El alcalde Evodio Velázquez Aguirre informó que se colocarán 17 mil nuevas lámparas en la ciudad, con una inversión de 19 millones de pesos, en sustitución de las que no funcionan y que colocó la empresa Óptima Energía.
Indicó que ya se asesoraron jurídicamente para evitar que la empresa demande a algún servidor público. “Tener iluminadas tus calles y avenidas es parte de la seguridad”, dijo, y recordó que el contrato fue “ventajoso” para la empresa.
En el fideicomiso creado para pagar los servicios de Óptima Energía, se tienen 123 millones de pesos que no pueden ser utilizados hasta que concluya el litigio que inició el Ayuntamiento contra la empresa.
El alcalde informó que la sustitución de las lámparas se hará junto con el coordinador de la Brigada Hércules, Roberto Nieto; con el director de Zonatur, Jesús Rangel, y el coordinador de Servicios Públicos, Elí Olea.
Anunció que se entregarán 130 obras de electrificación en colonias y poblados en las que se invirtieron 73 millones de pesos, que son parte del programa para rehabilitación de lámparas.
Velázquez Aguirre también informó que se están buscando las opciones para pagar al ISSSPEG, entre ellas ver los adeudos que tienen dependencias estatales y federales con el Ayuntamiento.
La empresa Óptima Energía fue contratada en la administración del priista Manuel Añorve Baños para remplazar 44 mil lámparas en la ciudad, pero sólo instaló aparatos ahorradores de energía que no alumbran.
En la administración de Luis Walton Aburto se inició un litigio para rescindir el contrato a la empresa, mismo que aún continúa.
En conferencia de prensa en la oficina de Presidencia, acompañado por funcionarios municipales, el alcalde recalcó que el tener vialidades iluminadas es un asunto de seguridad, por lo que, anunció, se invertirá del Ramo 33 fondo 3 y 4 de la parte social para rehabilitar y hacer obras de electrificación.
Recordó que el convenio que se firmó con la empresa estipula que del pago del Derecho de Alumbrado Público (DAP) se paga a la CFE lo correspondiente al servicio de energía y el excedente se envía al fideicomiso creado para pagarle a Óptima Energía.
“Lamentablemente la ciudad está en malas condiciones y no se le ha podido meter mano porque es un problema legal, todas están inservibles, las luminarias, la postería, lo que tenemos que hacer es dar seguridad y certidumbre a la gente. La gente no puede vivir de ninguna manera con sus luminarias apagadas por una irresponsabilidad de su gobierno en su momento y no puede pasar este gobierno sin hacer algo al respecto”, señaló.
Velázquez Aguirre dijo que están convencidos de que si se ilumina la ciudad van a disminuir los índices de inseguridad en muchas de las colonias, que “hoy son presa del paso y manejo de lo operatividad del crimen”.
Por su parte, el director de Alumbrado Público, Román Salazar Hernández, explicó que la primera etapa de la renovación de las lámparas se hará en avenidas y calles de las zonas turística, con un estimado de que se haga en 40 días, antes de que inicie la temporada vacacional de diciembre.
La segunda etapa se hará en dos meses (enero y febrero) y será la renovación de las luminarias de las colonias del anfiteatro, zona conurbada, Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata y Llano Largo.
El director Jurídico del Ayuntamiento, César Gustavo Ramos Castro, explicó que siguen los procesos en civil y en lo contencioso en contra de la empresa. Que lo que harán como administración es solicitarle a Óptima Energía que retire por su voluntad las lámparas que colocó y de negarse “con los argumentos del privilegio fundamental para contar con seguridad a través de la iluminación”, se iniciará un procedimiento como medida precautoria ante una autoridad judicial.
Ramos Castro expuso que solicitarán a la autoridad judicial que permita el retiro de las lámparas y el depósito de las mismas ante una autoridad competente, para que la empresa pueda recogerlas y no se incurra en ningún ilícito o responsabilidad como servidores públicos.

La deuda con el ISSSPEG

En otro tema, el alcalde expuso que el área de Finanzas trabaja “fuertemente” para resolver los temas financieros del Ayuntamiento.
Reiteró que se ha generado estabilidad en las finanzas y estrategias para poder cumplir en tiempo y forma con sus responsabilidades, como el pago al ISSSPEG.
El pasado jueves, el director del ISSSPEG, Jesús Manuel Urióstegui Alarcón, informó que demandó a cuatro ayuntamientos y se demandaría a 13 más, entre ellos el de Acapulco, para recuperar los adeudos que tiene con el instituto. Ese mismo día, el secretario de Administración y Finanzas, Mariano Hansel Patricio Abarca, aseguró que se cumpliría el pago acordado y el pasado viernes dijo que se estaba viendo la posibilidad de dar un inmueble al ISSSPEG.
Velázquez Aguirre manifestó que se buscan mecanismos legales para resolver la situación, entre ellos viendo las deudas que tienen de predial y agua los gobiernos federal y estatal con el municipio.
Indicó que se habla con todos los que sean necesarios para hacer acuerdos, “ver cómo nos acomodamos, es lo lógico y necesario”.
Agregó que se tienen convenios firmados con el ISSSPEG y aseguró que se están cumpliendo, que se ha llevado la situación “de manera muy respetuosa”.

Despiden a funcionario

El alcalde informó que se despidió al subdirector de Conservación y Mantenimiento de Zonatur, José Manuel Nieves Martínez, quien aparece en una foto en Facebook, junto con un ex trabajador de la misma dependencia, presumiendo fajos de billetes de 500 pesos.
Evodio Velázquez indicó que ordenó a la Contraloría que inicie un proceso de investigación contra el ex funcionario, porque consideró que lo que hizo no es “ético” y en su gobierno no se permitirá actuar así a nadie.
“De ninguna manera vamos a permitir estos actos fuera de la ética, de ninguna manera vamos a solapar acciones de esta naturaleza, he instruido al área correspondiente que se le separe del cargo”, reiteró.
El alcalde aseguró que el ex trabajador no manejaba recursos públicos, y que tendrá que pagar las consecuencias legales si se encuentra irregularidad en la investigación que se inició.

Unos 50 vecinos de la colonia Progreso bloquearon por unas cuatro horas las calles Michoacán y Durango, para denunciar que llevan más de un mes sin servicio de agua potable.
Con una cartulina en la que se leía: “exigimos agua” y “paga la luz, queremos agua”, “Evodio eres el peor presidente que hemos tenido”, los inconformes colocaron piedras y palos en las calles, cerca de la universidad del Colegio Español, para exigir agua.
La protesta comenzó a las 9 de la mañana y duró hasta las 12 del mediodía, cuando llegó el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Javier Chona Gutiérrez.
Allí los vecinos señalaron que las calles Zacatecas, Durango, Michoacán, Tamaulipas, y San Luis Potosí tenían varias semanas sin servicio de agua potable.
“Agua hay pero aquí le cierran a la toma y no la envían, ya vimos que agua sí hay pero no la mandan a la toma que nos abastece, tenemos un mes sin agua y comprando pipas, y los recibos están puntuales”, declaró la vecina Hilda Martínez Moreno.
Explicó que las pipas les cuestan 700 pesos, que se cooperan entre tres personas para llenar sus tinacos y en este tiempo que llevan sin agua han comprado cuatro, cuando la mayoría de los vecinos paga sus recibos por año y “no se vale que no tengamos agua”.
Otro vecino, José Fajardo, se quejó de que “ya hemos ido a la CAPAMA y nos dicen que están arreglando no se qué sistema, que hay una descompostura pero siempre hay un pretexto, y nos dicen que pronto nos va a llegar el agua pero no lo hacen, llevamos un mes”.
Los vecinos reprocharon que las autoridades vean a la CAPAMA como la “caja chica”, y pidieron a la Auditoría General del Estado que investigue las irregularidades.
“Es una vergüenza que tengamos gobiernos corruptos”, señaló una colona.
A las 10:30 de la mañana llegó el subdirector de operación de la CAPAMA, Jorge Castillo Vinalay, los vecinos dijeron que no se moverían hasta que el director se presentara. Y poco antes de las 12 del día llegó Chona Gutiérrez y dialogó con los vecinos, y después que se abrieron algunas válvulas empezó a llegar agua a las viviendas.
Chona Gutiérrez explicó que se da mantenimiento a los equipos de bombeo para dar un mejor servicio en la temporada de decembrina; “no queremos tener problemas con la falta del servicio, y estamos castigando un poco el sistema pero será para mejorar el servicio”.
Los vecinos advirtieron al director que en caso de que otra vez tengan problemas con el servicio podrían bloquear la avenida Cuauhtémoc, pero el director les respondió que cuando no tengan agua “manden un mensaje, para así mitigar un poco la falta de agua”.

El propietario de terrenos en Punta Diamante, Sabino Palma, quien se presentó como presidente del Comisariado Ejidal de Puerto Marqués, acudió, acompañado de unas 10 personas, a las oficinas de la Promotora Turística (Protur) para exigir a las autoridades estatales una solución a la petición del pago de sus terrenos.
Sabino Palma dijo que “estamos aquí porque el director de la Protur tiene dos semanas que no nos recibe y nos cambia la fecha. Lo que queremos es que nos atiendan y que llegue a oídos del gobernador Héctor Astudillo porque sus funcionarios se hacen de la vista gorda”.
Abundó que el problema “es que hay una reversión de 144 hectáreas y lo del pago en su totalidad de las tierras del ejido de Puerto Marqués, pero nos están dando largas, son promesas incumplidas. El fallo es del 92 y a la fecha no hay nada, venimos con el director de la Protur porque él está vendiendo las tierras, y venimos nos dice que no es su competencia”.
“Queremos que el gobernador sepa porque ellos lo engañan, ellos dicen al gobernador que ya hay solución pero nada más nos ponen cita y no nos atienden”, se quejó Sabino Palma, quien dijo que “somos 57 ejidatarios que estamos pidiendo que paguen”.

Pescadores amenazan con un plantón en Majahua

Por otra parte, también a las oficinas de Protur llegaron buceadores y pescadores de la sociedad cooperativa de Puerto Marqués, quienes advirtieron que se iban a manifestar por las tres órdenes de aprehensión que se iniciaron contra los que están en contra del proyecto de la marina Majahua.
“Sobre esas órdenes de aprehensión nosotros nos vamos a manifestar, si nos quieren levantar a nosotros que lo hagan, al fin y al cabo no pasamos de la cárcel y nos vamos a manifestar el tiempo que sea necesario”, puntualizó Gregorio Pérez.
Agregó que “vamos a plantarnos para que no ingrese nadie hasta que se nos resuelvan el problema, primero vamos a tener una semana preparativa para después caer de manera sorpresiva, e invitaremos a diputados para que tengan conocimiento”.
“Queremos que nos indemnicen si quieren hacer lodo, chocolate con su agua es problema de ellos, que nos indemnicen, parece que son 6 o 7 millones de la marina Majahua y falta Member´s Deck, que se comprometió a darnos 10 lanchas con motores”, señaló.
Dijo que los integrantes de la cooperativa lo que dicen es que “nos vamos a plantar en la marina porque nos quita nuestra área de trabajo y porque no nos cumplieron la indemnización, nada más se entregó una parte y además hay órdenes de aprehensión contra los compañeros y no es justo, nos están pisoteando”.
Gregorio Pérez explicó que las órdenes de aprehensión son contra Alfredo Arciniega y Arturo Gómez porque no respetaron el convenio que se había firmado de que no habría bloqueo.

Trabajadores formalizados del hospital general Donato G. Alarcón, de Ciudad Renacimiento, denunciaron que a dos trabajadoras, que son estudiantes de Enfermería, ya se les asignó una plaza.
El trabajador Javier Castrejón Martínez, acompañado de dos compañeros, expuso que el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Sector Salud actúa de forma corrupta cuando hay quienes llevan más de 10 años y no logran la formalización.
El trabajador basificado explicó que las dos jóvenes que ya están incorporadas y reconocidas por el sindicato fueron avaladas y recomendadas “por Mario Monroy Chanona, que trabaja en el hospital General y es integrante del Comité Ejecutivo estatal de la Sección 36 del SNTSa y están en el tercer semestre de Enfermería”.
Señaló que una de las trabajadoras ya tiene clave presupuestal M02036 como asistente de Enfermería, pero hace funciones de trabajadora social.
Y el la otra, explicó, es una joven que tiene clave M02035 de enfermera general titulada pero está como auxiliar administrativa.
Castrejón Martínez insistió en que ambas trabajadores tienen menos de un año en el hospital y cursan el cuarto y tercer semestre respectivamente.
Señaló que la delegada del sindicato, Raquel Fabiola Estrada Villaseñor, promovió e incluyó a las jóvenes.
Dijo que en el hospital hay más de 100 trabajadores con mayor antigüedad como eventuales, que incluso llevan más de 10 años sin conseguir la formalización.
Advirtió que si no hay solución podrían parar labores en el hospital.
El trabajador del hospital de la Secretaría de Salud se asume como parte del grupo contrario al sindicato, y recordó que por los continuos señalamientos hacia el grupo político de la secretaria general de la sección 36, Beatriz Vélez Núñez, intentaron cambiarlo de área de trabajo y por ello mantiene una medida cautelar.

Los principales partidos de la alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunciaron ayer que no se presentarán a las elecciones municipales convocadas para diciembre, mientras algunos de sus dirigentes pidieron elegir un líder único para poner fin a la división de la coalición.
Acción Democrática (AD), del ex presidente del Parlamento Henry Ramos Allup; Primero Justicia (PJ), del actual presidente de la Cámara, Julio Borges, y del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, y Voluntad Popular (VP), de Leopoldo López, hicieron pública este lunes su decisión de no presentarse.
El diputado de PJ Tomás Guanipa explicó que su formación no acudirá esta vez a las urnas al haber en el país “un gobierno que decide quién puede y quién no puede ganar”, al que acusó no reconocer “la voluntad popular”.
Guanipa se refería a las más recientes elecciones celebradas en el país, las regionales del 15 de octubre, en los que sí participó el grueso de la oposición.
Entonces, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó 18 de las 23 gobernaciones, según resultados oficiales que la MUD tildó de fraudulentos.
“Así como la vida se ha ido degradando en Venezuela (…), también las elecciones se han ido degradando”, afirmó su compañero de filas Julio Borges.
En términos parecidos se expresó el vicepresidente del Parlamento y diputado de VP Freddy Guevara. “No seremos partícipes de un nuevo fraude contra nuestro pueblo, y responsablemente instamos a los demás partidos de la Unidad (MUD) a no participar de manera alguna en las mismas para no convalidar un fraude anunciado”.
“Ratificamos que en esta oportunidad y en estas condiciones no vamos a participar”, dijo por su parte el secretario general de AD, Henry Ramos Allup.
Estos tres partidos reafirmaron su apuesta por la “vía electoral” para acabar con lo que llaman “la dictadura” del presidente Nicolás Maduro, y se comprometieron a intentar cambiar un Consejo Nacional Electoral (CNE) al que recriminan su sumisión al oficialismo, para afrontar con garantías las presidenciales previstas para 2018.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió ayer medidas draconianas contra quienes pretendan sabotear las elecciones municipales convocadas para diciembre, a las que la mayoría de partidos de oposición ha anunciado que no se presentará por no confiar en las garantías del proceso.
En tanto, el Grupo de Lima solicitó ayer al secretario general de la ONU, António Guterres, que la organización actúe ante la “crisis humanitaria” que se vive en Venezuela.
Lo hizo a través de los ministros de Exteriores de Perú, Ricardo Luna, y de Canadá, Chrystia Freeland, que se reunieron con Guterres en Nueva York en representación de este grupo de países americanos.

Uhuru Kenyatta fue reelegido ayer presidente de Kenia tras conseguir el 98.26 por ciento de los votos en la repetición de las elecciones presidenciales del pasado jueves, marcadas por el boicot de una oposición, que pidió a sus seguidores que no votaran por una supuesta falta de garantías democráticas.
Su llamamiento motivó que la participación cayera cerca de 41 puntos -del 79.5 por ciento al 38.9 por ciento- con respecto a la votación del pasado 8 de agosto, que fue invalidada por el Tribunal Supremo tras detectar numerosas irregularidades en el recuento.
Además, 1.6 millones de votantes adscritos a cuatro condados del oeste del país no han podido ejercer aún su derecho por la suspensión de la votación en sus colegios ante los violentos enfrentamientos que hubo al comienzo de la jornada electoral entre seguidores de la oposición y la policía.
El líder de la principal coalición opositora, Raila Odinga, anunció el pasado día 10 que se retiraba de carrera presidencial y buscó anular las elecciones, pero la Justicia ordenó que se siguiera adelante con el proceso, que finalmente se ha saldado con la aplastante victoria de Kenyatta, sin rival en las urnas.
El país, que vive una fractura social y política, se dividió una vez más entre los jubilosos seguidores de Kenyatta, que salieron a las calles a celebrar la reelección de su líder, y los de la Súper Alianza Nacional (NASA), el partido de Odinga, que se apresuraron a mostrar su descontento.
En el barrio chabolista de Kibera, en Nairobi, uno de los principales bastiones de la oposición, se vivieron situaciones de tensión inmediatamente después del anuncio de la victoria de Kenyatta, con la policía dispersando de forma violenta a los manifestantes.
El temor a que se repita la violencia postelectoral de 2007, unos enfrentamientos étnicos que se produjeron después de que Odinga tampoco reconociese su derrota y que se saldaron con la muerte de más de mil 100 personas y el desplazamiento forzoso de más de 600 mil, es latente entre los ciudadanos de Kenia.
En esta ocasión, desde el mismo día de las elecciones se han registrado al menos 14 muertos en los enfrentamientos entre partidarios de la oposición y la policía, según las informaciones ofrecidas por medios locales, una cifra que la NASA eleva a 70.
Ante la posibilidad de que aumente la violencia, Kenyatta hizo un llamamiento a la paz en el discurso que pronunció tras oficializarse su victoria: “Vuestro vecino seguirá siendo vuestro vecino a pesar del resultado de las elecciones”.
Por su parte, Odinga, que anticipó que ayer haría un “gran anuncio” en el que marcaría a sus seguidores el camino a seguir tras los últimos acontecimientos, pospuso su comparecencia por la mañana de este martes.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, firmó ayer una controvertida ley de seguridad que, según el gobierno, es necesaria para cuando venza el estado de excepción decretado en el país.
“La amenaza terrorista es grande”, dijo el ministro del Interior, Gérard Collomb, en París.
En la ley, determinadas reglamentaciones del estado de excepción son incorporadas al derecho normal en formatos algo más suaves.
El portavoz del gobierno Christophe Castaner recordó que el estado excepción se impuso tras los atentados islamistas en París del 13 de noviembre de 2015 y luego se extendió varias veces. Este miércoles el estado de excepción expirará.
Collomb rechazó las críticas según las cuales la ley, aprobada por el Parlamento a mediados de octubre, establece una especie de estado de excepción permanente. Se estableció un equilibrio “entre seguridad y libertad”, sostuvo.
Macron se reunirá este martes con el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, quien dirige la organización que vigila el respeto a los derechos humanos en los estados miembro de la Unión Europea.
Francia se ha visto sacudida por una ola de atentados terroristas desde hace dos años y medio con un saldo de alrededor de 240 muertos.

El gobierno colombiano condenó ayer el asesinato por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de un líder indígena en el noroeste del país y aseguró que se evalúa la continuidad del cese al fuego bilateral que rige desde el primero de octubre.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó este lunes en un comunicado que “el gobierno nacional condena el asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero, del resguardo indígena Catru, Dubaza, Ancoso, del municipio del Alto Baudó-Chocó, y perteneciente al pueblo Embera Dóbida, a manos de miembros del ELN”.
El despacho oficial precisó que “ningún incidente por sí mismo será causa de ruptura del cese al fuego de forma unilateral y automática. La Mesa de Conversaciones evaluará toda la información objetiva que reciba para que se adopten las decisiones que correspondan frente a la continuidad del cese al fuego”.
El pasado 24 de octubre Aulio Isarama Forastero, gobernador indígena de un resguardo del departamento del Chocó, en la frontera con Panamá, fue asesinado por hombres que lo tirotearon y huyeron.
Isarama, quien fue acribillado en cercanías de su resguardo luego de que hombres armados lo sacaron de su vivienda, era gobernador de la comunidad indígena de Docasina, resguardo localizado en zonas rurales del municipio de Alto Baudó.
El ELN reconoció el domingo en un comunicado su responsabilidad en el asesinato.
Por otro lado, al menos 100 mil indígenas iniciaron ayer una movilización en 24 departamentos de Colombia como parte de la denominada “minga nacional” para exigir al gobierno que cumpla los distintos acuerdos pactados con las comunidades.
Las mayores movilizaciones son en el departamento del Cauca (suroeste), que tiene una gran parte de población indígena y conflictos por la posesión de tierras, pero también hay concentraciones en las vecinas regiones de Nariño, Putumayo, Caquetá y Tolima, así como en el Meta (centro), Cesar y La Guajira (norte), entre otros.

Cuba acusó ayer a Estados Unidos de aplicar una “diplomacia inadmisible” con la isla en el caso de los supuestos “ataques sónicos” a diplomáticos estadunidenses en suelo cubano con el fin de revertir el deshielo logrado tras más de medio siglo de enemistad entre ambas naciones.
Un artículo de opinión publicado en el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) bajo el titular “La diplomacia inadmisible”, afirma que algunos Estados poderosos “recurren a la coacción o a la fuerza para tratar de imponer sus intereses a otros países”.
En ese sentido, Granma califica de “violatoria del derecho internacional y contraria al mantenimiento de la paz” la política del gobierno de Estados Unidos tras el reciente giro en sus relaciones con Cuba.
Por otro lado, el proceso de nominación de candidatos para las elecciones municipales del próximo 26 de noviembre culminó ayer en todo el país, sin que ninguno de los postulantes independientes adscritos a la plataforma ciudadana #Otro18 resultara nominado, informó su portavoz, Manuel Cuesta Morúa.

El ex jefe del gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont se trasladó a Bélgica, donde podría pedir asilo político, mientras en España fue denunciado por rebelión, sedición y malversación dos días después de ser destituido por sus planes para declarar la independencia de la región española.
Tras una intensa y confusa jornada, durante la que medios de varios países informaron del traslado de líder catalán al país europeo junto a otros ex responsables de su gobierno, el abogado flamenco Paul Bekaert confirmó su estancia allí a la agencia local Belga.
Bekaert, quien defendió en el pasado a miembros del grupo separatista vasco ETA, aseguró al diario catalán La Vanguardia que ahora es abogado de Puigdemont. “Si necesita defensa jurídica, seré yo quien le represente”, dijo al rotativo.
Ninguna fuente oficial confirmó a lo largo de toda la jornada la presencia del ex jefe del gobierno catalán en Bélgica, aunque medios publicaron que llegó hasta allí en avión desde Marsella (Francia), a donde se trasladó previamente en vehículo desde Cataluña.
Al parecer, podrían acompañarle cinco miembros del que fuera su gabinete en el gobierno: algunos de su propio partido, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), y otros de la formación con la que ha gobernado los dos últimos años, Esquerra Republicana (ERC).
“No podemos confirmarlo ni desmentirlo”, informaron fuentes del PDeCAT. “No comentamos la agenda privada de una persona privada”, expresaron fuentes del gobierno español.
Los cinco antiguos consejeros que han viajado con Puigdemont a Bruselas son los que ocupaban las carteras de Gobernación, Meritxell Borràs; Salud, Antoni Comín; Interior, Joaquim Forn; Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa: y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret.
Aunque ninguna fuente ha confirmado que la intención de Puigdemont y los ex consejeros sea solicitar asilo político en Bélgica, el cantautor y hasta hace unos días diputado en el Parlamento regional Lluís Llach ha dado por hecho que se exiliarán.
Fuentes del Ejecutivo han confirmado la presencia de Puigdemont en Bruselas, aunque no han explicado cuál es el objetivo de este viaje.
El ministro de Interior belga, Jan Jambon, comunicó que no sabe nada del paradero de Puigdemont ni de sus planes de viaje. Según la agencia Belga, su portavoz dejó claro además que el responsable público belga no habló con el líder catalán en los últimos días y que no hubo ninguna invitación del partido nacionalista flamenco N-VA.
“Si Puigdemont está en Bruselas, seguro que no es por invitación” del N-VA, dijo el portavoz de la formación, Joachim Pohlmann, citado por Belga.
Los motivos del viaje se desconocen por ahora, aunque algunas fuentes hablan de una posible petición de asilo político. El secretario de Estado belga para Asilo y Migración, Theo Francken, había insinuado el domingo que existía esa posibilidad, pero el primer ministro del país europeo, Charles Michel, descartó totalmente esa opción.
Puigdemont y los miembros del que fuera su gobierno fueron destituidos el viernes por Madrid en el marco del artículo 155 de la Constitución española, con el que se implementaron medidas para frenar los planes independentistas de las autoridades catalanas.
Ahora se enfrentan a presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación y serán llamados a declarar ante la Justicia. La Fiscalía española presentó ayer una querella contra ellos y otra contra los miembros del Parlamento catalán que permitieron el viernes la votación de una resolución para crear una “república” catalana.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, aseguró que los primeros, “con sus decisiones y actos a lo largo de los últimos dos años”, produjeron “una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia” del pasado viernes.
En cuanto a los diputados separatistas, señaló “que con sus acuerdos posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para la culminación del proceso independentista”.
Los querellados, a quienes se reclama una fianza o embargo de bienes calculado en 300 mil euros (cada uno), podrían enfrentarse a medidas cautelares, “atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados”, según explicó Maza. En España, el delito de rebelión puede suponer hasta 30 años de cárcel; el sedición, 15, y el de malversación, ocho años, según establece el Código Penal español.
La querella de la Fiscalía contra Puigdemont y los miembros del que fuera su gabinete se presentó ante el tribunal español de la Audiencia Nacional, competente para investigar estos delitos, ya que los denunciados perdieron su condición de aforados al “haber sido cesados de sus cargos”, puntualizó el fiscal español.
La segunda querella se presentó ante el Tribunal Supremo, ya que los parlamentarios siguen siendo por ahora aforados.
Entre los denunciados está también la presidenta del “Parlament” catalán, la independentista Carme Forcadell. Medios y analistas interpretaron que la responsable pública asumió la disolución de la Cámara por parte de Madrid ya que desconvocó ayer la reunión de su órgano rector, prevista para el martes.
Además de la destitución del “Govern”, el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, anunció el viernes la disolución del Parlamento catalán y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.
Los dos partidos que han gobernado desde 2015 en Cataluña de forma conjunta en la coalición independentista Junts pel Sí -el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) y Esquerra Republicana (ERC)- anunciaron ayer que participarán en esos comicios regionales.
“Nos presentaremos a las elecciones en defensa de las instituciones y contra un 155 miserable. No tenemos miedo a las urnas. Mariano Rajoy, nos veremos”, dijo Marta Pascal, coordinadora general del PDeCat, el partido de Puigdemont.
“Encontraremos la manera de participar en el 21D. Ha de ser una oportunidad más para consolidar la república”, señaló Sergi Sabrià, portavoz de ERC, partido que dijo no temer a las urnas aunque tildó las elecciones de “ilegítimas” y de “trampa”.
Por su parte, el presidente de la región belga de Flandes, el nacionalista flamenco Geert Bourgeois, no se reunirá con el expresidente catalán Carles Puigdemont, que se encuentra en Bruselas, dijeron ayer fuentes de su partido, la N-VA.
En tanto, la autoproclamada república de Nagorno Karabaj (Artsaj, como la denominan los karabajíes) expresó ayer su respaldo al derecho del “pueblo de Cataluña” a la autodeterminación, al tiempo que abogó por una solución pacífica a la “crisis política entre Madrid y Barcelona”.

Normalidad en Cataluña tras asumir gobierno español a autonómicas

El Parlamento catalán, los partidos políticos y los empleados públicos asumieron ayer con normalidad la nueva situación en Cataluña, después de que el gobierno español cesara al Ejecutivo regional y disolviera su Parlamento para restaurar la legalidad.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, constató este lunes ante la dirección de su partido (PP, centroderecha) que en Cataluña se van asumiendo con normalidad las medidas adoptadas hace tres días para impedir la secesión en esa región, después de que el Parlamento catalán declarara la independencia.
Entre las medidas que tomó el Ejecutivo central se encuentran el cese del presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, y el resto de su gobierno, la disolución del Parlamento regional y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.
Según informaron fuentes del PP, Rajoy volvió a hacer una llamada a la serenidad ante la nueva etapa que se ha abierto en Cataluña.
La oficina del gobierno regional de cataluña (Generalitat) en la capital belga es la única de todas las que tenía en el extranjero que no ordenó cerrar el Ejecutivo central el pasado viernes.
En cuanto a la policía autonómica de Cataluña (Mossos d’Esquadra), ha asumido el nuevo estatus y el nuevo responsable del cuerpo, Ferran López, se reunió ayer con el ministro español de Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha asumido las competencias del antiguo Consejero de Interior del gobierno catalán.