La mañan de ayer un maestro de 28 años fue asesinado por hombres armados en su casa en Ometepec.
Fuentes oficiales informaron que el hecho ocurrió a las 7 de la mañana en el fraccionamiento Villas Tamarindos.
El maestro se llamaba Margarito y daba clases en la primaria Silvino Añorve del vecino municipio de Cuajinicuilapa.
Las autoridades indicaron que el maestro recibió dos impactos de bala calibre .380 en el pecho. (Jacob Morales).

 

En El Papagayo, municipio de Juan R. Escudero, las 34 familias que en septiembre del 2013 perdieron todo, casas, muebles y aparatos electrodomésticos ante las tormentas Manuel e Ingrid, siguen en espera del apoyo del gobierno.
A cuatro años de ocurrido el meteoro, ni siquiera les han dado la casa que les prometieron. El presupuesto que destinó el gobierno federal para la construcción de sus casas se esfumó entre la corrupción de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencia federal encargada de las obras, y la empresa constructora, según la denuncia de los damnificados.
Recargada en el marco de la puerta de una casa provisional, construida con tablas viejas, techo de lámina galvanizada y piso de tierra, doña Josefina Calvario, una mujer de 75 años, dice que cuatro años después de que perdió su casa y todo lo que tenía, del gobierno sólo ha recibido promesas y engaños.
“Nos construyeron acá arriba unas casas, después dijeron que se quemaron y ahora dicen que las están construyendo otra vez en Tierra Colorada (la cabecera municipal). Yo, la verdad, no sé, no voy a las reuniones porque estoy ciega, van mis hijas. La verdad, no creo que vaya algún día a tener mi casa nueva, ya pasó mucho tiempo”, lamenta.
Josefina es parte de 34 familias que durante las tormentas Manuel e Ingrid lo perdieron todo, y cuatro años después nada ha repuesto.
Vive en un jacal improvisado de unos 3 metros cuadrados y apenas cuenta con una hornilla de tierra en la esquina de su casa, en la que hace de comer, “a nosotros no nos dieron ni siquiera la tarjeta para aparatos eléctricos que dicen que les dieron a muchas familias”, se queja.
En El Papagayo, municipio de Juan R. Escudero, la constructora Materiales Elementales, que contrató la Sedatu para hacer las viviendas de los damnificados, hizo un fraccionamiento con viviendas que después fueron clausuradas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por haber sido levantadas en un terreno inestable no apto para vivir. También la Secretaría de Protección Civil dictaminó que las viviendas eran inhabitables por deficiencias técnicas.
En abril pasado un incendio consumió 25 de las 29 viviendas, tres más fueron derrumbadas por los propios vecinos, y actualmente sólo una queda en pie. Las viviendas habían sido construidas sobre pilotes de madera, y al caminar en su interior se balanceaban “como si fueran hamacas”, cuenta un vecino.
Antes de que las viviendas terminaran de construirse, los pilotes que las sostenían comenzaban a podrirse. Actualmente en los alrededores la maleza ha crecido y ha cubierto los desechos de las viviendas derrumbadas.

A tres meses de que comenzó la obra en Tierra Colorada, han terminado el 90% de 10 casas

El viernes pasado, el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello informó en una entrevista para El Sur que en este fraccionamiento se obligó a la constructora a “reconstruir lo reconstruido”, y que las 29 casas (34 según los damnificados) se construyen en otro sitio.
Las nuevas casas se construyen al sur de Tierra Colorada, la cabecera municipal. Sin embargo, según los damnificados, el delegado Armenta Tello les prometió que se las entregarían en el próximo diciembre, pero actualmente, a tres meses que comenzó la obra solamente han terminado en un 90 por ciento 10 casas.
Los trabajos van lentos porque, según cuenta el ingeniero encargado de la obra, la dependencia federal va entregando los recursos “a cuenta gotas”, así se los ha dicho a las familias damnificadas, a las que les ha recomendado que presionen, que protesten, que tomen la dependencia y que exijan la autorización oportuna de los recursos para que los trabajos avancen con más rapidez, “lo que indica que no es la constructora la que está resarciendo los recursos, sino que es la Sedatu la que está pagando los trabajos de la nueva obra”, dice Joaquín Guzmán, uno de los damnificados.
Por lo pronto, doña Josefina, expresa resignada que, “seguramente nos vamos a pasar otro años más de lluvias aquí, y será lo que Dios quiera. Nos dijeron que nos iban a dar nuevas casas en buenas condiciones, pero mire, ahí están sus buenas condiciones, ponga usted que no hubieran sido buenas, pero cuando menos no hubieran sido de esas”, dijo en referencia a las primeras casas que rechazaron por inestables y que ya no existen.
La mujer dice que hubiera preferido una casa de horcones, “como las que usamos nosotros, para que nos hubieran sacado de aquí; pero no, todo fue un engaño”.
Maribel Nava Sánchez es otra damnificada, y es vecina de doña Josefina. Las dos viven en la entrada de El Papagayo, en donde el 14 y 15 de septiembre sufrieron el embate de dos caudales de agua, el del río Papagayo y el de una barranca paralela, que al unirse formaron una represa e inundaron siete casas, entre ellas la de Maribel y la de doña Josefina.
Este martes, doña Maribel muestra su casa improvisada y vacía en la que vive temporalmente. Dice que a cuatro años de la tragedia no ha podido reponer sus muebles y aparatos, y su esposo y familiares sólo desazolvaron su vivienda que estaba cubierta totalmente de lodo.
“Así, como estamos ahorita, ya llevamos mucho tiempo, todavía no tenemos nada seguro, aparte de eso, nos dicen que solamente van a construir 29 casas. Yo soy una de las cinco familias que no sé si vamos a recibir”, se queja.
Cuenta que las llevan con engaños desde que construyeron las primeras 29 viviendas que rechazaron por inestables y que se quemaron. Dice que ahora, con el nuevo proyecto siguen igual, y que el delegado Armenta Tello y el comisario Pantaleón Mesino Flores les dicen que sí se van a construir las 34 casas, pero el ingeniero encargado de la obra les ha dicho que le autorizaron presupuesto sólo para 29.
“A nosotros nomás nos dicen que al último, que al último, y así nos llevan, y la verdad, mi casa fue la más dañada de todas, pero me están dejando fuera”, reclama.
Junto con doña Maribel Nava, también están en la incertidumbre de si recibirán o no sus casas, Julián Barrera Barrientos, Jenifer Contreras Rivera y Carmelo Mesino Ríos.
Los cinco denunciaron que sólo han venido recibiendo informaciones contradictorias, porque el comisario les dice que sí se van a construir las 34 casas, pero el ingeniero encargado de la obra les dice que no, y que vayan a reclamarle al delegado de la Sedatu.
“Mire, esa que está allá es mi casa, está toda quebrada y estrellada, si vuelve una tragedia como la de hace cuatro años, se va toda”, dice mostrando una casa que luce abandonada, sin muebles ni aparatos en su interior. Explica que hace cuatro años fue totalmente sepultada de agua y lodo, y que durante varios días tuvieron que desazolvarla porque no tenía a dónde ir a vivir con su familia.
“Llevamos cuatro años con miedo, sentimos que en cualquier momento nos puede tocar una tragedia igual, por eso queremos que el gobierno nos eche la mano, de verdad y bien, porque ya lo esperamos mucho tiempo y nomás no nos hace caso”.
Reconoció que, a diferencia de las casas que les construyeron en El Papagayo y que rechazaron, las que se están haciendo ahora en la orilla de Tierra Colorada, “se ve que sí están bien hechas, para qué vamos a hablar mal, el problema es que no hay avance, ya esperamos mucho tiempo y nomás vemos que no, no sé hasta cuándo vamos a esperar”.
Otra vecina damnificada de El Papagayo, Anayeli Nava Sánchez dice que, “a veces pensamos que ya no nos van a entregar nuestras casas, porque ya pasó mucho tiempo y la nueva obra va muy lenta, ya llevan varios meses y van cuatro años de que pasó el desastre y siempre así nos llevan, nos hicieron primero una casas, resulta que después se quemaron y nos cambiaron de lugar, pero allá van muy lentas”, se quejó.
Cuenta que desde hace cuatro años no han podido vivir tranquilos, “siempre vivimos con el temor de que se vuelva a repetir la tragedia, en cualquier ratito se pueden volver a inundar nuestras casas, lo pensamos porque tenemos familia, tenemos hijos, están chiquitos”, dice.
Por su parte, el vecino Abraham Nava de la Cruz, que desde que ocurrieron las tormentas en 2013 salió del pueblo y está rentando una casa en Tierra Colorada, cuenta que se hubiera quedado y, como su padre que también perdió su casa pero la reconstruyó, hubiera reconstruido aunque sea una provisional.
El hombre de unos 75 años, señala que lo que viven en El Papagayo es una muestra de la simulación, el engaño, la corrupción y la complicidad de las autoridades con las constructoras que vinieron a hacer de la tragedia de los damnificados un negocio.
“Imagínese usted, la empresa que defraudó con las casas inservibles y que se quemaron, es la misma que está construyendo las nuevas casas en Tierra Colorada, y no con sus recursos, sino con los que le está volviendo a dar la Sedatu, eso nos consta porque el mismo ingeniero nos ha dicho que los trabajos van lentos porque le van autorizando dinero de una casa”.
El nuevo fraccionamiento que construye Materiales Elementales está a orillas de Tierra Colorada, en la carretera hacia Ayutla, entre el Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario (Cebeta) y el centro de salud, donde desde junio, cuando comenzaron los trabajos, se han construido 10 casas, a pesar de que la Sedatu se comprometió a que en diciembre serían entregadas las 29 viviendas, no 34 que son los censados con pérdida total de sus viviendas.

 

Un diagnóstico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, revela que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no construyó al menos 2 mil 200 viviendas de 201 pueblos, en 15 municipios de la región de la Montaña, a pasar de que fueron censadas tras los daños provocados por las tormentas Manuel e Ingrid en 2013.
La evaluación destaca que, a cuatro años de la catástrofe, hay al menos una obra que no fue realizada en cada comunidad, a pesar de que fueron consideradas dentro del Plan Nuevo Guerrero, para el cual el gobierno federal destinó 27 mil millones de pesos.
Desde 2013, cuando el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña solicitó el acompañamiento de Tlachinollan, el organismo documentó daños en escuelas, clínicas o casas de salud, afectaciones en sistemas de redes de agua potable, puentes colgantes, comisarías o delegaciones, cultivos y, obviamente, afectaciones totales o parciales en viviendas.
Para Martha Ramírez, encargada de asesorar al Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña por parte de Tlachinollan, lo que más preocupa al organismo es el asunto de la vivienda, “éste es un rubro que el Consejo de Comunidades ha tenido como bandera porque, aparte del trabajo que realizaron las distintas dependencias del gobierno desde el 2013 y 2014, no se registró todo el daño”.
Contó que, incluso, el Consejo hizo un censo independiente y reportó al gobierno federal 4 mil 351 viviendas que encontraron con algún tipo de daño. Presentaron los resultados de su censo en septiembre de 2014 al entonces titular de la Sedatu, Carlos Ramírez Marín, quien reconoció que, incluso, el de la dependencia contaba con “inconsistencias”.
Posteriormente, la Sedatu hizo una revisión de campo que le llevó más de seis meses para depurar la lista, y la delegación ya a cargo de José Manuel Armenta Tello, admitió daños en 2 mil 200 viviendas de las 4 mil 351 que reportó el Consejo y que requerían reparación.
El Consejo refutó la cifra e insistió en que cuando menos 2 mil 900 casas sí necesitaban una reparación total y unas mil 200 requerían reparaciones mínimas, como compostura de techos, reparación de fisuras.
Marta Ramírez aseguró que la Sedatu aceptó este diagnóstico todavía en junio de 2016, “incluso en las reuniones que ha tenido el Consejo de Comunidades Damnificadas con el entonces subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, la delegación de Sedatu aceptó estos daños”, dijo.
Antes, en 2015, en reuniones con el ahora ex delegado de la Sedatu, Héctor Vicario Castrejón, quien está inhabilitado por 10 años de la función pública por negligencia administrativa, admitió que había muchos daños en las comunidades que no se habían reparado; pero cuatro años después, ni siquiera las 2 mil 200 reconocidas originalmente por la dependencia federal se han hecho.

Incluyen obras que quedaron inconclusas

En el diagnóstico de la organización de derechos humanos, también se enlistan obras de infraestructura social que fueron reconstruidas, pero no en su totalidad.
Martha Ramírez citó el caso de Zontecomapa, municipio de Acatepec, que sufrió daño total y donde quedó inconclusa la reconstrucción de la escuela secundaria y el centro de salud.
Otro caso emblemático es el de la cabecera municipal de Tlacoapa, que tuvo que esperar tres años para que le construyeran su puente y un hospital comunitario. El puente fue entregado en noviembre del año pasado, y el hospital comunitario el mes pasado, después de casi cuatro años de ocurridos los daños, a pesar de que la ex secretaria de Desarrollo Social, y ahora de Sedatu, Rosario Robles, fue en dos ocasiones y prometió públicamente que Tlacoapa tendría que ser reconstruido totalmente antes de 2014.
Pero cuatro años después la reconstrucción no se ha terminado, pues según Martha Ramírez el hospital sigue inconcluso y los pobladores reciben atención médica en las instalaciones del comisariado de Bienes Comunales.
Otro ejemplo del incumplimiento de la reconstrucción, es el de la comunidad de Valle Hermoso, municipio de Metlatónoc, en donde además de los daños de la tormenta, hubo un conflicto agrario con Jicayán de Tovar, municipio de Tlacoachistlahuaca. El conflicto ha sido usado como pretexto para no repararles un puente que fue destruido en su totalidad durante las lluvias de septiembre de 2013.
Martha Ramírez informó que después de las recientes lluvias, los pobladores viven prácticamente encerrados en su comunidad “porque ya es imposible cruzar el río, y siguen sin puente”.
Cerca de ahí está la comunidad de Llanos de Tepehuaje, ubicada en una zona agrícola donde las lluvias de Ingrid y Manuel destruyeron todos sus cultivos, pero ninguna secretaría estatal o federal, “le han apostado a esta comunidad para reconstruir la zona afectada, y los campesinos sigan viviendo de la agricultura”.
Asimismo, en la comunidad de Unión de las Peras, municipio de Malinaltepec, que debió ser reubicada totalmente, no se ha terminado la reconstrucción.
En La Ciénega, también en Malinaltepec, las empresas solamente llevaron el material para la reconstrucción de viviendas y lo almacenaron, pero no lo utilizaron y se echó a perder en su totalidad, mientras que las casas no se han terminado de reconstruir.
En Tlacoapa, un grupo de familias que vivían a orillas de un río fue reubicado y se creó una pequeña colonia, pero no se ha terminado la reconstrucción de sus viviendas.
La representante de Tlachinollan informó que ahí, a principios de este año llegó una empresa, supuestamente para terminar las casas, después el personal se fue y la obra sigue abandonada.

La reconstrucción de viviendas “se puede considerar que está en ceros”, señala

“Ese es el mismo patrón que existe en todas las comunidades de la Montaña. Lo que es el tema de vivienda, puentes, escuelas, fue sólo un engaño del Plan Nuevo Guerrero, y en el caso de vivienda se puede considerar que está en ceros porque no hubo realmente una reconstrucción”, insistió Martha Ramírez.
Contó que desde el inicio, cuando menos en la Montaña, se vivió una confusión con respecto a la dependencia que se encargaría de la reconstrucción, puesto que llegaron a las comunidades representantes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur) y de la Sedatu, sólo para levantar el censo, “pero a la mera hora ninguna de esas dependencias respondió”, se quejó Martha Ramírez.
Por ejemplo en la comunidad de Zontecomapa, quien censó fue la Sedesol, y trabajadores de esta dependencia federal entregaron a las familias un folio color rosa; les dijeron a las familias damnificadas que todos los que tuvieran ese folio tendrían segura su reconstrucción. Incluso a muchas familias les otorgaron un bono para que limpiaran y acondicionaran el terreno donde perdieron sus viviendas para que les construyeran allí la nueva, pero cuatro años después, ni la Sedesol ni la Sedatu han construido sus casas. El argumento de la segunda dependencia es que el folio color rosa no era garantía de la reconstrucción de sus viviendas, sino que solamente indicaba que la comunidad fue registrada en el censo.
“Cuatro años después pareciera que la reconstrucción de la vivienda sólo fue el mercado principal para las grandes constructoras”, dijo Martha Ramírez, quien denunció que cuando menos en esa región no llegaron más que minucias de los 37 mil millones de pesos que anunció de inversión el gobierno federal para la reconstrucción dentro del Plan Nuevo Guerrero.

 

 

 

En 14 pueblos del ejido de Buena Vista, del municipio de San Luis Acatlán, colindante con Metlatónoc, en la Costa-Montaña, los campesinos perdieron la totalidad de sus cultivos de maíz por exceso de lluvia en los primeros días de septiembre, informó el abogado de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Manuel Vázquez Quintero.
Vía telefónica, indicó que técnicos de una aseguradora de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) hicieron el lunes y martes un recorrido en las comunidades para evaluar la situación de las parcelas, donde el exceso de agua causó que las plantas de maíz, ya crecidas y con mazorcas, comenzaran a secarse, y los frutos se están pudrieron.
Aclaró que aún no hay estimaciones de las afectaciones en cuanto a número de hectáreas o productores, porque cuando notaron que las plantas comenzaron a ponerse amarillas, algunos vecinos solicitaron a los comisarios de Buena Vista y de Río Huapa, levantar un censo de 200 afectados, pero muchos que esperaban salvar sus siembras no se anotaron en la relación.
Vázquez Quintero dijo que, en la visita, los técnicos de la aseguradora explicaron que el exceso de agua pudo generar la proliferación de una plaga que dañó los sembradíos, y que aún debe ser verificada con análisis de laboratorio, pero previeron que la tierra ya no podrá utilizarse para sembrar maíz en cinco o hasta 10 años.
Señaló que en el ejido hay un registro de más de 2 mil productores, entre mujeres y hombres de 14 localidades que conforman el núcleo agrario, y todas resultaron afectadas por la plaga.
Los pueblos son Río Huapa, Arroyo Faisán, Hoja de Venado, Colonia Guadalupe, Buena Vista, Jicamaltepec de la Montaña, Cerro Zapote, Coyul Chiquito, Hondura de Tigre, La Parota, Cerro Cantón, La Lima y Llano Guaje.

 

 

 

Damnificados por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel que azotaron a la entidad en 2013, de Chicahuales, El Fresno y Azinyahualco municipio de Chilpancingo, y de Balsamar, Leonardo Bravo, se quejaron de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no los ha reubicado.
Ayer acudieron a la dependencia a solicitar los dictámenes técnicos de sus comunidades para poder interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero se los negaron.
En consulta telefónica el integrante de la organización Pueblos Unidos por el Desarrollo Sustentable de la Sierra de Guerrero (Puedes), Damián García expuso que el delegado José Manuel Armenta Tello les ha dado largas.
Desde el año pasado no se ha tenido ningún avance de la reubicación de los pueblos, y la Sedatu culpa a las empresas constructoras que abandonaron el trabajo y no le dieron resultados a la gente, expuso.
“Pero ellos (la Sedatu) fueron quienes contrataron a la empresa, ni siquiera fue la gente quien los contactó, entonces los únicos responsables son ellos, en una reunión que tuvimos los pueblos hoy (ayer) acudimos a la Sedatu a solicitar el expediente técnico, porque el miércoles de la próxima semana vamos a presentar ante la Comisión de Derechos Humanos una queja por la violación a sus derechos”, refirió.
Agregó que hay un fondo para que ellos puedan ser beneficiados y reubicados por la situación en la que se encuentran, y que de acuerdo al tiempo cada vez causan más daños las tormentas y las lluvias.
Dijo que van a presentar la queja la próxima semana tres organizaciones en las que están agrupadas las localidades, la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Alcanos Unidos de Guerrero y Puedes.
Detalló que en Azinyahualco deben entregarse 120 viviendas, en Chicahuales 200, en Balzamar 150 y en El Fresno 50.
Las viviendas que trabajaron las constructoras no se terminaron, en algunas faltan escuelas, centros de salud y servicios públicos, y las de Chicahuales no se han empezado a construir, expuso Damián García.
La queja será en contra de la Sedatu, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), la Secretaría de Gobernación y la presidencia de la República, y si no prospera cada pueblo buscará ampararse, adelantó.
Reprochó que el delegado se fue a Oaxaca a apoyar a los damnificados por el reciente sismo de 8.2 grados, pero no atiende a los damnificados que van a cumplir cuatro años sin que les resuelvan el problema de sus viviendas.
“Primero que se resuelva la situación aquí, el estado ya lleva cuatro años y no se puede resolver, en lugar de que ande en otros estados tratando de resolver lo que no es de su estado”, reprochó.

 

 

El dirigente de los pescadores de la comunidad Petacalco del municipio de La Unión, Gilberto Barrera Reyes dio a conocer que de nueva cuenta el subsecretario de Gobernación federal, René Juárez Cisneros, pospuso la reunión que tendrían este miércoles en la Ciudad de México para conocer el resultado de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la denuncia que interpusieron en contra de la empresa Flensa SA de CV por el derrame de combustible que contaminó la zona de pesca en febrero de 2016.
Del 1º al 9 de septiembre pasado los pescadores encabezados por Barrera Reyes tomaron la caseta de cobro Feliciano de la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, esto en exigencia al gobierno federal y estatal de una reunión que se ha estado posponiendo desde antes de la temporada vacacional de verano para conocer qué tanto ha avanzado la PGR en la denuncia contra la compañía transportadora de combustible.
También aprovecharon para pedir que la empresa concesionaria de la autopista Siglo XX desista de la carpeta de investigación que abrieron en contra de tres líderes de los pescadores.
El sábado 9 de septiembre fue el último día que los pescadores acudieron a la caseta de cobro. En esa ocasión Gilberto Barrera declaró que se retiraban porque varios de sus compañeros estaban enfermándose de las vías respiratorias por exponerse a las altas temperaturas y a la lluvia, pero además porque aunque esperaban que el gobierno federal les hiciera llegar por escrito la convocatoria para asistir a la reunión del 13 de septiembre, una vez más decidieron confiar en la palabra del subsecretario René Juárez.
Ayer el dirigente lamentó que de nueva cuenta se haya pospuesto la reunión programada, “nos dijeron que no iban a poder atendernos porque estaban ocupados con el asunto del terremoto en Oaxaca y Chiapas y que allá andaban la mayoría de los funcionarios, que para la semana próxima sí nos van a recibir”.
A pregunta expresa, Barrera Reyes confió en que no se trate de una excusa más para darle largas a la petición de los pescadores, “ya muchas veces nos han dado atole con el dedo y sin embargo seguimos creyendo en la palabra de René Juárez porque lo consideramos nuestro amigo, al igual que al señor gobernador, Héctor Astudillo, con quien estamos agradecidos por haber autorizado el pago del estudio de impacto ambiental que demuestra que nuestra zona de pesca está muy contaminada por el derramamiento del combustóleo”.

 

Trabajadores del Sindicato Independiente del Ayuntamiento capitalino que cumplieron su tercer día de toma del Palacio municipal, bloquearon la mañana de ayer unas dos horas y media las avenidas Benito Juárez y Juan N. Álvarez, luego que el martes el alcalde priista, Marco Antonio Leyva informó que su gobierno levantó actas administrativas contra todos los integrantes del sindicato que se declararon en paro indefinido.
En la tarde, los inconformes nuevamente protestaron desde las 5:30 de la tarde. Por un lado, un grupo de mujeres protestó detrás de las vallas colocadas alrededor de la catedral, donde se entregó la presea Sentimientos de la Nación; mientras que los hombres bloquearon las avenidas Benito Juárez y Juan N. Álvarez, pese a la ligera lluvia.
Por tercer día consecutivo, los casi 600 integrantes de la sección 14 del Sindicato Independiente mantuvieron tomado el Palacio municipal, para exigir el pago de 200 mil pesos de seguros de vida, más 8 mil 500 pesos por gastos funerarios; el pago del bono del Día del Servidor Público, y el pago del adeudo al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos  del Estado de Guerrero (ISSSPEG), que asciende a más de 54 millones de pesos tan sólo del sindicato.
Hasta este miércoles, la única información que habían recibido del alcalde fue que se comenzarían a levantar actas administrativas, además de que habría despidos.

Leyva Mena y les pide que no protesten en la entrega de la medalla

Los inconformes contaron que Leyva Mena los amenazó con que si protestaban en el evento de entrega de la presea Sentimientos de la Nación, tendrían problemas.
Sin embargo, alrededor de las 5:30 de la tarde los trabajadores nuevamente bloquearon las avenidas e hicieron una colecta de dinero para exigir que sean atendidas sus demandas.
Las mujeres protestaron en las vallas laterales que rodearon la catedral, donde ingresaban los funcionarios que asistieron a la entrega de la presea y que estaban resguardadas por policías estatales y municipales, militares y socorristas de Protección Civil.
Algunas pancartas que portaron las mujeres decían, “Exigimos audiencia con el gobernador (Héctor Astudillo Flores)”, “Paga el ISSSPEG Marco Leyva”, “Necesitamos la intervención del H. Congreso del Estado “, y “Capacitación para trabajadores operativos”.
A la protesta se acercó el secretario general del Ayuntamiento, Jesús Vargas Vargas, quien prometió una audiencia nuevamente con el alcalde para continuar el diálogo.
A las 8 de la noche, los manifestantes se reunieron en las dos entradas del Palacio municipal para continuar su plantón, y advierten que mantendrán mientras no obtengan una respuesta a sus demandas. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Al menos 365 viviendas de las regiones Costa Grande, Acapulco y Costa Chica resultaron con inundaciones a causa del desbordamiento de ríos y arroyos tras las lluvias de la noche del martes y la madrugada de ayer.
Consultado alrededor de las 10 de la noche, el secretario de Protección Civil del estado, Marco César Mayares Salvador dio a conocer que el reporte preliminar que tenía en ese momento era que en todo el estado había entre 200 y 250 viviendas afectadas por las lluvias.
Las lluvias iniciadas por la inestabilidad 16-E provocaron que en la comunidad El Zapote, municipio de Acapulco, se inundaran 15 viviendas tras el desbordamiento del río. Ahí fueron rescatados seis integrantes de una familia, que habían quedado atrapados por la creciente, pero que no resultaron lesionados. A raíz del hecho, la Secretaría de Protección Civil estatal y autoridades municipales, hicieron un recorrido en el río La Sabana, e indicaron que incrementó su nivel, sin que esto fuera un riesgo para los vecinos de la zona.

Atoyac

Unas 80 viviendas están reportadas, de manera preliminar, como afectadas por inundaciones en Atoyac, 25 en Cacalutla, 25 en Alcholoa, 20 Zacualpan y 10 en El Humo, todas en la zona baja del municipio.
El coordinador de Protección Civil local, Irving Hernández Zamora dijo que las afectaciones fueron a causa de las fuertes lluvias de la noche del martes.
El arroyo el Cucaracho, en Alcholoa tomó por sorpresa a los vecinos, quienes no pudieron resguardar sus pertenencias; “salimos como pudimos y nos fuimos a dormir con familiares y vecinos, que sus casas son más seguras, nos tomó por sorpresa”, dijo un damnificado.
Los daños fueron en ropa, muebles y enseres domésticos, cuando dos arroyos del lugar se desbordaron hacia la calle metiéndose a las viviendas.
Se reportan afectaciones en 10 milpas de la zona y la muerte de dos caballos de carreta que fueron arrastrados por la creciente.
El funcionario municipal contó que, caminos de terracería de la zona serrana de Trincheras y la ruta Cerro Prieto-Quemado, están incomunicados, igual que el de Las Trincheras y San Martín y la ruta de El Huicon, que conecta con Zacualpan.
Señaló que árboles caídos sobre la carretera de El Paraíso fueron retirados para restablecer la vialidad.
En la ciudad de Atoyac, aun cuando se ha difundido en redes sociales que las lluvias continuarán hasta el 15 de septiembre, los vecinos continúan en la zona declarada como de alto riesgo en la colonia irregular Emiliano Zapata, frente a la prepa 22.
En Tecpan, Protección Civil local no reporta daños, mientras que en San Jerónimo 10 viviendas se inundaron en Hacienda de Cabañas y Las Tunas.

Benito Juárez

En la colonia Arenal 3 (Paco), del municipio de Benito Juárez, una vivienda asentado cerca de la desembocadura del río San Jerónimo resultó inundada con 30 centímetros de agua.
Ometepec

En Ometepec, las lluvias ocasionaron el incremento del nivel del río Santa Catarina, que dejó daños preliminares de al menos 32 viviendas inundadas y un centro de salud en la localidad Las Iguanas; mientras que en El Charco de la Puerta, el saldo preliminar es de 30 viviendas afectadas por las inundaciones.

Coyuca de Benítez

El desbordamiento de ríos tras las lluvias de la noche del martes y de ayer en el municipio de Coyuca de Benítez, dejó 217 casas inundadas de las comunidades de El Cayaco, Los Cimientos y San José Mogollón, de donde 14 familias, adultos y niños, fueron trasladados a un albergue del DIF municipal informó el director de Protección Civil, Víctor Manuel Heredia de los Santos.
Consultado respecto a las afectaciones por las lluvias, el director dijo que el nivel del río bajó y eso permitió acceder a la comunidad de San José Mogollón, donde hubo 39 casas afectadas, con perdida material.
Aunque en la mañana el funcionario dijo que eran 240 viviendas las afectadas según datos preliminares, a las 7 de la noche corrigió, y explicó que luego de un censo y la revisión de las viviendas, se contaron 217, en las tres comunidades, donde se pidió a la población estar al pendiente de las condiciones climáticas porque las lluvias continuarán.
Explicó que en el poblado El Cayaco, “el arroyo se desvió, entró a la población, lo que nunca había pasado, es la primera vez que sucede eso; ahí, en un censo que se hizo por parte del personal se contabilizaron 165 casas afectadas, y familias”.
Las familias en la comunidad, donde el agua llegó a 60 centímetros de profundidad, de acuerdo con el director, los habitantes no quisieron salir, esperaron a que el agua bajará y se quedaron en sus casas para hacer labores de limpieza.
“Los drenajes de la comunidad, en la medida que la gente los ha obstaculizado, provocan que no drene el agua de manera rápida, y ahorita se mantiene en un nivel bajo”, contó Heredia de los Santos, y reiteró que ahí “el arroyo se desvió de su cauce natural, e hizo que la comunidad tuvieran 60 centímetros de agua”.
Mientras que en la comunidad de Los Cimientos, el principal río del municipio inundó unas 100 casas del poblado, de las cuales 13 resultaron con daños mayores, debido a que las viviendas eran de bajareques.
En las otras viviendas, “no paso a mayores, aunque se metió el agua en toda la comunidad; ahí la afectación fue a 13 familias, que se dañaron sus camas, electrodomésticos, porque sus casas eran de bajareques, madera, lodo al pasar el agua se lleva el material y esas son las afectaciones que tuvimos”.
Detalló que las familias fueron evacuadas y enviadas al albergue del DIF la noche del martes, pero la tarde de ayer, miércoles, regresaron a sus casas; “en el Cayaco no quisieron irse a los albergues”, al igual que en El Bejuco, donde hubo 10 casas inundadas, “pero nada relevante”.

La tarde de este miércoles, la depresión tropical 16 que causó inundaciones en 300 viviendas de las regiones de Costa Chica y Costa Grande, evolucionó a tormenta tropical Max.
La Secretaría de Protección Civil de Guerrero dio a conocer que a las 7 de la noche la tormenta tropical Max se localizaba a 170 kilómetros al sur de Zihuatanejo.
Se previeron para la noche del miércoles y madrugada del jueves tormentas intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en todo el estado, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado, por lo que se recomienda extremar medidas de precaución.
Se recomienda ubicar los refugios temporales más cercanos así como conocer las rutas de evacuación, preparar un botiquín de primeros auxilios y guardar documentos importantes en una bolsa de plástico.
En un comunicado de prensa publicado en la página oficial del gobierno del estado se pide a la población extremar precauciones en zonas de alto riesgo, principalmente en lugares cercanos a cauces de ríos y arroyos, escurrimientos pluviales, barrancas y laderas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 8 de la noche detalló que se esperan en la madrugada y la mañana del jueves tormentas intensas con puntuales torrenciales para Guerrero, muy fuertes con puntuales intensas en Michoacán y puntuales muy fuerte para Colima.
Se esperan oleajes de 3 a 4 metros de altura en las costas de Guerrero, y de 2 a 3 en Oaxaca y Michoacán. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

La mañana de ayer miércoles, el encargado de despacho de la Capitanía de Puerto en Zihuatanejo, Víctor Hugo Mendoza Otero informó que, debido a la formación de la depresión tropical 16-E, que horas más tarde evolucionó a la tormenta tropical Max, el puerto de Zihuatanejo fue cerrado a la navegación.
Explicó que el cierre del puerto es “debido a que el pronóstico indica potencial de lluvias muy fuertes a intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, aunado al incremento en el oleaje debido a efectos de mar de fondo”.
Luego, recomendó a la comunidad marítima tomar precauciones ante el estado del clima, asegurar sus embarcaciones, revisar cabos, grilletes y posible embarque de agua una vez que se presente la lluvia para evitar hundimientos y daños materiales, así como a estar pendientes de los avisos y boletines meteorológicos, y avisos de las autoridades. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).