Se pueden revertir los efectos de la inseguridad, siempre y cuando se reconozca que hay problemas, se abone a la transparencia y haya justicia, coincidieron especialistas que participaron en el foro Seguridad Ciudadana, en el salón El Faro del hotel Elcano.
La académica de la Universidad de Santiago de Chile, Lucía Dammert, advirtió que lo que ocurre en México y en Acapulco es “una situación totalmente anormal” pues señaló que el resolver temas criminales con homicidios no es cotidiano y advirtió que eso sólo agrava el problema de origen, que son la desigualdad y la impunidad.
¿Es posible vencer la criminalidad en Guerrero y en Acapulco? fue el la pregunta que abordó el foro Seguridad Ciudadana, y que fue moderado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja.
Al responder, la representante en América Latina en el Consejo Asesor en Temas de Desarme del Secretario General de Naciones Unidas, Lucía Dammert, señaló que se puede enfrentar la criminalidad común, pero requiere reconocer el problema 100 por ciento.
“La seguridad es parte de un desarrollo sustentable. Requiere que todos nosotros conozcamos nuestro rol en el problema. Se puede avanzar en la lucha contra la criminalidad cotidiana y hay que empezar con programas de políticas sociales, porque si en un lugar no hay trabajo, no hay condiciones de vida, no hay ocupación. Pero si hablamos del crimen organizado, las estrategias son de mediano y de largo plazo”, advirtió.
La especialista convocó a establecer “rutas de alianzas a largo plazo” entre los diferentes actores políticos y sociales, y abonar a los niveles de transparencia.
La académica presentó su ponencia Lecciones aprendidas en la lucha contra el crimen: aprendizaje para México, en la cual advirtió que la repetición de modelos “exitosos” en otros países no garantiza buenos resultados para otros donde se apliquen, pues cada país, cada comunidad tiene particularidades y requerimientos propios.
El profesor emérito de la Universidad de Georgetown, John Bailey, afirmó que “si vencer la criminalidad significa reducir violencia y controlar algunas de las prácticas de la impunidad, es posible bajar el nivel de violencia. Es posible bajar el nivel de violencia, es posible bajar las prácticas más violentas”.
Aseguró que es posible remediar y aminorar, controlar incluso “ciertos síntomas” del crimen común y del crimen organizado.
En la tesis de su participación Rutas de escape de las trampas de la seguridad en México, el especialista estadunidense dijo que primero se debe estudiar “a fondo” cuáles son los fenómenos y cómo funcionan, pues con ese tipo de conocimientos se puede comenzar a proponer nuevas claves para que un gobernante tome decisiones.
“Lo más importante es que hubiera un pacto político entre los niveles de gobierno, para hacer frente a ciertos aspectos de la crimi nalidad, hay que escoger y documentar, pero si no hay ese tipo de pactos ni esa planeación, hay que buscar anticuerpos que permitan aminorar o controlar (la criminalidad), aunque los resultados estuvieran en el mediano y en el largo plazo, pero hay que comenzar”, advirtió.
En el foro estuvieron el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto; la diputada local Magdalena Camacho Díaz; el delegado de la dirigencia nacional de MC, Adrián Wences Carrasco; así como los integrantes de Consejo Ciudadano de Acapulco; el presidente de hoteleros, Jorge Laurel; representantes empresarios, asociaciones civiles y ex funcionarios del gobierno municipal afines a movimiento ciudadano y que tuvieron cargos cuando Luis Walton fue presidente municipal de Acapulco.
El diputado Ricardo Mejía dijo que con el foro se busca visibilizar el problema de inseguridad, pero también construir alternativas y caminos para “extirpar el cáncer que está asfixiando a los guerrerenses”.
“Lo vamos a seguir desde el Congreso, desde la Comisión de Seguridad Pública, haciéndola nuestra agenda, pero también la ciudadanía, las cámaras, que vayamos juntos más allá de colores partidistas, porque esta agenda es para recuperar la seguridad en Guerrero”, aseguró.

La integrante del consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María Ampudia González dijo que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa destapó los genocidios del país, donde miles de personas han denunciado la desaparición de algún familiar y se han encontrado fosas con cientos de cadáveres.
Advirtió que en este sexenio no se va saber la verdad de lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, porque eso implicaría que el gobierno federal reconoce que ha fallado, pero se tiene que trabajar para obligar a los políticos a que digan la verdad, “porque tenemos derecho a ello, porque es lo único que nos da paz”.
Consultada al término de una conferencia de la organizacio?n Mujeres de Hierro en Acapulco para convocar a las mujeres a hablar del empoderamiento y la importancia del voto en el 2018, añadió que la oportunidad de regresar a la paz es realmente saber cómo acontecieron los ataques.
La consejera estuvo en Acapulco junto a la fundadora de la organización Mujeres de Hierro, Lorena Villavicencio, para un encuentro con unas 50 mujeres, donde se informó que van a apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador para el 2018m y necesitan juntar 3 millones de votos.
A pregunta expresa sobre el caso Ayotzinapa, Ampudio González dijo que era un tema muy delicado al que calificó como un crimen de lesa humanidad.
Mencionó que después de los ataques en Iguala a los estudiantes de Ayotzinapa se descubrieron cientos de miles de familias con parientes desaparecidos, y que gracias a Ayotzinapa se pudo descubrir las fosas por todo el país.
Subrayó, “no nos hagamos tontos, todo este tema tiene que ver con drogas, todo este tema tiene que ver con narcos, sabemos que en Guerrero se siembra la amapola”.
Indicó que no se quería meter en problemas, porque “tampoco tengo permiso de decir”, sobre el caso de los 43 normalistas.
Señaló que hay algo que se llama justicia restaurativa y que dice que las personas afectadas tienen derecho a saber la verdad de lo qué pasó, y no nada más eso, si no derecho a apoyo psicológico, pues el Estado está obligado a apoyar, aunque se tienen desaparecidos a casi 400 personas, pues “no hay manera de abarcar”.
La consejera dijo que lo más triste de lo que se vive en el país es “si hoy desaparezco voy a entrar a un paquete, voy a formar parte del paquete de desaparecidos, ya ni nombre voy a tener, para el gobierno es así”.
Indicó que al estar en contacto con familiares de personas desaparecidas ha visto el dolor en sus ojos, porque todos los días están esperando que su ser amado regrese.
Externó que como consejera no le toca hablar de la verdad del caso Ayotzinapa, “hay cámaras, hay fotos, hay gente que ha dicho lo que vio, no va pasar en este gobierno (saber la verdad) pero si va pasar en el siguiente gobierno”, que este gobierno no lo va aceptar jamás, porque en el momento que lo acepten, “para el ego que tienen los políticos de hoy, tienen que aceptar que fallaron”.

Noviembre por la paz

La conferencia fue para anunciar la actividad Noviembre por la paz, dijo que vendrán tres premios Nobel, durante tres semanas se hará un ejercicio con la sociedad donde la gente diga lo que le pasó, y después entregarlo al gobernador.
La fundadora de la organización Mujeres de Hierro, Lorena Villavicencio dijo que apuntalan las causas de todas las mujeres, no solo en el tema de la paz, también el derecho de las mujeres, y el gran problema que motivan la violencia es la impunidad en el país, el no respeto a la ley.
Indicó que el cambio empieza por una mismo, quieren que las mujeres tomen conciencia y que su reto es empoderarlas no sólo para que tengan mejores condiciones de vida, sino “para convertirnos el factor de cambio del país, cuando hablamos de votos no es para aprovechar este espacio para que ustedes tomen una decisión en un sentido u otro, sino para que se tome conciencia de que el instrumento de participación para la integración de los que van a gobernar es el voto”.
Consideró que el voto es la puerta de entrada para cambiar el país y que esa campaña a favor de la paz, es para que las mujeres asuman su responsabilidad.
Convocó a las presentes a hacer un ejército para lograr el cambio en el país, “se nos ha negado el cambio, necesitamos gobernantes que nos hagan valer la ley”.
Sobre su organización dijo que tienen cien integrantes y que para septiembre pretenden ser mil.
De los feminicidios, Lorena  Villavicencio dijo que están formando un frente nacional antifeminicidios, “vamos a levantar la voz y vamos hacer una exigencia fuerte al gobierno federal, porque no ha dado seguimiento al tema de los feminicidios en ningún estado”.
Señaló que no quieren ni una muerta más, y que van exigir al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que asuma su responsabilidad porque “es el que declara las alertas de género pero no les da seguimiento, se destinan recursos y no ha habido ningún resultado”.
Además a los municipios donde están las alertas de género, que tienen que decir qué hacen y dónde están los recursos, en qué han avanzado, “aunque evidentemente no han avanzado en nada porque se siguen dando”.

Desde que tomó el caso la Procuraduría General de la República (PGR) debió hacer el análisis de datos que hizo la agencia civil de investigación Forensic Arquitecture, a partir de estudios geográficos y pruebas públicas, que confirman la coordinación, colusión y omisión de autoridades de los tres niveles de gobierno en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa, recriminó el padre de uno de los 43 desaparecidos, Mario González Contreras.
Denunció que la mayor preocupación de los padres es que las autoridades sigan encubriendo a los funcionarios públicos que intervinieron en los hechos, porque hay avances sustantivos a casi tres años de los ataques.
Mencionó que de 180 detenidos por este proceso sólo 70 están acusados por hechos relacionados con sus hijos, pero no por desaparición forzada, sino por secuestro.
También denunció que las autoridades no han tocado a los policías municipales de Huitzuco ni a lo policías federales, implicados en la escena del crimen frente al Tribunal Superior de Justicia, de donde se llevaron a un grupo de los 43 desaparecidos.
Señaló que ningún juez quiere asumir el caso porque los obliga a ir a un juicio oral público, tal vez sin las pruebas apropiadas.
Ratificó que los padres no van a aceptar ninguna información oficial de la investigación sin respaldo científico, pues especialistas independientes confirmaron por enésima vez, con la propia información oficial, que los crímenes contra los normalistas en Iguala fueron cometidos por el Estado, no por criminales de una banda de narcotraficantes.
Lamentó la cerrazón del gobierno federal porque no ha desmentido ante la opinión pública la versión oficial del basurero de Cocula que sostuvo todo este tiempo, de que los estudiantes fueron cremados y las cenizas lanzadas a un río, lo que llamó “la verdad histórica”.
La agencia de investigación con base en Goldsmiths, Universidad de Londres, examinó las versiones públicas del expediente e informes derivados de la investigación de la PGR, los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y trabajos de periodistas como John Gibler, para diseñar una plataforma que permite relacionar múltiples piezas de evidencias, que revelan contradicciones entre diferentes declaraciones de presuntos implicados en los hechos, y muestran el nivel de colusión entre diferentes actores de gobierno que operaron en las escenas del crimen.
El jueves en conferencia de prensa en la Ciudad de México informó las conclusiones de su análisis, y está a disposición de la población el material digitalizado en un mapa interactivo de Iguala, en la página www.plataforma-ayotzinapa.org.
Pese a que no había pruebas científicas que permitieran verificar la veracidad de la tesis del basurero de Cocula, el cruce la telefonía celular que se presenta derriba por completo los testimonios que sostenían esa versión.
El señor Mario González aclaró que los padres han accedido a muchos datos en decenas de reuniones con las autoridades, y ningún especialista del gobierno fue capaz de hacer cruces de información para definir el paradero de sus hijos, “porque la PGR no quiere decir que los tres niveles de gobierno están involucrados, como lo hemos gritado todo este tiempo”.
Con este material, indicó, son claros todos los elementos que se tienen y a los que se puede recurrir para resolver el caso.
Mencionó que seis cámaras de circuito cerrado del Palacio de Justicia se perdieron en algún lado, sin que haya ningún responsable de la evidencia, y que el trabajador del poder Judicial que observó el material videográfico no fue llamado a declarar.
Afirmó que con lo que se tiene es posible avanzar, pero en el análisis de la telefonía hay temas que la Oficina de Investigación del caso Ayotzinapa se negó a hacer, y es investigar la comunicación telefónica de todos los políticos al mando de los tres poderes de gobierno, los principales mandos policiacos y militares en la zona la noche de los ataques y los días siguientes.
Destacó el trabajo de la agencia civil de investigación, porque la investigación científica con respaldo de la tecnología, “nos abre más el panorama, desgraciadamente la PGR no ha hecho su trabajo, por cerrazón o encubrimiento”.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del Fortín, en Tixtla, expusieron los asesinatos y aprehensiones que ha sufrido esta organización e informaron que el 8 de agosto levantaron a un policía comunitario que días después fue hallado sin vida y con huellas de tortura.
”El 8 de agosto fue levantado el compañero Tomás cuando fungía sus labores como policía comunitario en el municipio de Tixtla”, se lee en el comunicado.
Refiere que días después el hombre fue encontrado sin vida en las escalinatas de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chilpancingo.
La estructura de la base del Fortín inició las investigaciones para dar con los responsables materiales de la desaparición, y posterior asesinato de su compañero.
“En dichas investigaciones nos enteramos que el mismo grupo de sicarios ya tenía la orden de levantar a los compañeros Pedro Juárez y Pablo Molina que también son policías comunitarios de la base del Fortín. Cabe mencionar de los dos compañeros son familiares de promotor de la CRAC-PC Gonzalo Molina González, que actualmente está presos en el penal de Chilpancingo Guerrero”, resaltan las organizaciones.
A este hecho se suman otros como la detención de la hermana de Molina González el 6 de junio en La Paz, Baja California Sur, a quien le dijeron que tenía una orden de aprehensión vigente en Guerrero por robo calificado y lesiones.
Sin embargo, estos cargos ya fueron retirados por la parte acusadora, y esto deja en claro que el gobierno del estado de Guerrero reactivó las más de 70 órdenes de aprehensión en contra de policías comunitarios que forman parte de la Casa de Justica de El Paraíso, en Ayutla.
“El 26 de noviembre de 2015 fueron asesinados 4 miembros de la Policía Comunitaria de la base del Fortín en las inmediaciones del barrio del Fortín, a manos de un grupo de sicarios fuertemente armados, la respuesta del gobierno del estado en ese momento fue de intentar militarizar el municipio de Tixtla en lugar de investigar el asesinato de los compañeros”, añade.
El documento expone que cuando Gonzalo Molina hizo una huelga de hambre de 21 días de los cuales cinco fueron sin líquidos dentro del penal, su salud se fue deteriorando al grado de mantenerse en cama más de una semana, por los fuertes dolores que le producía una hernia y los cálculos biliares en sus riñones.
Abunda que entonces las autoridades del estado no permitieron su revisión sino hasta después de dos meses, a pesar de que su vida corría peligro. Después de dos meses Gonzalo Molina fue trasladado al hospital de Iguala donde fue operado del riñón y de la hernia que tenía.
Informan que las autoridades penitenciarias no han permitido a Gonzalo Molina ser trasladado a un hospital para una revisión médica y los análisis necesarios.
Abunda que las detenciones de integrantes de la CRAC-PC dejó en claro que el gobierno busca desmantelar a la organización, imputando delitos y criminalizando a la institución comunitaria.
La actuación de la CRAC-PC está fundamentada en el artículo 2 de la constitución, el convenio 169 de la OIT y la ley 701 del estado de Guerrero, precisa.
De la sentencia de cuatro años 100 días que se le impuso al preso en la capital Samuel Ramírez, afirman que no tiene fundamento jurídico, pero el gobierno se empeña en no reconocer los derechos de los pueblos originarios y sentencia al policía comunitario.
“El saldo de esta represión es de cinco comunitarios asesinados, tres presos políticos, seis procesados que tienen que ir a firmar desde su comunidad de origen que es El Paraíso en el municipio de Ayutla de los libres hasta Tlapa de Comonfort, dos compañeros que ahora están en resguardo de la CRAC-PC pero sin poder realizar su vida normal, y más de 70 órdenes de aprehensión”, detalla.
Refiere que estos hechos no son actos aislados, que esta persecución es un intento del gobierno federal para desarticular a la organización, en especial la de la base del Fortín porque se ha mantenido de manera autónoma e independiente.
“Nos gustaría decir que este recuento de la represión termina aquí, pero sabemos que el gobierno federal no va a parar sus intentos de vender el territorio a las grandes mineras financiando grupos de sicarios, paramilitares, y comprando a líderes comunitarios para imponer el terror y la violencia en las comunidades”, advierte.

Tras repeler una agresión de hombres armados, agentes de la Policía Estatal y militares decomisaron la tarde del jueves un vehículo y equipo de radiocomunicación en Zihuatanejo.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que la tarde del jueves recibieron un reporte que había una balacera y un hombre herido de bala en la colonia Aquiles Serdán en Zihuatanejo.
Los policías estatales y militares llegaron al lugar y los vecinos informaron que en la calle principal de esta colonia se enfrentaron a balazos hombres armados a bordo de una camioneta roja y un vehículo blanco,  después los agresores huyeron del lugar.
Las autoridades hicieron un operativo y al pasar por una calle de terracería de la colonia Convergencia hallaron estacionado un Dodge tipo Stratus con cuatro hombres a bordo quienes al ver la presencia de los uniformados descendieron del vehículo y accionaron sus armas de fuego en contra los policías estatales y militares, después de la balacera hubo una persecución “en la que los sospechosos lograron darse a la fuga al internarse entre la maleza”.
Dentro del auto había un equipo de radiocomunicación y dos cartuchos útiles calibre .223 milímetros usados en AR-15 y fueron puestos a disposición de las autoridades para las investigaciones y deslindar responsabilidades. (Redacción /Chilpancingo).

Un trabajador de una tienda de ropa fue ejecutado a balazos en su negocio adentro del mercado Agroindustrial en el bulevar Eucaria Apreza en Chilapa de Álvarez.
En lo que va del año en Chilapa suman ya 157 personas asesinadas en hechos en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que minutos antes de las 3 de la tarde recibieron un reporte que había un hombre asesinado a balazos adentro de este mercado.
Testigos informaron que el trabajador estaba sentado adentro de su negocio y civiles armados llegaron y lo atacaron a balazos.
La víctima quedó sentada en una silla de plástico y su cuerpo fue recogido por sus familiares para después ser sepultado.
Al mercado llegaron policías estatales, militares y ministeriales quienes acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las investigaciones correspondientes.
En Chilapa continúan los hechos de violencia por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada.
El martes dos hombres asesinados a balazos fue el saldo de una persecución que hicieron hombres armados en el barrio San Rafael en la cabecera municipal de Chilapa.
La mañana del lunes tres hombres ejecutados a balazos fueron encontrados a unos 2 metros de la carretera federal Chilapa-Chilpancingo, entre las comunidades de Xochimilco y La Providencia en Chilapa, dos de ellos fueron recogidos por sus familiares.
Hace ocho días los cuerpos de tres hombres decapitados fueron encontrados en la carretera federal Tixtla-Chilapa, en el crucero a la comunidad de Santa Catarina, en ese día un chofer del transporte público fue ejecutado a balazos en la cabecera municipal de Chilapa. (Luis Blancas/Chilpancingo).

El presidente del comisariado de los Bienes Comunales de San Miguel Tecuiciapan, Liborio Jiménez Matías responsabilizó este viernes a los gobiernos federal y estatal de que haya escalado el conflicto entre los pueblos de la zona del alto Balsas, pues dijo que no atendieron con oportunidad el problema entre esta comunidad y San Agustín Oapan, que fue el origen de la confrontación actual con otros pueblos de la zona.
El lunes, las comunidades de Tula del Río, San Juan Totolcintla y San Agustín Ostotipan, del municipio de Mártir de Cuilapan, y de San Francisco Ozomatlán y Tulimán, del municipio de Huitzuco, cerraron el tramo de la carretera que comunica a la Autopista del Sol para impedir el paso a los habitantes de San Miguel Tecuiciapan, en represalia de porque éstos tienen cerrada desde marzo del 2015 esa misma carretera, en la salida de su pueblo, a causa del conflicto agrario que tienen con San Agustín Oapan.
El conflicto involucra actualmente a por lo menos 14 comunidades ubicadas en las márgenes del río Balsas desde Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, hasta San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco y San Juan Totolcintla, municipio de Mártir de Cuilapan, ubicadas al oriente de San Miguel Tecuiciapan.
A pesar de que el conflicto originalmente inició por diferencias de linderos entre San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan, el comisariado de Bienes Comunales de la primera comunidad, Jiménez Matías dijo ayer vía telefónica que quienes les cerraron el paso a partir del lunes pasado fueron solamente los habitantes de San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco.
“Ellos son los que pusieron los montones de piedra y tierra”, dijo sobre el nuevo bloqueo, en el que participan habitantes de las comunidades ubicados al oriente de San Miguel, para presionar a esta comunidad a que retire el bloqueo que mantiene desde hace más de dos años afuera del pueblo.
Jiménez Matías recordó que, en su bloqueo ellos dejaban el paso libre de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, pero que el detonante del nuevo conflicto fue que los líderes que encabezan el movimiento que instaló el segundo bloqueo en contra de San Miguel, abusaron de su “buena voluntad”; concretamente, acusó a los habitantes de San Agustín Oxtotipan, municipio de Apango, “encabezados por gente del dirigente de ese pueblo, Victórico Ríos Mundo, quienes quisieron ocupar tierras de San Miguel Tecuiciapan”, denuncio.
Dijo que por eso los vecinos de su pueblo se molestaron y volvieron a cerrar totalmente la carretera, lo que originó que ahora los habitantes de San Agustín Oxtotipan, aliados con los de San Francisco Ozomatlán los tengan bloqueados totalmente.
Informó que, ante el bloqueo total en que los mantienen desde hace cinco días, están abriendo un nuevo camino que va de su pueblo a la Autopista del Sol, pero reconoció que sus vecinos comienzan a desesperarse porque se les están acabando los víveres porque no tienen salida por ninguno de los dos lados de su comunidad.
El dirigente de San Miguel Tecuiciapan acusó que los responsables de que su conflicto agrario con San Agustín Oapan haya escalado e involucrado a todos los pueblos de la zona, son los gobiernos federal y estatal, porque no resolvieron a tiempo el primer conflicto.
“No han podido (los gobiernos federal y estatal) hacer coincidir a las dos comunidades, a pesar de que ya se hizo todo el trabajo topográfico y existen planos, además se hizo el recorrido para el reconocimiento de los linderos, pero no nos han sentado en una mesa de diálogo para la negociación”, se quejó el dirigente.
Insistió en que, mientras no se resuelva el conflicto de fondo entre estos dos núcleos agrarios, no serviría de nada que ellos retiren el bloqueo que instalaron a la salida de su pueblo, porque San Agustín Oapan también tiene otro bloqueo, con una zanja, a la salida de esa comunidad, “entonces de qué sirve que liberemos el paso si nadie va a poder pasar por la zanja que abrieron también los de San Agustín; que las autoridades también vean esa zanja”, dijo en referencia al bloqueo que tiene el pueblo vecino desde marzo de 2015.
Informó que el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel se comprometió a sentarlos en una mesa de negociación, pero que sigue estancada la plática y que no les han anunciado minguna reunión, por lo que advirtió que el bloqueo que tienen ellos va a seguir, y que, en todo caso, van a abrir su propio camino hacia la Autopista del Sol.

Argenis Salmerón

La Secretaría de Marina  Armada de México (Semar) informó que los agentes especializados en trabajos submarino se unieron a la búsqueda de la avioneta desparecida el pasado 1 de septiembre junto a dos tripulantes en Coyuca de Benítez.
En un boletín de prensa la Semar informó que a ocho días de la desaparición de la aeronave no hay indicios de su paradero ni de sus tripulantes.
Explicó que la Primera Compañía de Trabajos Submarinos de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia marítima de Acapulco del Batallón de Infantería de Marina 22 y de la Décimo Cuarta flotilla adscritos a la Octava Región Naval continúan los recorridos por mar y tierra en el litoral del estado en búsqueda de indicios de la aeronave tipo CESSNA matrícula XB-MZN-152 de la Escuela México. La aeronave volaba de Zihuatanejo a Acapulco y según la información las últimas coordenadas registradas la ubicaban en Coyuca de Benítez.
Añadió que hace dos días 16 buzos especializados en combate y rescate de alto riesgo y con el apoyo de pescadores de la localidad y equipos de ecosonda, recorrieron 13.7 kilómetros cuadrados (4 millas náuticas cuadradas) marítimos y submarinos en inmediaciones de la Barra de Coyuca de Benítez.
Indicó que por vía terrestre hay 36 soldados de Infantería de Marina que buscan, además en la playa recorren en vehículos rápidos un total de 128 kilómetros en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez.
Recalcó que la búsqueda se ha intensificado y ampliado a toda la línea costera del municipio de Acapulco al municipio de Zihuatanejo con cuatro embarcaciones, dos tipo Defender de búsqueda y rescate, y dos patrullas interceptoras, las cuales hacen patrones de navegación para búsqueda de indicios como pudieran ser pertenencias personales de los pilotos desaparecidos, piezas flotantes de la aeronave, residuos de aceite del motor, cubriendo un total de 129.05 millas náuticas (239 kilómetros).
La Marina informó que brigadistas de búsqueda y rescate de Acapulco utilizan el sistema SAROPS (Sistema Óptimo de Planeación de Búsqueda y Rescate), por sus siglas en Inglés, con el que se tiene la capacidad con los indicios adecuados de determinar el área y patrones de búsqueda de rescate en aguas de todo el litoral del estado.
Agregó que en las acciones de búsqueda están coordinados con soldados del Ejército Mexicano, Seguridad Pública estatal, Protección Civil estatal.
Se solicitó a los ciudadanos que reporten cualquier pista a la Octava Regional Naval en los teléfonos 01 744 406 62 09 y 044 744 191 98 19 y al correo electrónico [email protected] y también al [email protected]. Además de la Estación de Búsqueda y Rescate Acapulco al  teléfono 01 744 406 61 67.