El director de Ecología municipal, Christian Garnica San Román, informó que solicitará a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría de Protección al Ambiente que haya una reunión urgente para revisar el caso de las calandrias.
Consultado, Garnica San Román indicó que “nos enfrentamos a que los propietarios andan renovando las concesiones y necesitamos tener una reunión en calidad de urgente con el gobierno del estado, porque como Ayuntamiento estuvimos un poco ocupados con el informe del presidente municipal y con la auditoría interna, eso nos retrasó 20 días”.
Dijo que la próxima semana habrá acercamiento con el gobierno del estado “para dialogar con los concesionarios de las calandrias para dar seguimiento a lo que ya se había platicado en un momento”.
El funcionario municipal explicó que la Ley de Bienestar Animal no sólo “responsabiliza al municipio, por el contrario, le da más responsabilidad al estado y nosotros como municipio generamos un reglamento de trato digno a los animales y hemos sido en cierta manera conducentes en este tema, la parte que le corresponde al estado es preocupante porque es algo de todos, como los temas de seguridad”.
El pasado julio 26, El Sur informó que a más de año y medio de que se debieron retirar las calandrias de la avenida Costera, en cumplimiento con la Ley de Bienestar Animal, conductores de este transporte informaron que no han sido consultados ni tomados en cuenta para la sustitución de los caballos por vehículos.
La Ley de Bienestar Animal fue aprobada en 2015 y a la fecha las calandrias siguen en circulación en la avenida Costera. (Aurora Harrison).

Abogados litigantes denunciaron que la Primera y la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco fue suspendido el servicio de luz por segundo día consecutivo debido a supuestas fallas, sin que les expliquen cuándo quedará resuelto el problema que ya dejó 10 mil audiencias aplazadas hasta por tres meses.
Además se quejaron de que la semana pasada sólo trabajaron lunes y martes, pues miércoles, jueves y viernes tuvieron días libres porque primero se conmemoró el Día del Burócrata y después por el informe del presidente Enrique Peña Nieto.
Esta reportera constató que el edificio, ubicado entre las calles J. R. Cabrillo y Vasco Núñez de Balboa, en el fraccionamiento Hornos, permanecía sin luz ayer después de las 2 de la tarde, y muchos trabajadores se habían retirado y otros seguían en sus oficinas; mientras que los escasos abogados que estaban en la Junta esperaban a que se restableciera el servicio, cosa que no ocurrió.
Al respecto, el abogado Roberto Jacinto de la Cruz señaló que ayer se cumplieron dos días sin el servicio.
Explicó que todos los días se atienden 2 mil audiencias entre las dos salas, lo que representa 10 mil audiencias que no se llevaron a cabo los cinco días que no han laborado. (Karla Galarce Sosa).

El delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Martín Vargas Prieto, tomó protesta a los integrantes del Comité por el Rescate del Paseo del Pescador y Playa Manzanillo.
El integrante del recién conformado comité, Jondalar Castillo Ledezma, informó que hay 15 embarcaciones abandonadas en la playa Manzanillo, de las cuales 10 carecen de registro matricular ante la Capitanía de Puerto, por lo que no hay antecedentes o registros que permitan comenzar algún procedimiento administrativo.
Ayer se llevó a cabo la segunda junta del comité en el edificio de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur), a la que acudieron el secretario de la Asociación de Carpinteros, Reparadores y Pintores de Playa Manzanillo, Alberto Lara de los Santos; el delegado de la Profepa, Gerardo Yépez Tapia; representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Secretaría de Marina (Semar).
Los asistentes, entre quienes se encontraban pescadores y prestadores de servicios náuticos, acordaron solicitar a la Capitanía de Puerto, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Semarnat y a la Profepa que levanten actas y comiencen procedimientos administrativos para que sean entregadas a la autoridad competente las embarcaciones abandonadas y sean retiradas de la playa o de zonas que actualmente ocupan.
Indicaron que después de 15 días que han hecho la invitación para que se retiren las embarcaciones, corresponde a las autoridades hacer las solicitudes.
Otro acuerdo fue que una vez entregadas las solicitudes para el retiro de las lanchas, se haga un recorrido con las autoridades en la playa Manzanillo y en el Paseo del Pescador.
Usuarios y concesionarios del Paseo del Pescador pidieron una campaña de sensibilización para mantener la playa limpia una vez que Zonatur, Saneamiento Básico y la Promotora y Administradora de Playas ayudaron en las labores hace dos semanas.
Guido Rentería Rojas, uno de los concesionarios, sugirió que para la recuperación de espacios se haga un baradero seco en el espacio donde actualmente hay restaurantes de mariscos y que es un estacionamiento del DIF municipal.
El oceanólogo Efrén García Villalvazo recordó que las limpiezas y el esfuerzo que se aplica para su realización serán infructuosas si ninguna autoridad impide que la playa se utilice como un varadero, pues ha ocurrido lo mismo durante varios años.
Los asistentes coincidieron en que se debe establecer un mecanismo para mantener limpia la playa, de lo contrario el año siguiente volverá a ser ocupada por embarcaciones abandonadas.
Durante la junta se comentó que también debe haber un reordenamiento de ocupantes de la zona federal, para que quienes carecen de concesión sean reubicados y así aprovechar los espacios. No obstante que ponderaron el diálogo y la concientización de las playas limpias, como un esfuerzo colectivo entre ciudadanos y autoridades, ocupantes y usuarios de las mismas.
En la reunión también estuvieron Elvia Martínez, Ricardo Vielma, Javier Saldivar, Alejandro Martínez Sidney, Roberto Jacinto de la Cruz, Roberto Velasco, entre otros.

Un chofer de un taxi colectivo amarillo fue encontrado asesinado en el interior del automóvil en la colonia Libertad, a una cuadra del bulevar Lázaro Cárdenas.
De acuerdo con fuentes de Seguridad Pública, el hecho se reportó a las 17:15 de la tarde entre las calles Emiliano Zapata y Narciso Mendoza, en la colonia La Libertad.
La víctima, de unos 35 años de edad, estaba amarrada de las manos hacia la espalda y tenía un disparo en la cabeza calibre 38 súper.
El cuerpo estaba colocado en los asientos de la parte trasera del taxi colectivo amarillo, con número económico 095 y placas de circulación 40-95-FS, que no tenía la identificación de su ruta.
Este es el segundo taxista asesinado en los primeros seis días de septiembre. El lunes fue un chofer de nombre Salomón, de 36 años, cuyo cuerpo fue dejado junto al de un adolescente cerca de la caseta de La Venta.
El martes, una mujer fue asesinada en una miscelánea de la colonia Libertad debido a que se negó a pagar la cuota. El negocio se ubica a cuatro cuadras de donde ocurrió el crimen de ayer. (Jacob Morales Antonio).

 

La señora María Teresa García Bustamante denunció que la asesora de víctimas de la Fiscalía Regional en Acapulco, Yelina Nolasco Fernández, le pidió llegar a un arreglo con el padre de su hija, Manuel Urbano Morales Vega, quien está acusado de haber violado a la joven en febrero pasado.
Afuera de la Fiscalía Regional, García Bustamante denunció que en dos ocasiones le han cancelado las audiencias sin previo aviso, lo que le causa pérdidas económicas porque viaja desde la Ciudad de México.
Indicó que su hija fue violada el pasado 8 de febrero en una casa ubicada en la zona Diamante, propiedad de la hermana del agresor y a donde su hija, aún menor de edad, llegó a pasar unos días de vacaciones.
Dijo que luego del hecho, la adolescente llegó a la Ciudad de México y le relató el abuso y por ello acudieron a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el 9 de febrero, e interpusieron una denuncia por el delito de abuso sexual.
Pero señaló que las declaraciones que hicieron en el Ministerio Público de la Ciudad de México no fueron asentadas como las relataron por parte de las licenciadas que las atendieron.
García Bustamante indicó que un mes después le solicitaron levantar un acta de los hechos pero en Acapulco, donde el proceso está parado en el Ministerio Público desde hace cinco meses, a pesar de que fueron aportadas todas las pruebas como el examen médico realizado a la menor.
Señaló que ahora en Acapulco la asesora de víctimas de la Fiscalía Regional, Yelina Nolasco Fernández, le solicitó llegar a un acuerdo y arreglo con el papá de la joven, que recién cumplió la mayoría de edad, pues pidió saber cuánto dinero quiere la señora por la reparación del daño, pero la mamá de la joven dijo que quiere justicia y castigo.

El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Gerardo Yépez Tapia, dijo que ya se han comenzado “algunas acciones” respecto a las descargas de aguas residuales de hoteles que se han registrado en los últimos días, tanto en la bahía como en la zona Diamante.
El funcionario acudió a la reunión del Comité por el Rescate del Paseo del Pescador y Playa Manzanillo en Acapulco, convocada por integrantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en Acapulco (Canaco-Servytur).
En declaraciones a reporteros al concluir la reunión, Yépez Tapia indicó que debido a las descargas de aguas residuales que se han registrado en los últimos días en la bahía y en la zona Diamante, resultado de las lluvias, la dependencia realizó “algunas acciones” de las que no quiso abundar debido a que están en marcha.
Explicó que el problema de vertimientos se acentúa en la zona Diamante, de ahí que se vigile aún más.
Comentó que los desfogues de los canales pluviales en la zona Diamante están relacionados con acciones de prevención y evitar que haya inundaciones en las calles y avenidas de la zona.
Acusó que los prestadores de servicios son quienes causan los taponamientos en las desembocaduras de dichos canales, por lo que la semana pasada se hizo la apertura mecánica en la playa Copacabana. (Karla Galarce Sosa).

La decisión de Donald Trump de echar abajo el DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) amenaza con expulsar de Estados Unidos a cerca de 800 mil jóvenes llegados en la infancia a ese país. De esa cantidad, más de 70 por ciento son de origen mexicano, aunque los hay provenientes de muchos otros países.
Esos jóvenes son los llamados dreamers (soñadores),
para los que Barack Obama  expidió el DACA, que se traduce como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, programa que permitía a los ahora amenazados estudiar o mantenerse en los empleos que ocupan en Estados Unidos. Pero el sueño terminó.
De Donald Trump no podía esperarse otra cosa. Su búsqueda de legitimación entre el pueblo estadunidense está basada en despertar los peores instintos de los sectores de derecha y alentar las acciones xenófobas y racistas, como lo demostró, si hiciera falta, al calificar de igual manera a los neonazis reunidos en Charlotesville y a los antifacistas.
La decisión de Trump de suprimir el DACA hace aparecer a Obama como el buen samaritano que tendió la mano a los desprotegidos, pero lo cierto es que ha sido el presidente gringo que ha expulsado a más mexicanos en toda la historia de Estados Unidos. Su defensa de los dreamers se explica porque representan un sector que hace grandes aportes a la renovación demográfica en una población que, en promedio, es cada vez más vieja. Se necesita gente joven para ocupar las plazas laborales y si esa gente cuenta con estudios universitarios y alta calificación profesional, mucho mejor para la economía del país vecino. Pero eso no lo entiende el tipejo del gran copete.
Numerosos empresarios han protestado contra la medida, pues la mano de obra indocumentada resulta mucho más barata que aquella que cuenta con papeles legales. En especial, ha tenido resonancia la protesta de los grandes magnates de Sillicon Valley, pues cientos de esos jóvenes amenazados con la extradición son genios del ámbito cibernético que aportan sus conocimientos a la pujante industria de la computación.
Como era de esperarse, ahora los gobernantes mexicanos se desgarran las vestiduras por los paisanos amenazados con la expulsión de EU y hasta les prometen facilidades para que sigan estudiando y hasta empleos, como si aquí sobraran plazas en nuestras saturadas universidades y no tuviéramos a tres de cada cinco trabajadores en la economía informal. Demagogia vil.
En esta coyuntura no han faltado los que demandan que México no ceda a las múltiples exigencias de Estados Unidos en la negociación del TLC, a menos que se garantice la protección de los amenazados por la expulsión. Sueño guajiro. Los negociadores mexicanos, representantes de un gobierno caracterizado por la sumisión y el entreguismo, no actúan para proteger a los mexicanos de a pie, sino a los exportadores.
Por fortuna, lo previsible es que Trump tenga serias dificultades para llevar adelante su proyecto de expulsión masiva, pues se le oponen poderosos sectores empresariales que resultarían afectados. Por otra parte, entre los 800 mil amenazados hay muchos que ocupan plazas laborales en rubros poco apreciados socialmente, pero que resultan indispensables para el mejor funcionamiento de la economía.
La derogación del DACA ha vuelto a mostrar la tremenda irresponsabilidad con que se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue Carlos Salinas de Gortari quien dejó a los mexicanos en la indefensión, al aceptar el libre flujo de capitales y mercancías, pero no el de mano de obra, algo que, en su momento, los países de Europa Comunitaria entendieron como indispensable desde el principio de las negociaciones que los llevaron a unirse.
Consecuencia del TLC fue un desempleo mayúsculo por el crecimiento mezquino de nuestra economía, lo que produjo una migración masiva e indocumentada de la fuerza laboral, pues en la era de dicho Tratado pasó de dos millones y medio a doce millones el número de mexicanos en Estados Unidos. Los gobernantes mexicanos observaron esa tragedia demográfica con un disimulo que pretendía ocultar su satisfacción, pues las remesas de esos trabajadores se convirtieron en la principal fuente de divisas, más importante incluso que los ingresos petroleros. Ahora vemos las consecuencias de esa miseria política, de esa negociación del TLC sin grandeza ni sentido patriótico. Una tragedia más para un pueblo que no debe acostumbrarse a la desgracia.

En su mensaje a la nación, el presidente presentó una disyuntiva: si en el 2018 no se elige persistir en su proyecto se retrocederá. Sin embargo, un examen del sexenio puede llevar a concluir que continuar con ese proyecto sería retroceder.

Con la partida del Dr. Bernardo García se fue un grande de la geografía histórica de México.

Las acciones del actual gobierno representan el camino al buen futuro como acaba de afirmar el presidente, o en la práctica son lo contrario: un esfuerzo por no superar esa parte del pasado que beneficia a quienes hasta hoy ejercen el poder en México en detrimento del resto?
El mensaje presidencial del 2 de septiembre emitido en el marco del quinto informe de gobierno, se propuso simplificar la naturaleza de la gran confrontación que está por venir: la lucha por la sucesión presidencial. El mensaje que se dio en forma de advertencia al país y a quienes en el exterior tienen interés por nuestro destino, fue: o en el siguiente sexenio se continúa por el camino emprendido desde los 1980 bajo el supuesto de que al final México será “una de las potencias mundiales del siglo XXI” –algo que ya había asegurado Carlos Salinas hace cuatro sexenios– o el país irá al desastre, pues la alternativa es “un modelo del pasado que ya ha fracasado”. Obviamente esa alternativa miope no fue nombrada por el presidente, pero no era necesario pues para todos fue claro que se trataba de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En principio, México tiene una multitud de partidos y la oposición al PRI y los suyos –PVEM et al– es múltiple. Sin embargo, en la realidad la dicotomía planteada por el presidente es justa. Es verdad que el PAN, el PRD y el MC, formalmente opositores, ya han anunciado la unión de sus fuerzas de cara a las elecciones de 2018 mediante la formalización de un Frente Ciudadano por México (FCM) que enfrentará al PRI. Sin embargo, la historia reciente muestra que, pese a que esos partidos dicen tener diferencias ideológicas, un interés común los une: su oposición total a Morena, no al PRI, como quedó demostrado en las últimas elecciones del Estado de México.
Desde esa perspectiva, si bien las fuerzas antimorenistas son varias y pueden tener diferencias, en relación a la gran dicotomía de cara al 2018 planteada en Palacio Nacional, la distancia que separa al grupo PAN-PRD-MC del PRI, es salvable. Eso es lo que permite a los partidos del FCM quedar del mismo lado que el PRI en la raya trazada por el presidente. Claro que hay otras oposiciones, y más radicales que la conducida por AMLO, como son la organizada por Emilio Álvarez Icaza (iniciativa ciudadana Ahora) y, sobre todo, la encabezada por Mari Chuy Patricio Martínez, candidata presidencial del Consejo Indígena de Gobierno y apoyada por los zapatistas del EZLN y otras fuerzas anti sistema. Pero el objetivo de esos esfuerzos no es realmente entrar de lleno en la próxima contienda electoral sino movilizar y cuestionar la legitimidad del proceso electoral mismo, de sus actores, y ampliar el espectro del debate político de cara al largo plazo.
Pero volvamos al punto inicial. ¿El PRI hoy representa realmente al futuro? Su corrupción y afán privatizador del petróleo, corresponde al alemanismo (1946-1948); la violencia del entorno resuena a la de la guerra cristera, (1926-1929); la elección del Estado de México y el control presidencial de la bancada priista en el Congreso recuerdan en mucho a lo ocurrido a todo el largo período que va de Lázaro Cárdenas en 1935 al final del gobierno de Carlos Salinas (1994); el crecimiento de la deuda pública trae a la memoria a Luis Echeverría (1970-1976); y la investigación y nulo resultado sobre lo ocurrido en Iguala en septiembre de 2014 tiene ecos de la “investigación” del Jueves de Corpus de 1971.
En este momento, uno de los temas de conflicto a nivel nacional más evidente es el esfuerzo del PRI y de sus aliados por lograr que el actual titular de la Procuraduría General de la República, el Dr. Raúl Cervantes, sea, como señala el artículo 102 de la Constitución, el primer ocupante de la Fiscalía General de la República, una institución que, a diferencia de la actual PGR, será autónoma, con patrimonio propio, no dependerá del presidente ni su responsable será miembro del gabinete y, en principio, deberá permanecer en su cargo por nueve años. Colocar a Raúl Cervantes –miembro destacado del PRI y del círculo interno del actual presidente– nos remite al Maximato, (1928-1935). Es decir, al período en que el general Plutarco Elías Calles ya no era presidente sino “simple ciudadano”, pero que en la práctica anulaba en buena medida la capacidad de gobernar del presidente en turno.
Obviamente, a partir de diciembre de 2018 Enrique Peña Nieto difícilmente podría ser un poder tras el trono “a la Calles”; ese gran poder fuera de las instituciones ya no es posible, aunque Carlos Salinas lo ha intentado. Sin embargo, al dejar como inamovible por nueve años al actual procurador, un priista-peñista, el siguiente presidente quedaría, en alguna medida y en materia de procuración de justicia, a merced del pasado.
La historia nunca se repite, ni México ni ningún otro país puede “volver al pasado”. Sin embargo, lo que sí puede ocurrir es que ese pasado no pase del todo, que persista en aspectos cruciales. El supuesto “nuevo PRI” que recuperó la presidencia en 2012 mostró que tenía más de viejo que de nuevo. Y si en 2018 ese partido y o sus aliados retienen el poder la parte negativa de un pasado que no pasa se reafirmará, y esa circunstancia sí que sería el verdadero “peligro para México”.

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Enrique Peña Nieto acostumbra dar regalos a los ciudadanos con motivo de fechas simbólicas. Así ocurrió en el año nuevo del 2017, cuando ordenó realizar aumentos al diesel y las gasolinas con el llamado gasolinazo, ya que incrementó el precio de estos productos que a diario consumen los vehículos que circulan por todo el país, lo cual provocó múltiples manifestaciones de rechazo social en distintas ciudades de México y debido a la fuerte presión popular, el gobierno se abstuvo de realizar más incrementos significativos en los meses siguientes.
1.- Ahora, inmediatamente después de que hizo público su informe presidencial, Peña Nieto envío un nuevo obsequio a los guerrerenses y a los turistas que visitan nuestros destinos turísticos como Taxco, Ixtapa-Zihuatanejo y Acapulco, que consiste en un aumento verdaderamente exagerado a las tarifas de las cuotas que se pagan en las casetas de la Autopista del Sol, ya que estas se incrementaron en más de un treinta por ciento, desde la caseta Paso Morelos, Palo Blanco, La Venta, Metlapil y el Maxitúnel, a pesar de que en el trayecto de Cuernavaca hasta Acapulco hay muchos tramos en mal estado y en constante reparación. Esta decisión afecta al estado de Guerrero toda vez que inhibe el turismo como una de sus principales fuentes de ingresos lo cual repercute en las posibilidades de desarrollo y bienestar social.
2.- El aumento a las tarifas de la Autopista del Sol forma parte de una política general de incremento a los impuestos producto de la reforma fiscal que aprobaron quienes firmaron el pacto contra México de Peña Nieto, el PRI, PAN, PRD; es por ello que se han incrementado los precios del diesel, las gasolinas, la luz, el gas, el transporte, la tortilla, el frijol y todos los productos básicos de primera necesidad que consumen en sus hogares a diario millones de familias mexicanas, mientras los altos funcionarios del gobierno federal, del poder judicial, del poder legislativo –senadores y diputados federales– y sus réplicas en las entidades de la federación reciben sueldos y prestaciones muy altas así como privilegios que contrastan con los salarios de los trabajadores y con la pobreza en que vive la mayoría de la población.
3.- El aumento a los impuestos como el de las cuotas en las autopistas, se da en un contexto de crisis social, económica y política que vive el gobierno de Peña Nieto y el régimen político mexicano toda vez que como resultado de la arraigada corrupción –parte fundamental de la cultura gubernamental– que ha brotado por doquier desde los escándalos de la famosa “Casa Blanca” de la familia Peña Nieto, de los ex gobernadores del PRI en Veracruz y Chihuahua, Javier Duarte  –en prisión–, de Cesar Duarte –prófugo de la justicia– y de los que han estado vinculados a la delincuencia organizada como Tomas Yarrington de Tamaulipas, Jesús Reyna de Michoacán entre otros, tienen colocado a Peña Nieto en muy bajos índices de aceptación en la opinión pública y al PRI en tercer lugar de preferencias electorales rumbo al proceso electoral 2017-2018.
4.- Esta crisis también se refleja en la búsqueda de Peña Nieto de protección e impunidad al tratar de imponer a toda costa a un fiscal anticorrupción como Raúl Cervantes, quien fue el abogado durante su campaña presidencial y a quien recientemente se le han descubierto la comisión de actos indebidos como dar domicilios falsos y evadir el pago de tenencia para su vehículo Ferrari de súper lujo; estos hechos han propiciado una crisis política en el Congreso de la Unión, especialmente en la Cámara de Diputados, en la cual muchos legisladores se niegan a aprobar un fiscal contra la corrupción subordinado a Peña Nieto. Así va concluyendo el  actual sexenio, pero así también se abre la oportunidad para que en forma pacífica y por la fuerza del voto popular se derroque al actual régimen político.

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Twitter: @marcialRS60

Está claro. Todos juegan al máximo límite para que el adversario ceda y claudique. La oposición al PRI en la Cámara de Diputados forzó una crisis constitucional que paralizó a San Lázaro para que el gobierno ordene a sus diputados que acepten el ultimátum de quienes demandan eliminar el pase automático de procurador general a fiscal general, que se establece en la Ley. La política mexicana se encuentra en este péndulo. Algunos están por la suma cero; otros por la claudicación del adversario. Brinkmanship es el nombre del juego, entendido como el ejercicio de una política arriesgada que a veces es suicida.
La falta de una solución a la instalación de los órganos de dirección de la Cámara de Diputados, llevó a que el miércoles amaneciera el país sin nadie que pudiera recibir el Paquete Económico para 2018, con lo que, teóricamente, no podrá iniciar la discusión sobre el presupuesto y paralizará al gobierno. La motivación es el conflicto por la negativa del PRI a discutir una iniciativa presidencial para eliminar el llamado pase automático, previsto por la ley desde 2014 y aprobado por el PAN, que hoy encabeza la cruzada en contra, y que en aquellos remotos tiempos hacía el amor todas las noches con el PRI. La discusión no es suficiente. La oposición quiere que se elimine esa provisión. Punto. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Quién cederá?
Brinkmanship es lo que se está ejecutando en San Lázaro. Una política arriesgada que si no llega a que una de las partes ceda, se volverá una política suicida. Este es el elemento central del Juego de la Gallina, uno de los ejercicios más notables en Teoría de Juegos, donde las dos partes se involucran en un diferendo donde si nadie cede todos pierden, y sólo si uno claudica, los dos pueden ganar al evitar la auto destrucción.
El nombre de “gallina” se originó cuando Bertrand Russell lo usó como metáfora de la política nuclear suicida en su influyente libro Common Sense and Nuclear Warfare en 1959, al referirse a un juego de jóvenes que se popularizó cuatro años antes en la película Rebelde sin causa, donde para dirimir una disputa, los jóvenes corrían en sus vehículos a toda velocidad por una pendiente que terminaba en despeñadero y buscaban determinar quién era aquél que antes de caer brincaba de su automóvil. Si ninguno cambiaba el rumbo, en la metáfora nuclear, se daba la auto destrucción masiva. La racional es si un jugador cede, la mejor decisión del otro depende de lo que hizo su adversario. En el fondo trata sobre conflicto o conciliación.
En San Lázaro, la oposición juega a la gallina. Va a toda velocidad rumbo al despeñadero y, aunque no quiera, el PRI es arrastrado por la pendiente. Los diputados movieron el reloj legislativo –que es como eufemísticamente resuelven su violación a la ley– para el próximo jueves, a fin de dar tiempo a que avancen las negociaciones. O legislan los priistas contra el pase automático en el Senado, la Cámara donde se encuentra la propuesta presidencial, o no se instala el Congreso. No hagan apuestas.
El homogéneo bloque de la oposición se enfrenta a un PRI que tiene el poder en el Ejecutivo pero no le alcanza en el Legislativo para lograr todos sus objetivos. El martes amanecieron unidos partido y gobierno. El secretario de Gobernación, citado a comparecer en San Lázaro, no acudió, porque no le correspondía. No cedió a la presión. El coordinador priista en el Congreso, César Camacho, afirmó que la oposición estaba secuestrando a la Cámara de Diputados y que ese tema pertenecía a los senadores. Horas después, señal de lo que pasaba en Los Pinos, Camacho pidió al coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, que considerara discutir la iniciativa presidencial. Gamboa terminó el día señalando que ni estaba en la agenda priista, ni era prioridad de su bancada.
Pero en poco más de 12 horas, fue el gobierno y el PRI los que mostraron señales de no correr al suicidio del despeñadero, frente a la voluntad intransigente, hasta el final de la jornada, de la oposición. Es posible, por su aversión al conflicto, que el presidente Enrique Peña Nieto ordene a su partido que recule y que sacrifiquen al procurador general Raúl Cervantes. Ya una vez lo hizo, en el intento fallido por llevarlo a la Suprema Corte de Justicia, demostrando que es una pieza desechable cuando el caso lo amerita. Lo que en este momento no puede tener punto de retorno, salvo pagando un alto costo político, es que la oposición dé marcha atrás o cambie migajas por votos en San Lázaro. Llegaron al límite de la pendiente.
La oposición cerró todos salvo un espacio de negociación, y de lo acertado de su toma de decisión saldrá fortalecida o derrotada. El ejercicio para el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, que encabezan la oposición, está resultando aleccionador para 2018. Mostraron músculo y tienen arrinconado al PRI. Pero deben tener cuidado. Un gran ejemplo de brinkmanship es cuando la Unión Soviética comenzó a armar silos nucleares en Cuba, que desató la Crisis de los Misiles en 1962 y enfrentó al presidente John F. Kennedy con el presidente soviético Nikita Kruschev. Es un clásico juego de la gallina y el mundo estuvo en el umbral de la Tercera Guerra Mundial, hasta que Kruschev reculó. Ahí empezó su declive. Dos años después, lo depusieron.

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