El presidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, eludió ayer aclarar si la semana pasada declaró la independencia de esa comunidad autónoma, como le requirió el Ejecutivo español, que le emplazó a volver a la legalidad antes del próximo jueves o en caso contrario tomará medidas.
El 10 de octubre Puigdemont compareció en el Parlamento regional, donde dijo “asumir” los resultados del referéndum soberanista ilegal del 1-O, en el que con una participación en torno al 43 por ciento algo más de dos millones de catalanes apostaron por convertir su comunidad en una república independiente de España.
Esa confusa declaración llevó al gobierno español que preside Mariano Rajoy a requerir formalmente al líder catalán que aclarase si realmente declaró la independencia o no, algo que Puigdemont no ha hecho ayer, fecha del primer plazo, en una misiva enviada al Gabinete.
En su carta Puigdemont evita pronunciarse sobre la petición de Rajoy y pide al gobierno central “dos meses” para dialogar y negociar una salida política a lo que considera contencioso entre Cataluña y el Estado.
“No puedo aceptar en modo alguno la existencia de eso que usted (Puigdemont) denomina ‘conflicto histórico entre el Estado español y Cataluña”, respondió Rajoy de forma inmediata, también por carta.
“Nunca en toda su historia los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía política y financiera que durante esta etapa democrática”, añade la misiva.
Por su parte, Puigdemont hizo hincapié en que los efectos del “mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre” están “suspendidos” porque su “voluntad” es “encontrar la solución y no el enfrentamiento”.
La indefinición del presidente catalán no ha satisfecho al gobierno español que, por boca de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, le exigió ayer mismo dar una respuesta “clara” antes del 19 de octubre (fecha del segundo plazo del requerimiento citado) para acabar “con la incertidumbre” de los ciudadanos.
Si no hay respuesta convincente el Ejecutivo de Rajoy aplicará el artículo 155 de la Constitución, que le faculta para asumir directamente competencias que hasta ahora ejerce el Gabinete catalán.
En su carta, Rajoy advirtió a Puigdemont de que éste será “el único responsable de la aplicación de la Constitución”, en referencia a su artículo 155.
En este punto el gobierno español tiene el respaldo del primer partido de la oposición, los socialistas del PSOE, cuyo portavoz, Óscar Puente, calificó ayer de “inadmisible” la respuesta de Puigdemont y dijo que si se aplica el artículo 155 será el presidente regional su único responsable.

Envían a prisión a dos líderes independentistas por presunto delito de sedición

Jordi Sànchez, de 53 años y Jordi Cuixart, de 42 años, los líderes de las entidades civiles que impulsaron en los últimos años las grandes marchas independentistas en Cataluña, fueron enviados ayer a prisión provisional sin fianza por un presunto delito de sedición en relación con incidentes vinculados al proceso separatista catalán.
La jueza de la Audiencia Nacional que investiga las movilizaciones que tuvieron lugar en la noche del 20 al 21 de septiembre en Barcelona llegó a esta decisión, muy criticada en el independentismo, tras tomar declaración por segunda vez al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Sànchez, y al de Òmnium Cultural, Cuixart.
La Fiscalía había pedido para ambos prisión incondicional, la misma medida que solicitó por los mismos hechos para el jefe de la Policía regional de Cataluña, Josep Lluís Trapero, y para la intendente Teresa Laplana. Sin embargo, la magistrada dejó a estos últimos en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte.
Por otro lado, el consejo de administración de Unideco SA, empresa holding del grupo Codorníu Raventós, especializado en la producción de vinos y cava, anunció ayer que trasladará su sede social fuera de Cataluña “ante la situación de incertidumbre política y jurídica” en esa región española.

La población inmigrante de Estados Unidos, incluyendo residentes legales e indocumentados, alcanzó un récord de 43.7 millones en 2016, con México como principal origen de los nuevos habitantes del país, de acuerdo con informe presentado ayer por el Centro para Estudios de Inmigración (CIS).
El análisis del centro conservador señala que uno de cada ocho residentes en Estados Unidos es inmigrante, “el más alto porcentaje de los últimos 106 años”.
En comparación, en 1980 uno de cada 16 redes residentes era inmigrante, señaló el reporte presentado por los analistas de CIS Steven Camarota y Karen Zeigler.
Entre 2010 y 2016, llegaron a Estados Unidos 8.1 millones de inmigrantes, en comparación con cerca de 300 mil que anualmente se fueron del país y un número similar que falleció.
Incluyendo a los niños estadounidenses hijos de inmigrantes, cifra que asciende a 16.6 millones con al menos un padre que nació fuera del país, la población total de origen inmigrante en los Estados Unidos en 2016 fue de 60.4 millones de personas.
México continúa siendo el país de origen con mayor número de residentes en los Estados Unidos, indica el informe de CIS, organización que está a favor de mayor control migratorio.
“Los inmigrantes mexicanos (legales e ilegales) fueron de lejos la mayor población del país de nacidos en el extranjero en 2016”, aseguró el análisis, que indica que 1.1 millones de nuevos inmigrantes llegaron de México entre 2010 y 2016, equivalente a uno de cada ocho de los nuevos llegados.

La oposición venezolana volvió a denunciar ayer que hubo fraude en las elecciones de gobernadores celebradas el domingo, ante lo que pidió a la comunidad internacional ejercer mayor presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.
“El régimen asumió el camino del fraude, la violencia, irregularidad, manipulación, ventajismo, corrupción, trampa, extorsión, coacción y chantaje para torcer y desconocer la voluntad de nuestro pueblo”, señaló en un comunicado la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El portavoz de ese bloque, Ángel Oropeza, dijo en rueda de prensa que han detectado “un gran número de irregularidades” ocurridas este domingo durante las votaciones en todo el país.
Entre ellas, aseguró, a un millón de electores se les “impidió u obstaculizó votar en centros históricamente opositores”, mientras que otros 350 mil sufrieron “violencia e intimidación dentro y fuera de los centros”.
Señaló también que hubo 90 mil 537 votos nulos “que debieron haber sido para los candidatos de la oposición”, y achacó esto a la negativa del CNE de sustituir las boletas electorales por lo que los aspirantes opositores vieron limitadas sus tarjetas.
Por ello, la MUD solicitó “el respaldo de los pueblos, parlamentos y gobiernos del mundo, así como la mayor condena, presión y sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro”, y anunció que enviará una delegación al extranjero a explicar lo sucedido y sus exigencias.
Asimismo, el antichavismo remarcó que no asistirá “a ningún proceso de exploración, conversación o negociación” con el oficialismo -suspendido en septiembre por el supuesto incumplimiento de los acuerdos- “hasta tanto no se hayan aceptado las auditorías” al proceso electoral del domingo.
El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó las elecciones en 17 de los 23 estados del país, según el balance oficial ofrecido la noche del domingo por el Consejo Nacional Electoral, mientras que la MUD, que consiguió cinco triunfos, no reconoce los resultados.
Por su parte, el jefe de comando electoral del PSUV, Jorge Rodríguez consideró ayer que el resultado de las elecciones de este domingo, a favor del chavismo es un llamado del pueblo venezolano al diálogo.
Asimismo, destacó que los resultados de estos comicios significan una “recomposición del voto chavista” que, explicó, ha tenido altibajos a lo largo de los 18 años de chavismo gobernante.
Por su parte, Estados Unidos no se cree los resultados de los comicios regionales del domingo en Venezuela anunciados por el gobierno de Maduro y ayer reaccionó condenando “la ausencia de elecciones libres y justas” en el país latinoamericano.
El presidente cubano, Raúl Castro, felicitó ayer a Maduro por los resultados en las elecciones regionales a las que consideró como ejemplo de “vocación democrática”.
Bolivia y Nicaragua, celebraron la victoria del gobierno venezolano en las elecciones para gobernadores que se realizó el domingo en la República Bolivariana de Venezuela.

Los equipos de emergencia, ayudados por más de 500 soldados del Ejército somalí, continúan ayer las tareas de rescate para tratar de encontrar supervivientes entre los escombros de los edificios destrozados por los atentados del sábado en Mogadiscio, cuyo último balance de muertos asciende ya a 315.
Las familias se agolpan en las zonas cercanas a las explosiones y en los hospitales con la esperanza de encontrar entre los más de 400 heridos a seres queridos desaparecidos tras el atentado, o al menos poder identificar sus cadáveres, tarea harto difícil debido a que muchos de los fallecidos murieron calcinados por la deflagración.
“Casi todas las víctimas heridas tienen serias heridas, el horror es indescriptible”, narra una enfermera del Hospital Medina en la emisora Shabelle.
Hasta ahora, se han conseguido extraer 25 cuerpos sin vida de entre los cascotes, y se espera que el número de víctimas continúe creciendo a medida que se rescaten más cadáveres.
El ministro de Información, Abdirahman Osman Yariisow, confirmó este dato e informó de que la habilitación del Centro Nacional de Respuesta a Emergencias para que la gente pudiera donar sangre a los desbordados hospitales está siendo un éxito.
Entre los que acudieron ayer a donar destaca Muktar Robow, el desertado cofundador y exportavoz de la organización terrorista Al Shabab, a la que gobierno, medios y expertos acusan de estar detrás del ataque pese a que aún nadie ha reclamado su autoría.
Robow, también conocido como Abu Mansur, condenó el atentado y pidió a los somalíes que resistan en la lucha contra los yihadistas: “Si resistís, no llevará más que meses eliminarlos, y las bajas no serán tan altas” como las causadas por estas explosiones de dos camiones bomba ante un hotel y un concurrido mercado de Mogadiscio.
El antiguo miembro de la cúpula de Al Shabab, que prometió colaborar con el gobierno en la lucha antiterrorista tras formalizar su deserción en agosto pasado, indicó que está “preparado” para liderar las ofensivas contra la organización: “Los conozco mejor que vosotros”.
Tras las condenas generalizadas de la comunidad internacional, países como Kenia, Yibuti, Etiopía o Turquía han atendido el ruego del gobierno somalí de ayuda médica para atender a los heridos del que ya es el mayor atentado terrorista ocurrido en Somalia hasta la fecha.
Turquía, viejo socio de este país del este de África, envió aviones médicos para trasladar a 30 de los heridos más graves a hospitales de Ankara y Estambul, así como un centenar de médicos que puedan ayudar a los doctores locales en los hospitales de Mogadiscio.
Asimismo, el Ejecutivo liderado por Recep Tayyip Erdogan pidió a los turcos que apoyen a los somalíes en estos momentos, y anunció que enviará más aviones a la nación africana con suministros médicos.

Las fuerzas iraquíes se hicieron ayer con el control de varias áreas e instalaciones estratégicas de la provincia de Kirkuk (norte), que se disputan con el gobierno kurdo y en la que están desplegadas las tropas “peshmerga”, con las que se han enfrentado.
La Comandancia de las Operaciones Conjuntas, que dirige la operación militar lanzada tras el fin del ultimátum de Bagdad para la entrega de Kirkuk, aseguró que unidades de las Fuerzas Antiterroristas se desplegaron en la base militar K1, la principal de la zona.
La base fue establecida por Estados Unidos y fue sede del Ejército iraquí hasta que las tropas kurdas le arrebataron su control durante la ofensiva contra el grupo yihadista Estado Islámico en 2014.
Desde entonces, los “peshmergas” tienen presencia en varias áreas de Kirkuk, aunque estas se encuentren fuera de los límites territoriales de la región autónoma del Kurdistán reconocidos por Bagdad.
Las fuerzas iraquíes también consiguieron hacerse con la Compañía de Petróleo del Norte, una instalación de gas, una refinería cercana y una planta eléctrica, así como con los campos de crudo de Baba Karkar, situados al noroeste de la ciudad de Kirkuk, capital de la provincia homónima.
El presidente de EU, Donald Trump, reconoció ayer que la relación entre los iraquíes y los kurdos atraviesa un momento complicado, pero advirtió que Estados Unidos no tiene intención de “tomar partido” por ninguna de las dos partes.
Por su parte, la ONU pidió ayer que se evite una escalada de las tensiones en la provincia iraquí de Kirkuk.

Chile, México, Perú y España lograron convertirse ayer en nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para un mandato de tres años a partir de enero de 2018.
El Congo fue otra de las 15 naciones elegidas por la Asamblea General de la ONU para integrar el Consejo de Derechos Humanos, pese a las protestas que indican que las violaciones a los derechos humanos en ese país lo inhabilitarían para ocupar ese asiento.
La inclusión del Congo es “una bofetada a las muchas víctimas de los graves abusos del gobierno congoleño en todo el país”, sostuvo Louis Charbonneau, director de la ONU de Human Rights Watch.
Completan la nómina de las naciones elegidas para el periodo 2018-2020 Afganistán, Angola, Australia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Qatar, Senegal, Eslovaquia y Ucrania.
“Que las Naciones Unidas elijan a Qatar, Congo o Pakistán como jueces mundiales sobre derechos humanos es como convertir a un piromaníaco en jefe de bomberos de una localidad”, lamentó Hillel Neuer, jefe de la ONG UN Watch.
El Consejo de Derechos Humanos, de 47 miembros y con sede en Ginebra, vigila que se respeten los derechos humanos en todo el mundo. Fue creado en 2006 y sustituye a la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Seúl y Washington iniciaron ayer unas grandes maniobras navales que incluyen un portaaviones nuclear, una nueva prueba de fuerza criticada por Pyongyang que podría elevar la tensión tras varias semanas de calma.
Las fuerza navales de Corea del Sur y Estados Unidos realizan entre ayer y el próximo 20 de octubre estos ejercicios en el Mar Amarillo y el Mar de Japón (conocidos respectivamente como Mar del Este y Mar del Oeste en las dos Coreas).
Por parte estadunidense destaca la presencia del portaaviones de propulsión nuclear USS Ronald Reagan y de dos destructores de la clase Arleigh Burke, el USS Stethem y el USS Mustin.
Aunque no se ha confirmado oficialmente la participación de submarinos nucleares, dos de ellos -el USS Michigan y el USS Tucson- se encuentran realizando paradas técnicas en Corea del Sur y medios locales, citando fuentes del Ministerio de Defensa surcoreano, han apuntado a que al menos uno tomaría parte en los ejercicios.
Por parte surcoreana han sido desplegados además el destructor Sejong el Grande, cazas F-15k, FA-18 y A-10, helicópteros Apache y Lynx, o aviones de patrulla marítima P-3 Orion.
Por su parte, la Unión Europea  acordó ayer imponer nuevas sanciones económicas a Norcorea como represalia por el programa militar nuclear del país comunista.
En tanto, el viceembajador de Corea del Norte ante Naciones Unidas advirtió el lunes que la situación en la Península de Corea “alcanzó su punto más delicado y que en cualquier momento podría estallar una guerra nuclear”.
Kim In Ryong dijo a la comisión de desarme de la Asamblea General de la ONU que Corea del Norte es el único país del mundo que ha sido sujeto a “una amenaza nuclear directa y extrema” por parte de Estados Unidos desde la década de 1970, y afirmó que su país tiene el derecho de poseer armas nucleares para defensa propia.

Irán advirtió ayer a Estados Unidos en contra de abandonar el acuerdo nuclear alcanzado entre su país y la comunidad internacional en 2015, días después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, se negase a certificar que Teherán cumplió con lo acordado.
“Haremos algo para que los estadunidenses se arrepientan de ello”, afirmó el presidente del Parlamento iraní, Ali Lariyani, durante una conferencia internacional de parlamentarios en San Petersburgo. “Hemos elaborado planes claros para distintos escenarios”, añadió, citado por la agencia Interfax.
Lariyani también pidió a la comunidad internacional que no tome demasiado en serio las amenazas de Trump, como la que recientemente hizo de destruir a Corea del Norte.
“Está claro que se trata de declaraciones inexpertas, desequilibradas y no meditadas. El mundo no permitirá algo así”, dijo el presidente del Parlamento iraní. “Cada día cuando (Trump) se despierta, escribe sus palabras en Twitter y crea algún problema en el mundo.

La policía de Kenia por orden del gobierno impidió ayer, con empleo de gases lacrimógenos y centenares de agentes, sendos intentos de protesta electoral en los centros de las principales ciudades del país, Nairobi, Mombasa y Kisumu.
El pasado jueves, el Ejecutivo keniano prohibió estas manifestaciones por una “escalada de ilegalidad” durante las mismas -continuos saqueos y daños a la propiedad privada-, y la coalición opositora Súper Alianza Nacional (NASA) respondió con una convocatoria diaria a partir de este lunes.
Ayer por la mañana, un numeroso grupo de seguidores y líderes de esta formación intentó iniciar una protesta en el distrito de negocios de la capital keniana, pero un centenar de agentes les lanzando gases lacrimógenos hasta expulsarlos del centro de la ciudad.
En esta ocasión, los botes de gas alcanzaron incluso a los coches oficiales de los representantes políticos de la NASA, que tuvieron que huir junto al resto de manifestantes.
Escenas similares, incluso más tensas, se repitieron en Mombasa y, especialmente, en Kisumu, donde según algunos medios locales falleció uno de los manifestantes.

Mujeres periodistas de 19 estados de la República, demandaron al Estado mexicano esclarecer los casos de agresiones contra comunicadoras y cumplir los acuerdos internacionales que defienden la libertad de expresión.
Al finalizar el séptimo encuentro de la Red Nacional de Periodistas, que se realizó este 13 y 14 de octubre en la ciudad de Oaxaca, las comunicadoras que laboran en 78 medios nacionales, exigieron el cumplimiento de la Recomendación general 25 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), referente a protección de mujeres periodistas.
En un pronunciamiento, las informadoras llamaron a las autoridades mexicanas de todos los niveles de gobierno a investigar y esclarecer los asesinatos y agresiones de mujeres periodistas, toda vez, que desde 2006 y hasta 2017, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) ha documentado 430 agresiones contra mujeres periodistas.
Las integrantes de la Red repudiaron el contexto de violencia y censura generalizada en el país en contra de quienes ejercen y defienden el derecho a la libertad de expresión y el periodismo, desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), periodo en el que se han registrado 19 asesinatos y dos desapariciones de mujeres periodistas.
En este contexto, el Programa de Libertad de Expresión de CIMAC, organización que ha documentado la violencia específica contra mujeres periodistas en el país en tres informes, señala que 56 por ciento de las agresiones cometidas contra mujeres periodistas son perpetradas por parte de agentes del Estado, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal.
Las comunicadoras rechazaron las leyes que simulan la protección para periodistas y mecanismos –como la llamada ley Borge en Quintana Roo o las leyes de Hidalgo y Morelos– porque no garantizan la seguridad de las periodistas ni protegen la libertad de expresión, y pidieron que se fortalezcan las instancias de protección que funcionan y son reconocidas por periodistas.
Durante los dos días de trabajo las participantes coincidieron en que las agresiones contra mujeres periodistas tienen una evidente carga de género: amenazas a ellas y a sus familias; acoso, abuso y hostigamiento sexual; difamación y calumnia con cargas sexistas; así como un impacto en su vida profesional y personal.
La Red, una iniciativa que desde 1995 promueve la igualdad de género en y a través de los medios de comunicación, hizo evidente la necesidad de denunciar las condiciones laborales precarias, largas jornadas de trabajo, la falta de derechos laborales, brechas salariales de género y diferentes tipos de violencia al interior de las redacciones, condiciones que, dijeron, vulneran el ejercicio periodístico.
Recordaron que el Monitoreo Global de Medios 2015 (realizado cada cinco años por la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, WACC, por sus siglas en inglés) encontró que sólo 24 por ciento de los contenidos mediáticos contemplan a las mujeres como fuentes de información y cuando lo hacen, son representadas desde el sexismo, la discriminación y la revictimización.
Ante esta situación, consideraron que las acciones que ha implementado el Estado mexicano han sido una simulación, son ineficaces, indolentes, omisas e insuficientes para garantizar el derecho humano a la libertad de expresión, a la información, a la comunicación y a una vida libre de violencias.
Las mujeres periodistas también exigieron al Estado mexicano cumplir la Ley Federal del Trabajo en las empresas de los medios de comunicación; que el Congreso de la Unión legisle la violencia mediática en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y expida la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de la regulación de la publicidad oficial, y políticas públicas claras y efectivas para la protección del trabajo periodístico.