La Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene facultades para revocar el permiso de operación del Tecnológico de Monterrey en la capital del país, si se concluye que el plantel no está en condiciones de habitabilidad, advirtió el titular de la dependencia, Aurelio Nuño.
Adelantó que, en caso de que hubiera investigaciones que apuntaran a que los inmuebles del campus Ciudad de México del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) no pueden ser utilizados, la dependencia actuará en consecuencia.
“Cuando estamos ante un fenómeno como este, hay investigaciones. Si como resultado de estas investigaciones la autoridad competente concluye que el plantel no tiene condiciones para operar, en ese momento nosotros estaríamos en la facultad, y así lo haríamos, de retirar el permiso de operación de ese plantel, ya sea en ese lugar o cualquier otro”, anunció.
El pasado 19 de septiembre, durante el sismo magnitud 7.1, se derrumbaron dos puentes que conectaban edificios en el Tec, lo que provocó la muerte de cinco jóvenes y dejó a 40 personas heridas.
En ese sentido, Nuño Mayer dijo que “lo que tenemos que hacer es esperar a los resultados de las investigaciones”.
Aseguró que cualquier institución de educación privada está obligada a dar certeza de que sus alumnos están seguros; para ello, la SEP depende de los peritajes de las autoridades competentes y de los permisos de uso de suelo y habitabilidad que emite, en este caso, la delegación Tlalpan.
Por otro lado, el secretario expuso que la finalización de las revisiones de las escuelas en Ciudad de México depende del número de directores responsables de obra (DRO) que el gobierno capitalino pone a su disposición.
“Con el número de escuelas que se está dictaminando a diario, si logramos mantener este ritmo (…) podremos concluir el lunes el proceso”, estimó.

La Red Libre Periodismo condenó la forma en que el gobierno del estado de Chihuahua maneja y administra la información sobre la investigación del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea y exigió que públicamente dé a conocer el avance de la indagatoria.
En un posicionamiento difundido en redes sociales, la organización reprobó que mediante filtraciones de prensa se difundan parcialmente los alcances de la investigación.
Señalaron que al cumplirse seis meses de impunidad en el asesinato de la corresponsal de La Jornada, la hermana de la periodista, Rosa María Breach Velducea, tuvo que promover un amparo con el apoyo de la organización Propuesta Cívica para que fuera reconocida como víctima y tuviera acceso al expediente.
La organización lamentó que “una vez que Rosy Breach ganó el amparo, la Fiscalía General del Estado (FGE) filtra –a un diario de distribución local– información sobre el rastreo que se hizo de los asesinos a través de videos, ligando a los autores materiales e intelectuales con el cártel de Sinaloa que opera y controla parte de la sierra, para el cultivo, trasiego y venta de drogas, así como lavado de dinero”.
Esta semana, el gobernador Javier Corral Jurado declaró a medios locales que ya analizaba dar a conocer la investigación a cargo de la fiscalía y reiteró que la investigación del homicidio “está resuelta”.
“Lo que queremos es no sacrificar por la presión mediática o por la presión de carácter judicial, el objetivo mayor que es encontrar a los responsables. La investigación está resuelta, es una investigación contundente; puedo decirlo abiertamente, hemos creado un modelo de investigación sobre este tipo de homicidios que impactará al país, por la calidad y la profundidad con que lo hemos hecho”, declaró el mandatario panista.
En su edición del miércoles 11 de octubre, el periódico El Heraldo de Chihuahua publicó que el móvil del asesinato de Mirosalva Breach fue una venganza del grupo delictivo Los Salazares, liderado por el preso federal Adán Salazar Zamorano y su hermano Crispín Salazar Zamorano, tíos del ex precandidato de PRI a la alcaldía de Chínipas, municipio serrano que lidera el grupo perteneciente al cártel de Sinaloa.
Con la versión, queda de lado las declaraciones que hizo Corral Jurado el 23 de marzo, cuando en rueda de prensa aseguró que se trataba de un caso de “narcopolítica”, por las investigaciones por las que fue amenazada la periodista.
En ese sentido, la organización exigió que “den a conocer oficialmente los resultados obtenidos al momento y se siga la línea de investigación que vincula al crimen organizado con políticos de varios partidos, como lo denunció Miroslava en varias ocasiones”.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCdMx) pidió a la Interpol la emisión de una ficha azul contra Mónica García Villegas, dueña del colegio Rébsamen, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo de 26 personas que perdieron la vida al colapsarse el inmueble en el sismo del 19 de septiembre.
En el noticiario de José Cárdenas, en Radio Fórmula se informó que también se pidió el apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para evitar que García Villegas salga del país.
Ante la presunción de que intente viajar a Estados Unidos, Canadá o Guatemala, las autoridades deben detenerla e informar al Ministerio Público de Justicia de la Ciudad de México, comentó el conductor.
Además, se solicitó a la Dirección de Aeronáutica Civil su apoyo para que evitar que García Villegas aborde algún vuelo comercial o privado nacional o internacional.
El 9 de octubre, el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en materia Penal, a cargo de Yazmín Eréndira Ruiz, concedió la suspensión provisional a García Villegas contra la orden de aprehensión o presentación de la procuraduría capitalina.

La defensa jurídica del doctor José Manuel Mireles Valverde acusó a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Michoacán de presionar a un juez federal para fallar contra el ex líder autodefensa, por lo que anticipó que presentará una denuncia penal, reportó la agencia Quadratín.
En una rueda de prensa realizada en Morelia, Michoacán, este miércoles, el abogado de Mireles, Ignacio Mendoza, consideró ridículo que la PGR pretenda vincular a su cliente por el delito de sedición, el cual está en desuso, dijo.
Criticó que el proceso está basado en elementos que carecen de efectividad, ya que el llamado a las armas puede hacerlo cualquiera sin que esto tenga efectos legales y, al ser un Estado democrático, se debe ponderar el derecho a la libre expresión.
El delito de sedición se entiende como un acto de sublevación contra la autoridad, el cual podría poner en riesgo el funcionamiento institucional. En su investigación, la PGR le imputa a Mireles la publicación de un video en el que llama a tonar las armas contra el ejército el pasado 12 de julio.
Ignacio Mendoza no negó que el llamado pudo ser imprudente, pero no configura un delito, por lo que en la PGR prevalece la intención de perseguir a Mireles Valverde con una finalidad política, aseguró.
Anunció que el lunes 16, Mireles Valverde deberá presentarse ante la PGR en una primera audiencia. De hallar elementos, ese mismo día podría ser vinculado a proceso, y de ser encontrado culpable, enfrentaría hasta 15 años de cárcel.

Delito que le imputan es del siglo XIX: Movimiento Ciudadano

El dirigente estatal Movimiento Ciudadano en Michoacán, Daniel Moncada, pidió a la PGR retirar los cargos de sedición en contra del ex líder de grupos de autodefensa, al afirmar que la ley se aplica de manera selectiva contra Mireles.
“Se trata de un delito que data del siglo XIX; está en desuso, es anacrónico, incluso fue pensado para periodos de guerra. Históricamente se usó en contra de la disidencia política de este país”, declaró Moncada.
Agregó que la acusación no tiene sentido cuando el país “está lleno de delincuencia organizada y corrupción”, por lo que solicitó a la PGR atender el problema de inseguridad del estado y dejar de ser una fábrica de delitos.

Pancho Cayagua, líder de Unión Tepito (UT), fue ejecutado ayer en su auto.
Poco antes de las dos de la tarde, cuatro hombres que desde un par de motocicletas le perseguían, dispararon sobre Francisco Javier Hernández Gómez, Pancho Cayagua.
Él conducía un auto compacto y trataba de huir de sus ejecutores. Ingresó a un estacionamiento de un centro comercial en Insurgentes y Ticomán, Delegación Gustavo A. Madero, donde fue ejecutado por lo menos de cuatro disparos.
Minutos después del hecho, su esposa lo identificó en el lugar.
Según funcionarios de la Procuraduría de Justicia de la CMDX, las primeras pesquisas apuntan a un ajuste de cuentas con la banda de Roberto Moyado, El Betito, antes su socio.

Mientras en la capital se preparaban para la apertura del Festival Internacional Cervantino, 11 personas fueron asesinadas en las primeras horas del miércoles en tres municipios del sur del estado, donde las pugnas por el control del robo de combustible, los asaltos a tren y el narcomenudeo mantienen en vilo a los habitantes de esta región.
Una menor de 14 años figura entre las víctimas.
Cinco de estos homicidios fueron cometidos en Salvatierra, entre la medianoche y la mañana del miércoles; en Tarimoro fueron encontrados los cuerpos de otras cuatro personas asesinadas en un camino de terracería, y en Irapuato en dos distintos hallazgos, dos hombres fueron localizados sin vida en predios cercanos a dos comunidades rurales.
En Salvatierra, cerca de la medianoche, policías municipales recibieron una alerta a través de la central de emergencias de disparos en la calle Héroes de Granaditas.
Las detonaciones se escucharon por varios minutos, de acuerdo con lo referido por vecinos de esa zona.
Al acudir, se encontraron con los cuerpos de cuatro personas tirados. Los socorristas confirmaron que todas habían fallecido.
Entre las víctimas de este ataque armado, que presuntamente fue cometido por varios sujetos a bordo de una camioneta blanca, está una adolescente de 14 años, quien vestía una blusa verde, suéter azul y pantalón de mezclilla.
Otro de los fallecidos es un hombre discapacitado, el cual tenía unas muletas.
Ya en la madrugada, pasadas las 5:00 horas, entró una llamada al 911 avisando que en la entrada a la comunidad de Cupareo en el mismo municipio de Salvatierra estaba un cuerpo decapitado, y a unos metros de distancia se halló la cabeza y una cartulina con un mensaje de un grupo delictivo, aunque éste era ilegible por las condiciones de la cabeza sobre la que fue colocada la cartulina.
Los peritos de la Procuraduría de Justicia encontraron en el sitio dos casquillos 9 milímetros.
En otro hecho, la Procuraduría informó que cuatro hombres con huellas de disparos en la cabeza, fueron abandonados en un camino de terracería aledaño a la localidad de La Cuadrilla de Cacalote, en territorio de Tarimoro.
Según la descripción proporcionada por las autoridades, los hombres asesinados tendrían entre 20 y 30 años de edad, aunque no han sido identificados. Vecinos de la comunidad que se dirigían a sus labores fueron quienes los encontraron.
A las 7:45 de la mañana, policías municipales notificaron a la Procuraduría que en el acceso a la comunidad de Rosario de Covarrubias estaba un cuerpo masculino tirado.
Cuando llegaron socorristas y peritos, corroboraron que el hombre había muerto y presentaba algunas huellas de sangre en el cuello.
Casi dos horas después se ubicó a la siguiente víctima de esta racha violenta: un hombre asesinado y abandonado a un costado de una carretera estatal, cerca de la comunidad de San Vicente de Malvas, mismo que tenía un disparo en la cabeza.

Un grupo de cinco hombres armados intentó rematar a un sujeto que desde el pasado 5 de octubre convalecía en calidad de detenido en la Cruz Roja de Tlalnepantla, luego de un enfrentamiento por un presunto robo de vehículo, confirmaron autoridades locales.
Antes, y de acuerdo con información de Radio Fórmula, se dijo que alrededor de la 1:00 horas de este miércoles, el comando llegó al lugar, localizado en localizado en la calle Henry Dunant, y abrió fuego supuestamente para rescatar a su cómplice.
Dos policías lograron repeler la agresión, e incluso tuvieron tiempo de llamar al C4 para solicitar ayuda, sin embargo, los agentes resultaron lesionados y uno de ellos perdió la vida cuando era trasladado a un hospital.
Al llegar los refuersos, el grupo armado, al ver la presencia numerosa de seguridad, emprendió la fuga.
Más tarde, la Fiscalía General de Justicia local informó que el comando que atacó la Cruz Roja de Tlalnepantla tenía como objetivo matar a una persona que era atendida en el lugar y estaba custodiada por policías.
Alejandro Gómez, titular de la dependencia, adelantó que ya tienen identificados a los probables autores de la agresión, y confirmó que un policía municipal perdió la vida y otro resultó herido junto con una enfermera.

El gobierno de Nuevo León informó ayer que los recientes disturbios en el Penal de Cadereyta causaron la muerte de 17 reos, 13 de los cuales ya fueron identificados.
Los fallecidos procesados por el fuero federal son Manuel Torres Avendaño, Fernando Escobar García, José Isabel Acuña Hernández y Rolando Arredondo Galaviz.
Los del fuero común son Marco Antonio Martínez García, Jorge Gonzalo Valderrama Moreno, Jesús Guadalupe Salazar Alvarado, Roberto Adrián Vázquez Monsiváis, Raúl Barrera Olvera, Justin Brian Olvera Rodríguez, Francisco Rafael Rosales Escobar, Alfredo Avilán Zúñiga y Lázaro Salvador Macías Reyna.
En conferencia de prensa, el vocero de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua, informó que el motín también dejó 31 lesionados.
La violencia estalló a las 23 horas del lunes 9 y se desvaneció el martes 10 a las 16:00 horas, cuando agentes de Fuerza Civil irrumpieron para rescatar a tres custodios que los internos tenían secuestrados.
En tanto que el procurador del estado, Bernardo González, explicó que unos 50 internos se encuentran bajo investigación como responsables de los hechos, el Consejo Cívico lamento en un comunicado el uso de fuerza letal para sofocar el motín y cuestionó la tardía intervención de la autoridad.
Este organismo ciudadano expuso que en los dos primeros años de la administración de Jaime Rodríguez Calderón se han registrado 73 fallecimientos en cinco incidentes, a diferencia de los 67 muertos en el sexenio anterior.
El Consejo Cívico llamó al mandatario nuevoleonés a concentrarse en el estado y no distraerse con su aspiración presidencial.

Advirtió la CNDH desde mayo del autogobierno en ese penal

Desde mayo, la CNDH advirtió que en el penal de Cadereyta, Nuevo León, se registraban condiciones de autogobierno.
“El problema de las condiciones de autogobierno se agrava debido al aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada, quienes por lo general controlan el centro de reclusión, situación que es tolerada por algunas autoridades”, indica la CNDH en su recomendación 30/2017.

Fallan las visitas

Y ayer cerca de las 3 de la tarde, luego de más de dos horas que iniciaron listados para que los familiares de internos del Penal de Cadereyta pudieran entrar a visita, ingresaron cinco personas, entre ellas personal de Derechos Humanos, pero no pudieron ingresar al centro penitenciario.
Ante ello, la fila que se había conformado con el nombre y número de reo se disolvió ante la larga espera. “No es justo que jueguen con nosotros y nos digan que sí vamos a entrar y nos tengan esperando por dos horas”, dijo una mujer identificada como Laura.

Un total de 28 menores adictos a las drogas, principalmente ‘cristal’, se fugaron del centro de rehabilitación “Asociación Nacional de Alcohólicos y Adictos en Recuperación” (Andaar, A. C) localizado en la capital de Chihuahua.
La evasión de los menores de entre 13 y 17 años, ocurrida alrededor de las 15 horas de ayer, fue reportada a las autoridades.
Policías municipales y de la Comisión Estatal de Seguridad levantaron el informe correspondiente e iniciaron recorridos por el sector en busca de los adolescentes.
El encargado del centro de rehabilitación —ubicado en avenida Tecnológico número 5507, colonia Las Granjas— dijo a El Diario de Chihuahua que la fuga también se reportó a los familiares de cada uno de los menores que huyó.
El hecho se registró en momentos en que los internos se encontraban comiendo y repentinamente se levantaron, salieron al pasillo del patio, forzaron la puerta de servicio y llegaron a la reja del barandal que da a la avenida Tecnológico, por donde salieron corriendo en diferentes direcciones.

Cinco personas fueron ejecutadas este martes en tres eventos distintos en Veracruz.
En Poza Rica, una pareja fue desmembrada, decapitada y con escobas y un narco-mensaje, emisarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) anunciaron que continuarán con la limpia de otros delincuentes que no pertenezcan a su agrupación.
Los hechos violentos ocurrieron en la Unidad Habitacional Infonavit Gaviotas en Poza Rica. Personal del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos.
Los hechos ocurrieron a las 9 de la noche de este martes, cuando vecinos de la esquina de las calles primera Norte y Flamingos se percataron que había dos cuerpos descuartizados en la banqueta.
Personal de la Policía Ministerial y de la Fuerza Civil llegó al lugar de los hechos para acordonar la zona y hacer las diligencias de rigor.
Antes, en la madrugada, en el municipio de Sayula de Alemán, un comando armado irrumpió en el rancho El Amate, para acribillar a Marciano Baruch Vidal, de 40 años de edad.
Durante el día, un taxista fue ejecutado en el municipio de Naranjos de Amatlán al norte de la entidad.
En el sur de estado, un hombre fue ejecutado y su cuerpo abandonado en el basurero del municipio de San Juan Evangelista.
La persona del sexo masculino tenía heridas de bala y huellas de tortura.

Cae por homicidio la alcaldesa de Turicato, Michoacán

La alcaldesa de Turicato, Gisela Vázquez Alanís, fue detenida por su presunta participación en un homicidio, informó la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán.
“Existen indicios de su probable participación en el delito de homicidio, cometido en el mes de marzo de 2017 en Puruarán”, indicó la dependencia.
La Edil priista, añadió, será puesta a disposición del juez de control del Distrito Judicial de Uruapan.
“La PGJE garantiza la aplicación de la ley y el combate a la impunidad”, aseguró la PGJE en Twitter.
En otro hecho, en agosto de este año, el esposo de la Presidenta Municipal mató a un hombre en la zona residencial de Altozano, en Morelia.
De acuerdo con reportes, la Alcaldesa dijo que su marido disparó en defensa propia porque querían matarla.