La representante de los padres de familia de la zona escolar 096 del municipio de La Unión, Rosa Carmina Coria Rivera manifestó que no ha sido repuesta la maestra que desistió a dar clases a la comunidad El Huicumo y que este miércoles 10 de los 14 comités de padres de familia de la zona escolar se reunieron para acordar que darán plazo a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para que envíen a una nueva maestra y a un maestro más que está pendiente, de lo contrario, advirtió que regresarán a las movilizaciones.
El 5 de octubre pasado la SEG envió a dos maestras a la zona 096 luego de que desde el 15 de septiembre los padres de familia encabezados por Coria Rivera cerraron las 14 escuelas de la zona para exigir maestros y directores para cinco escuelas, ese día el delegado de Gobierno en la Costa Grande, Juvenal Maciel Oregón acompañado del director general de Zonas Económicas Especiales en Guerrero, Juan Antonio Reyes Pascacio acudieron a la comunidad Petacalco donde se reunieron con los padres de familia y presentó a las dos maestras.
Una de las maestras idóneas que fueron enviadas a la zona escolar ya no regresó luego de que supo que tendría que trabajar en la comunidad El Huicumo, en la sierra del municipio.

Maestras del jardín de niños Vasco de Quiroga en la colonia Mártir de Cuilapan pararon labores y bloquearon  alrededor de 25 minutos la avenida Lázaro Cárdenas frente al mercado de La Sabana en protesta por la inhabilitación de Pedro Arizmendi Palacios como supervisor de la zona 39 de preescolar.
Las maestras apoyadas por padres de familia manifestaron que están en desacuerdo con la decisión de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) de quitar del cargo al supervisor pues lo consideran una injusticia. Los manifestantes  advirtieron que el paro, que dejó a más de 150 niños sin clases, es por tiempo indefinido y antes del mediodía bloquearon la vialidad.
El jueves 12 de octubre maestras de otros jardines de niños de esa zona escolar bloquearon la avenida frente al mercado para exigir la salida del supervisor Pedro Arizmendi a quien acusaron de acoso laboral. La directora encargada del jardín Vasco de Quiroga, Magaly Laurel Vargas afirmó que es mentira lo dicho por las demás maestras y demandaron una mesa de trabajo con el secretario de Educación, José Luis González de la Vega.
Laurel Vargas subrayó que el supervisor es una persona muy respetuosa y —agregó— “hemos tenido reuniones en donde él se porta bien, es una persona innovadora sobre el modelo educativo que se está implementando ya en educación”. Agregó que no sabe si las directoras que están en contra del supervisor “tienen miedo a estas nuevas innovaciones que hay, al nuevo modelo educativo”.
Indicó que el jardín Vasco de Quiroga, el de Leyes de Reforma y San Miguel “le brindamos el apoyo total al profesor Pedro Arizmendi y queremos que regrese a la supervisión”. Informó que el supervisor fue inhabilitado a partir del martes por lo que exigen que sea restituido y señaló que hay una división en la zona por culpa de la directora del jardín Federico Froebal, Gisela Mendoza Vázquez”.
Indicó que no saben por qué lo inhabilitaron, “ellas manifiestan que es una persona prepotente y ya no quieren trabajar con  él, pero eso no se vale porque todas las directoras que lo apoyamos hemos trabajado bien en los 25 años que tengo en el jardín”.  Otra de las maestras dijo que no se valen las injusticias que hay contra el supervisor y pide una mesa de trabajo con el secretario “para que sepa la realidad de la problemática en la zona 39 (que es) derivada de la maestra Gisela Vázquez”.
Los manifestantes cargaban pancartas que decían, “Gisela Mendoza Vázquez es una persona déspota, prepotente y manipuladora”, “Basta de injusticias”, “Apoyo incondicional al supervisor Pedro Arizmendi Palacios supervisor de la zona 34”.
La protesta concluyó a las 12:10 del día luego de que al lugar llegaron trabajadores de la SEG para atender a las maestras y padres de familia quienes se comprometieron a una reunión con el delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, Alfredo Miranda Vergara y la contraloría de la secretaría.

Desde hace un año el Centro Regional de Educación Normal (CREN) de Iguala solicitó la incorporación al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) de 29 trabajadores administrativos y maestros, a la fecha no hay resultado de la gestión que se comprometió a hacer la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para regularizar las plazas.
Vía telefónica el delegado sindical del CREN de Iguala, Zeus Figueroa Zamora, recordó que el 18 de octubre de 2016 los trabajadores iniciaron un paro de labores y toma de las instalaciones para exigir su incorporación al Fone, durante siete meses y medio los inconformes acudieron a la Ciudad de México para pedir a la federación que interviniera, sin embargo, se les informó que es el gobierno estatal el que debe regularizar las plazas.
Recordó que se llegó a un acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, en el que se estableció que se entregarían las instalaciones a cambio “de que él hiciera su trabajo, en el sentido de que nos incorporara al Fone, porque a él le compete” pero a la fecha no se ha resuelto su demanda.
“El Estado incumple con sus obligaciones desde hacer los quehaceres diarios en la institución, incumple en su obligación como patrón de darle solución a esta problemática”, expresó.
Informó que los inconformes ya entregaron un nuevo oficio en el que emplazaron a las autoridades a que resuelvan la situación de manera inmediata, el documento también se presentó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Iguala, de lo contrario se verán obligados a protestar “en las calles”.
Declaró que los estudiantes del CREN de Iguala tomaron las instalaciones hace dos semanas porque no les han pagado becas, por lo que actualmente no hay actividades académicas en la institución, y si los jóvenes deciden entregar el inmueble, los trabajadores volverán a cerrarlo.

Trabajadores de 92 escuelas de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) en el estado, que dependen del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg), marcharon en la capital para exigir que se regule el pago salarial de más de 500 empleados administrativos y docentes mediante la firma de un convenio financiero del gobierno estatal con el federal.
A las 11:35 de la mañana cerca de cien trabajadores se reunieron en el parque de Los Túneles en el barrio de Tequicorral, en la capital, desde ahí marcharon hacia el Palacio de Gobierno con lonas y pancartas en las que exigieron la firma del convenio financiero, respeto al presupuesto de los EMSAD, regularización del pago salarial, respeto a la antigüedad y permanencia laboral.
El responsable del Emsad de Cahuatache, municipio de Xalpatláhuac en la región Montaña, José Ángel García Leal, dijo que las autoridades atrasan constantemente el pago salarial de los trabajadores hasta más de 8 días, debido a que el gobierno estatal no firmó el convenio financiero con la federación, en el que ambos se comprometen a destinar los recursos necesarios para los salarios.
“Son más de 550 trabajadores afectados de 92 planteles en 45 municipios de nuestro estado, hemos estado sufriendo mucho con esto de la educación, este servicio educativo se da en las partes más vulnerables donde el Colegio de Bachilleres, los Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios y las Preparatorias (de la Universidad Autónoma de Guerrero) no pueden llegar”, dijo.
Manifestó que “el pretexto” de las autoridades para retrasar el pago salarial es que no está firmado el convenio financiero y la situación empeoró de julio a la fecha, porque los trabajadores dependen únicamente del salario que obtienen de los Emsad por lo que ayer suspendieron labores para marchar en la capital, dejando a más de 4 mil estudiantes sin clases.
Los inconformes hicieron una parada simbólica frente a la Dirección General del Cecyteg, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, ahí exigieron que las autoridades correspondientes los apoyen para que los recursos de los salarios se garanticen, aunque no precisaron el monto requerido.
Durante la marcha, uno de los trabajadores ofreció a la sociedad una disculpa por los problemas que pudo causar la manifestación, “venimos a nuestra capital porque estamos cansados de ser ignorados, también queremos exigir menos basura en las calles, menos basura burocrática, menos basura política, que las autoridades resuelvan las demandas de todos los guerrerenses”.
En el Palacio de Gobierno, una comisión fue recibida por representantes de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) y de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). Trascendió que las autoridades se comprometieron a respetar los convenios para evitar que se retrase el pago de los trabajadores y a gestionar los recursos necesarios para el presupuesto del próximo año.

En Ciudad de México, integrantes del Frente Estatal de Trabajadores de Nivel Superior (Fetnis) entregaron oficios en la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Gobernación y en el comité nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para exigir atención a varias demandas que no han resuelto en Guerrero.
En conferencia de prensa, varios líderes sindicales lamentaron que ni el gobernador, Héctor Astudillo, ni el secretario de Educación, José Luis González de la Vega, hayan integrado a 138 trabajadores al Fondo Nacional de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone) y promovido recategorizaciones; además, exigen que maestros de inglés de normales puedan concursar por un mejor salario sin renunciar a sus derechos laborales.
El secretario general de la delegación DII-41 de la Normal Urbana Federal, en Chilpancingo, Pablo Díaz Teodoro, explicó que vinieron 30 representantes sindicales de las normales públicas, del Centro de Actualización Magisterial (CAM) y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) que conforman el Fetnis; tocaron la última puerta en el país, y dijo que de no ser escuchados, están dispuestos a ir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a parar labores por completo.
Dijo que “venimos hasta aquí ante la pasividad de las estructuras de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la afectación salarial. Había una convocatoria anual  llamada la mesa de homologados entre la SEG y el SNTE para que los compañeros pudieran subir de categoría; sin embargo, a partir del 2011 no hemos tenido convocatoria”.
Explicó que desde 2011 se eliminó, y era de 3 a 6 millones de pesos la bolsa anual; cada año podían aumentar de salario y horas de trabajo de 192 a 300 trabajadores administrativos y docentes, tan sólo de nivel Superior. Otro problema son los profesores que no están adheridos al Fone, porque aunque eran más de 12 mil y ya son poco más de 6 mil de todos los niveles educativos; tan sólo del Fetnis son 138 docentes.
En total son mil 500 los afectados por las medidas asumidas desde 2013 cuando se hizo la nómina federal, que dejó fuera en su primera etapa a más de 12 mil docentes  y administrativos. Consideró que hace falta voluntad política, porque la SEG recibe mensualmente 50 millones de pesos de la SHCP como préstamo para pagar a los docentes que no están en FONE, pero los quiere dejar sin pensión.
“La solución es que quieren cancelar nuestras claves vacantes para darle techo financiero a otras, cancelar las de jubilación y defunción”, dijo.
Zeus Figueroa Zamora, secretario de Trabajos y Conflictos del Centro Regional de Educación Normal Adolfo López Mateos (CREN) de Iguala, explicó que el director de Personal de la SEG, Eduardo León Encarnación les dio como solución ocupar claves vacantes y someterlas a concurso, entre las normales y los otros centros educativos, cuando quisieron hacer uso de ellas, les explicaron que no estaban en el Fone.
La SEG no asistió en 2015 a la tercera conciliación con la federación que se dio en noviembre de 2015, para hablar del tema, denunció, y se dejó sin garantías a profesores que cuando mueren, pierden todos sus derechos. La SHCP presta desde entonces dinero al estado.
El secretario general de la delegación D-III13 de oficinas de nivel superior, Ignacio Ramos Lázaro, dijo que “nos preocupa la reforma educativa en nivel superior, no han regularizado a personal en normales, en nivel superior hay personal que tiene claves de básica revueltas con claves homologadas, lo que se pide saber es cuál es la situación de estos compañeros, la regularización del personal, certezas laborales”. De los 170 trabajadores, sólo 20 tienen una situación regular.
El secretario general de la Normal Adolfo Viguri Viguri, Andrés Acosta Sánchez, dijo que tiene muchas dudas ante la entrada en vigor de la reforma en el nivel superior que descentralizará a la UPN y sólo se fueron con certezas por parte del SNTE. Según el maestro sus condiciones laborales no cambiarán, “se queda en un 86 por ciento como estamos”.
Participaron en la conferencia Enrique Alberto Jiménez Anica, representando a los maestros de inglés, que de quedar con una de las nuevas plazas que ofrece la SEP, con salarios de hasta 32 mil pesos mensuales, tendrían que renunciar a sus derechos laborales, como su antigüedad, lo cual les parece injusto.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Elsa Patricia Chavelas Reyes, suplente del secretario con licencia Ofelio Martínez Llanes, entregó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el emplazamiento a huelga, con 671 demandas laborales.
Entre las demandas, sólo hay solicitudes de reconocimiento de la antigüedad real para 12 trabajadores, de más de 800 que esperan acceder a este beneficio.
Chavelas Reyes aclaró que esta petición es de todos los trabajadores en el emplazamiento, pero debido la insuficiencia presupuestaria de la Universidad, para comparar la antigüedad real de todos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y que éstos fueron los únicos casos que lograron registrarse en la convocatoria, sólo se incluyeron una docena de solicitudes.
El resto corresponde a ascensos, cambios de adscripciones y basificaciones. Aclaró que la convocatoria del STAUAG es flexible en los plazos, y siguen recibiendo solicitudes, sin embargo, no serán parte de este emplazamiento.
En la última sesión del Consejo General de Representantes (CGR) del STAUAG, el 3 de octubre, se acordó esta fecha para la entrega del emplazamiento a huelga, y el mismo día se anunció la renuncia de ocho integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) que buscarían la reelección. No hubo toma de protesta de los nuevos integrantes del comité.
Al final, sólo cinco dirigentes, de las carteras de Finanzas, Mario González Contreras; de Conflictos, David Francisco Molina; de Educación Sindical, Marco Antonio López González; y el secretario general, entregaron documentos para separarse formalmente de los cargos.
Para confirmar la personalidad jurídica de la nueva comitiva, se entregó el acta de toma de nota, donde aparecen los nombres de suplentes, junto a la renuncia del secretario general en la última sesión de CGR.
El representante de la JLCA recibió los documentos y anunció la revisión la legalidad de la representación sindical.

El secretario particular del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) Javier Saldaña Almazán, y un miembro de la Comisión Mixta Paritaria de Becas del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), atribuyeron a un error técnico un descuesto irregular al salario de la maestra de Derecho, Guadalupe Hernández de la Cruz, y no a represalias por su activismo sindical.
Los funcionarios universitarios, Raúl Javier Carmona, secretario del rector, y Francisco Hernández Herrera, miembro de la Comisión Mixta, insistieron en que la docente que solicitó el registro como candidata a secretaría general de la planilla opositora para renovar el Comité Estatal Ejecutivo del STAUAG y fue rechazada por el Comité Electoral, tiene un convenio de beca para estudios de doctorado que se venció el 2 de octubre, lo que motivó una confusión en el departamento de Nómina, no obstante que ella rechaza categóricamente haber firmado este documento.
Guadalupe Hernández de la Cruz denunció que le descontaron 90 por ciento de su salario en la primera quincena de octubre. De 15 mil pesos que le corresponden de salario, recibió mil 300 pesos. En la edición de ayer, por una confusión se informó que fueron 13 mil pesos y 10 por ciento del descuento injustificado.
El funcionario de rectoría aseguró que no hay política de represión en la universidad, y que al conocer la denuncia investigó el fondo. Explicó que la docente solicitó una beca cuando comenzó sus estudios de doctorado en el Centro de Investigaciones Jurídicas, y firmó un convenio de beca del 3 de noviembre de 2014 al 3 de noviembre de 2017, con lo que tuvo acceso a un ascenso.
Cumplido el plazo, indicó, la docente solicitó una prórroga del 2 de mayo al 2 de octubre, para entregar su título, y el 4 de octubre pidió seis meses más para acreditar sus estudios, debido a cuestiones administrativas de la escuela.
Del STAUAG, Hernández Herrera dio fe de que el convenio de beca se firmó de manera bilateral, como establece el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), y el Comité paritario de becas aprobó la segunda prórroga para Hernández de la Cruz, con fecha retroactiva el 3 de octubre.
Sin embargo, la notificación a Nóminas llegó después de la gestión y depósito de salarios, y se le aplicó un descuento.
Para confirmarlo, proporcionaron copias del convenio y de dos solicitudes de prórroga firmadas por la interesada.
A esto, Guadalupe Hernández dijo que también recibió una copia del convenio, pero los funcionarios no mostraron el original, porque ella no lo avaló.
Aclaró que sí presentó dos prórrogas para entregar sus documentos de doctorado, para mantener la recategorización a la que tiene derecho, y ahí no hace alusión al convenio de beca porque no están vinculados. Tampoco tuvo acceso a los beneficios de convenio de beca, que implica reducir su carga labora en 50 por ciento.
Aseguró que, en dos años cumplió su carga completa de trabajo y que si hubiera sido un error por la falta de documentación, el descuento del monto habría correspondido a una categoría, y no el 90 por ciento de su sueldo.

En las zonas de desastre que dejaron sismos y ciclones del mes de septiembre se detectaron irregularidades en las construcciones, expuso el coordinador general de Protección Civil, Luis Felipe Puente, al presentar la conferencia magistral Transpa-rencia en ayuda humanitaria y resiliencia en atención a desastres naturales.
Esto, señaló, es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, pero también de la población.
Como ejemplo, mencionó el caso de Acapulco, Guerrero, donde se construyeron viviendas en zona de humedales, lo que propició la afectación a familias luego de los fenómenos naturales de septiembre de 2013.
“No se tuvo la responsabilidad social de no permitir que se construya ahí. Efectivamente que eran errores de los tres niveles de gobierno que habían dado licencias donde no tenían que haber dado licencias para construir vivienda”, dijo.
En el congreso El Valor de la Ética en la Responsabilidad Social, celebrado en la Universidad Anáhuac campus norte, dijo que otro error cometido y que no se ha arreglado es la falta de capacitación del personal de protección civil a nivel estatal y municipal, que impidió la correcta atención a emergencias, como ocurrió tras el sismo del 19 de septiembre en el Estado de México.
En Oaxaca, apuntó, las viviendas fueron levantadas con materiales de baja calidad, al ser familias de bajos recursos, sin ninguna vigilancia de expertos en estructuras.
Y en Ciudad de México se detectaron irregularidades en edificaciones respecto al reglamento de construcción y la falta de vigilancia de parte de autoridades.
Aunque no especificó el número de inmuebles con alguna anomalía, resaltó el caso de la capital del país, donde en conjunto con el gobierno local, se iniciaron carpetas de investigación para buscar a “quienes hayan cometido los errores de reformas estructurales a los edificios, de falta de material con calidad que permitiera que éstas se cayeran. Vemos edificios que recién construidos como que de alguna manera no tenían por qué hacerlo”, dijo.
Desde Protección Civil, prosiguió, “tenemos clara conciencia jurídica de que quienes son los responsables de alguna situación, que hagan la construcción en zonas de riesgo, zonas inundables, tengan sanciones”.
Llamó a las autoridades a vigilar que se cumpla el reglamento para evitar futuras desgracias.
El funcionario comentó que por el momento la Coordinación Nacional de Protección Civil descarta que haya población en riesgo por debilidad de estructuras, pero ahora, el seguimiento compete a gobiernos locales.
Por último, Puente recordó que, en los dos sismos, 468 personas perdieron la vida, y de éstas, 228 en Ciudad de México. Mnecionó que hubo al menos 12 millones de personas en zonas afectadas y 20 mil recibieron atención médica por heridas o impacto emocional.

Representantes de organizaciones de la sociedad civil respaldaron a congresistas estadounidenses que pidieron a su secretario de Estado, Rex Tillerson, cortar la asistencia a las fuerzas de seguridad mexicanas vinculadas a violaciones de derechos humanos, así como revisar la Iniciativa Mérida y la venta de armas al país.
En rueda de prensa, se pronunciaron por que el recorte en la asistencia al país que piden los congresistas de EU se destine a tareas de reconstrucción por las afectaciones que ocasionaron los recientes sismos.
En una carta dirigida a Tillerson, firmada por 11 congresistas estadounidenses y fechada el 18 de septiembre, plantean que es necesaria una investigación exhaustiva sobre violaciones a derechos humanos, y hacen mención a los asesinatos de la activista Miriam Rodríguez, en Chihuahua, y del periodista Javier Valdez, en Sinaloa.
“Hacemos un llamamiento al Departamento de Estado para que apoye a los valientes hombres y mujeres de México que están tomando posición contra la violencia y la corrupción, reconociendo el papel de Estados Unidos, reconsiderando la política actual y añadiendo la voz de nuestro país al llamado de investigaciones honestas”, indica la misiva.
José Filiberto Velázquez, del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, reconoció que, aunque Donald Trump mantiene una postura dura hacia el país, ésta puede ser aprovechada para que termine la asistencia estadounidense en tareas de seguridad.

Edificios vacíos y comercios a la deriva, a un mes del sismo del 19 en Ciudad de México

El edificio de Génova 33 parece un sobreviviente de la guerra. A un mes del terremoto de México, las cortinas de plástico del sexto piso se agitan con el viento que entra a través de los grandes boquetes que quedaron en las paredes.
Los cristales están rotos. Los 10 pisos de oficinas, vacíos. El comercio en las calles aledañas, en la Zona Rosa, se encuentra a la deriva.
Por todos lados hay carteles que piden con urgencia que el edificio sea por fin demolido, como se anunció, porque sufrió daños irreparables.
“Las ventas bajaron muchísimo, se fueron muchos oficinistas. Nos pegó a todos. Ahora sí que la Zona Rosa está en crisis”, dice Guadalupe Rostro Nava, encargada de un pequeño puesto de comida en la vecina calle Hamburgo.
En la misma situación hay más de 150 edificios de oficinas y departamentos de la ciudad que sobrevivieron en pie, pero quedaron heridos de muerte por el sismo de 7.1 que dejó 369 muertos en el centro y sur del país y decenas de miles de casas devastadas.

El Premio Nobel de Economía Paul Krugman estimó en 25 por ciento las posibilidades de que se cancele el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) por las presiones de Estados Unidos, cuyas demandas calificó de “píldoras venenosas”.
“Acabar con el TLC, si sucede, todavía me parece la alternativa menos posible. Diría que hay un 25 por ciento de posibilidades”, afirmó Krugman durante un simposio organizado por The New York Times en el Museo Tamayo de esta ciudad.
En caso de que se cancelara este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, en vigor desde 1994 y en plena renegociación, el economista estadounidense estimó dos posibles finales.
Uno “suave”, en el que terminaría el convenio pero se seguirían aplicando la reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que reduciría el PIB mexicano en 2 por ciento y se perdería certidumbre.
Y el final “duro”, en el que el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump decidiera, por ejemplo, imponer aranceles de 30 por ciento a los productos mexicanos, lo que generaría un impacto mucho más negativo en la economía.
“De cualquier manera, México va a sobrevivir, tiene fuerza de trabajo y ha adquirido posibilidades de manufactura”, aseguró el Nobel.
Esta semana se celebró una complicada cuarta ronda de negociaciones del TLC en Washington, la cual cerró sin avances y con la retórica del gobierno de Trump más encendida que nunca al considerar que ni México ni Canadá atienden sus demandas, lo que llevó a extender las conversaciones hasta 2018.
Krugman criticó peticiones del gobierno de EU como la revisión quinquenal del acuerdo comercial, al considerar que esto quitará certidumbre a los empresarios.
Además, recordó que las economías entre las naciones están muy integradas, por lo que Trump se enfrentará con sus propios empresarios si cancela el tratado.
No obstante, confirmó que el presidente de Estados Unidos puede cancelar el TLC, tal y como busca hacer con la reforma sanitaria impulsada por Barack Obama en 2010.
“Como acto de venganza, ira, o por inseguridad, (Trump) puede destruir el TLCAN”, opinó el economista.
Positivamente, dijo que el Congreso no respaldará a la administración de Trump sobre este acuerdo que detonó el comercio entre los tres países, al pasar de 290 mil millones de dólares en 1993 a 1.1 billones de dólares en 2016.
Pronosticó que las negociaciones del TLC –que deben cerrar en el primer trimestre de 2018– concluirían con cambios “cosméticos” que le permitirán decir a Trump “me salí con la mía”.
Em opinión de Krugman, el TLC fue positivo para acercar México a Estados Unidos e impulsar la democracia, pero no fue efectivo en “construir desarrollo” y recortar la brecha de desigualdad entre la población mexicana y entre los tres países.
En este punto, el economista Gerardo Esquivel consideró también que el TLC no tuvo “el impacto deseado” y atribuyó un menor crecimiento del país a la falta de inversión en infraestructura y educación, especialmente.
La corrupción, agregó, también afecta al crecimiento de un país que, a diferencia de algunas pujantes economías asiáticas, carece de “una visión estratégica de desarrollo”, por lo que una eventual cancelación del acuerdo comercial, explicó, tendría efectos asimétricos.