El alcalde Evodio Velázquez Aguirre, pidió a diputados del PRI, MC y PVEM en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría General del Estado (AGE) no politizar el asunto de la revisión que hizo al ejercicio financiero 2016 de la Comisión de Agiua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) y que esperen los tiempos legales del órgano fiscalizador.
Ayer a las 2 de la tarde en conferencia de prensa en un salón del Grand Hotel, después de que se reunió con la “mayoría” de los integrantes del Consejo de Administración del organismo, Velázquez Aguirre precisó que no habrá tolerancia para ningún funcionario en caso de que exista responsabilidad por posible daño patrimonial.
Este  martes integrantes de la Comisión de Vigilancia de la AGE, integrada por los diputados Samuel Reséndiz, del PRI; Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, y Mauricio Legarreta, del PVEM, informaron que la AGE encontró posible daño patrimonial por 194 millones 577 mil 346 pesos en el ejercicio del presupuesto de CAPAMA durante el 2016.
El consejo de CAPAMA lo integran nueve consejeros, y ayer asistieron seis, tres de los cuales acompañaron al alcalde a la conferencia posterior: el regidor perredista Amílcar García Estrada, el presidente de la Barra de Abogados, Félix Tapia y el integrante del colegio de Arquitectos, Humberto Díaz. No estuvieron el regidor independiente Enrique Granados y el representante del delegado de la Conagua, José Humberto Gastélum.
En la conferencia de prensa también estuvieron el director de la CAPAMA, Javier Chona Gutiérrez y la subdirectora Jurídica Samantha Cabrera que también asistieron a la sesión de la paramunicipal pero no tienen voto.
No asistieron a la sesión, la regidora panista Gloria Sierra, el presidente de AHETA, Jorge Laurel González, y el director de la CAPASEG Arturo Palma Carro.
Velázquez Aguirre explicó que la reunión fue para analizar los señalamientos que hicieron los tres diputados y la mayoría coincidió en que “no aprobamos una politización de un tema tan delicado como es la fiscalización”.
Agregó que respetan las competencias del poder Legislativo, pero que su gobierno va a esperar “lo que instancia fiscalizadora tenga que notificar”, porque los directivos de la CAPAMA informaron que la AGE no les ha notificado los resultados de la auditoría y que los integrantes están para defender los derechos de la ciudadanía acapulqueña.
Precisó que la paramunicipal entregó el 25 de agosto “la solventación” que solicitó la AGE y que con esta es la tercera ocasión que se fiscaliza al organismo. Además, dijo que presentaron en tiempo la cuenta pública.
Cuándo se le dijo que hay gastos en restaurantes caros, hoteles de lujo y hospitales privados, el alcalde, quien es presidente del Consejo de Administración, respondió: “vamos esperar sin especular lo digo con claridad, tenemos que esperar los resolutivos que tiene que mandar la AGE”.
Sostuvo que el organismo cumplió en tiempo y forma “la ruta legal que ha marcado la AGE y vamos a esperar que está de a conocer oficialmente al organismo las dudas que tengan y las observaciones pertinentes”.
El alcalde recordó que la paramunicipal ha tenido problemas no de ahora, sino de muchos años atrás, “lo creo es que se debe mirar los avances que tiene la CAPAMA, los retos. El tema de la CFE estarán revisando los próximos días, no lo estamos desatendiendo”.
Dijo que a los presuntos responsables de irregularidades  “se aplicará todo el peso de la ley, y por supuesto no habrá tolerancia alguna sea quien sea, pero lo que digo también, es que no debemos ni tenemos que prestarnos a politizar, querer sacar raja política, generar un debate falso que no tiene mayor sentido jurídico”.
Dijo que en dos años de administración hay avances destacados en el organismo, entre los que mencionó la cobertura de agua que se recibió de 65 por ciento y actualmente se da el 78 por ciento.
Además de que se recibió un déficit en más de 250 colonias de la ciudad, y hoy más de 110 que tiene mejor servicio y 20 de ellas por primera vez.

La conciliación de tarifas, el problema con la CFE: Chona

Por su parte, Chona Gutiérrez dijo que en “un desplegado que vamos a dar a conocer dónde se tuvo el acuerdo con los consejeros de la CAPAMA, se darán las posiciones para ir solventando porque la paramunicipal sobrevive del ingreso de los ciudadanos”.
En breves declaraciones posterior a la conferencia, del tema de la auditoría no habló mucho, porque  empezó a caminar acompañado de su guardaespaldas.
De las declaraciones que hizo el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra que preocupa el aumento del adeudo de CAPAMA con CFE, respondió que “el tema profundo con la CFE es la conciliación de las tarifas, no lo podemos llevar a una mesa de acuerdos, finalmente seguiremos en esta situación”.
Explicó que se tiene ocho meses con el amparo y “no se ha pagado porque es un tema legal, que se tiene que resolver en los juzgados, y estamos en un acercamiento con la gente de la CFE buscando una conciliación”.
Explicó que el tema del desacuerdo con al CFE es el incremento de las tarifas, porque de .79 que se pagaba en la actualidad cobran 2.80 pesos, eso ha significado que el trabajo que se hacía de pagar 9.7 millones pesos mensuales se incremento a 18.5 millones de pesos.
Recordó que septiembre son los meses más difíciles porque se incrementan las turbiedades y eso los obliga a parar equipos y comprar reactivos para enviar agua limpia.

El diputado priista Samuel Reséndiz negó que los diputados hayan violado la ley al dar a conocer las observaciones que la Auditoría General del Estado (AGE) realizó a la cuenta pública 2016 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), porque los diputados no están impedidos para hablar del tema.
Y precisó que sólo el órgano fiscalizador está impedido para dar a conocer la información hasta que esté concluido el proceso.
El diputado priista respondió al señalamiento de integrantes de la fracción perredista e independientes reclamaron que los diputados integrantes de la comisión de Evaluación y Vigilancia de la AGE dieran a conocer el presunto daño patrimonial de 194 millones 577 mil 346 pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) durante 2016, porque violaron los plazos que establece la ley de fiscalización ya que el procedimiento no está concluido.
Reséndiz Peñaloza precisó en una llamada a la redacción de El Sur, que ni él ni los diputados locales que estuvieron en la conferencia el martes pasado, del PVEM Mauricio Legarreta Martínez y Ricardo Mejía Berdeja, violaron la ley 1028: “yo creo que los compañeros diputados no conocen la ley de fiscalización”.
Y llamó a que los diputados que los acusan de violar la ley, digan cuál es el artículo que violan y que digan en dónde “se me impide a mí como diputado dar a conocer los resultados, yo creo que hablan en un total desconocimiento de la norma”.
De lo dicho por la diputada Silvia Romero Suárez, quien afirmó que la información no se dio a conocer como Comisión de Vigilancia y Evaluación, sino de manera particular por los tres diputados asistentes, ya que no la convocaron a pesar de que es la secretaria, Samuel Reséndiz dijo que efectivamente la conferencia fue únicamente de los diputados promoventes de la auditoría que en este caso fueron los del PRI, PVEM y MC que “casualmente” son integrantes de la comisión.
“Fue una conferencia de tres de los cuatro promoventes, por lo que no teníamos por qué invitar o llamar a todos los integrantes de la comisión, cuando no era un asunto de la comisión”, reiteró el priista.
Además de que apuntó que la CAPAMA atendió las observaciones que la AGE le realizó, sin embargo la información entregada no solventó las irregularidades halladas por lo que en el informe entregado al Congreso persiste la presunción de un daño patrimonial por 194 millones 577 mil 346 pesos.
“CAPAMA entregó la documentación que le pidió la AGE en tiempo y en forma, entregar la documentación no solventa automáticamente las irregularidades financieras, ellos tienen las observaciones, intentaron solventarlas y no pudieron”, precisó Reséndiz Peñaloza.
Y apuntó que no es el PRI o MC, si no el PRD el que quiere politizar el tema de la mala administración financiera de la CAPAMA: “quieren meternos en una agenda política a la cual no le vamos a entrar la agenda es meramente técnica y presupuestaria”.
A pregunta, el diputado priista dijo que la ley no prohíbe a los diputados dar a conocer los informes de resultados a pesar de que son dictámenes preliminares y que el impedimento es únicamente para la AGE.

Transparencia, honestidad y eficacia, demandó el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Copaemex), Gustavo A. de Hoyos Walther, a los tres niveles de gobierno en la reconstrucción de los daños provocados por los sismos del 7 y 19 de septiembre y por el huracán Max, para que no vuelvan a fracasar como el caso de la reconstrucción por los daños de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
Hoyos Walther se reunió este miércoles en las instalaciones del hotel Jacarandas con integrantes de la Coparmex Chilpancingo, a quienes dijo que el problema que más afecta a los empresarios, sobre todo en estados como Guerrero, es la ausencia de un Estado de Derecho que tiene que ver con el problema de la inseguridad pública, la corrupción, falta de transparencia y rendición de cuentas, y a la incertidumbre jurídica para atender el problema de la violencia.
El dirigente de la confederación patronal de México llegó más de hora y media tarde a su encuentro con los empresarios locales (estaba programado el encuentro a la una de la tarde y llegó después de las 2 y media), debido a los bloqueos en las calles por protestas y por las calles cerradas por la basura.
Por eso, el presidente de la Coparmex Chilpancingo, Adrián Alarcón Ríos, al darle la bienvenida, le dijo: “ha sido usted muy valiente, no cualquiera viene a Chilpancingo, un pueblo muy sufrido pero muy querido por nosotros, y más con ese cargo”.
El dirigente local de la Coparmex de Chilpancingo, de entrada se quejó que a los empresarios locales “les ha llovido sobre mojado”.
Dijo que desde el 2013 se vieron afectados con las protestas magisteriales, después por la violencia que azota la capital y ahora, más recientemente por el problema de la acumulación de la basura. Aquí “nos ha llovido muy fuerte”.
A pesar de los obstáculos que sorteó para llegar, el presidente de la Coparmex parecía de buen humor y hasta contestó algunas preguntas a los reporteros, antes de comenzar su charla con los empresarios de la capital.
Contestó que los empresarios se sienten conmovidos por la tragedia provocada por la tragedia de los sismos del 7 y 19 de septiembre, “y, profundamente comprometidos para hacerle frente a la reconstrucción y hacer la parte que nos corresponda”.
Informó que el lunes la Coparmex, junto con otras 29 organizaciones de la sociedad civil, de las más prestigiadas en el trabajo comunitario y cívico, dieron a conocer la plataforma denominada epicentro, que es una iniciativa ciudadana que tiene como tarea fundamental vigilar que la reconstrucción se lleve a cabo de manera eficaz, que los recursos públicos y privados que se destinan a la reconstrucción sean manejados con eficiencia y con transparencia y garantizar que no haya carpetazo.
También dijo que vigilará que los responsables “por acción u omisión de los daños materiales o de las personas que perdieron la vida, enfrenten su responsabilidad ante los tribunales”.
Explicó que la idea es que se garantice que el proceso de reconstrucción se lleve a cabo rápido, eficazmente “y que no sea pretexto para que unos vivales puedan aprovecharlo para capitalizar la ayuda políticamente partidistamente esta iniciativa”.
Cuando el reportero le recordó que esto ya pasó con la reconstrucción por los daños de Ingrid y Manuel, respondió que se tiene que aprender de los muchos precedentes que se tienen en estos casos.
Y advirtió que por la dimensión y por el alcance que han tenido estos sismos y por la importancia de los recursos que van a ser asignados para atender estas contingencias, “no podemos repetir los errores del pasado”.
Dijo que como nunca antes, desde el terremoto de 1985, ha habido mucha respuesta de los ciudadanos que se han volcado a dar su apoyo desde la remoción de escombros hasta realizar aportaciones en especie de alimentos, de ropa, enseres domésticos, medicamentos y últimamente en efectivo que más se requiere para la reconstrucción, y que se tiene que vigilar que la ayuda llegue de manera eficaz y oportuna.
“Esto nos obliga a las instituciones que tenemos representación de reaccionar y generar mecanismos para quee distribución se lleve a cabo bien, rápido y con transparencia.
Informó, asimismo que el problema de la inseguridad pública, es una de las más grandes preocupaciones en el país y en el caso de Guerrero.
“Estamos profundamente preocupados y ocupados en la Coparmex por esto, porque de no variar la tendencia, este año vamos a llegar a la cifra más alta de homicidios dolosos desde hace 15 años”, advirtió.
Siguió: “Esto no es una buena noticia para el país, nos queda muy claro que los tres niveles de gobierno tienen una grave responsabilidad por ineficiencia y por omisión, y nosotros estamos exigiendo que empecemos desde la base, desde la creación de la infraestructura del combate a la inseguridad que tiene que ver con la aprobación de las leyes en la materia”.
Informó que la próxima semana la Coparmex dará a conocer una iniciativa “profunda” en este sentido para que pueda ser aprobada la Ley de Seguridad Interior, que es la que va a regular la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad y para que sea aprobada la legislación en materia del mando mixto.

Inseguridad, corrupción, falta de rendición de cuentas, los problemas

Posteriormente en la charla que tuvo con los más de 50 empresarios locales encabezados por su presidente Alarcón Ríos, el dirigente patronal nacional dijo que el problema al que se enfrentan en el país y en estados como Guerrero es la ausencia del Estado de Derecho.
“En este país el problema es la fragilidad del Estado deD, y es una de las principales causas que el país no haya podido crecer de la menor manera es el principal inhibidor del desarrollo”, dijo.
Explicó que “cuando hablamos de la fragilidad del Estado de Derecho nos estamos refiriendo a la inseguridad pública, la corrupción, a la falta de transparencia y la rendición de cuentas, a la falta de incertidumbre jurídica”.
Contó que este conjunto de situaciones son las que han estado ocupando a los empresarios y que en la mayoría de los casos, aliados con otras organizaciones del país “con las que reunimos capacidades, competencias y responsabilidad estamos realizando las acciones pertinentes”.
Dijo que para resolver el problema de la violencia que se vive en Guerrero, igual que la de todo el país, en donde sólo hay lunares que se salvan de esta problemática, “es urgente que se modifique con una nueva infraestructura normativa y añadió que los empresarios están proponiendo que se agilice la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y el Mando Único.
Se quejó que en el legislativo tienen dos años procesándose “y es el momento que no pueden aprobarse, y añadió que algunos de los diputados le han dicho que prácticamente están desahuciadas, “y va a ser muy penoso que acabe esta legislatura sin que se aprueben porque ahí están las bases para que no vengan las cuestiones prácticas sino las operativas”.
El dirigente de la Coparmex llamó a los diputados a que se pongan de acuerdo en sus fracciones parlamentarias, para que el país cuente con esta legislación, “porque el problema es que la violencia en varios municipios y estados es porque se dan estas disputas por lo que le corresponde a los alcaldes, a los gobernadores y a la federación, y el producto final es que la tarea del combate a la inseguridad no se está llevando a cabo de manera óptima”.
También denunció el problema de la corrupción, pues añadió que hace dos semanas, el Foro Económico Mundial, midió el nivel de percepción de corrupción de los ciudadanos en 173 países, y que en México estamos en el lugar 171, “estamos literalmente en el sótano”, dijo.
“Lo que nos preocupa es que en los últimos años se nos ha multiplicado un problema que era focalizado y ahora se nos ha vuelto la regla, hoy en todo el país gobiernos de todas las extracciones partidistas y en todos los órdenes de gobierno y en los poderes no solamente del ejecutivo, sino legislativo y judicial, se nos está generalizando el problema de la corrupción y pareciera que a veces se nos desborda”, alertó.
Por eso dijo que la Coparmex exige que el fiscal especial anticorrupción cumpla con su terea en el ámbito estatal y que el Comité Ciudadano haga lo que tenga que hacer.
En cuanto a transparencia expresó que ha habido una gran resistencia para que se apruebe la ley de archivos públicos, “se avanzó en el gobierno de Fox pero todavía hay resistencias y e pretexto del que se valen es la inexistencia de archivos públicos, por la falta de archivos se rehúye a dar información”, reprochó.

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, llamó a los diputados perredistas a “no defender lo indefendible” ni a “ladrones” y sostuvo que los tres diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría General del Estado no violaron la ley al dar a conocer los resultados de la auditoría a la CAPAMA, pues fueron promoventes de la misma y debían dar a conocer la información.
El diputado sostuvo que es “una gran mentira” la información difundida por el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), de que en agosto solventó las observaciones que hizo la Auditoría General del Estado (AGE), pues solo entregó documentación sobre un pliego preventivo no sobre las observaciones finales.
“El hecho de que la CAPAMA haya entregado documentación no quiere decir que haya solventado como (ayer) lo quisieron aparentar y que es una mentira”, dijo en referencia a los desplegados difundidos por la paramunicipal.
El martes pasado en conferencia de prensa en el Congreso local, tres de los cinco diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la AGE, el priista Samuel Reséndiz Peñaloza, del PVEM Mauricio Legarreta Martínez y de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía, informaron que hay un posible daño patrimonial por 194 millones 577 mil 346 pesos en el ejercicio 2016.
Luego los diputados del PRD, en conferencia de prensa, acusaron a los tres integrantes de la Comisión de Vigilancia de la AGE que violaron la ley 1028 y que buscan sacar raja política con el resultado de la auditoría.
En conferencia de prensa, en las oficinas de MC en Acapulco, acompañado de la diputada local Magdalena Camacho y del regidor en Acapulco Arturo López Sugía, Mejía Berdeja explicó que la auditoría a la CAPAMA fue producto de la inconformidad en el servicio de agua potable en el municipio, del adeudo que mantiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por el incumplimiento del director del organismo Javier Chona Gutiérrez de entregar información a los diputados que le fue solicitada durante su comparecencia.
Luego explicó que después de la notificación formal de la AGE a la CAPAMA, proceso que puede demorar hasta 14 días, la paramunicipal dispondrá de 45 días para hacer las aclaraciones y en caso de que no lo haga es cuando comenzará el proceso resarcitorio al patrimonio de la CAPAMA, además podrían desprenderse responsabilidades penales contra los responsables.

No responsabiliza al PRD

Del llamado del diputado local perredista Ernesto González Pérez a que defina si es parte del Frente Ciudadano por México o “un infiltrado del PRI” en el mismo, el diputado de Movimiento Ciudadano respondió que no avalará actos de corrupción y que lo que hizo ayer fue la presentación de información oficial que realizó un organismo del gobierno.
Alegó que no responsabiliza al PRD porque “seguramente muchos de los que están señalados en la auditoria ni son del PRD, son gentes que presumiblemente participó en actos de corrupción”.
Agregó “no me importa de que partido sea Javier Chona” y advirtió que si comete actos de corrupción será señalado.
De lo dicho por la coordinadora de los diputados locales del PRD Erika Alcaraz Sosa de que hay una actitud reiterada de atacar la administración de Evodio Velázquez, Mejía Berdeja respondió que “nadie ha hablado de Evodio” pero reconoció que es el presidente del Consejo de Administración de la paramunicipal y corresponde a este “poner atención” a las observaciones que se hacen.
“Yo haría un llamado fraterno a los compañeros del PRD a que no defiendan lo indefendible, no porque sea un color un gobierno un organismo del gobierno que preside van a defenderlo a capa y espada aunque sean unos ladrones, ahí tienen que actuar por encima de esas situaciones”.
Sobre el señalamiento de la diputada local perredista Silvia Romero Suárez, miembro de la Comisión de Vigilancia,  de que se violó la ley 1020, Mejía Berdeja desestimó esa postura pues dijo que no fue una reunión de la Comisión sino que dieron a conocer el resultado como promoventes de la auditoría y por encima de cualquier ley está el derecho a la transparencia y el acceso a la información contenidos en el artículo sexto de la Constitución.
Sobre el desplegado de la CAPAMA en el que asegura que ha solventado las observaciones de la AGE, Mejía insistió en que es mentira esa información.
De las declaraciones del secretario general del Ayuntamiento Daniel Meza Loeza quien señaló que hay intención política en señalar un posible daño que no ha sido solventado, Ricardo Mejía respondió que esos argumentos son para desviar la atención y tender cortinas de humo pero la realidad es que se trata “de un problema de corrupción, de desfalco, de irregularidades”.
Abundó que la prisa en señalar las observaciones es porque hay adeudos que acumula la paramunicipal con la CFE y también porque retrasa los pagos a los trabajadores de la misma y por eso el Consejo de Administración debe tomar las medidas necesarias “tiene que actuar”.
Al preguntarle cómo entender el hecho de que quienes estuvieron en la conferencia para informar de las observaciones a la CAPAMA son personajes que tienen interés en las elecciones de 2018, el añorvista Samuel Reséndiz con la diputada federal Julieta Fernández Márquez esposa de Manuel Añorve Baños y él que han manifestado sus intenciones de buscar la candidatura a alcalde de Acapulco por sus respectivos partidos, respondió que son “sujetos políticos” y que sus aspiraciones a cargos de elección popular no les impiden hacer señalamientos. “Es parte de la vida democrática, es señalar para que haya un control”.

El presidente del Comité estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, anunció que convocará a los grupos de su partido para hablar de la renovación del Comité. Informó que coincide con el PAN para que los partidos del Frente Ciudadano por México en Guerrero vayan en candidaturas comunes y en coalición parcial.
En declaraciones por teléfono, Cesáreo Guzmán confirmó que tiene muy claro que el 16 de noviembre concluye su periodo como presidente del Comité estatal y que se debe nombrar una nueva dirigencia “que unifique, aglutine y tenga la fuerza política para tomar las decisiones mas delicadas para la elección del 2018”.
El periodo de la dirigencia estatal del partido, encabezada por Celestino Cesáreo Guzmán concluye formalmente el próximo 16 de noviembre, de acuerdo con fuentes del partido y los grupos los grupos del PRD impulsan la renovación de la dirigencia estatal del partido para nombrar un Comité interino por un año.
Celestino Cesáreo estimó que en los días que quedan de octubre y algunos de noviembre los perredistas se pondrán de acuerdo en la nueva dirigencia.
Adelantó que el Comité estatal convocará a un comité ampliado en el que estén presentes todas las fuerzas del partido para que se tomen las mejores decisiones.
Sobre su posible incorporación al Senado como suplente del senador Armando Ríos Piter, quien ayer acudió al INE para registrarse como aspirante a la candidatura a presidente de la República, Cesáreo Guzmán dijo que prefería no hablar sobre supuestos porque el senador todavía no pide licencia para dejar su cargo, “ya que pida su registro vemos”.
De la propuesta del PAN para los partidos del Frente Ciudadano por México en Guerrero participen mediante las figuras de candidaturas comunes y coalición parcial, el presidente del CEE del PRD manifestó que está de acuerdo en la propuesta porque son las vías a las que pueden recurrir como partidos.
Sobre la intención del PAN que busca encabezar las candidaturas en diez municipios y tres distritos mediante la figura de candidaturas comunes, el dirigente del PRD respondió que eso “no es mucho problema, ya nos pondremos de acuerdo”.
A pregunta expresa de que si el PRD ya tiene cuántos y qué distritos y municipios son en los que está interesado para las candidaturas comunes, respondió que no, pero confió en que los perredistas se pondrán de acuerdo.
Adelantó que en los próximos días los tres partidos van a hacer un declaración conjunta para anunciar que van a iniciar formalmente las pláticas entre los tres partidos

En una reunión con trabajadores, los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) afirmaron que “decidieron libremente” elegir como presidenta provisional a Cinthya Citlali Díaz Fuentes y negaron que la elección se diera por presiones u otros intereses.
En un comunicado difundido en su cuenta de Facebook, el IEPC informó de un encuentro de los consejeros con la mayor parte de los trabajadores que laboran en unas oficinas alternas en el Fraccionamiento Los Pinos.
En el encuentro estuvieron los consejeros Alma Delia Eugenio Alcaraz y Rosio Calleja Niño y Jorge Valdez Méndez y el secretario ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz, que presentaron ante el personal a los nuevos integrantes, entre ellas la consejera elegida por el Consejo General como presidenta provisional, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, más Vicenta Molina Revuelta y Edmar León García.
Según el comunicado, fue “una ceremonia significativa y en un ambiente de confianza y fraternidad”.
Pero también se informó que la consejera Alma Delia Eugenio “hizo uso de la voz para precisar que los consejeros electorales eligieron libremente y sin ninguna presión a la consejera Cinthya Díaz como consejera presidenta provisional porque consideran que es la persona idónea para ocupar el cargo debido a que ya fue parte de este órgano electoral en áreas administrativas y es cercana al personal de este instituto”.
Así respondió a señalamientos del PRD, Morena, MC y PAN de que el nombramiento de Díaz fue una “imposición del PRI”. Mientras que Cinthya Díaz, invitó al personal a “continuar trabajando juntos para lograr concluir con éxito el actual proceso electoral” y les dijo que “nadie sobra, el trabajo que realiza cada uno de ustedes es fundamental para el cumplimiento de las atribuciones. Todos somos valiosos”.
Mientras que el secretario ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz, señaló que el personal que integra el instituto electoral es profesional en cada una de sus áreas y está capacitado para “desarrollar procesos electorales exitosos, como el Proceso Electoral 2014-2015”.

El gobernador Héctor Astudillo Flores defendió el trabajo del fiscal del estado, Javier Olea Peláez, quien sostiene que presuntos miembros de la guerrilla asesinaron al ex presidente del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, conclusiones cuya viuda Martha Obezo Cáceres rechaza.
“Por supuesto lo que a mí me ha comentado el fiscal, pues esto es parte de una investigación y al final de cuentas él siguió el camino” de atribuir la responsabilidad del asesinato a presuntos miembros del grupo Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Consultado al concluir el almuerzo ofrecido por los mayordomos de la iglesia de San Francisco de Asís en la plaza que lleva ese mismo nombre, Astudillo Flores dijo que Martha Obezo “está en su derecho de hacer las expresiones que ella considere convenientes”.
Este lunes la viuda Martha Obezo Cázares confió en que los magistrados del TSJ confirmen la negativa del juez de primera instancia a la solicitud de órdenes de aprehensión de la Fiscalía General del Estado (FGE) para cinco presuntos guerrilleros, del ERPI señalados del homicidio de su esposo.
Y demandó que el fiscal, quien ordenó apelar el fallo, sea removido del cargo porque “es una burla” para la sociedad que el funcionario responsable de la impartición de justicia retome una línea de investigación desechada por un juzgado federal, y ratificada por un Tribunal Unitario en 2010, por lo que consideró que busca evadirse la responsabilidad del ex gobernador Zeferino Torreblanca como responsable  intelectual del crimen.

El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que no dejará sola a la población capitalina ante los problemas que enfrenta, como el de la basura.
Durante el almuerzo ofrecido por los mayordomos de la iglesia de San Francisco de Asís en la plaza que lleva ese mismo nombre, Astudillo aprovechó el escenario para hablar de los problemas de la capital, en concreto del caso de la basura: “Si hemos ayudado, hay que ayudar más, no puedo de ninguna manera dejar solo a Chilpancingo cuando tiene problemas”.
En el acto al que no acudió el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena, el gobernador hizo hincapié en que actuará hasta donde le alcancen sus facultades.
“Voy a intervenir en todo lo que esté a mi alcance respetando las facultades para colaborar en este problema que escucho en todos lados y que soy el más interesado en que pueda encontrar un canal de solución”, subrayó.
Recalcó que está atento a la demanda ciudadana que ha sido constante durante los últimos cuatro días, por lo que dijo que esta en la búsqueda de la solución al problema.
“Quiero ratificarles mi enorme compromiso con este pueblo, el gobernador originario de Chil-pancingo está comprometido con todo Guerrero y también con el lugar en el que nació”, recordó.
Aprovechó para lanzar un llamado a la unidad y la armonía ante los problemas que se enfrentan en Guerrero, agravados por las lluvias y los temblores.
A las 8 de la mañana, el gobernador asistió a la misa que se celebra cada 4 de octubre por San Francisco de Asís, donde los mayordomos del barrio organizaron una pozolada acompañada por música, mezcal, pan dulce y café y el párroco de la iglesia, el padre Pablo Alarcón, recordó las grandes virtudes del santo patrón, su humildad.
Al concluir el acto, se le preguntó al gobernador sobre la reconstrucción que se planea para el estado de Guerrero, de lo que contó que sabe que se destinarán por parte de la federación unos 120 mil pesos a cada familia damnificada para la reconstrucción de las viviendas afectadas.
Dijo que coincide con la línea federal sobre la autoconstrucción, ya que asegura que de esta forma se evitará el desvío de recursos y las familias afectadas serán directamente las responsables.
“Quien reconstruya su casa va a tener la gloria de su familia y de su pueblo porque viven en comunidad, y la gente va a decir ‘le dieron dinero y no rehizo su casa’, y el que no la haga va a tener la deshonra frente a su pueblo”.
Por otra parte, informó que en Chilapa ya están operando los ocho puntos de seguridad que se habían anunciado para dar seguridad al servicio de transporte público. No quiso opinar sobre la auditoría a la CAPAMA porque “no vivo en Acapulco, vivo en Chilpancingo”.

Tras solicitar en el Instituto Nacional Electoral (INE) su registro como candidato independiente a la Presidencia de la República, el senador Armando Ríos Piter, quien llegó al cargo por el PRD, partido al que renunció, dijo que “no podemos dejarle la pluma a una clase partidista que no ha cumplido con su misión”.
El guerrerense, originario de Tecpan de Galeana, llegó alrededor de las 10:30 horas a las instalaciones del INE al sur de esta ciudad. Lo acompañaban al menos 20 candidatos de diferentes partes del país, como Michoacán, Chiapas, Guanajuato y Morelia, que como él, deberán juntar firmas ciudadanas antes de febrero próximo para formalizar sus aspiraciones.
Antes de su registro en la Oficialía de Partes del INE mencionó ante sus seguidores, varios guerrerenses de Movimiento Jaguar,  una corriente que surgió al interior del PRD en Guerrero— que ahora presta el logo a la “Ola Independiente” encabezada por Ríos Piter— “vamos a ganar la presidencia de la República, vamos a arreglar Guerrero”.
Entre los guerrerenses estaba Carlos Armando Bello Gómez, ex alcalde perredista de Atoyac de Álvarez, municipio de la Costa Grande, que gobernó de 2009 a 2012, quien aprovechó también para registrarse como aspirante por segunda vez para presidir la misma alcaldía, ahora cumpliendo requisitos como independiente.
Llegaron también con el aún presidente de la Comisión de Población y Desarrollo en el Senado, donde en días próximos pedirá licencia, su esposa Alexandra Zenzes y otros ex colaboradores. Aseguró que se enfocará a conseguir las firmas para alcanzar la candidatura,  que son 870 mil que pide el INE.
“No es justo que la corrupción nos robe un diezmo de riqueza y que provoque la muerte de nuestras mujeres, niños y hombres… No es justo que los que se equivocan cada sexenio, tengan una nueva oportunidad ahora en el 2018”, expresó en su mensaje a medios al término de su registro.
Aseguró que va a demostrar que “nosotros hacemos las cosas de manera distinta… tenemos la evidencia de cómo se están haciendo las campañas políticas es lo que está sembrando la corrupción e inseguridad en el país: campañas políticas, compra de votos, clientelas electorales; aparecen mil compadres, financian las campañas para quedarse con obra pública… la Casa Blanca, las relaciones con el crimen”.
Dijo que hay una desaprobación de casi el 94 por ciento en los partidos políticos, “la gente está molesta, siente que ellos son parte del problema, porque la corrupción, incluso las relaciones con el crimen, las han sembrado en la forma que hacen campañas políticas”.
En su mensaje también se dirigió a los jóvenes. “Hay millones de jóvenes que hoy se articulan y que construyen las cosas de manera radicalmente diferente –lo vimos hace unos días, vimos como salieron a tomar las calles, a articularse, a utilizar la tecnología para en tiempo real, saber cuántos picos, cuántas palas, cuántas manos, cuánta gente, cuántos médicos…”.
Enfatizó que en la Ola Independiente—movimiento que impulsa aspiraciones de ciudadanos para distintos cargos de elección popular— no creen en los liderazgos únicos, ni en liderazgos redentores, y opinó que a los partidos les tienen que quitan al menos el 50 por ciento del financiamiento público.
“Es indispensable que cambiemos eso… si el próximo año son 7 mil millones de pesos, tienen que ser 3 mil 500 millones de pesos”. Para solventar su campaña pedirá aportaciones de 25 mil pesos, sólo en la etapa de captación de firmas; el tope máximo de gastos que impone el INE es de 33 millones 611 mil 208 pesos.
En la etapa de preguntas contestó que fue al ITAM, la misma universidad que el canciller Luis Videgaray, quien también es mencionado como aspirante a la Presidencia por su partido el PRI, pero aseguró que su candidatura no está relacionada con el funcionario cercano al presidente Enrique Peña.
Y dijo que la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa no afectará su candidatura, pues fue un caso que “exhibí cuando pretendía ser candidato a Guerrero: señalé la corrupción y la impunidad que se mantiene era parte de la vida política y partidista que imperaba allá, así lo señalé hace tres años”. Según Ríos Piter .
Antes de ser senador, Ríos Piter fue subsecretario federal de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria, secretario de Desarrollo Rural en Guerrero, diputado federal. Es el noveno aspirante independiente a la presidencia del país. Este miércoles se registró también el empresario de Quintana Roo Carlos Antonio Mimenza, se popularizó por lanzar una cruzada nacional anticorrupción.
El INE tiene de plazo hasta el 9 de octubre para darle constancia como aspirante independiente a la Presidencia, y es hasta ese día cuando legalmente podrá con la recolección de firmas, que le den el aval ciudadano. Al final de su registro, durante varias ocasiones Ríos Piter hizo “la jaguariña” ante fotógrafos, el movimiento con la mano que emula una garra de jaguar.