 empresas con sede en paraísos fiscales, según la investigación de los Papeles del Paraíso del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El portal “Poder360”, que forma parte del ICIJ, informó ayer que el gigante brasileño de la construcción posee firmas offshore (empresas en paraísos fiscales) en Bahamas, Islas Caimán y Malta, y que éstas fueron abiertas entre la década del 1970 y los años 2000.
De acuerdo con el portal, cinco de esas empresas ya han sido cerradas y no ha sido posible identificar cuántas aún permanecen abiertas. En el reportaje, el portal detalló la lista de las empresas en paraísos fiscales que afirma que están relacionadas con Odebrecht.
La página de Internet informó sobre las firmas offshore de la constructora que operaban en África, entre las que citó a OSEL- Odebrecht Serviços no Exterior Ltd., registrada en Caimán, pero cuya sede está en Maputo, capital de Mozambique.
Asimismo, Odebrecht Oil and Gas Angola Limited, abierta en enero de 2002 y ya cerrada, y Odebrecht Africa Funds, abierta desde el 13 de febrero de 2015, ambas registradas en Caimán también pero que operan en Angola.
En un comunicado publicado por “Poder360”, Odebrecht reconoció que todas esas empresas tienen un “vínculo directo o indirecto con el Grupo Odebrecht”, aunque aclaró que “todas fueron legalmente constituidas y ejercen sus actividades de forma regular”.
Por su parte, el ministro de Energía de Argentina, Juan José Aranguren, integró los directorios de al menos dos sociedades offshore, según la investigación periodística Papeles del Paraíso, publicada ayer en el país austral por el diario La Nación.
El rotativo especifica que Aranguren fue en 2003 director de Shell Western Supply and Trading Ltd, una subsidiaria con sede en Barbados que la petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell “utiliza para sus operaciones en América Latina”.
En tanto, el príncipe Carlos de Inglaterra invirtió a través del Ducado de Cornualles 3.9 millones de dólares (3.35 millones de euros) en cuatro fondos registrados en las Islas Caimán en 2007, según reveló ayer la cadena británica BBC.
La cadena pública señala que los movimientos fueron “legales” y no existen indicios de evasión fiscal, al tiempo que revela que el heredero al trono británico promovió cambios en la legislación medioambiental internacional tras comprar acciones de una compañía de las Islas Bermudas que podía beneficiarse de esas propuestas.
Por otro lado, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se mostraron ayer dispuestos a avanzar en la elaboración de un listado de paraísos fiscales con el objetivo de publicarlo en diciembre, tras la filtración de los Papeles del Paraíso sobre actividades de personalidades en territorios opacos.
Así también, Shakira, que reside en Barcelona con su marido, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, y sus dos hijos, está domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas, según desvelan los Papeles del Paraíso”, que aseguran que la cantante colombiana gestiona 31.6 millones de euros en Malta y Luxemburgo.

La familia de Carmen Gloria Quintana, quien fue quemada en 1986 por militares en una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), demandó al Estado de Chile por “daño moral”, informaron ayer fuentes judiciales.
Los padres, tres hijas y seis hermanos de Quintana exigen al Estado una indemnización por mil 950 millones de pesos (unos 3 mil 79 millones de dólares), por los perjuicios causados a ellos y a la mujer, quien resultó con su rostro desfigurado y debió someterse a varias intervenciones debido a la gravedad de las heridas.
Los parientes además expusieron en un informe “la indignación” que todavía sienten por la ausencia de justicia en este caso de violación a los derechos humanos, tras 31 años de ocurrido.
“El delito que sufrió Carmen Gloria, sin perjuicio de las graves consecuencias que tuvo para ella, afectó a todo su entorno familiar”, señaló a la prensa el abogado demandante, Héctor Salazar.
El jurista hizo hincapié en que estas vejaciones “proyectadas hasta el presente” fueron provocadas por agentes del Estado, por lo que le corresponde al mismo “indemnizar por ese daño que, en este caso, es fundamentalmente de carácter moral”, dijo.

Al menos siete muertos y decenas de heridos y detenidos habrían dejado violentos disturbios post electorales ocurridos desde el lunes en distintas zonas de Nicaragua, informó ayer el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
En un comunicado, la entidad no gubernamental condenó los “enfrentamientos y represión estatal” que según sus investigaciones dejaron “siete muertos, decenas de heridos y lesionados y numerosos detenidos” tras las elecciones municipales del pasado domingo.
La Policía Nacional no ha confirmado o desmentido estos datos, ni ha brindado información alguna sobre los sucesos violentos del lunes en la norteña provincia de Jinotega, en la sureña Río San Juan y en Puerto Cabezas, capital de la región del Caribe Norte, donde ayer continuaban los disturbios.
El Cenidh reportó “graves enfrentamientos” entre simpatizantes del partido indígena YATAMA y del gobernante Frente Sandinista en Puerto Cabezas, donde la noche del lunes fue incendiada la llamada “Casa Verde” de los misquitos, su radioemisora y varios vehículos.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) avaló ayer los comicios municipales del pasado domingo en Nicaragua, y lamentó los hechos de violencia postelectoral.
En tanto, congresistas hispanos y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos criticaron ayer la no renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ha permitido residir y trabajar en este país a 5 mil 349 nicaragüenses.

Los comunistas rusos comenzaron ayer una marcha por el centro de Moscú para conmemorar el centenario de la Revolución Bolchevique de 1917 que acabó con el régimen zarista y dio inicio a la Unión Soviética.
Los congregados, convocados por el Partido Comunista de Rusia, se reunieron en la plaza de Pushkin y marcharon desde ahí en una manifestación con banderas rojas y lazos rojos en las solapas en la que participan comunistas y miembros de organizaciones de izquierda llegados de decenas de países del mundo.
El acto concluyó en la Plaza de la Revolución, cercana al Kremlin y la plaza Roja y donde se yergue la estatua de Karl Marx, con un mitin.
El evento organizado por los comunistas es uno de los pocos actos que recuerdan ayer en la capital rusa la Revolución de Octubre, un hecho que cambió el rumbo de la historia contemporánea.
El Kremlin se ha mantenido al margen de esta efeméride y no ha organizado nada oficial para celebrarlo, ante el temor de ensalzar un hecho histórico que supuso un cambio de régimen, además de para evitar polarizaciones en una sociedad dividida en torno a ello.
Las televisiones y algunos medios de comunicación electrónicos transmiten algunos seriales de tipo histórico o recreaciones virtuales sobre esos acontecimientos que cambiaron el mundo.
Por la mañana de ayer, en la Plaza Roja unos 5 mil militares desfilaron para conmemorar la histórica parada militar de 1941 que tuvo lugar allí en pleno asedio de las tropas nazis, y tras la cuál muchos soldados soviéticos salieron directamente hacia el frente.
Este desfile se hace cada año y no responde a una celebración del centenario de la Revolución, sino que se trata de un acto patriótico sobre la llamada aquí Gran Guerra Patria (la II Guerra Mundial), una contienda sobre la que no hay divisiones y en la que el papel de los soldados soviéticos es motivo de orgullo nacional.
Por su parte, Cuba conmemoró ayer el centenario de la Revolución de Octubre de 1917 con un acto en La Habana encabezado por el presidente Raúl Castro, en el que fue destacada como gran inspiradora de la revolución social de la isla y la vigencia de sus ideas y principios.
En tanto, decenas de chavistas marchan ayer en Caracas para conmemorar los 100 años de la Revolución rusa, como parte de las actividades que desarrolla el gobierno de Nicolás Maduro para celebrar el centenario de este suceso que llevó a la creación de la Unión Soviética.

El Parlamento venezolano rechazó en su sesión de ayer el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a su vicepresidente, el diputado Freddy Guevara, que se refugió este fin de semana en la embajada de Chile tras anunciar el Tribunal Supremo su enjuiciamiento por delitos de “instigación pública”.
Con la ausencia ya habitual de los legisladores oficialistas, la mayoría absoluta opositora declaró por unanimidad “nula” la decisión tomada el lunes por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, que, a petición del Supremo, retiró a Guevara su inmunidad allanando el camino así para un juicio en su contra.
Como se recuerda en la resolución adoptada, la potestad para allanar la inmunidad de un diputado corresponde únicamente al propio Parlamento, por lo que la Constituyente “incurrió en usurpación” de funciones al pronunciarse sobre este asunto.
Guevara habría cometido los delitos que se le imputan entre abril y agosto pasados, al convocar junto con otros líderes opositores las manifestaciones contra Maduro que se saldaron con más de 120 muertos en disturbios violentos y enfrentamientos entre ciudadanos y fuerzas del orden.
Un total de 23 representantes diplomáticos de algunos de estos gobiernos -entre ellos EU, España, Alemania, Italia, Brasil, Colombia, México, Argentina y la UE- reafirmaron su respaldo a Guevara y al Parlamento con su presencia ayer en el pleno en el Palacio Federal Legislativo.

A tres semanas de que concluya la temporada de arribo de tortugas de la especie golfina, el gobierno del estado no ha entregado los apoyos para 25 campamentos tortugueros que trabajan sin material, equipo, seguridad o un mayor número de colaboradores, pese al importante aumento de nidadas en playas guerrerenses.
El presidente de la Mesa Guerrerense de Protección y Conservación a la Tortuga Marina, Víctor Verdejo Ramírez, advirtió que al menos seis de los campamentos que serían beneficiados con recursos, tres de los cuales forman parte de esa organización, dejarán de realizar las labores de protección pues es ahora “es imposible saber cuál dependencia es la responsable de las gestiones”.
En entrevista ayer en el campamento tortuguero Playa Larga, ubicado en Barra Vieja, el representante de los campamentos establecidos de la entidad, 12 de los cuales pertenecen a su agrupación, reclamó la falta de compromiso con el medio ambiente del gobierno estatal, pues en el informe pasado el gobernador, Héctor Astudillo Flores, no dedicó una sola línea de su discurso a temas ambientales.
Explicó que se trataba de la primer entrega de apoyos que otorgaría el gobierno de Héctor Astudillo, no obstante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) o su secretaria, Karen Castrejón Trujillo, no responde a la petición.
Explicó que en la administración pasada el presupuesto destinado a los campamentos tortugueros era de 2 millones de pesos, pero que este año no han visto un solo peso de los 500 mil que serían entregados hace tres meses y medio en mobiliario e insumos para la temporada.
Pidió al gobernador una audiencia para plantear un plan de trabajo dada la cercanía de la temporada de tortugas laúd, una especia en riesgo de extinción y de la cual ya han salido a desovar dos ejemplares en la Costa Chica.
“El gobierno del estado se comprometió a entregar a los 25 campamentos material y equipo por un monto total de 500 mil pesos, pero de esos recursos equiparía a seis campamentos, fueran o no de la Mesa Guerrerense, pero ya estamos a unas semanas de que termine la temporada y no hay nada”, reclamó Verdejo Ramírez.
Señaló que a pesar del compromiso de que serían entregados recursos en especie y no en efectivo a los campamentos antes de que comenzara la temporada el 5 de julio pasado, sólo hay argumentos por parte de la Semaren de que es la Secretaría de Finanzas la que no entrega los recursos.
Entre los insumos y mobiliario que la secretaria Karen Castrejón dijo que se entregarían a los campamentos están mesas, sillas, camastros, sombrillas, casas de campaña y artículos para establecer “de manera paralela” un negocio que ayudase a los campamenteros y a sus familias en la prestación de otros servicios, dado que buscaban fomentar “el turismo sustentable”.
Durante la edición pasada del Tianguis Turístico, el 29 de marzo pasado, los secretarios de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano Alamán, y Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero; así como los gobernadores de todas las entidades del país, firmaron el convenio Compromiso Nacional por el Turismo Sustentable para el Desarrollo del cual fue testigo de honor el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.
Al respecto, el ecólogo marino dijo que “pareciera que (Héctor Astudillo) comenzó a gobernar después del sismo del 19 de septiembre porque hasta entonces lo vieron en los campamentos de las costas”.
En contraste con el apoyo, calificó como buena la temporada de arribos pues en tan solo una noche, llegaron a resembrar 70 nidos que habían sido colectados en caminatas, más una veintena que los vecinos voluntarios recogían a bordo de motocicletas.
“En una noche llegamos a sembrar 70 nidos y nuestro campamentos tuvo más de mil nidos, lo que nunca habíamos tenido antes, por eso es que nos parece importante el incentivo para los campamentos. Nosotros le pedimos a la secretaria Karen Castrejón que entregaran los apoyos al menos en apoyos como el programa de empleo temporal, pero nos dice que no pueden hacerlo”, indicó.

Desde 2015, cuando se aprobaron los recetarios electrónicos para facilitar a enfermos con dolor crónico el acceso a medicamentos controlados, sólo se ha surtido 27 por ciento de las 732 mil 800 recetas disponibles a nivel nacional, reveló la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
El titular del organismo, Julio Sánchez y Tépoz, reconoció que ha fallado la distribución eficaz de los medicamentos controlados, lo que obstaculiza su acceso a los pacientes con dolor permanente.
A pesar de que el país cuenta con suficiente producción de morfina para atender a enfermos con dolor crónico, sólo el 3 por ciento llega a las farmacias que surten a estos pacientes, aseguró.
“La verdad es que no hemos avanzado en materia de distribución eficiente de fármacos controlados en farmacia y no tiene que ver con que las farmacias no tengan licencia. “Sí existen suficientes medicamentos controlados, pero no están todavía disponibles en farmacias y esto es, precisamente, una de las problemáticas que queremos arreglar”, remarcó. Hasta septiembre, la autoridad sanitaria registraba 104 mil 169 unidades de morfina producidas en el país y listas para ser usadas por pacientes con dolor crónico. De esa cifra, poco más de 70 mil unidades se encuentran como producto terminado en los laboratorios, 30 mil unidades en almacenes y distribuidoras, y sólo 3 mil 569 unidades en farmacias, indicó.
Al presentar la estrategia de Acceso a Sustancias Controladas para Fines Médicos Acceso sin Exceso, el comisionado dijo que buscan impulsar la venta de opiáceos en farmacias del país. José Campillo, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), consideró necesario lograr que la morfina llegue a farmacias y hospitales, donde muchos pacientes mueren cada año con dolores extremos.
“No es posible que no encontremos en los centros de salud lo que podemos encontrar en las calles y en las banquetas, eso es inadmisible. Las drogas se hicieron para cuidar el dolor, no para surtir a los narcotraficantes y a los adictos”, reprochó.
La Secretaría de Salud impulsa una campaña para promover el acceso a medicamentos controlados previniendo su abuso, para lo cual prevé recabar información en clínicas del dolor, unidades de cuidados paliativos y farmacias intrahospitalarias para monitorear la disponibilidad de medicamentos controlados. En 2015 se aprobaron los recetarios electrónicos para facilitar el acceso a opioides; 3 mil 664 médicos pueden recetar con ese formato. Hay 732 mil 800 recetas disponibles de medicamentos controlados, y 198 mil 410 recetas se han surtido en farmacias. Cuatro entidades concentran 70 por ciento de las recetas surtidas: Baja California, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México.

Especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguraron que el gobierno federal sí cuenta con los recursos económicos suficientes para financiar los gastos de la reconstrucción de viviendas en los seis estados afectados por los sismos de septiembre pasado.
Por lo anterior, los académicos rechazaron los programas de gobierno en los que se obliga a los damnificados a absorber los gastos de la reedificación de los inmuebles.
“La gente no tiene por qué pagar (los gastos de la reconstrucción). Es injusto, ya que en su mayoría son viviendas que ya se habían liquidado”, expusieron los especialistas.
En conferencia de prensa en Ciudad Universitaria, Violeta Rodríguez del Villar, doctora en Economía; Adolfo Sánchez Almanza, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, y Alicia Girón González, especialista en Estudios Latinoamericanos, refirieron tres fuentes de las cuales se pueden obtener los 48 mil millones de pesos que el gobierno federal calculó para los trabajos de reconstrucción.
Se pueden utilizar los recursos de los fondos de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, además de aprovechar el incremento autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2018, que se calcula con base en un tipo de cambio y precio del barril de petróleo superiores al promedio registrado.
La primera opción representa recursos por hasta 239 mil millones de pesos; la segunda, por hasta 56 mil millones de pesos.
De donde se puede obtener más dinero para la reconstrucción, de acuerdo con Rodríguez del Villar, es de los fideicomisos, fondos y mandatos análogos calculados en al menos 680 mil millones de pesos.
La académica de la UNAM criticó que los fideicomisos existentes se consideran más como una estrategia “mañosa del gobierno” federal para colocar recursos públicos en inversiones financieras. Es decir, explicó, se usan más para financiar deuda pública en vez de ayudar en situaciones determinadas, pues son recursos que se sacan del manejo presupuestal original y se le asignan reglas propias “poco transparentes y en las que se aprueba el manejo discrecional” de dinero.
“Una vez estando el dinero en los fideicomisos, poco se sabe qué pasa con esos recursos”, advirtió.
Los especialistas de la UNAM también hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que etiqueten el dinero destinado a la reconstrucción, se reorganice el presupuesto y se dé prioridad a la  ayudar para los damnificados.
“No podemos dejar volando esta previsión a decisión del vaivén político en el contexto electoral que ya vivimos. Al final, si no los etiquetan, incluso, la reconstrucción podría tener un manejo político. Puede convertirse en una moneda de cambio y es lo que queremos evitar”, refirió Rodríguez del Villar.