Separan de su cargo a funcionario estatal por una denuncia de violencia familiar

El coordinador regional Costa Chica, de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, Roberto Carlos Panchi Téllez, fue separado de su cargo tras la denuncia presentada por su pareja por el delito de violencia familiar (doloso), a pesar de que los hechos ocurrieron hace mes y medio.
La denuncia fue interpuesta en la Agencia de Delitos Sexuales, con sede en Ometepec, donde se abrió la carpeta de investigación en contra del funcionario Roberto Carlos Panchi, a quien se acusa de golpear a Paloma Rabadán Estrada, quien además tiene siete meses de embarazo.
El gobierno del estado se ha encargado de difundir durante los últimos meses las capacitaciones que se les ha dado a los trabajadores burócratas, para cumplir con la alerta de género, y uno de los municipios involucrados en este tema es Ometepec.
Por la tarde de este viernes se difundió la carpeta de investigación en contra del funcionario, donde se relata que la víctima, fue atacada por su pareja, quien llegó a su casa en estado de ebriedad y comenzó a golpearla, primero con empujones, luego la aventó, la golpeo con un cinturón y la tiró al piso, donde siguió la agresión.
Se describe que inclusive le dijo : “Ojalá que con esto abortes”, entre el forcejeo, la agredida logró escapar y pedir ayuda a uno de sus vecinos, quienes llamaron a la policía, pero el funcionario se dio a la fuga antes de que llegaran.
Rabadán Estrada fue víctima de la agresión hace mes y medio, pero no había procedido legalmente por temor, ya que el agresor ostentaba ser amigo de uno de los hijos del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Este viernes, a las 7 de la noche, a través de la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría de Comunicación Social del Estado de Guerrero se dio a conocer en un corto mensaje que el funcionario había sido separado de su cargo.
“Ante agresiones del funcionario contra su pareja, el gobierno instruyó separarlo del cargo de inmediato y se proceda de acuerdo con derecho”, se lee en el mensaje.

Inicia formalmente el proceso electoral 2017-2018 en medio de cuestionamientos de partidos

Este viernes inició formalmente el proceso electoral 2017-2018 para elegir presidente de la República, las cámaras de diputados y senadores y en el caso de Guerrero, se renovarán el Congreso local y los ayuntamientos, entre señalamientos de los representantes de los partidos al Instituto Nacional Electoral (INE) por violar la ley electoral local.
Los representantes de los partidos se manifestaron en contra de la resolución del INE, por la que los órganos electorales tienen que modificar el inicio de los periodos de precampañas.
Las precampañas para diputados locales estaban programadas para iniciar el 20 de febrero y terminarían el 31 de marzo, porque deben tener 40 días como máximo, pero hoy se aprobará que inicien el 3 de enero.
Las precampañas para ayuntamientos deben durar sólo 26 días. Estaban programadas para iniciar el 5 de marzo y concluir el 31 del mismo mes, pero hoy se aprobará que éstas empiecen el 15 de enero.
Los representantes de los partidos políticos, principalmente el perredista Nicanor Adame Serrano, reclamó que con la modificación al calendario electoral se viola la ley local, que establece que los candidatos se pueden realizar del 3 al 18 de abril, pero el INE estableció que debe ser del 20 de marzo al 5 de abril.
La propuesta de los representantes de que se respetara lo que dice la ley local fue votada y rechazada por los consejeros.
La consejera presidenta Marisela Reyes Reyes llamó a abonar a la gobernabilidad.
Comentó que podrían registrarse hasta 11 mil posibles candidaturas, habrá más de 5 mil mesas de casillas y se imprimirán más de 2.6 millones de boletas por cada tipo de elección.
El consejero René Vargas Pineda dijo en su participación que éste será el “proceso electoral más complejo que se haya vivido en la historia político electoral de nuestro país”.
Porque se elegirán presidente de la República, se renovarán las Cámaras del Poder Legislativo federal, y también 30 estados desarrollarán elecciones locales, en una sola jornada electoral, en la que consideró que se “pondrá a prueba la fortaleza de la reforma político-electoral de 2014”.
Dijo que a pesar de que el de México es un sistema de partidos joven, “tiene un nivel de confianza social mínimo”, porque poco menos de un ciudadano de cada cinco les tiene confianza.
Lo que consideró preocupante es que “tenemos que hacer algo por remediar esta pésima percepción social, la cual podemos observar en los niveles de abstencionismo que deshonrosamente tenemos en nuestras elecciones. Para empezar, como una medida apremiante para todos, será respetar las reglas, enmarcar nuestra actuación en el conjunto de la normativa electoral, y se necesita ser congruentes con el discurso democrático, que aquí, en este pleno, se repite cotidianamente, evitar a toda costa que éste se quede en simple retórica”.
Durante su posicionamiento, el representante del PRD dijo que llegaron al inicio del proceso electoral “en un clima de polarización de los principios rectores de la función electoral, pues se encuentra en curso un procedimiento de queja en contra de los consejeros electorales de este instituto, que no ha sido resuelto por el INE”, dijo en referencia a al juicio de remoción que interpuso el representante de Morena, Sergio Montes Carrillo.
El PRD exhortó a los consejeros electorales a que cumplan los principios que rigen su función, a defender su autonomía para poder brindar confianza a los guerrerenses.
Además, dijo que fue evidente que por el nepotismo cometido por los consejeros locales, no pudieron defender la autonomía del órgano local ante el federal.
“La actuación ilegal de consejeros electorales de este instituto, porque han promovido a cargos directivos a familiares, contraviniendo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, circunstancia que el INE ha aprovechado para tenerlos sometidos en sus decisiones que debieran tomar de manera autónoma”, dijo Nicanor Adame.
Adelantó que la autonomía del IEPC, el respeto a la distribución de competencias serán rebasados por el INE “sin que este organismo local se imponga o realice alguna objeción para hacer valer el estado de derecho que nuestra legislación electoral local establece durante el proceso electoral que vamos a iniciar”.
Reclamó la extralimitación de las funciones del INE y consideró que prácticamente se está dejando de practicar la ley electoral local, contraviniendo a la Constitución Federal en su artículo 105, fracción segunda, que impide hacer modificaciones a las leyes electorales dentro de los 90 días antes del inicio del proceso electoral.
Esto porque se modificó el calendario electoral que se había realizado a partir de lo que establece la ley local y ayer se modificó por disposición del INE.
Con lo que reiteró que con la decisión de modificar el calendario electoral se vulneran los derechos fundamentales de los candidatos, se invade “la esfera de competencia del Poder Legislativo local y violar la autonomía de este organismo electoral y con ello, la soberanía de nuestro estado”.
El representante del PRD demandó al INE “resolver a la brevedad” el procedimiento de remoción de consejeros, a respetar el ámbito de competencias legislativas y autónomas previstas en la legislación local, conforme al criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
Los representantes de los partidos también reiteraron su llamado a las autoridades federales, estatales y municipales, para que se mantengan al margen de los contendientes y se abstengan de desviar los recursos destinados a la obra social para favorecer a un partido o candidato.
Pidió también a los candidatos que no acepten apoyos o recursos que “provengan de manera indebida o contrarios a la ley, a fin de evitar compromisos que después no puedan cumplir y que sean ajenos al interés social”, en referencia a que no adquieran compromisos con grupos delincuenciales.
Por su parte, el representante de Morena, Sergio Montes, consideró preocupante que los consejeros en el INE digan que están preparados para iniciar el proceso electoral, “cuando hace tan sólo unos meses no se atrevían a tocar a (Enrique) Peña Nieto por el tema del reparto de programas sociales, y hace unas sesiones tampoco se atrevieron a sancionar al secretario de Gobernación por realizar propaganda personalizada en sus redes sociales”.
A los consejeros les pidió que “no les tiemble la mano” para aplicar la ley.
Que “no piensen que su única labor es organizar elecciones y ser cuenta votos. Es su obligación constitucional garantizar elecciones libres y auténticas. Esto no puede suceder si existe compra indiscriminada de votos frente a ustedes y permanecen inmóviles, o llegan demasiado tarde a intentar frenar la irregularidad”.
Les pidió que “salgan de la comodidad de sus oficinas, y vean lo que sucede en la realidad afuera, en las calles”.
Lamentó también que los consejeros y funcionarios electorales tengan “filias y fobias”, y que dependiendo de los partidos a los que simpaticen, sean “sus decisiones, lo han demostrado una y otra vez”.
Dijo que el PRD, PAN y PRI tienen en común “su miedo a Morena, sólo coinciden en frenar a Andrés Manuel López Obrador a como dé lugar. No tienen más convicciones y creencias que el dinero y los privilegios, por eso les vamos a ganar”.
Sergio Montes advirtió que se avecina una guerra sucia contra Morena, pero confió en que “más allá de las trampas, artimañas, simulaciones y las carretadas de dinero de ya sabemos qué partidos, confiamos en que habrá de imponerse la decisión de la mayoría. Y las autoridades electorales tendrán que respetar la voluntad popular”.
A los electores les dijo que acepten todo lo que les ofrezcan cuando pretendan comprar su voto, pero que cuando tomen la decisión en la urna, lo hagan de “manera libre”.
El representante del PAN, Carlos Millán Sánchez, convocó al Consejo General, a los funcionarios electorales estatales y federales, a los actores políticos, a las y los aspirantes “a conducirse dentro del marco legal, a respetar los tiempos, pero sobre todo a respetar a los ciudadanos, y a conducirse con ética y responsabilidad”.
Reconoció que los ciudadanos están cansados de los políticos y desilusionados de los órganos electorales, por eso pidió a los consejeros “generar la certeza e imparcialidad como árbitros que son y con esto recuperar la confianza”.
El representante del PAN recordó que la Comisión de Vinculación del INE, ha determinado las tres propuestas para formar parte del Consejo General del IEPC a partir del mes de Octubre que consiste en dos mujeres y un hombre, con lo que consideró se incumple la equidad de género y la paridad.
Explicó que si se designan a dos mujeres, el Consejo General quedaría integrado por cinco mujeres y solo dos hombres, además de que recordó que las propuestas que se pretenden designar no fueron las mejor evaluadas, por lo que no se tomó en cuenta la profesionalización, ni la experiencia, ni mucho menos la capacidad, “lo que es lamentable, porque este proceso habrá de requerir a los elementos más capaces y con experiencia”.
Llamó al INE ha realizar una revaloración y se base en las capacidades de las personas “y no en las recomendaciones o conveniencias. El buen juez por su propia casa empieza”.
Por la mañana, en la ciudad de México la consejera presidenta, Marisela Reyes Reyes, firmó el Convenio General de Coordinación y Colaboración con el INE, en un acto al que acudieron los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales de los estados que celebrarán elecciones.

Perfila Morena a mujeres para las alcaldías de Acapulco, Iguala, Chilpancingo y Zihuatanejo

El Consejo Estatal de Morena definió en su sesión de este viernes las ternas y duplas para designar a los coordinadores de los distritos federales, determinó el género en los municipios de alta, media y baja “rentabilidad electoral” y decidió a 13 de los 81 coordinadores municipales, en los que hubo consenso en una sola propuesta.
En conferencia de prensa al término de la sesión del consejo, el dirigente estatal de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, aclaró que no se trata de candidaturas, sino de “figuras” que participarán en el proceso organizativo de Morena.
Dijo que esto quedó claro en la sesión del consejo de ayer, “porque hay quienes andan manejando que ya son candidatos”, declaró.
Sin embargo, admitió que estos no quedan descartados y que podrían representar como candidatos a ese partido, cuando se definan los tiempos electorales.
En las definiciones hubo cambios con respecto a la estructura que ya estaba establecida en la elección de 2015 en municipios importantes, como Acapulco, Iguala, Chilpancingo y Zihuatane-jo, en los que el acuerdo fue que la coordinación será representada por una mujer.
Sandoval Ballesteros dijo que las definiciones que se aprobaron por el consejo serán enviadas a la Comisión Nacional, que será la que determinará si los coordinadores se deciden por medio de encuesta, pero aclaró que las propuestas que se acordaron este viernes no son definitivas, porque la Comisión Nacional podría realizar cambios, y que el Consejo Estatal “solo está cumpliendo con las tareas que le encomendó el Consejo Nacional”.
En cuanto a los cambios con la paridad de género, explicó que se trata de un nuevo método, que es a partir de los bloques, que son los de alta rentabilidad electoral, media y baja.
“Se tuvo que hacer un ajuste de género en todo el estado, en los distritos y municipios y lo que se decidió fue insacular, aun cuando había otras propuestas, por lo que algunos municipios pasarán de mujer a hombre o de hombre a mujer”, explicó.
Añadió que este acuerdo fue para cumplir con los resolutivos del Consejo Nacional en cuanto a la equidad de género que se establece en la ley y armonizar en cada municipio los nombramientos de los coordinadores de organización.
En el caso de los distritos federales, en el Distrito 1 de Pungarabato la dupla quedó integrada por Víctor Mojica Wences y Andrés Nieto Cuevas; en el Distrito 2 de Iguala, la terna quedó integrada por Araceli Ocampo Manzanares, Esther Araceli Gómez y María de Jesús Urióstegui; en el Distrito 3 de Zihuatanejo, la terna se integró con Leovigilda Chávez Hernández, Elizabeth López Román y Coyolxauqui Soria Morales; en el Distrito 4 de Acapulco la terna es Yésica Melo Sánchez, Abelina López Rodríguez y Aidé Ibarez Castro.

Asimismo, en el Distrito 5 de Tlapa, la terna quedó integrada entre Aristóteles Tito Arroyo, Javier Manzano Salazar y Mauro Oyorzával Gómez; en el Distrito 6 de Chilapa, la terna se integró con Juan Carlos Barrios Curti, Feliciano Bautista Rodríguez y Jorge Luis Rendón Castro; en el Distrito 7 de Chilpancingo la terna quedó integrada por Agustín García Flores, Iván Hernández Díaz y Bulmaro Muñiz Olmedo; en el Distrito 8 de Ayutla, las propuestas son Rubén Cayetano García, Bulmaro García Zavaleta y Ramón Gracida González, y en el Distrito 9 de Acapulco, se integró una dupla que son Evelin Salgado Pineda y María del Rosario Merlín García.
El Consejo Estatal también definió que en los distritos locales considerados de alta votación como el 5 de Acapulco, la coordinadora será mujer; el 6 de Acapulco hombre; el 18 de Pungarabato, mujer; el 4 de Acapulco, mujer; el 22 de Iguala hombre; el 10 de Tecpan de Galeana hombre; el 1 de Chilpancingo, mujer; el 3 de Acapulco, mujer, y el 2 de Chilpancingo hombre, pero las propuestas aún faltan por definirse.
En el caso de los municipios el acuerdo fue que en los importantes como Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, las coordinaciones recaerán en una mujer.
De los 81 municipios, en 13 de ellos hubo consenso en una sola propuesta, éstos son Azoyú, en donde la propuesta es Sergio Muñoz Pliego; Coyuca de Catalán, Manuel Medrano Valle; Cuajinicuilapa, Oscar Alejandro Marín; Cutzamala de Pinzón, Serapio Navarro Valle; Florencio Villarreal, Alberto Salgado Rodríguez; José Joaquín de Herrera, Gaudencio Nava Adame; Juan R. Escudero, Virginio Terrones Ramírez; San Miguel Totolapan, Guadalupe Vergara Torres; Tetipac, Mario Gómez Figueroa; Tlacoachistlahuaca, Hermelinda Tiburcio Cayetano; Tlacoapa, Germán Galeana Sixto; Tlalchapa, Maritza Chávez Pérez; Zapotitlán Tablas, Cipriano Flores Arriaga y Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza.
Las definiciones, sin embargó, todavía pasarán a revisión por la Comisión Nacional, que concluirá el proceso.
El dirigente estatal, Sandoval Ballesteros, declaró que la Comisión Nacional puede influir y hacer otra determinación puesto que, insistió, éstas sólo son propuestas del Consejo Estatal y pueden ser modificadas.
La sesión, a la que asistieron 69 de un total de 90 consejeros, estuvo coordinada por Luis Enrique Ríos, presidente del Consejo Estatal, quien aseguró que transcurrió sin incidentes.
Dijo que con estas definiciones “se da certeza a los militantes de Morena y los ciudadanos de que en este partido va avanzando el proceso organizativo”.
Aclaró que mucho se ha especulado sobre si están nombrado candidatos, por lo que durante la sesión fueron enfáticos de que en lo que se está avanzando es sólo en el plan de organización nacional de la estructura electoral, que, aclaró de paso, ya cuenta con casi 5 mil “protagonistas”.
“Hoy avanzamos en la definición de ternas o duplas en los distritos federales y está pendiente la definición en el ámbito local”, aunque destacó que en 13 municipios hubo consenso en las propuestas. Confió que en este septiembre quedará definida toda la estructura electoral, en el resto de los municipios y en los 28 distritos electorales.

Renuncian al PRD los ex alcaldes de Malinaltepec y Alpoyeca; se adhieren al proyecto de AMLO

Los ex presidentes de Alpoyeca, Marco Antonio García Morales, y de Malinaltepec, Aristóteles Tito Arroyo, así como dirigentes del PRD de los municipios de Alpoyeca, Tlapa, Malinaltepec, Metlatonoc y San Luis Acatlán renunciaron a su partido por los acuerdos que hicieron sus dirigentes nacionales, de aliarse con el PAN sin consultar a las bases, argumentaron.
Dijeron que se suman al proyecto de nación alternativo de Andrés Manuel López Obrador y según los tiempos se vería su afiliación a Morena, aunque remarcaron el proyecto que ellos refrendan es de López Obrador, por considerarlo una persona que puede sacar adelante el país.
En conferencia de prensa, este viernes, los ex presidentes, Marco Antonio García Morales y Aristóteles Tito Arroyo de Malinatepec anunciaron y mostraron su renuncia al PRD, que entregaron al dirigente municipal de Tlapa para que la envié al dirigente estatal, Celestino Cesáreo Guzmán, con quien hablaron de sus inconformidades antes de renunciar y no les hicieron caso.
Tito Arroyo dijo que tomaron la decisión de presentar su renuncia por la decisión de su partido de formar el Frente Amplio Democrático con el PAN y que lo hacían por conciencia y convicción que tienen de la izquierda. Dijo que renunciaba a 10 años de militancia.
Dijo que la montaña históricamente ha sido de lucha y de izquierda, por lo que no duda que varios renunciarían en los días siguientes, entre los que consideran serán cerca de 20 mil militantes que ellos afiliaron al PRD y que los seguirán.
Marco Antonio Morales García dijo que estaba con los sentimientos encontrados y no fue fácil renunciar a una militancia de 13 años en el PRD, por el cual fue dos veces presidente de Alpoyeca y candidato a diputado local por el Distrito 27, pero eran las circunstancias porque no podía ser cómplice de decisiones irresponsables que tomó la cúpula del PRD.
Aspira a la candidatura a la presidencia por Tlapa

Denis Cancino Castro explicó que la decisión de renunciar al PRD no fue nada fácil, porque fue un proyecto que nació de la lucha y causas sociales, y que Guerrero es la segunda fuerza del PRD después de la Ciudad de México, por lo que su decisión fue resultado de un análisis tras la determinación del consejo nacional del PRD, el pasado 3 de septiembre, de que van unidos los partidos del PAN y Movimiento Ciudadano. Y como ellos están en contra de esa alianza porque han abonado a la desigualdad social.
Agregó que este grupo buscará la paridad de género, donde se incluya la participación de las mujeres y puedan estar en un espacio de toma de decisiones, en donde no las envíen a participar en municipios pequeños, sino donde haya como mínimo 25 mil habitantes, tanto en los distritos locales y federales.
Explicó que también forma parte de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses. que en 2015 logró la paridad de género y está convencida que el único puede sacar adelante el país es Andrés Manuel López Obrador.
De Malinaltepec, Oscar Villani dijo que la decisión es porque no consultaron a las bases. Entre otros militantes que renunciaron está el me’phaa bathaa Zeferino Villanueva Galindo, quien aspira una candidatura a la presidencia en Metlatónoc; de San Luis Acatlán, Yulma Huerta Juárez; Jaime Terrazas, ex candidato del Partido del Trabajo a la diputación local del Distrito 27.
Dijeron que por el momento buscan hacer trabajo político apoyando a López Obrador y las aspiraciones personales después.
Anunciaron que el próximo domingo acompañarán a Pablo Sandoval Ballesteros en la toma de protesta de los comités seccionales de Tlapa.

Fermín Alvarado no tiene calidad moral para exigir que se paguen las deudas: Wulfrano Salgado

El presidente del comité del PRD municipal, Wulfrano Salgado Romero, acusó a su homologo del PRI, Fermín Alvarado Arroyo, de no tener calidad moral para andar exigiendo que se paguen las deudas, pues no se debe olvidar que él fue director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) y la hizo la caja chica de su partido.
En conferencia de prensa en sus oficinas, donde estuvo acompañado por el secretario general Bulmaro Cabrera y el de Asuntos Electorales, Jesús Silva Hernández, Salgado Romero acusó al dirigente priísta en Acapulco de estarlos denostando como partido y a quien definió como “un personaje que no tiene calidad moral para hablar de honestidad, para estar hablando en contra de Evodio Velázquez”.
Según el perredista, Velázquez Aguirre ha estado innovando el municipio con obras importantes y “eso le molesta a Fermín, porque ve en Evodio Velázquez como una persona con mucha calidad moral, que se está manejando de forma transparente”.
Salgado Romero respondió al priísta, quien exigió que el alcalde pague las deudas que tiene el Ayuntamiento de administraciones pasadas y no haga obras de proyectos que ya están etiquetados, como es el Cristo o la ciclopista.
Dijo que Fermín Alvarado no habla con claridad y no dice que las deudas no son de las administraciones anteriores, pues según él “los gobiernos que ha tenido el PRD no han dejado endeudado al ayuntamiento ni la sociedad, empezando desde que fuimos gobierno por primera vez con Zeferino Torreblanca, que pagó una deuda que había dejado Manuel Añorve cuando fue presidente interino, eso es lo que debería puntualizar Fermín Alvarado”.
Luego señaló el perredista, que Fermín Alvarado Arroyo no tiene calidad moral porque no se le debe olvidar que hay una deuda en CAPAMA que se viene arrastrando, antes de los gobiernos del PRD, pues fue la caja chica de los gobiernos priistas y Fermín Alvarado fue director y utilizaba los talleres de la paramunicipal para arreglar los carros del PRI, por lo que “no tiene calidad moral para estar hablando de honestidad”.
Señaló que el priísta debe hablar de lo que ha hecho su gobernador Héctor Astudillo, que prometió orden y paz, y todavía sigue esperando la población. Que los proyectos del Acabús y del macrotúnel fueron iniciados durante el gobierno del perredista Ángel Aguirre. Dijo que nada más quieren aclarar que el Ayuntamiento “está trabajando de manera transparente”.
Mientras que el secretario del partido, Bulmaro Cabrera Roja, señaló que Fermín Alvarado se ha convertido un “protagonista   político” solamente porque sabe que en 2018 tienen un panorama muy complicado y quieran reconocer o no “les va pegar o ya les está pegando”. Ahí está el gazolinazo o la casa blanca.
Añadió que denostar el gobierno de Evodio Velázquez es una forma de Fermín Alvarado de poder llamar la atención; indicó que la gente no espera que se estén peleando como partidos políticos, pero “a Fermín le gusta, le agrada llamar la atención de esa manera; el PRI está desesperado busca atraer la atención”.

Transparencia y justicia pueden revertir los efectos de la inseguridad, señalan expertos

Se pueden revertir los efectos de la inseguridad, siempre y cuando se reconozca que hay problemas, se abone a la transparencia y haya justicia, coincidieron especialistas que participaron en el foro Seguridad Ciudadana, en el salón El Faro del hotel Elcano.
La académica de la Universidad de Santiago de Chile, Lucía Dammert, advirtió que lo que ocurre en México y en Acapulco es “una situación totalmente anormal” pues señaló que el resolver temas criminales con homicidios no es cotidiano y advirtió que eso sólo agrava el problema de origen, que son la desigualdad y la impunidad.
¿Es posible vencer la criminalidad en Guerrero y en Acapulco? fue el la pregunta que abordó el foro Seguridad Ciudadana, y que fue moderado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja.
Al responder, la representante en América Latina en el Consejo Asesor en Temas de Desarme del Secretario General de Naciones Unidas, Lucía Dammert, señaló que se puede enfrentar la criminalidad común, pero requiere reconocer el problema 100 por ciento.
“La seguridad es parte de un desarrollo sustentable. Requiere que todos nosotros conozcamos nuestro rol en el problema. Se puede avanzar en la lucha contra la criminalidad cotidiana y hay que empezar con programas de políticas sociales, porque si en un lugar no hay trabajo, no hay condiciones de vida, no hay ocupación. Pero si hablamos del crimen organizado, las estrategias son de mediano y de largo plazo”, advirtió.
La especialista convocó a establecer “rutas de alianzas a largo plazo” entre los diferentes actores políticos y sociales, y abonar a los niveles de transparencia.
La académica presentó su ponencia Lecciones aprendidas en la lucha contra el crimen: aprendizaje para México, en la cual advirtió que la repetición de modelos “exitosos” en otros países no garantiza buenos resultados para otros donde se apliquen, pues cada país, cada comunidad tiene particularidades y requerimientos propios.
El profesor emérito de la Universidad de Georgetown, John Bailey, afirmó que “si vencer la criminalidad significa reducir violencia y controlar algunas de las prácticas de la impunidad, es posible bajar el nivel de violencia. Es posible bajar el nivel de violencia, es posible bajar las prácticas más violentas”.
Aseguró que es posible remediar y aminorar, controlar incluso “ciertos síntomas” del crimen común y del crimen organizado.
En la tesis de su participación Rutas de escape de las trampas de la seguridad en México, el especialista estadunidense dijo que primero se debe estudiar “a fondo” cuáles son los fenómenos y cómo funcionan, pues con ese tipo de conocimientos se puede comenzar a proponer nuevas claves para que un gobernante tome decisiones.
“Lo más importante es que hubiera un pacto político entre los niveles de gobierno, para hacer frente a ciertos aspectos de la crimi nalidad, hay que escoger y documentar, pero si no hay ese tipo de pactos ni esa planeación, hay que buscar anticuerpos que permitan aminorar o controlar (la criminalidad), aunque los resultados estuvieran en el mediano y en el largo plazo, pero hay que comenzar”, advirtió.
En el foro estuvieron el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto; la diputada local Magdalena Camacho Díaz; el delegado de la dirigencia nacional de MC, Adrián Wences Carrasco; así como los integrantes de Consejo Ciudadano de Acapulco; el presidente de hoteleros, Jorge Laurel; representantes empresarios, asociaciones civiles y ex funcionarios del gobierno municipal afines a movimiento ciudadano y que tuvieron cargos cuando Luis Walton fue presidente municipal de Acapulco.
El diputado Ricardo Mejía dijo que con el foro se busca visibilizar el problema de inseguridad, pero también construir alternativas y caminos para “extirpar el cáncer que está asfixiando a los guerrerenses”.
“Lo vamos a seguir desde el Congreso, desde la Comisión de Seguridad Pública, haciéndola nuestra agenda, pero también la ciudadanía, las cámaras, que vayamos juntos más allá de colores partidistas, porque esta agenda es para recuperar la seguridad en Guerrero”, aseguró.

Son la “nueva zanahoria del desarrollo” las zonas económicas especiales, advierte Carlos Fazio

El politólogo y periodista Carlos Fazio advirtió que la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, para la creación de cinco zonas económicas especiales en estados del sureste del país, es la “nueva zanahoria del desarrollo” del Tratado de Libre Comercio, que incluye al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con los municipios aledaños de la Costa Grande y de la Sierra de Guerrero.
Invitado como ponente del tercero y último día del coloquio Violencias y Alternativas, organizado por la maestría de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), indicó que el turismo es uno de los ejes de la iniciativa de zonas económicas especiales, que implican situaciones de excepción para los inversionistas, no así la minería.
Sin embargo, opinó que la extracción de minerales y tal vez algunas agroindustrias, serán los principales temas concesión en Guerrero.
La iniciativa dice que las zonas especiales se instalarán en los estados con menor desarrollo humano, y Fazio subrayó que son territorios con mucha conflictividad y donde hay fuerza social organizada, “podemos prever que los lugares donde van a instalarse las corporaciones habrá resistencias”.
En este sentido, señaló que la propuesta incluyó la posibilidad de que estas zonas especiales tengan su propia seguridad privada, al margen del Estado, pero el ejecutivo también está tratando de adecuar la legislación, con una propuesta de Ley de Seguridad Interior, para que la fuerzas armadas, la Gendarmería, las policías estatales y municipales “sirvan como guardianes de las corporaciones frente a resistencia de los pueblos”.
Recordó en la entidad hay muchas poblaciones campesinas e indígenas bajo el régimen de propiedad ejidal, y comunidades que se rigen por usos y costumbres, que pueden negarse a la exploración o explotación de oro, plata o zinc, pero añadió que hay una ley que prioriza “por razones de utilidad pública”, a las corporaciones sobre la propiedad privada o comunitaria de quienes la habita.
En este tenor, señaló que las autoridades intuyen que la creación de zonas económicas especiales va a generar conflicto, por eso insisten en la aprobación de la Ley de seguridad interior, que legaliza la actuación de la fuerzas armadas en las calles, no obstante que hace 11 años están en la estrategia de guerra contra el narcotráfico.
Sin embargo, aclaró que la legalización de leyes de excepción con la de Seguridad Interior, va a perpetuar la impunidad de los crímenes de estado hechos por las fuerzas armadas en la última década.
Indicó que el caso más visible es el asesinato de tres estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y la desaparición forzada de 43 en Iguala, y hay otros: la ejecución extrajudicial de 22 jóvenes en Tlatlaya, en los límites del Estado de México con Guerrero, Tanhuato y Apatzingán que configuran graves violaciones a los derechos humanos, y que están bajo la lupa de organismos internacionales como la ONU, y si no se captura a los responsables, “la impunidad seguirá siendo un factor de que se repita este fenómeno”.
En este escenario, indicó que no todo está perdido, pues hay personas tratando de transformar la realidad. Destacó que académicos y sociedad civil lograron revertir en el anterior periodo de sesiones en el Congreso la Ley de seguridad interior, “si pasa eso ya tienen todo el entramado para implementar el Estado de excepción”.
Asimismo, señaló el proceso autonómico de los zapatistas organizados en gobiernos que denominaron Caracoles, pero esta forma de organización comenzó en la región purépecha de Michoacán.
Consideró que se debe trabajar mucho en la construcción de ciudadanía, hasta tener “gente consciente que permita transformar de raíz”.

En este sexenio no se resolverá el caso Ayotzinapa sino en el siguiente, dice consejera de la CNDH

La integrante del consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María Ampudia González dijo que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa destapó los genocidios del país, donde miles de personas han denunciado la desaparición de algún familiar y se han encontrado fosas con cientos de cadáveres.
Advirtió que en este sexenio no se va saber la verdad de lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, porque eso implicaría que el gobierno federal reconoce que ha fallado, pero se tiene que trabajar para obligar a los políticos a que digan la verdad, “porque tenemos derecho a ello, porque es lo único que nos da paz”.
Consultada al término de una conferencia de la organizacio?n Mujeres de Hierro en Acapulco para convocar a las mujeres a hablar del empoderamiento y la importancia del voto en el 2018, añadió que la oportunidad de regresar a la paz es realmente saber cómo acontecieron los ataques.
La consejera estuvo en Acapulco junto a la fundadora de la organización Mujeres de Hierro, Lorena Villavicencio, para un encuentro con unas 50 mujeres, donde se informó que van a apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador para el 2018m y necesitan juntar 3 millones de votos.
A pregunta expresa sobre el caso Ayotzinapa, Ampudio González dijo que era un tema muy delicado al que calificó como un crimen de lesa humanidad.
Mencionó que después de los ataques en Iguala a los estudiantes de Ayotzinapa se descubrieron cientos de miles de familias con parientes desaparecidos, y que gracias a Ayotzinapa se pudo descubrir las fosas por todo el país.
Subrayó, “no nos hagamos tontos, todo este tema tiene que ver con drogas, todo este tema tiene que ver con narcos, sabemos que en Guerrero se siembra la amapola”.
Indicó que no se quería meter en problemas, porque “tampoco tengo permiso de decir”, sobre el caso de los 43 normalistas.
Señaló que hay algo que se llama justicia restaurativa y que dice que las personas afectadas tienen derecho a saber la verdad de lo qué pasó, y no nada más eso, si no derecho a apoyo psicológico, pues el Estado está obligado a apoyar, aunque se tienen desaparecidos a casi 400 personas, pues “no hay manera de abarcar”.
La consejera dijo que lo más triste de lo que se vive en el país es “si hoy desaparezco voy a entrar a un paquete, voy a formar parte del paquete de desaparecidos, ya ni nombre voy a tener, para el gobierno es así”.
Indicó que al estar en contacto con familiares de personas desaparecidas ha visto el dolor en sus ojos, porque todos los días están esperando que su ser amado regrese.
Externó que como consejera no le toca hablar de la verdad del caso Ayotzinapa, “hay cámaras, hay fotos, hay gente que ha dicho lo que vio, no va pasar en este gobierno (saber la verdad) pero si va pasar en el siguiente gobierno”, que este gobierno no lo va aceptar jamás, porque en el momento que lo acepten, “para el ego que tienen los políticos de hoy, tienen que aceptar que fallaron”.

Noviembre por la paz

La conferencia fue para anunciar la actividad Noviembre por la paz, dijo que vendrán tres premios Nobel, durante tres semanas se hará un ejercicio con la sociedad donde la gente diga lo que le pasó, y después entregarlo al gobernador.
La fundadora de la organización Mujeres de Hierro, Lorena Villavicencio dijo que apuntalan las causas de todas las mujeres, no solo en el tema de la paz, también el derecho de las mujeres, y el gran problema que motivan la violencia es la impunidad en el país, el no respeto a la ley.
Indicó que el cambio empieza por una mismo, quieren que las mujeres tomen conciencia y que su reto es empoderarlas no sólo para que tengan mejores condiciones de vida, sino “para convertirnos el factor de cambio del país, cuando hablamos de votos no es para aprovechar este espacio para que ustedes tomen una decisión en un sentido u otro, sino para que se tome conciencia de que el instrumento de participación para la integración de los que van a gobernar es el voto”.
Consideró que el voto es la puerta de entrada para cambiar el país y que esa campaña a favor de la paz, es para que las mujeres asuman su responsabilidad.
Convocó a las presentes a hacer un ejército para lograr el cambio en el país, “se nos ha negado el cambio, necesitamos gobernantes que nos hagan valer la ley”.
Sobre su organización dijo que tienen cien integrantes y que para septiembre pretenden ser mil.
De los feminicidios, Lorena  Villavicencio dijo que están formando un frente nacional antifeminicidios, “vamos a levantar la voz y vamos hacer una exigencia fuerte al gobierno federal, porque no ha dado seguimiento al tema de los feminicidios en ningún estado”.
Señaló que no quieren ni una muerta más, y que van exigir al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que asuma su responsabilidad porque “es el que declara las alertas de género pero no les da seguimiento, se destinan recursos y no ha habido ningún resultado”.
Además a los municipios donde están las alertas de género, que tienen que decir qué hacen y dónde están los recursos, en qué han avanzado, “aunque evidentemente no han avanzado en nada porque se siguen dando”.

Preocupa a los padres de los 43 que se encubra a quienes intervinieron en los ataques de Iguala

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Desde que tomó el caso la Procuraduría General de la República (PGR) debió hacer el análisis de datos que hizo la agencia civil de investigación Forensic Arquitecture, a partir de estudios geográficos y pruebas públicas, que confirman la coordinación, colusión y omisión de autoridades de los tres niveles de gobierno en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa, recriminó el padre de uno de los 43 desaparecidos, Mario González Contreras.
Denunció que la mayor preocupación de los padres es que las autoridades sigan encubriendo a los funcionarios públicos que intervinieron en los hechos, porque hay avances sustantivos a casi tres años de los ataques.
Mencionó que de 180 detenidos por este proceso sólo 70 están acusados por hechos relacionados con sus hijos, pero no por desaparición forzada, sino por secuestro.
También denunció que las autoridades no han tocado a los policías municipales de Huitzuco ni a lo policías federales, implicados en la escena del crimen frente al Tribunal Superior de Justicia, de donde se llevaron a un grupo de los 43 desaparecidos.
Señaló que ningún juez quiere asumir el caso porque los obliga a ir a un juicio oral público, tal vez sin las pruebas apropiadas.
Ratificó que los padres no van a aceptar ninguna información oficial de la investigación sin respaldo científico, pues especialistas independientes confirmaron por enésima vez, con la propia información oficial, que los crímenes contra los normalistas en Iguala fueron cometidos por el Estado, no por criminales de una banda de narcotraficantes.
Lamentó la cerrazón del gobierno federal porque no ha desmentido ante la opinión pública la versión oficial del basurero de Cocula que sostuvo todo este tiempo, de que los estudiantes fueron cremados y las cenizas lanzadas a un río, lo que llamó “la verdad histórica”.
La agencia de investigación con base en Goldsmiths, Universidad de Londres, examinó las versiones públicas del expediente e informes derivados de la investigación de la PGR, los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y trabajos de periodistas como John Gibler, para diseñar una plataforma que permite relacionar múltiples piezas de evidencias, que revelan contradicciones entre diferentes declaraciones de presuntos implicados en los hechos, y muestran el nivel de colusión entre diferentes actores de gobierno que operaron en las escenas del crimen.
El jueves en conferencia de prensa en la Ciudad de México informó las conclusiones de su análisis, y está a disposición de la población el material digitalizado en un mapa interactivo de Iguala, en la página www.plataforma-ayotzinapa.org.
Pese a que no había pruebas científicas que permitieran verificar la veracidad de la tesis del basurero de Cocula, el cruce la telefonía celular que se presenta derriba por completo los testimonios que sostenían esa versión.
El señor Mario González aclaró que los padres han accedido a muchos datos en decenas de reuniones con las autoridades, y ningún especialista del gobierno fue capaz de hacer cruces de información para definir el paradero de sus hijos, “porque la PGR no quiere decir que los tres niveles de gobierno están involucrados, como lo hemos gritado todo este tiempo”.
Con este material, indicó, son claros todos los elementos que se tienen y a los que se puede recurrir para resolver el caso.
Mencionó que seis cámaras de circuito cerrado del Palacio de Justicia se perdieron en algún lado, sin que haya ningún responsable de la evidencia, y que el trabajador del poder Judicial que observó el material videográfico no fue llamado a declarar.
Afirmó que con lo que se tiene es posible avanzar, pero en el análisis de la telefonía hay temas que la Oficina de Investigación del caso Ayotzinapa se negó a hacer, y es investigar la comunicación telefónica de todos los políticos al mando de los tres poderes de gobierno, los principales mandos policiacos y militares en la zona la noche de los ataques y los días siguientes.
Destacó el trabajo de la agencia civil de investigación, porque la investigación científica con respaldo de la tecnología, “nos abre más el panorama, desgraciadamente la PGR no ha hecho su trabajo, por cerrazón o encubrimiento”.

Preocupa a los padres de los 43 que se encubra a quienes intervinieron en los ataques de Iguala

Desde que tomó el caso la Procuraduría General de la República (PGR) debió hacer el análisis de datos que hizo la agencia civil de investigación Forensic Arquitecture, a partir de estudios geográficos y pruebas públicas, que confirman la coordinación, colusión y omisión de autoridades de los tres niveles de gobierno en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa, recriminó el padre de uno de los 43 desaparecidos, Mario González Contreras.
Denunció que la mayor preocupación de los padres es que las autoridades sigan encubriendo a los funcionarios públicos que intervinieron en los hechos, porque hay avances sustantivos a casi tres años de los ataques.
Mencionó que de 180 detenidos por este proceso sólo 70 están acusados por hechos relacionados con sus hijos, pero no por desaparición forzada, sino por secuestro.
También denunció que las autoridades no han tocado a los policías municipales de Huitzuco ni a lo policías federales, implicados en la escena del crimen frente al Tribunal Superior de Justicia, de donde se llevaron a un grupo de los 43 desaparecidos.
Señaló que ningún juez quiere asumir el caso porque los obliga a ir a un juicio oral público, tal vez sin las pruebas apropiadas.
Ratificó que los padres no van a aceptar ninguna información oficial de la investigación sin respaldo científico, pues especialistas independientes confirmaron por enésima vez, con la propia información oficial, que los crímenes contra los normalistas en Iguala fueron cometidos por el Estado, no por criminales de una banda de narcotraficantes.
Lamentó la cerrazón del gobierno federal porque no ha desmentido ante la opinión pública la versión oficial del basurero de Cocula que sostuvo todo este tiempo, de que los estudiantes fueron cremados y las cenizas lanzadas a un río, lo que llamó “la verdad histórica”.
La agencia de investigación con base en Goldsmiths, Universidad de Londres, examinó las versiones públicas del expediente e informes derivados de la investigación de la PGR, los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y trabajos de periodistas como John Gibler, para diseñar una plataforma que permite relacionar múltiples piezas de evidencias, que revelan contradicciones entre diferentes declaraciones de presuntos implicados en los hechos, y muestran el nivel de colusión entre diferentes actores de gobierno que operaron en las escenas del crimen.
El jueves en conferencia de prensa en la Ciudad de México informó las conclusiones de su análisis, y está a disposición de la población el material digitalizado en un mapa interactivo de Iguala, en la página www.plataforma-ayotzinapa.org.
Pese a que no había pruebas científicas que permitieran verificar la veracidad de la tesis del basurero de Cocula, el cruce la telefonía celular que se presenta derriba por completo los testimonios que sostenían esa versión.
El señor Mario González aclaró que los padres han accedido a muchos datos en decenas de reuniones con las autoridades, y ningún especialista del gobierno fue capaz de hacer cruces de información para definir el paradero de sus hijos, “porque la PGR no quiere decir que los tres niveles de gobierno están involucrados, como lo hemos gritado todo este tiempo”.
Con este material, indicó, son claros todos los elementos que se tienen y a los que se puede recurrir para resolver el caso.
Mencionó que seis cámaras de circuito cerrado del Palacio de Justicia se perdieron en algún lado, sin que haya ningún responsable de la evidencia, y que el trabajador del poder Judicial que observó el material videográfico no fue llamado a declarar.
Afirmó que con lo que se tiene es posible avanzar, pero en el análisis de la telefonía hay temas que la Oficina de Investigación del caso Ayotzinapa se negó a hacer, y es investigar la comunicación telefónica de todos los políticos al mando de los tres poderes de gobierno, los principales mandos policiacos y militares en la zona la noche de los ataques y los días siguientes.
Destacó el trabajo de la agencia civil de investigación, porque la investigación científica con respaldo de la tecnología, “nos abre más el panorama, desgraciadamente la PGR no ha hecho su trabajo, por cerrazón o encubrimiento”.