Los ex presidentes de Alpoyeca, Marco Antonio García Morales, y de Malinaltepec, Aristóteles Tito Arroyo, así como dirigentes del PRD de los municipios de Alpoyeca, Tlapa, Malinaltepec, Metlatonoc y San Luis Acatlán renunciaron a su partido por los acuerdos que hicieron sus dirigentes nacionales, de aliarse con el PAN sin consultar a las bases, argumentaron.
Dijeron que se suman al proyecto de nación alternativo de Andrés Manuel López Obrador y según los tiempos se vería su afiliación a Morena, aunque remarcaron el proyecto que ellos refrendan es de López Obrador, por considerarlo una persona que puede sacar adelante el país.
En conferencia de prensa, este viernes, los ex presidentes, Marco Antonio García Morales y Aristóteles Tito Arroyo de Malinatepec anunciaron y mostraron su renuncia al PRD, que entregaron al dirigente municipal de Tlapa para que la envié al dirigente estatal, Celestino Cesáreo Guzmán, con quien hablaron de sus inconformidades antes de renunciar y no les hicieron caso.
Tito Arroyo dijo que tomaron la decisión de presentar su renuncia por la decisión de su partido de formar el Frente Amplio Democrático con el PAN y que lo hacían por conciencia y convicción que tienen de la izquierda. Dijo que renunciaba a 10 años de militancia.
Dijo que la montaña históricamente ha sido de lucha y de izquierda, por lo que no duda que varios renunciarían en los días siguientes, entre los que consideran serán cerca de 20 mil militantes que ellos afiliaron al PRD y que los seguirán.
Marco Antonio Morales García dijo que estaba con los sentimientos encontrados y no fue fácil renunciar a una militancia de 13 años en el PRD, por el cual fue dos veces presidente de Alpoyeca y candidato a diputado local por el Distrito 27, pero eran las circunstancias porque no podía ser cómplice de decisiones irresponsables que tomó la cúpula del PRD.
Aspira a la candidatura a la presidencia por Tlapa

Denis Cancino Castro explicó que la decisión de renunciar al PRD no fue nada fácil, porque fue un proyecto que nació de la lucha y causas sociales, y que Guerrero es la segunda fuerza del PRD después de la Ciudad de México, por lo que su decisión fue resultado de un análisis tras la determinación del consejo nacional del PRD, el pasado 3 de septiembre, de que van unidos los partidos del PAN y Movimiento Ciudadano. Y como ellos están en contra de esa alianza porque han abonado a la desigualdad social.
Agregó que este grupo buscará la paridad de género, donde se incluya la participación de las mujeres y puedan estar en un espacio de toma de decisiones, en donde no las envíen a participar en municipios pequeños, sino donde haya como mínimo 25 mil habitantes, tanto en los distritos locales y federales.
Explicó que también forma parte de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses. que en 2015 logró la paridad de género y está convencida que el único puede sacar adelante el país es Andrés Manuel López Obrador.
De Malinaltepec, Oscar Villani dijo que la decisión es porque no consultaron a las bases. Entre otros militantes que renunciaron está el me’phaa bathaa Zeferino Villanueva Galindo, quien aspira una candidatura a la presidencia en Metlatónoc; de San Luis Acatlán, Yulma Huerta Juárez; Jaime Terrazas, ex candidato del Partido del Trabajo a la diputación local del Distrito 27.
Dijeron que por el momento buscan hacer trabajo político apoyando a López Obrador y las aspiraciones personales después.
Anunciaron que el próximo domingo acompañarán a Pablo Sandoval Ballesteros en la toma de protesta de los comités seccionales de Tlapa.

El presidente del comité del PRD municipal, Wulfrano Salgado Romero, acusó a su homologo del PRI, Fermín Alvarado Arroyo, de no tener calidad moral para andar exigiendo que se paguen las deudas, pues no se debe olvidar que él fue director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) y la hizo la caja chica de su partido.
En conferencia de prensa en sus oficinas, donde estuvo acompañado por el secretario general Bulmaro Cabrera y el de Asuntos Electorales, Jesús Silva Hernández, Salgado Romero acusó al dirigente priísta en Acapulco de estarlos denostando como partido y a quien definió como “un personaje que no tiene calidad moral para hablar de honestidad, para estar hablando en contra de Evodio Velázquez”.
Según el perredista, Velázquez Aguirre ha estado innovando el municipio con obras importantes y “eso le molesta a Fermín, porque ve en Evodio Velázquez como una persona con mucha calidad moral, que se está manejando de forma transparente”.
Salgado Romero respondió al priísta, quien exigió que el alcalde pague las deudas que tiene el Ayuntamiento de administraciones pasadas y no haga obras de proyectos que ya están etiquetados, como es el Cristo o la ciclopista.
Dijo que Fermín Alvarado no habla con claridad y no dice que las deudas no son de las administraciones anteriores, pues según él “los gobiernos que ha tenido el PRD no han dejado endeudado al ayuntamiento ni la sociedad, empezando desde que fuimos gobierno por primera vez con Zeferino Torreblanca, que pagó una deuda que había dejado Manuel Añorve cuando fue presidente interino, eso es lo que debería puntualizar Fermín Alvarado”.
Luego señaló el perredista, que Fermín Alvarado Arroyo no tiene calidad moral porque no se le debe olvidar que hay una deuda en CAPAMA que se viene arrastrando, antes de los gobiernos del PRD, pues fue la caja chica de los gobiernos priistas y Fermín Alvarado fue director y utilizaba los talleres de la paramunicipal para arreglar los carros del PRI, por lo que “no tiene calidad moral para estar hablando de honestidad”.
Señaló que el priísta debe hablar de lo que ha hecho su gobernador Héctor Astudillo, que prometió orden y paz, y todavía sigue esperando la población. Que los proyectos del Acabús y del macrotúnel fueron iniciados durante el gobierno del perredista Ángel Aguirre. Dijo que nada más quieren aclarar que el Ayuntamiento “está trabajando de manera transparente”.
Mientras que el secretario del partido, Bulmaro Cabrera Roja, señaló que Fermín Alvarado se ha convertido un “protagonista   político” solamente porque sabe que en 2018 tienen un panorama muy complicado y quieran reconocer o no “les va pegar o ya les está pegando”. Ahí está el gazolinazo o la casa blanca.
Añadió que denostar el gobierno de Evodio Velázquez es una forma de Fermín Alvarado de poder llamar la atención; indicó que la gente no espera que se estén peleando como partidos políticos, pero “a Fermín le gusta, le agrada llamar la atención de esa manera; el PRI está desesperado busca atraer la atención”.

Se pueden revertir los efectos de la inseguridad, siempre y cuando se reconozca que hay problemas, se abone a la transparencia y haya justicia, coincidieron especialistas que participaron en el foro Seguridad Ciudadana, en el salón El Faro del hotel Elcano.
La académica de la Universidad de Santiago de Chile, Lucía Dammert, advirtió que lo que ocurre en México y en Acapulco es “una situación totalmente anormal” pues señaló que el resolver temas criminales con homicidios no es cotidiano y advirtió que eso sólo agrava el problema de origen, que son la desigualdad y la impunidad.
¿Es posible vencer la criminalidad en Guerrero y en Acapulco? fue el la pregunta que abordó el foro Seguridad Ciudadana, y que fue moderado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja.
Al responder, la representante en América Latina en el Consejo Asesor en Temas de Desarme del Secretario General de Naciones Unidas, Lucía Dammert, señaló que se puede enfrentar la criminalidad común, pero requiere reconocer el problema 100 por ciento.
“La seguridad es parte de un desarrollo sustentable. Requiere que todos nosotros conozcamos nuestro rol en el problema. Se puede avanzar en la lucha contra la criminalidad cotidiana y hay que empezar con programas de políticas sociales, porque si en un lugar no hay trabajo, no hay condiciones de vida, no hay ocupación. Pero si hablamos del crimen organizado, las estrategias son de mediano y de largo plazo”, advirtió.
La especialista convocó a establecer “rutas de alianzas a largo plazo” entre los diferentes actores políticos y sociales, y abonar a los niveles de transparencia.
La académica presentó su ponencia Lecciones aprendidas en la lucha contra el crimen: aprendizaje para México, en la cual advirtió que la repetición de modelos “exitosos” en otros países no garantiza buenos resultados para otros donde se apliquen, pues cada país, cada comunidad tiene particularidades y requerimientos propios.
El profesor emérito de la Universidad de Georgetown, John Bailey, afirmó que “si vencer la criminalidad significa reducir violencia y controlar algunas de las prácticas de la impunidad, es posible bajar el nivel de violencia. Es posible bajar el nivel de violencia, es posible bajar las prácticas más violentas”.
Aseguró que es posible remediar y aminorar, controlar incluso “ciertos síntomas” del crimen común y del crimen organizado.
En la tesis de su participación Rutas de escape de las trampas de la seguridad en México, el especialista estadunidense dijo que primero se debe estudiar “a fondo” cuáles son los fenómenos y cómo funcionan, pues con ese tipo de conocimientos se puede comenzar a proponer nuevas claves para que un gobernante tome decisiones.
“Lo más importante es que hubiera un pacto político entre los niveles de gobierno, para hacer frente a ciertos aspectos de la crimi nalidad, hay que escoger y documentar, pero si no hay ese tipo de pactos ni esa planeación, hay que buscar anticuerpos que permitan aminorar o controlar (la criminalidad), aunque los resultados estuvieran en el mediano y en el largo plazo, pero hay que comenzar”, advirtió.
En el foro estuvieron el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto; la diputada local Magdalena Camacho Díaz; el delegado de la dirigencia nacional de MC, Adrián Wences Carrasco; así como los integrantes de Consejo Ciudadano de Acapulco; el presidente de hoteleros, Jorge Laurel; representantes empresarios, asociaciones civiles y ex funcionarios del gobierno municipal afines a movimiento ciudadano y que tuvieron cargos cuando Luis Walton fue presidente municipal de Acapulco.
El diputado Ricardo Mejía dijo que con el foro se busca visibilizar el problema de inseguridad, pero también construir alternativas y caminos para “extirpar el cáncer que está asfixiando a los guerrerenses”.
“Lo vamos a seguir desde el Congreso, desde la Comisión de Seguridad Pública, haciéndola nuestra agenda, pero también la ciudadanía, las cámaras, que vayamos juntos más allá de colores partidistas, porque esta agenda es para recuperar la seguridad en Guerrero”, aseguró.

La integrante del consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María Ampudia González dijo que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa destapó los genocidios del país, donde miles de personas han denunciado la desaparición de algún familiar y se han encontrado fosas con cientos de cadáveres.
Advirtió que en este sexenio no se va saber la verdad de lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, porque eso implicaría que el gobierno federal reconoce que ha fallado, pero se tiene que trabajar para obligar a los políticos a que digan la verdad, “porque tenemos derecho a ello, porque es lo único que nos da paz”.
Consultada al término de una conferencia de la organizacio?n Mujeres de Hierro en Acapulco para convocar a las mujeres a hablar del empoderamiento y la importancia del voto en el 2018, añadió que la oportunidad de regresar a la paz es realmente saber cómo acontecieron los ataques.
La consejera estuvo en Acapulco junto a la fundadora de la organización Mujeres de Hierro, Lorena Villavicencio, para un encuentro con unas 50 mujeres, donde se informó que van a apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador para el 2018m y necesitan juntar 3 millones de votos.
A pregunta expresa sobre el caso Ayotzinapa, Ampudio González dijo que era un tema muy delicado al que calificó como un crimen de lesa humanidad.
Mencionó que después de los ataques en Iguala a los estudiantes de Ayotzinapa se descubrieron cientos de miles de familias con parientes desaparecidos, y que gracias a Ayotzinapa se pudo descubrir las fosas por todo el país.
Subrayó, “no nos hagamos tontos, todo este tema tiene que ver con drogas, todo este tema tiene que ver con narcos, sabemos que en Guerrero se siembra la amapola”.
Indicó que no se quería meter en problemas, porque “tampoco tengo permiso de decir”, sobre el caso de los 43 normalistas.
Señaló que hay algo que se llama justicia restaurativa y que dice que las personas afectadas tienen derecho a saber la verdad de lo qué pasó, y no nada más eso, si no derecho a apoyo psicológico, pues el Estado está obligado a apoyar, aunque se tienen desaparecidos a casi 400 personas, pues “no hay manera de abarcar”.
La consejera dijo que lo más triste de lo que se vive en el país es “si hoy desaparezco voy a entrar a un paquete, voy a formar parte del paquete de desaparecidos, ya ni nombre voy a tener, para el gobierno es así”.
Indicó que al estar en contacto con familiares de personas desaparecidas ha visto el dolor en sus ojos, porque todos los días están esperando que su ser amado regrese.
Externó que como consejera no le toca hablar de la verdad del caso Ayotzinapa, “hay cámaras, hay fotos, hay gente que ha dicho lo que vio, no va pasar en este gobierno (saber la verdad) pero si va pasar en el siguiente gobierno”, que este gobierno no lo va aceptar jamás, porque en el momento que lo acepten, “para el ego que tienen los políticos de hoy, tienen que aceptar que fallaron”.

Noviembre por la paz

La conferencia fue para anunciar la actividad Noviembre por la paz, dijo que vendrán tres premios Nobel, durante tres semanas se hará un ejercicio con la sociedad donde la gente diga lo que le pasó, y después entregarlo al gobernador.
La fundadora de la organización Mujeres de Hierro, Lorena Villavicencio dijo que apuntalan las causas de todas las mujeres, no solo en el tema de la paz, también el derecho de las mujeres, y el gran problema que motivan la violencia es la impunidad en el país, el no respeto a la ley.
Indicó que el cambio empieza por una mismo, quieren que las mujeres tomen conciencia y que su reto es empoderarlas no sólo para que tengan mejores condiciones de vida, sino “para convertirnos el factor de cambio del país, cuando hablamos de votos no es para aprovechar este espacio para que ustedes tomen una decisión en un sentido u otro, sino para que se tome conciencia de que el instrumento de participación para la integración de los que van a gobernar es el voto”.
Consideró que el voto es la puerta de entrada para cambiar el país y que esa campaña a favor de la paz, es para que las mujeres asuman su responsabilidad.
Convocó a las presentes a hacer un ejército para lograr el cambio en el país, “se nos ha negado el cambio, necesitamos gobernantes que nos hagan valer la ley”.
Sobre su organización dijo que tienen cien integrantes y que para septiembre pretenden ser mil.
De los feminicidios, Lorena  Villavicencio dijo que están formando un frente nacional antifeminicidios, “vamos a levantar la voz y vamos hacer una exigencia fuerte al gobierno federal, porque no ha dado seguimiento al tema de los feminicidios en ningún estado”.
Señaló que no quieren ni una muerta más, y que van exigir al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que asuma su responsabilidad porque “es el que declara las alertas de género pero no les da seguimiento, se destinan recursos y no ha habido ningún resultado”.
Además a los municipios donde están las alertas de género, que tienen que decir qué hacen y dónde están los recursos, en qué han avanzado, “aunque evidentemente no han avanzado en nada porque se siguen dando”.

Desde que tomó el caso la Procuraduría General de la República (PGR) debió hacer el análisis de datos que hizo la agencia civil de investigación Forensic Arquitecture, a partir de estudios geográficos y pruebas públicas, que confirman la coordinación, colusión y omisión de autoridades de los tres niveles de gobierno en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa, recriminó el padre de uno de los 43 desaparecidos, Mario González Contreras.
Denunció que la mayor preocupación de los padres es que las autoridades sigan encubriendo a los funcionarios públicos que intervinieron en los hechos, porque hay avances sustantivos a casi tres años de los ataques.
Mencionó que de 180 detenidos por este proceso sólo 70 están acusados por hechos relacionados con sus hijos, pero no por desaparición forzada, sino por secuestro.
También denunció que las autoridades no han tocado a los policías municipales de Huitzuco ni a lo policías federales, implicados en la escena del crimen frente al Tribunal Superior de Justicia, de donde se llevaron a un grupo de los 43 desaparecidos.
Señaló que ningún juez quiere asumir el caso porque los obliga a ir a un juicio oral público, tal vez sin las pruebas apropiadas.
Ratificó que los padres no van a aceptar ninguna información oficial de la investigación sin respaldo científico, pues especialistas independientes confirmaron por enésima vez, con la propia información oficial, que los crímenes contra los normalistas en Iguala fueron cometidos por el Estado, no por criminales de una banda de narcotraficantes.
Lamentó la cerrazón del gobierno federal porque no ha desmentido ante la opinión pública la versión oficial del basurero de Cocula que sostuvo todo este tiempo, de que los estudiantes fueron cremados y las cenizas lanzadas a un río, lo que llamó “la verdad histórica”.
La agencia de investigación con base en Goldsmiths, Universidad de Londres, examinó las versiones públicas del expediente e informes derivados de la investigación de la PGR, los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y trabajos de periodistas como John Gibler, para diseñar una plataforma que permite relacionar múltiples piezas de evidencias, que revelan contradicciones entre diferentes declaraciones de presuntos implicados en los hechos, y muestran el nivel de colusión entre diferentes actores de gobierno que operaron en las escenas del crimen.
El jueves en conferencia de prensa en la Ciudad de México informó las conclusiones de su análisis, y está a disposición de la población el material digitalizado en un mapa interactivo de Iguala, en la página www.plataforma-ayotzinapa.org.
Pese a que no había pruebas científicas que permitieran verificar la veracidad de la tesis del basurero de Cocula, el cruce la telefonía celular que se presenta derriba por completo los testimonios que sostenían esa versión.
El señor Mario González aclaró que los padres han accedido a muchos datos en decenas de reuniones con las autoridades, y ningún especialista del gobierno fue capaz de hacer cruces de información para definir el paradero de sus hijos, “porque la PGR no quiere decir que los tres niveles de gobierno están involucrados, como lo hemos gritado todo este tiempo”.
Con este material, indicó, son claros todos los elementos que se tienen y a los que se puede recurrir para resolver el caso.
Mencionó que seis cámaras de circuito cerrado del Palacio de Justicia se perdieron en algún lado, sin que haya ningún responsable de la evidencia, y que el trabajador del poder Judicial que observó el material videográfico no fue llamado a declarar.
Afirmó que con lo que se tiene es posible avanzar, pero en el análisis de la telefonía hay temas que la Oficina de Investigación del caso Ayotzinapa se negó a hacer, y es investigar la comunicación telefónica de todos los políticos al mando de los tres poderes de gobierno, los principales mandos policiacos y militares en la zona la noche de los ataques y los días siguientes.
Destacó el trabajo de la agencia civil de investigación, porque la investigación científica con respaldo de la tecnología, “nos abre más el panorama, desgraciadamente la PGR no ha hecho su trabajo, por cerrazón o encubrimiento”.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del Fortín, en Tixtla, expusieron los asesinatos y aprehensiones que ha sufrido esta organización e informaron que el 8 de agosto levantaron a un policía comunitario que días después fue hallado sin vida y con huellas de tortura.
”El 8 de agosto fue levantado el compañero Tomás cuando fungía sus labores como policía comunitario en el municipio de Tixtla”, se lee en el comunicado.
Refiere que días después el hombre fue encontrado sin vida en las escalinatas de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chilpancingo.
La estructura de la base del Fortín inició las investigaciones para dar con los responsables materiales de la desaparición, y posterior asesinato de su compañero.
“En dichas investigaciones nos enteramos que el mismo grupo de sicarios ya tenía la orden de levantar a los compañeros Pedro Juárez y Pablo Molina que también son policías comunitarios de la base del Fortín. Cabe mencionar de los dos compañeros son familiares de promotor de la CRAC-PC Gonzalo Molina González, que actualmente está presos en el penal de Chilpancingo Guerrero”, resaltan las organizaciones.
A este hecho se suman otros como la detención de la hermana de Molina González el 6 de junio en La Paz, Baja California Sur, a quien le dijeron que tenía una orden de aprehensión vigente en Guerrero por robo calificado y lesiones.
Sin embargo, estos cargos ya fueron retirados por la parte acusadora, y esto deja en claro que el gobierno del estado de Guerrero reactivó las más de 70 órdenes de aprehensión en contra de policías comunitarios que forman parte de la Casa de Justica de El Paraíso, en Ayutla.
“El 26 de noviembre de 2015 fueron asesinados 4 miembros de la Policía Comunitaria de la base del Fortín en las inmediaciones del barrio del Fortín, a manos de un grupo de sicarios fuertemente armados, la respuesta del gobierno del estado en ese momento fue de intentar militarizar el municipio de Tixtla en lugar de investigar el asesinato de los compañeros”, añade.
El documento expone que cuando Gonzalo Molina hizo una huelga de hambre de 21 días de los cuales cinco fueron sin líquidos dentro del penal, su salud se fue deteriorando al grado de mantenerse en cama más de una semana, por los fuertes dolores que le producía una hernia y los cálculos biliares en sus riñones.
Abunda que entonces las autoridades del estado no permitieron su revisión sino hasta después de dos meses, a pesar de que su vida corría peligro. Después de dos meses Gonzalo Molina fue trasladado al hospital de Iguala donde fue operado del riñón y de la hernia que tenía.
Informan que las autoridades penitenciarias no han permitido a Gonzalo Molina ser trasladado a un hospital para una revisión médica y los análisis necesarios.
Abunda que las detenciones de integrantes de la CRAC-PC dejó en claro que el gobierno busca desmantelar a la organización, imputando delitos y criminalizando a la institución comunitaria.
La actuación de la CRAC-PC está fundamentada en el artículo 2 de la constitución, el convenio 169 de la OIT y la ley 701 del estado de Guerrero, precisa.
De la sentencia de cuatro años 100 días que se le impuso al preso en la capital Samuel Ramírez, afirman que no tiene fundamento jurídico, pero el gobierno se empeña en no reconocer los derechos de los pueblos originarios y sentencia al policía comunitario.
“El saldo de esta represión es de cinco comunitarios asesinados, tres presos políticos, seis procesados que tienen que ir a firmar desde su comunidad de origen que es El Paraíso en el municipio de Ayutla de los libres hasta Tlapa de Comonfort, dos compañeros que ahora están en resguardo de la CRAC-PC pero sin poder realizar su vida normal, y más de 70 órdenes de aprehensión”, detalla.
Refiere que estos hechos no son actos aislados, que esta persecución es un intento del gobierno federal para desarticular a la organización, en especial la de la base del Fortín porque se ha mantenido de manera autónoma e independiente.
“Nos gustaría decir que este recuento de la represión termina aquí, pero sabemos que el gobierno federal no va a parar sus intentos de vender el territorio a las grandes mineras financiando grupos de sicarios, paramilitares, y comprando a líderes comunitarios para imponer el terror y la violencia en las comunidades”, advierte.

Tras repeler una agresión de hombres armados, agentes de la Policía Estatal y militares decomisaron la tarde del jueves un vehículo y equipo de radiocomunicación en Zihuatanejo.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que la tarde del jueves recibieron un reporte que había una balacera y un hombre herido de bala en la colonia Aquiles Serdán en Zihuatanejo.
Los policías estatales y militares llegaron al lugar y los vecinos informaron que en la calle principal de esta colonia se enfrentaron a balazos hombres armados a bordo de una camioneta roja y un vehículo blanco,  después los agresores huyeron del lugar.
Las autoridades hicieron un operativo y al pasar por una calle de terracería de la colonia Convergencia hallaron estacionado un Dodge tipo Stratus con cuatro hombres a bordo quienes al ver la presencia de los uniformados descendieron del vehículo y accionaron sus armas de fuego en contra los policías estatales y militares, después de la balacera hubo una persecución “en la que los sospechosos lograron darse a la fuga al internarse entre la maleza”.
Dentro del auto había un equipo de radiocomunicación y dos cartuchos útiles calibre .223 milímetros usados en AR-15 y fueron puestos a disposición de las autoridades para las investigaciones y deslindar responsabilidades. (Redacción /Chilpancingo).

Un trabajador de una tienda de ropa fue ejecutado a balazos en su negocio adentro del mercado Agroindustrial en el bulevar Eucaria Apreza en Chilapa de Álvarez.
En lo que va del año en Chilapa suman ya 157 personas asesinadas en hechos en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que minutos antes de las 3 de la tarde recibieron un reporte que había un hombre asesinado a balazos adentro de este mercado.
Testigos informaron que el trabajador estaba sentado adentro de su negocio y civiles armados llegaron y lo atacaron a balazos.
La víctima quedó sentada en una silla de plástico y su cuerpo fue recogido por sus familiares para después ser sepultado.
Al mercado llegaron policías estatales, militares y ministeriales quienes acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las investigaciones correspondientes.
En Chilapa continúan los hechos de violencia por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada.
El martes dos hombres asesinados a balazos fue el saldo de una persecución que hicieron hombres armados en el barrio San Rafael en la cabecera municipal de Chilapa.
La mañana del lunes tres hombres ejecutados a balazos fueron encontrados a unos 2 metros de la carretera federal Chilapa-Chilpancingo, entre las comunidades de Xochimilco y La Providencia en Chilapa, dos de ellos fueron recogidos por sus familiares.
Hace ocho días los cuerpos de tres hombres decapitados fueron encontrados en la carretera federal Tixtla-Chilapa, en el crucero a la comunidad de Santa Catarina, en ese día un chofer del transporte público fue ejecutado a balazos en la cabecera municipal de Chilapa. (Luis Blancas/Chilpancingo).