El secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, expresó su rechazo a la Cláusula Sunset planteada por Estados Unidos en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) según la cual el acuerdo tendría que replantearse cada cinco años.
“Ellos (Estados Unidos) consideran una cláusula para replantearse el acuerdo cada cinco años; está ahora, estamos hablando de una propuesta que tiene esa ventana, pero no me parece, no estoy de acuerdo”, afirmó el funcionario en el noticiario matutino conducido por Carlos Loret de Mola, de Televisa.
Francois Philippe Champagne, ministro de Comercio Internacional de Canadá, coincidió con el funcionario federal al asegurar que “no necesitas una cláusula de extinción porque así no estás actuando en favor de los inversionistas. Es importantísima la estabilidad en bien de la seguridad de los inversionistas”.
Añadió que incluso los empresarios coinciden en que el TLC “debe ser un tratado productivo en bien de esta región del mundo, eso es lo importante, debe tocar la vida de la gente, buscar beneficios al consumidor y a las pequeñas y medianas empresas”.
Champagne llamó a recordar que todo tiene consecuencias en las fronteras. “Nosotros somos el cliente más importante de Estados Unidos, compramos objetos de muchos estados, es una relación única, y de nuestra compra dependen los empleos de muchos estadounidenses. México, Canadá y Estados Unidos producimos cosas en comunidades que tienen empleos generados a partir de la eficiencia del TLC”.
Con la renegociación y las amenazas que lanzó el presidente Donald Trump al acuerdo, advirtió el ministro canadiense, “está en juego cómo ser más competitivo, cómo manufacturar más”.
Guajardo agregó que en caso de que terminara el TLC, los efectos pegarían a corto plazo.  .
“Hay maneras de adaptarte para limitar el impacto en nuestro producto interno bruto (PIB), esto no tiene sólo que ver con el acceso al mercado, también están los incentivos a los sectores productivos, tenemos que respaldar a nuestros empresarios. Ahora estamos hablando con Canadá y tenemos que tocar el tema del TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica)”, dijo.
Francois Philippe Champagne expuso que Canadá ha trabajado bien con México, en bien de la diversificación.
“Sabemos que la renegociación está en un momento clave. Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, pero tenemos que abrirnos a la zona del Pacífico”, aseguró.
El ministro francés insistió en que México es el tercer socio comercial de Canadá y pueden dimensionar la importancia entre ambos países en las cifras récord de visitantes mexicanos que alcanzaron cuando se eliminaron las visas de turista

En su visita al Senado de la República, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, abordó la necesidad de mejorar los sueldos y las condiciones de trabajo en la modernización del Tratado de Libre Comercio (TLC).
Durante la sesión solemne, habló sobre las presiones que ha enfrentado en su país por organizaciones laborales y sindicatos que buscan aumentar los salarios de México dentro del capítulo laboral del tratado.
“Normas laborales progresistas: es la manera en que aseguraremos que se modernice el TLC y que recuperemos así un mundo libre y justo, y para ello necesitaremos el apoyo popular”, expresó.
Agregó que “para tener una situación de ganar-ganar-ganar es necesario que ayudemos a que se consigan mejores normas, mejores salarios y condiciones de trabajo”.
Trudeau resaltó que el mayor reto que tienen los gobernantes es asegurar que todos se beneficien del crecimiento económico. Dijo que los líderes deben centrarse en la clase media y en aquellos que trabajan por formar parte de ella.
“Las familias deben tener confianza en sus puestos de empleo. Tenemos que asegurarnos de que los trabajadores sean protegidos por normas laborales progresistas, tienen que saber que los gobiernos y sus empleadores los cuidan”, puntualizó.
“Hay que asegurar que las prioridades políticas y económicas cotidianas sean las de nuestros ciudadanos, que ofrezcamos mayor dinero a las personas de la clase media”.

También, impulsar derechos de las mujeres

Por otro lado, Trudeau instó a los senadores a impulsar los derechos de las mujeres y las niñas en el país y todo el mundo; y anunció que México y Canadá buscarán la inclusión de un capítulo sobre igualdad de género en el TLC.
Explicó que en este viaje de dos días a México se ha reunido con asociaciones civiles que le han descrito situaciones de violencia de género que “no son aceptables”.
“Ahí donde miramos, vemos que hay violencia contra las mujeres y niñas. En todas las facetas de la vida cotidiana, desde los estudios de Hollywood a las plazas digitales, públicas y en los pasillos de los parlamentos”, afirmó.
“En Canadá enfrentamos una tragedia nacional con las niñas y mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. Tenemos que hacer las cosas mejor”, aceptó.
Advirtió que ambas naciones comparten muchas posiciones en asuntos globales, por ejemplo, en el combate al cambio climático, en el que, dijo, México es reconocido como un líder internacional, así como en su postura hacia Venezuela.

El presidente Enrique Peña Nieto se reunió este viernes por la tarde en Los Pinos con los integrantes de su gabinete para evaluar el arranque de la etapa de reconstrucción en las zonas afectadas por los sismos de septiembre.
Los secretarios y directores de organismos descentralizados rindieron un informe sobre las acciones de reconstrucción en las ocho entidades afectadas, así como las acciones a seguir en las próximas semanas.
Además, actualizaron los censos de afectaciones y los costos estimados para la reconstrucción en cinco rubros: escuelas, hospitales, patrimonio cultural, comercios y vivienda.
Este fin de semana está programada otra reunión del gabinete para analizar el avance de las acciones que ha impulsado el gobierno federal, tanto en evaluación de daños como en apoyo para las familias damnificadas.

El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, pidió a los dirigentes estatales de su partido negociar con sus homólogos de PRD y Movimiento Ciudadano la distribución de candidaturas en sus entidades y entregar una propuesta antes del 13 de diciembre, cuando inician las precampañas rumbo al 2018.
En una reunión privada con integrantes de su partido, Anaya planteó que el Consejo Nacional no debe intervenir en las conversaciones sobre candidatos a legisladores locales y federal, salvo en entidades donde las dirigencias estatales no logren acuerdos.
Los asistentes al encuentro informaron que en Yucatán y Veracruz es casi un hecho que se postule a la gubernatura a un panista, mientras que en Jalisco se prevé que el aspiante sea de Movimiento Ciudadano, y en Ciudad de México, del PRD.
José Mancha, líder del PAN en Veracruz, informó que la instrucción fue que los estados faciliten el trabajo a la dirigencia nacional.
“Lo óptimo es que salgan los acuerdos en cada uno de los estados, que aquí se haga el convenio final y se presente al Instituto Nacional Electoral (INE)”, detalló.
Para competir por la gubernatura veracruzana, dijo Mancha, se perfila Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río e hijo del actual gobernador, Miguel Ángel Yunes.
Renán Barrera, coordinador de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), comentó que Anaya urgió a los líderes estatales a definir el método de selección de candidatos, ya sea por voto de la militancia o por designación de la dirigencia local.
El 20 de octubre vence el plazo para presentar ante el INE elmétodo de selección de candidatos a senadores, diputados federales y listas plurinominales en los estados.
Durante la reunión, Anaya reconoció que no debían menospreciar la renuncia de Margarita Zavala, quien ya se registró en el INE para ser candidata a la Presidencia de la República por la vía independiente
“Ricardo nos dijo que es un hecho que lamenta, que ya ocurrió, pero que no debe minimizarse”, detalló la dirigente panista en Chiapas, Yanette Ovando.
Agregó que, en el análisis del caso de Zavala, coincidieron en que la sociedad percibe un “quiebre para el partido”.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, informó que, hasta el viernes, 314 personas se han registrado su intención de contender por una candidatura por la vía independiente para el proceso electoral de 2018.
Detalló que 46 personas aspiran a la Presidencia de la República, de las cuales 39 son hombres y siete son mujeres. A la par, se registraron 26 aspirantes a una senaduría y 242 a una diputación federal.
Durante la clausura del octavo Foro de la Democracia Latinoamericana, organizado por el INE, Córdova precisó que la cifra de los aspirantes independientes a la Cámara de Diputados ya es definitiva, y que desde el jueves inició el periodo de 120 días que tienen para recabar las firmas.
Los aspirantes a la presidencia tienen hasta el 14 de octubre para registrar ante el INE su manifestación de intención de contender en la elección, mientras que los aspirantes al Senado podrán hacerlo hasta el 15 de octubre.
La prórroga aprobada por el Consejo General establece, asimismo, que los aspirantes a un escaño del Senado podrán registrarse hasta mañana domingo.
Córdova destacó el rol de las candidaturas independientes como una vía para que los ciudadanos accedan al poder y pongan sobre la mesa la agenda de los electores.
“Las candidaturas independientes tienen un carácter complementario, importante, sin duda, para que contribuyan tanto a la construcción de la agenda pública como a enriquecer el debate electoral”, sostuvo.
El INE ajustó las fechas de registro de aspirantes independientes, luego de que el Tribunal Electoral federal le ordenó reponer los seis días que el Instituto suspendió actividades debido a la emergencia derivada del sismo del 19 de septiembre.
A la lista de los aspirantes presidenciales independientes se han sumado, entre otros, el gobernador de Nuevo León, Jaime El Bronco Rodríguez; la zapatista María de Jesús Patricio, vocera del Consejo Indígena, y la ex panista Margarita Zavala.
Los aspirantes independientes a la presidencia tendrán 120 días para reunir 866 mil 593 firmas de apoyo de ciudadanos empadronados en al menos 17 entidades federativas.
Quienes buscan una candidatura al Senado por esta vía deberán reunir, en un plazo de 90 días, firmas de apoyo equivalentes, cuando menos, a 2 por ciento de la lista nominal de la entidad que quieren representar.
Para agilizar el acopio de firmas ciudadanas, los independientes tendrán acceso a una aplicación celular, aunque también las podrán recabar de forma manual en zonas de difícil conectividad.
Por otro lado, Córdova Vianello reconoció que la desconfianza en los resultados, falta de crítica a los medios de comunicación y descontento ciudadano, son algunos de los principales problemas que aquejan a las democracias latinoamericanas.
Durante el octavo Foro de la Democracia Latinoamericana, subrayó también que uno de los grandes problemas pendientes es la manera en la que los actores políticos asumen la victoria o la derrota.

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, aceptó la propuesta del PAN en la Cámara de Diputados para crear una comisión especial que investigue su patrimonio. Pero esa indagatoria, condicionó, se debe extender a todos los líderes de partido y debe tomar las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés que están publicadas en la plataforma 3de3.
“Se debe de revisar el patrimonio de todos los presidentes de los partidos, de Andrés Manuel López Obrador, de Alejandra Barrales, de Ricardo Anaya y con mucho gusto que se revise el mío”, expresó.
“De manera tal que se pueda cotejar lo que se ha establecido en las declaraciones 3de3 y lo que verdaderamente tienen esos dirigentes”.
Apenas el jueves la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados promovió una averiguación contra Anaya, líder nacional del PAN, por presunto enriquecimiento ilícito.
En respuesta, la bancada panista en San Lázaro exigió la conformación de una comisión especial responsable de analizar las denuncias ciudadanas que pesan sobre Ochoa Reza por el mismo delito.
El presidente del PRI estuvo en Mazatlán, Sinaloa, para dar una conferencia ante militantes priistas en una sesión del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político de ese partido, en la que habló sobre temas electorales relacionados con el 2018.
Aseguró que las acusaciones contra Anaya son porque se tiene sustento periodístico en el que se detalla un aumento de su patrimonio a partir de la venta de un terreno a una empresa, la cual tiene como domicilio un terreno baldío.
“Hemos advertido a través de los distintos medios de comunicación que el patrimonio que declararon Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales en su 3de3 no corresponde al patrimonio real que ellos han tenido”, aseguró.

Advierte Anaya que exhibirán cuentas en Europa de la
familia de su esposa

Por su parte, Anaya Cortés adelantó que proseguirán los ataques del gobierno priista en su contra, y que este nuevo ataque “consiste en señalar a la familia de mi esposa por tener cuentas de banco en el extranjero, específicamente en Europa”.
En un video, el político panista aseguró que “van a tratar, pues, de hacer parecer que ese dinero lo tienen gracias a que yo trabaje? en el gobierno y que por eso lo están escondiendo lejos de México”.
Enseguida, perfiló una justificación: “Primero, los papás de mi suegro, que por cierto ya fallecieron, que en paz descansen, eran españoles. Segundo, mi suegro, por ser hijo de españoles, tiene la doble nacionalidad: es mexicano y también es español”, expuso.
Ricardo Anaya aclaró que, “por obvias razones, primero siendo de allá? y, segundo, teniendo una empresa allá?, pues obviamente tienen y han tenido cuentas de banco, pero las tienen desde hace más de 40 años, antes siquiera de que yo hubiera nacido.

Las corrientes internas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) alistan la renovación parcial de su dirigencia luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fijó un plazo de 60 días para que designen a su Consejo Nacional y las dirigencias estatales.
Con el acuerdo, sólo se nombraría la presidencia y la secretaría general del partido, por lo que no habría elección abierta a la militancia.
El diputado Jesús Zambrano, de la corriente de los Chuchos, informó que un consejo electivo nombrará a los sustitutos de Alejandra Barrales y Beatriz Mojica en la presidencia y secretaría general.
Además, mencionó que los relevos ya estaban previstos para diciembre, pues ambas perreditas buscarán ser candidatas para las elecciones de 2018.
Camerino Márquez, secretario de Organización y cercano a Alternativa Democrática Nacional (ADN), afirmó que con una elección indirecta y con el actual Consejo Nacional cumplirán la sentencia del tribunal.
Añadió que el resolutivo no obliga a renovar el Consejo Nacional ni realizar una elección abierta a la militancia.
Sin embargo, Carlos Sotelo, de Militantes de Izquierda, insistió en que deben renovar el Consejo Nacional con el voto de la militancia y que también sean elegidos todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.
“Eso es imposible”, respondió Jesús Zambrano.
Héctor Serrano Azamar, de la corriente Vanguardia Progresista, advirtió que efectuar primero una la elección abierta de consejeros nacionales expone al partido a posibles sanciones, porque ese proceso coincidiría con el inicio de las precampañas del proceso federal.
El pasado 3 de septiembre, el Consejo Nacional perredista resolvió posponer la elección de dirigencia hasta que concluyese el proceso electoral en curso, alegando que el Instituto Nacional Electoral (INE), al que solicitarán organizar su proceso interno, estará ocupado en conducir los comicios federales y estatales del próximo año.
Sin embargo, el TEPJF respondió que no existe una imposibilidad jurídica y material para que puedan organizar su elección interna, por lo que emplazó al PRD a que renueve su dirigencia nacional, estatal y municipal.

La oficina en México de la organización internacional Oxfam denunció que los intereses políticos marcaron la entrega de ayuda a los damnificados por el sismo del 7 de septiembre en Oaxaca y que el reparto de despensas y el acceso a albergues se hicieron según determinadas preferencias políticas.
“Había albergues para quienes apoyan a ciertos partidos políticos. Un partido político tenía albergues para quien los apoya, el otro partido tenía otro”, ejemplificó Alejandra D’Hyver, coordinadora del programa de Acción Humanitaria de Oxfam México.
Aunque los estándares internacionales establecen como principio básico la imparcialidad, explicó, en Oaxaca no ocurrió así. “El reparto de despensas se hacía en nombre de políticos o funcionarios. Es una promoción política que no debería de seguirse”.
D’Hyver aseguró que existió descoordinación entre los tres niveles de gobierno a la hora de entregar despensas, pues éstas se repartieron sin orden y dejando al último a personas vulnerables, como mujeres embarazadas o personas con discapacidad que no podían formarse.
La representante de Oxfam también hizo hincapié en que tampoco se cuenta con información desagregada sobre las personas afectadas, de modo que se pueda conocer cuántas mujeres, menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad requieren apoyo.
Además de la politización de la ayuda y desigualdad, la emergencia provocada por los sismos de septiembre “evidenció el desconocimiento de las autoridades sobre los mecanismos y normas de respuesta a una crisis humanitaria”.
En una evaluación realizada por Oxfam en Oaxaca, Morelos y Puebla para identificar los daños y las necesidades de las personas, se detectaron problemas de coordinación entre el gobierno, la sociedad civil y las personas afectadas.
Además, se encontró que la respuesta de la sociedad civil sobrepasó la capacidad de las instituciones gubernamentales para canalizar las donaciones y, en algunos casos, se detectó politización de la ayuda.
De acuerdo con D’Hyver, las autoridades no han realizado un censo adecuado de los daños ni de las personas afectadas, y la poca información disponible no está desagregada por sexo o grupo etario, lo que dificulta la atención de necesidades específicas de niñas y niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
Destacó que la evaluación del equipo de Oxfam México en terreno evidenció que el sector de la población más afectada está integrado por las personas de bajos ingresos y especialmente las mujeres, sobre quienes ha aumentado la carga de trabajo de cuidados y han perdido fuentes de ingreso y empleos.
Mientras las escuelas no abran, las mujeres se ven obligadas a quedarse en casa para cuidar de niños y niñas, dijo.
Como parte de la celebración del Día Internacional para la Reducción de los Desastres, Oxfam México hizo un llamado a atender las lecciones aprendidas en los sismos recientes y “reconstruir mejor”, como señala el Marco de Sendai.
“Debemos combatir las vulnerabilidades estructurales evidenciadas con los sismos recientes y evitar que se reproduzcan en las etapas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción, para así prevenir pérdida de vidas y del sustento de las personas en futuros sismos”, subrayó D’Hyver.
Oxfam México informó que ha lanzado una estrategia de respuesta en Oaxaca, Morelos y Puebla, y que ese programa durará 18 meses.
En conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, agregó, se analizan impactos y soluciones diferenciadas por género, edad, origen étnico y clase social, para actuar en tres áreas: agua, saneamiento y promoción de la higiene en viviendas temporales; protección de derechos,y preparación ante futuros desastres.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción convocó a una mesa de coordinación entre activistas, académicos, empresarios y el gobierno, para crear un fondo único de reconstrucción con reglas de operación definidas y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas eficientes.
El objetivo será garantizar y vigilar la transparencia y la rendición de cuentas en los recursos que se destine para la reconstrucción de las zonas afectadas. La propuesta, consideró el organismo, debe incluir la opinión de las familias afectadas y la participación ciudadana en el proceso de reconstrucción.
“La reconstrucción de las zonas afectadas por los recientes sismos exige conjuntar los esfuerzos del gobierno, los empresarios y la sociedad”, expuso el comité e hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que se sume al esfuerzo articulador de una reconstrucción integral con la participación de todos los ciudadanos.
“Un Fondo Único para la Reconstrucción facilitará su administración, así como la vigilancia por parte de la ciudadanía de todos los recursos”, detalló.
El Comité de Participación Ciudadana, que preside Jaqueline Peschard, sostuvo que hace falta una visión unificadora del esfuerzo que han hecho los organismos públicos y privados, así como agrupaciones filantrópicas, para ayudar a México.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investiga la posible omisión, negligencia, corrupción y falta de aplicación de la ley en la construcción de los edificios dañados durante los sismos de septiembre, informó el titular del organismo, Luis Raúl González Pérez.
Destacó que en México las construcciones deben tener como premisa básica la protección y garantía de la integridad y vida de las personas, pues “no hay interés económico o particular que pueda ser más valioso que la vida humana”, aseguró el funcionario.
En la presentación del Estudio de protección civil y derechos humanos, elaborado de manera conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que si bien no es posible evitar que un fenómeno natural genere una condición de desastre, debe cuestionarse cuántos derrumbes fueron realmente inevitables y cuántos eran prevenibles.
Los recientes desastres naturales, explicó González Pérez,  mostraron de manera evidente la necesidad de consolidar esquemas para garantizar que las medidas que se han tomado para hacer frente a fenómenos naturales posean desde los primeros momentos una perspectiva de derechos humanos.

Entre las quejas, el desvío de despensas del DIF de Morelos

González Pérez remarcó que urge revisar y actualizar los reglamentos de obras y construcciones, tanto en la Ciudad de México como en las demás entidades del país, para reforzar su pertinencia, utilidad y, sobre todo, los mecanismos de seguimiento y supervisión acerca de su aplicación.
Insistió en la necesidad de incluir en esos programas a la población indígena y recordó que la fecha la CNDH ha recibido 130 quejas como consecuencia del sismo.
Estamos revisando, dijo, “cómo se dio la asistencia en los primeros momentos. Ya anticipamos que hubo desorganización, que no se conoció en algunos sitios quién estaba al mando, que no hubo información ordenada a la población y en los sitios (de contingencia)”.
Las quejas recibidas por la CNDH se centran en el presunto mal manejo de las actividades de búsqueda y rescate en los inmuebles derrumbados y colapsados; solicitudes de revisión de inmuebles con posibles daños estructurales; trabajadores que denuncian daños en las instalaciones de sus centros laborales y carecen de dictamen, y la prestación de servicios públicos.
Al menos cinco de ellas son contra la presidenta del DIF estatal de Morelos, Elena Cepeda –esposa del gobernador Graco Ramírez– y están vinculadas con el destino de los vehículos que transportaban víveres, supuestamente “etiquetados” con la marca del DIF.
El ombudsman nacional indicó que las quejas también se refieren al trato que se dio, en algunos casos, a los cadáveres.