Padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos y estudiantes de esa Normal originarios de Atoyac hicieron un mitin informativo, con el apoyo del Frente de Defensa Popular (FDP), la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) de esta ciudad.
La actividad fue en el obelisco a Lucio Cabañas en el Zócalo, donde el vocero de los padre, Felipe de la Cruz informó que los policías federales y los municipales de Huitzuco implicados en la desaparición de los estudiantes tienen órdenes de aprehensión, pero falta detenerlos.
Acudieron siete padres de los normalistas informaron que se intensificará la jornada de lucha para exigir la verdad y el seguimiento a las cuatro líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que confían dará con el paradero de los estudiantes.
Reclamaron la pasividad con la que el gobierno federal ha dado seguimiento a este hecho por el cual incluso se solicitó el apoyo de países extranjeros, “lo cual es una vergüenza ya que aquí no se puede hacer nada”.
El vocero dijo que es importante visitar Atoyac por su historia y por su por su tradición, “y también porque aquí hay cuatro desaparecidos de Atoyac, uno del Ticui y dos de San Juan de las Flores, (comunidades) que forman parte del municipio y creemos que es importante venir”.
Abundó que en Atoyac conocen el sentir de las desapariciones por la historia que se vivió en la llamada época de terrorismo de Estado en la década de 1970, cuando muchos habitantes fueron desaparecidos por militares.
Precisó que a partir del 15 de septiembre se va intensificar la jornada de lucha a favor de los 43, “porque todos los gobernantes gritan con bombos y platillos viva la independencia, viva México, cuando sabemos que la independencia no ha existido jamás en este país, no hay nada que festejar”.
Mencionó que el Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa, “le va a dar continuidad a las recomendaciones (del GIEI), hoy con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estamos viendo los resultados, en la última reunión que tuvimos con la PGR nos habían dado un programa de actividades empezando por las líneas que nosotros exigimos, que son cuatro, antes decían que no las aceptaban porque que la única verdad era de la Murillo Karam (entonces procurador de la República), hoy aceptan que eso no existe y avanzan sobre la línea telefónica”.
Sostuvo que saben que los teléfonos de los estudiantes siguieron funcionando (después de su desaparición), “ya nos dijeron en qué lugar estuvieron. Eso echa abajo la verdad histórica de Murillo Karam”.
Indicó que lo que deben hacer hoy los mexicanos es organizarse “ya que como ejemplo está Cherán (Michoacán), Chiapas, y varios estados donde no permiten que ningún partido intervenga, se gobiernan y se rigen por ellos mismos y viven mejor que los que siguen la fantasía de los políticos esperando a que les ayuden a resolver sus problemas”.
Expuso que los familiares sólo aceptan la versión de que sus hijos están vivos porque no les han podido demostrar lo contrario, a pesar del teatro de la “verdad histórica” que fue hecha pedazos con todo lo que informó el GIEI. (Francisco Magaña  / Atoyac).

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerró las compuertas de la presa El Caracol a las 2 de la madrugada, lo que disminuyó el caudal del río Balsas, y permitió cerrar los albergues temporalmente.
La carretera de Tlapehuala a Ajuchitlán, donde la tarde del miércoles los transeúntes tenían que cruzar en lanchas, fue abierta a la circulación de carros.
Este jueves, el agua del río regresó a su cauce y no hay reportes de otros arroyos crecidos que estén provocando problemas, por lo que los ayuntamientos también cerraron sus albergues y los vecinos refugiados pudieron volver a sus casas.
Se confirmó que en la mayoría de las localidades de la ribera del Balsas no hubo daños, pues el agua llegó sólo a los patios o alcanzó niveles menores a 20 centímetros dentro de algunas casas. Sin embargo, hubo más de 300 vecinos evacuados de Altamirano, Tlapehuala, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan y Arcelia, pues se temía una inundación similar a la de 2013.
Fue en localidades afectadas por arroyos que crecieron de forma repentina o ríos menores, donde se reportaron pérdidas materiales.
La mayor afectación en Tierra Caliente es la pérdida de siembras, que aún no terminan de cuantificar, pero que podrían ser unas 300 hectáreas.
La Secretaría de Protección Civil estatal reportó que, ante el pronóstico de fuertes lluvias en la región y la evolución de niveles en la presa de El Caracol, la Coordinación de Generación Hidroeléctrica del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), acordó que desde las 9 de la noche de ayer jueves, comenzarían a abrir las compuertas nuevamente para vaciar 2 mil 100 metros cúbicos por segundo, como medida preventiva. Prevén que el río Balsas tenga desbordamientos ligeros, dado su nivel actual. (Israel Flores / Ciudad Altamirano)Un n
Se deben extremar precauciones ante la llegada del huracán Katia, informa PC estatal

El secretario de PC del estado, César Antonio Mayares Salvador dio a conocer que en Guerrero se mantiene la alerta por la presencia del huracán Katia que se ubica frente a las costas del golfo de México.
En un boletín de prensa y de la cuenta de Twitter oficial del gobernador, Héctor Astudillo Flores, se informó sobre la probabilidad de lluvias moderadas en la región Norte, Centro y Tierra Caliente del estado.
El comité de Protección Civil (PC) del estado sostuvo una reunión privada en una de las salas de Casa Guerrero para determinar las acciones a implementar ante el paso del huracán Katia.
En el documento publicado en el portal oficial del gobierno del estado se informó que continua en categoría 1 y se prevé que sus bandas nubosas generen lluvias para las próximas 72 horas en todo el estado.
Ante este pronóstico se solicitó a la población que extremen precauciones en las zonas de alto riesgo, principalmente lugares cercanos a cauces de ríos y arroyos, así como escurrimientos pluviales, barrancas y laderas.
Se emitió un aviso previo a los 81 municipios del estado, para que la población evite cualquier riesgo.
Se recomendó ubicar los refugios temporales más cercanos, conocer rutas de evacuación, tener listo un botiquín de primeros auxilios y guardar documentos importantes en bolsa de plástico.
Asimismo, por la tarde de este viernes en la capital del estado se registró una precipitación que provocó encharcamientos en el primer cuadro y la zona sur de la ciudad a causa del agua que bajaba de las barrancas. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

 

Por cuarto día, habitantes de cinco pueblos de los municipios de Mártir de Cuilapan y de Huitzico mantuvieron bloqueada la carretera que lleva a la Autopista del Sol y que utilizan varios pueblos de la zona del alto Balsas.
Los inconformes insisten en que los habitantes de San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco, retiren otro bloqueo que mantienen desde hace más de dos años en esa carretera por un conflicto agrario con sus vecinos de San Agustín Oapan.
Nahúm García, líder de la comunidad de San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco, una de las cinco comunidades que participa en el bloqueo que comenzó el lunes pasado, advirtió ayer vía telefónica que mantendrán su movimiento mientras los de San Miguel Tecuiciapan desbloqueen la vía, y dieron de plazo hasta el miércoles de la próxima semana para que las autoridades intervengan, de lo contrario, advirtió que irán a la Autopista del Sol a bloquear el puente Solidaridad.
Por su parte, el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, reconoció que las pláticas están estancadas porque el conflicto agrario entre San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan sólo “es un pretexto” para mantener cerrada la carretera contra sus contrapartes.
Desde el lunes, vecinos de las comunidades de Tula del Río, San Juan Totolcintla y San Agustín Ostotipan, en el municipio de Mártir de Cuilapan, y de San Francisco Ozomatlán y Tulimán, municipio de Huitzuco, cerraron el tramo de la carretera que comunica a la Autopista del Sol para impedir el paso a los habitantes de San Miguel Tecuiciapan, en represalia por que estos tienen cerrada esa misma carretera a la salida de su pueblo, ante el conflicto agrario que tienen con San Agustín Oapan.
Un vecino de San Francisco Ozomatlán, Nahum García, declaró vía telefónica que la solución del problema es sencillo, “solamente pedimos que San Miguel Tecuiciapan quite el bloqueo que tienen entre San Agustín Oapan y San Miguel Tecuiciapan, en el momento que ellos retiren las láminas que cierran el paso, nosotros también retiramos la tierra que bloqueo el paso”.
Informó que desde el lunes le pidieron a Jaimes Ferrel, “que le eche ganas y que les diga a los de San Miguel que quiten las láminas que cierran el paso para que aquí también destapemos y se libere totalmente te la vía de comunicación”.
Informó que, el miércoles acordaron que ayer jueves el subsecretario se reuniría con vecinos de San Miguel Tecuiciapan para decirles que quiten la lámina, pero dijo que, a las 5 de la tarde no se había comunicado con ellos.
Informó que, en la reunión que tuvieron con el subsecretario le advirtieron que los pueblos van a esperar hasta el 14 de septiembre, y que si para entonces no se ha resuelto nada, van a trasladar el bloqueo a la Autopista del Sol, en el puente Solidaridad. Dijo que en ese bloqueo participarían habitantes de otros pueblos de la zona.
Por su parte, el subsecretario Jaimes Ferrel declaró que los vecinos que instalaron el bloqueo el lunes pasado, sólo piden que los habitantes de San Miguel Tecuiciapan retiren el bloqueo que instalaron desde marzo de 2015 en la carretera Xalitla-San Francisco Ozomatlán.
Informó que acordaron con el abogado de San Miguel Tecuiciapan que ayer jueves se reunirían a las 12 en Chilpancingo, pero que finalmente le informaron que tendrían una reunión a la misma hora en su comunidad, y ya no se presentaron.
Informó que el miércoles, mientras él estaba en San Francisco Ozomatlán, los de San Miguel Tecuiciapan se reunieron con el subsecretario de Asuntos Políticos, José Martín Maldonado del Moral, y acordaron una reunión de trabajo para el 13 de septiembre, en la que estarán funcionarios de dependencias estatales y federales, y en las que se espera que haya acuerdos.
Reconoció que el conflicto está estancado, pero que al gobierno le interesa destrabarlo lo antes posible, porque el segundo bloqueo está afectando ya el abasto de alimentos a San Miguel Tecuiciapan, la comunidad más afectada con este segundo bloqueo, porque les cerraron el único paso que tenían para salir a la Autopista del Sol. La otra salida es hacia la carretera federal México-Acapulco pero por ese lado está San Agustín Oapan por donde no pueden pasar a causa del conflicto agrario.

Un hombre resultó herido de bala y un taxi quedó baleado en un enfrentamiento entre civiles armados que ocurrió la tarde de ayer entre las colonias Vicente Guerrero y Costamar en Zihuatanejo.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que a la 1:15 de la tarde recibieron un reporte que había ocurrido una balacera en este asentamiento. No se precisó si el herido era de los hombres armados o un civil.
Según testigos hombres armados se enfrentaron a balazos entre dichas colonias, ahí un hombre resultó herido de bala y con sus propios medio fue trasladado al hospital general de Zihuatanejo para recibir atención medica, además en el lugar había un taxi Nissan Sentra con impactos de bala y había varios casquillos percutidos de Cuerno de chivo.
El enfrentamiento armado generó miedo y zozobra a los estudiantes de una primaria y secundaria que salían de clases cuando ocurrió la balacera.
Policías estatales, ministeriales y militares acordonaron el lugar y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las investigaciones correspondientes. (Luis Blancas / Chilpancingo).

 

 

El abogado y ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Enrique González Ruiz y la esposa del preso político Gonzalo Molina González, Ausencia Honorato condenaron que él y los otros presos e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Samuel Ramírez Gálvez y Arturo Campos Herrera sigan encarcelados, y expusieron que continuarán en la lucha para verlos libres.
González Ruiz informó que es el nuevo abogado de los presos políticos, y que revisará los expedientes para que en los próximos días dé información sobre los procesos jurídicos.
Además Ausencia Honorato informó que le diagnosticaron gastritis crónica al promotor de la Policía Comunitaria de El Fortín, en Tixtla, Gonzalo Molina González, que después de presionar en el penal de la capital donde está recluido le permitieron llevarlo al hospital para revisarlo.
“Gonzalo Molina (preso en Chilpancingo), Arturo Campos (preso en Ayutla) y Samuel Ramírez (preso también en la capital), esos tres compañeros son rehenes del Estado para evitar la formación y permanencia de policías comunitarios, porque ellos están acusados en relación a su trabajo en la Policía Comunitaria…ellos fueron acusados por una cantidad enorme de delitos que se han ido desvaneciendo, fueron acusados por delincuencia organizada, fueron acusados por secuestro, fueron acusados por acciones sumamente fuertes que son propias de grupos delincuenciales”, manifestó el abogado de los presos políticos.
Añadió que las policías comunitarias surgen de actos legítimos de los pueblos, cuando no funcionan los mecanismos normales de autoridad, entonces los pueblos se arriesgan y las forman.
Refirió que el hecho de acusarlos de delitos “sumamente escandalosos”, como delincuencia organizada, secuestro, tiene el propósito de desprestigiarlos, de desautorizarlos y de reprimirlos.
Resaltó que lo que se quiere es que sean liberados sin ningún cargo ni condicionados, porque no cometieron ningún delito.
De las presuntas víctimas que debían presentarse a declarar por el caso de Molina González, como la diputada local perredista Érika Alcaraz, Ausencia Honorato expuso que se le envió el citatorio pero no fue, con el argumento de que no tenía conocimiento del caso, pero ella interpuso una denuncia.
De las armas que les quitaron dijo que están en resguardo en la base del Fortín, y que en un acuerdo que se hizo con funcionarios del Ayuntamiento se estipuló que en cuanto salga el promotor Gonzalo Molina de la cárcel y ponga un pie en la base, se van a devolver las armas.
Añadió que la Policía Comunitaria del Fortín sigue en pie de lucha, aunque con un poco de temor ante las órdenes de aprehensión en su contra.
Dijo que la salud de su esposo está “muy mal”, que después de las tres cirugías a las que se enfrentó sigue enfermo, y le diagnosticaron gastritis crónica, por lo que el martes lo llevaron al hospital a revisarlo.
Afirmó que está sufriendo demasiados dolores, y que en el reclusorio no hay medicamentos, ni enfermeras ni doctores, que  solamente le pueden controlar un poco el dolor, motivo por el que se presionó para llevarlo a un hospital.
Dijo que no se ven ninguna respuesta, “ni de nuestro compañero Arturo, ni de nuestro compañero Samuel, ya que como saben nuestro compañero Samuel era policía comunitario y él le violaron sus derechos porque él cayó antes de los 18 años, él cumplió los 18 dentro del reclusorio y es la fecha que no lo han dejado libre”.

El abogado Salvador Miranda Hernández denunció que la Policía Municipal y de Tránsito de Tlapa de Comonfort detuvo a un taxista afuera de su casa a quien le robaron 3 mil 800 pesos pese a no cometer un delito.
En una llamada a la redacción de El Sur, el abogado dijo que el taxista de nombre Paulino Tiburcio Primo estba alrededor de las 8 de la noche del miércoles afuera de su domicilio en la colonia Tepeyac bebiendo con un primo.
Ahí llegó una patrulla de policías municipales y lo detuvo sin razón, así mismo los policías solicitaron el apoyo de Tránsito municipal para trasladar el taxi al corralón, sin embargo el automóvil fue llevado al corralón manejado por un agente de Tránsito.
En el interior del carro que sigue en el corralón había 3 mil 800 pesos que desaparecieron, además también fue sustraído dinero de la cartera del taxista. El hombre salió la mañana de ayer luego de pagar una fianza de 700 pesos, sin embargo no puede pagar la multa para sacar el automóvil del corralón.
El abogado informó que junto al afectado fueron al Ayuntamiento a buscar a la síndica, Alma Rosa Fuentes Reyes, y al director de la Policía Municipal y al de Tránsito para exponer el caso, pero éste ultimo no llegó. (Jacob Morales Antonio).

 

La permanencia y reproducción de los grupos delincuenciales es una muestra de que hay gobiernos débiles, omisos o cómplices con el crimen organizado, afirmó la especialista en seguridad ciudadana Lucía Dammert, quien hoy participa en el foro Seguridad Ciudadana.
“La capacidad gubernamental es clave para explicar por qué se desarrollan los mercados ilegales, esa capacidad gubernamental puede ser por omisión o por acción, la omisión es que son ineficientes y la acción es que participan en el mercado ilegal”, expuso.
La académica de la Universidad de Santiago de Chile, especialista en seguridad ciudadana expondrá hoy en la conferencia Lecciones aprendidas en la lucha contra el crimen: aprendizaje para México como parte del foro internacional Seguridad Ciudadana ¿es posible vencer la criminalidad?, que se llevará a cabo en el salón El Faro del hotel Elcano, en el que también participará el profesor emérito de la Universidad de Georgetown, John Bailey, con la ponencia Rutas de escape de las trampas de la seguridad en México.
En entrevista con El Sur a la especialista se le consultó del problema de violencia que se vive en la entidad desde hace más de una década, expuso que en América Latina se ve con “preocupación” el problema del crimen organizado que se vive en el país por la “poca efectividad” de las autoridades.
En el caso de Guerrero acotó que no podría emitir una opinión en particular pero reflexionó que, “si los grupos delictivos se mantienen en el tiempo seguramente la voluntad política de hacer ciertos cambios no se ha mantenido en el tiempo, seguramente lo que uno encontraría si haces el análisis del discurso político, de la acción política, es una espiral que se mantiene dando vueltas pero no avanza porque si no ya estaríamos con esto resuelto”.
Abundó que “el crimen organizado es mucho menos que todo el resto de la actividad económica, cuando estos grupos que son pocos, que son chicos, que son específicos terminan regenerándose y reconvirtiéndose es porque en definitiva la capacidad de acción contra ellos, por diversos motivos, no es efectiva”.
“Hoy en muchos países el crimen organizado es enfrentado por una parte del Estado y hay otra parte del Estado que no ve, y otra parte que está en connivencia y eso pasa desde México hasta Argentina, en la región uno encuentra eso y es bien peligroso, es tremendo porque hay mucha gente que muere”, advirtió.

Vigilar a los vigilantes

Lucía Dammert es la única representante de América Latina en el Consejo Asesor en Temas de Desarme del Secretario General de Naciones Unidas, sostuvo que es necesario transparentar las acciones de las policías locales, estatales, federales, militares y de procuración de justicia, “si hay opacidad se pierde el control de lo que es y no es el Estado”.
Indicó que debe de haber transparencia en las operaciones de seguridad, en las detenciones de los cuerpos de seguridad y que el margen de lo que las autoridades pueden mantener en secrecía es muy reducido.
“El Estado sirve para entregarte protección y uno paga impuestos para sentirse protegido”, por eso las acciones de prevención y la efectividad deben estar sujetas a revisión con transparencia.
Otro aspecto sobre el que se debe mantener la vigilancia es el financiamiento de las campañas políticas para que sea transparente, “porque si tu tienes un mundo de la política que es opaco, especialmente el mundo de financiamiento a la política, entonces se permiten espacios grises y es ahí donde se junta la necesidad de las reformas políticas con la lucha contra la criminalidad en todas sus vertientes”.

La despenalización de la mariguana, una de cuatro rutas para enfrentar la violencia

La especialista opinó que hay cuatro rutas para enfrentar el problema de la violencia, uno es la despenalización de la mariguana, otro es fortalecer la Justicia (disminución de la impunidad, transparencia y preparar a la policía), atender el problema de consumo de drogas como un asunto de salud y no delictivo, y la participación de los ciudadanos en acciones pro seguridad.
De la pertinencia de legalizar la amapola como se propone en el Congreso local, la especialista sugirió que lo principal debiera ser reformar la policía para hacerla más eficiente, y enfrentar los problemas de corrupción al interior de las corporaciones.
Comparó que “las capacidades” de policías y de justicia en los estados de Estados unidos donde se permite el consumo de droga “son fuertes”, pero en México los gobiernos estatales para enfrentar un problema llaman a la federación, “entonces eso (la despenalización) podría generar mucha violencia”.
Abundó que desde el punto de vista económico “no es significativo tener a policías persiguiendo plantas, lo que la policía tiene que hacer es perseguir al crimen organizado, y la experiencia demuestra que lo que hay que perseguir es el dinero”.
“Hay cientos o miles de personas en América Latina que están encarceladas porque tenían una planta de mariguana, pero ¿cuántos son los que están encarcelados porque tenían miles de millones de pesos?, pocos”.
Afirmó que el crimen organizado se debe enfrentar de una forma distinta, por eso cree que la despenalización es una de las cuatro patas sobre la que se puede diseñar una estrategia en la que participen autoridades y ciudadanos, con políticas públicas transversales que atiendan todos los aspectos del problema.
Consideró que los ex presidentes de México Ernesto Zedillo Ponce de León, de Colombia César Gaviria y de Brasil Fernando Henrique Cardoso, “hicieron un aporte importante” cuando propusieron la despenalización de las drogas, pero se encontraron con gobiernos que son contrarios a esa idea.
La especialista indicó que se debe de partir del principio de que el problema de la violencia y la inseguridad ha ocurrido en otros lugares, y se ha podido resolver con participación de los ciudadanos y voluntad política.
Precisó que la participación ciudadana no implica armarse y salir a hacer rondas, sino reconocer “que la violencia no es forma de resolver el problema, porque en la desesperación la gente tiende a portar armas y balear al que pueda, eso en general no sirve”.
Añadió que también se requiere de una voluntad política fuerte, “los gobiernos que llegan no vienen en un avión de Marte, generalmente uno los vota”, por esa razón es importante la participación ciudadana para romper el fenómeno del clientelismo, “si tú estás dispuesto a votar por alguien que sabes que no va a hacer nada porque nunca ha hecho nada, pero por motivos diversos crees que es lo menos malo, entonces entras en el círculo de lo que estamos viviendo”.

El neoliberalismo, terreno fértil para el crimen organizado

A pregunta expresa sobre si el problema de inseguridad comenzó con el actual sistema neoliberal, como lo planteó en un foro el académico Enrique González Ruiz, aceptó que “el actual sistema económico que tenemos genera un terreno fértil para la base de la pirámide” del crimen organizado.
Concedió que las condiciones del sistema económico orillan a algunos jóvenes a tomar el camino delictivo pero no justifican al crimen organizado, porque este se sostiene en el capital, pues “hay unos cuantos que ganan mucho, que casi nunca van presos, que tienen una estructura muy grande y después tienes un montón en la base de esa pirámide que ganan muy poco, que casi siempre van presos y que mueren muy rápido”.
Otro factor que opinó se debe considerar, es que “para que se desarrollen los mercados ilegales lo que tiene que haber es una participación del mundo de la política, del mundo del Estado para que esto se pueda desarrollar con esos niveles de impunidad”.
Consideró que tiene que haber una mejor redistribución de las ganancias, porque “es triste que el modelo de exclusión siga fortaleciéndose”.
“Se requiere de una forma distinta de ver el desarrollo económico y social del país, si tu tienes un 20 o 30 por ciento de jóvenes que no estudian ni trabajan no pretendas que esos jóvenes vivan de la ensoñación, de mirar el lindo mar de Acapulco. Nadie se despierta a los 20 años y decide ser sicario”.
Agregó que invertir en educación es la mejor política para terminar con las carreras criminales, porque “hay una relación bastante fuerte entre lugares donde los jóvenes abandonan el colegio y lugares donde hay más violencia”.
La solución al problema de la violencia no es la vía policial “porque ésta los toma y los mete presos, y ya sabemos que uno entra por robo y sale peor”.
“Si México desarrollara un sistema económico más inclusivo tendrías un terreno mucho menos fértil para la cultura de la ilegalidad y de la violencia”, afirmó.

La temporada de alta migración de jornaleros agrícolas a diversos estados del país inició el 1 de septiembre, y se prevé que salgan, de esta fecha a enero, cuando termina la temporada, más de 7 mil indígenas. Durante la temporada pasada, los migrante padecieron muertes infantiles y maternas, accidentes vehiculares, despidos injustificados e inseguridad.
El periodo de alta migración fue establecido de acuerdo con datos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que hizo un balance de septiembre de 2016 a enero de 2017, periodo en el que se registraron 6 mil 935 jornaleros, 3 mil 729 hombres y 3 mil 206 mujeres.
Asimismo, Tlachinollan registró, de julio de 2016 a julio de 2017, nueve muertes de niños atropellados por camiones en los campos agrícolas en Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Guanajuato; uno que murió tras una caída en Zacatecas; y seis por enfermedades y falta de atención médica.
Entre el 29 de diciembre de 2016 y el 30 de mayo de 2017, ocurrieron dos muertes maternas, una en Sinaloa y otra en Chihuahua.
Ocurrieron cinco accidentes de tránsito; un homicidio a manos de la delincuencia organizada, en Sinaloa; tres despidos injustificados de familias jornaleras en los campos agrícolas, y abuso de autoridad de policías y tránsito que los extorsionan en su traslado de Guerreo a Sinaloa, sobre todo en Puebla.
Por otro lado, entre octubre y noviembre de 2016, a la Unidad de Servicios Integrales (USI) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de donde salen los autobuses que transportan a los jornaleros migrantes, llegaron miembros de la delincuencia organizada que golpearon y exigieron dinero a dos choferes de camiones que esperaban a los jornaleros para trasladarlos a los campos de cultivo.
Entonces levantaron a cuatro campesinos; a dos, originarios del estado de Oaxaca, los sacaron de las instalaciones de la USI, y a otros dos los secuestraron frente a la radiodifusora La Voz de La Montaña; para que los liberaran, pagaron 10 mil pesos. Amenazaron a empleados del USI para que hicieran el cobro de piso a cambio de “seguridad”.
El martes salieron tres autobuses con más de 100 jornaleros, hombres mujeres y niños, de los municipios de Tlapa, Atlixtac y Zapotitlán Tablas, rumbo al estado de Sinaloa para trabajar en campos de la empresa Exportaliza Mexicana, donde por tarea cumplida les pagarán 190 pesos, y al final del contrato les darán un bono de 10 pesos por día trabajado. (Carmen González Benicio / Tlapa).

El dirigente de los pescadores de Petacalco del municipio de La Unión, Gilberto Barrera Reyes dio a conocer que extraoficialmente saben que gobierno federal planea una reunión con ellos para el 13 de septiembre pero no asistirán si la invitación no se las hacen por escrito, aseguró que seguirán tomando la caseta hasta que no sean convocados formalmente.
Ayer se cumplió una semana de la toma de la caseta Feliciano de la autopista Siglo XXI, por pescadores que exigen que se les indemnice por la contaminación que provocó un derrame de combustóleo el año pasado. Más de 150 pescadores llegaron a las 8 de la mañana y tomaron la caseta y pidieron dinero a los conductores, después llegaron policías federales división Caminos quienes tomaron fotografías y se retiran.
Gilberto Barrera dijo que “no nos vamos a quitar de aquí hasta que no nos llegue por escrito la invitación para la reunión que supuestamente va a ser para el día 13 y queremos por escrito el documento, los compañeros ya no quieren que por teléfono nos digan que nos tenemos que trasladar a esa reunión en la que nos van a dar a conocer el resultado final de la investigación por parte de la PGR y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente”. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).

 

Luego de la protesta del miércoles de damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello visitó este jueves el fraccionamiento, en donde se comprometió a entregar las escrituras a los vecinos en noviembre próximo.
En cuanto al puente vehicular que está inconcluso, les informó que el alcalde de Chilpancingo incumplió algunos acuerdos con el propietario del terreno, que tiene suspendida la obra; mientras que de los desperfectos de las viviendas serán responsables de repararlos las constructoras, contra las que la dependencia federal ha presentado demandas.
En entrevista al final de la reunión con los vecinos, el delegado informó que se desconoce el destino de al menos 90 millones de pesos que debieron ser utilizados en obras de este fraccionamiento, e informó que los anteriores delegados incurrieron cuando menos en omisión, por no haber actuado a tiempo para evitar las irregularidades que ahora se están denunciando.
Explicó que las denuncias que presentó la delegación a su cargo, no sólo fueron en contra de las cuatro empresas constructoras, sino también “en contra de quien resulte responsable”, dado que también podría haber responsabilidad de ex delegados y funcionarios de la dependencia en administraciones pesadas.
El miércoles, damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel que fueron reubicados en el fraccionamiento El Mirador, marcharon de ese asentamiento, ubicado al sur de la capital, al entronque de la Autopista del Sol con la carretera federal México-Acapulco, donde bloquearon parte de la vía.
Los damnificados exigieron sus escrituras, se quejaron porque la obra del puente vehicular que dará acceso a ese fraccionamiento sigue suspendida y, además, denunciaron cuarteaduras y filtraciones en sus viviendas.
A las 10 y media de la mañana, el delegado Armenta Tello acudió al fraccionamiento y se reunió en la explanada con unos 50 vecinos, a quienes dijo que, de las escrituras faltan algunos detalles y trabajo de campo para establecer a nombre de quien saldrán los documentos.
Reconoció que el retraso obedece a que el predio de 3 hectáreas fue vendido a la Sedatu solamente con una promesa de compraventa, y que la dependencia no cuenta con una escritura formal. Explicó que se requiere que esa promesa de compraventa se convierta en escritura para que la Sedatu sea reconocida como propietaria del predio. También dijo que hace falta un avalúo.
Armenta Tello se comprometió a que los trámites se agotarán en unos 2 meses, para cuando la dependencia federal estará en posibilidades de comenzar a entregar las 560 escrituras a igual número de familias.
En cuanto a la demanda de que se culmine la construcción del puente, dijo que ya tiene un avance “significativo” y que sólo falta terminar la parte de la obra que está en el predio cuyo propietario mantiene parados los trabajos debido a que el Ayuntamiento incumplió algunos acuerdos, “le hemos pedido al alcalde que acelere el cumplimiento para concluir la obra”, dijo el funcionario federal.

Hay demandas legales para que las constructores reparen los desperfectos en las casas, dice

Con respecto a los desperfectos en las viviendas que ocasionan filtraciones de agua, Armenta Tello les recordó que hay demandas presentadas en contra tres empresas constructoras, Jumen, Casaflex y Concretos de Servicio Masa.
Aseguró que las constructoras se tendrán que hacer responsables de las obras de mitigación, incluidas las demoliciones de 32 de ellas ubicadas en la Manzana 2-B, como dictaminaron el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Protección Civil estatal y expertos de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Entrevistado al final de la reunión, el delegado aseguró que no hay impunidad, sino aspectos legales que toman un tiempo. Aseguró que se está actuando y recordó que en 2016 presentó denuncias contra las empresas, “y contra quien resulte responsable”, con lo que quedó abierta la posibilidad de que haya sanciones en contra de “más responsables”.
Reconoció que hay problemas en cuanto a la ejecución de algunas acciones que han puesto en una situación complicada a este fraccionamiento, “sobre todo la manzana 2-B, en la que se tendrán que demoler 32 viviendas porque las casas presentan deficiencias”.
Explicó que se trata de viviendas prefabricadas, colocadas una sobre otra, “cuando hay un movimiento sísmico les aparecen fisuras entre los elementos, y es por allí donde se filtra el agua, que es la queja recurrente de las familias”.
Añadió que el dictamen que emitió la Secretaría de Protección Civil estatal en 2014 era muy claro, “decía que aquí se podía construir siempre y cuando no se cambiara la condición original de los escurrimientos naturales, que si se hacían desmontes o plataformas, éstas no tuvieran un ángulo superior a 30 grados, sin embargo, las que están tienen más de 80 grados”, reconoció.
Asimismo, el estudio de Protección Civil recomendó que se hicieran sondeos suficientes para conocer el perfil adecuado del terreno antes de tomar decisiones. El delegado reconoció que no se hizo, por lo que no se pudo conocer el perfil de las 3 hectáreas para estabilizar las plataformas porque, explicó, en la zona el terreno es arcilloso, de alta reacción a la humedad, y eso obligaba a que se hicieran trabajos adicionales para estabilizar el predio antes de construir el fraccionamiento.
El funcionario federal aseguró que, independientemente de la reparación del daño al que se está obligando a las constructoras, habrá sanciones por el incumplimiento de las especificaciones de la obra, “serán sanciones que obligarán a quien haya omitido detalles en la ejecución de las acciones”.
Aseguró que la Sedatu, sigue el proceso legal por las denuncias que fueron presentadas hace dos años, y que están en espera de un deslinde de responsabilidades para que quien resulte responsable invierta lo necesario para corregir “los defectos que nosotros estamos demandando”.
El proyecto original del fraccionamiento era de mil 100 viviendas, pero sólo se construyeron 598 y, según el delegado, es parte de las denuncias que se presentaron en las que requieren la devolución de los 90 millones de pesos pagados.
Un reportero cuestionó a Armenta Tello por qué las demandas se presentaron solamente contra las empresas y no contra los delegados, concretamente contra Héctor Vicario Castrejón, por incumplir la observación para que se respetara la normatividad. Armenta Tello repitió que las demandas fueron presentadas contra las empresas, “y contra quien resulte responsable”.
Reconoció que no sabe en qué responsabilidades incurrieron los ex delegados, pero que para no ser omiso presentó las denuncias e hizo las observaciones, “porque de lo contrario me vuelvo yo responsable”, aunque reconoció que en algunos casos ha preferido un mal arreglo que un buen pleito, porque aclaró que un buen pleito obligaría a poner más del tiempo que ya lleva la entrega de las viviendas.
Sin mencionar al diputado priista Héctor Vicario Castrejón, aclaró que se ha inhabilitado a ex funcionarios, ante los resultados de una inspección de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y no por las denuncias que presentó la Sedatu, que sólo son procesos administrativos.
Finalmente, el delegado reconoció que la dependencia federal enfrenta “situaciones complejas” y que por eso, y ante la presión social, “mi urgencia es que las instancias emitan ya las sanciones”.