Esta vez no se decidirá en Los Pinos la política de alianzas del PAN-PRD, lo que hace más sólido el desarrollo del Frente que ya anunciaron Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado

Septiembre: con el disparo de arranque del año legislativo –y del año electoral, el día 8–, empiezan a sonar los tambores de guerra y a prepararse los ejércitos, a aflorar propaganda en contra destos y otros generales. Las propiedades de los Anaya, el Ferrari del procurador, la gran estafa del gobierno federal, la declaración de frentes y alianzas: todo es parte de los rituales de preparación bélica.
Es cierto, hay un desastre en nuestra política y la información llueve insistente, escándalos como ráfagas que terminan por mezclarse y disolverse unos en otros. Pero algunas cosas pueden entenderse si se abandona la inocencia y se considera la coyuntura actual ya sujeta, primordialmente, a la dinámica de esa guerra, que tiene su grado de simulación, pero también su gravedad impredecible.
En el primer acto preparatorio, en el frente senatorial, el PRI pretendía hacerse de la presidencia de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política. Insistieron en que les tocaba. Todos lo sabían: querían controlar los ritmos de la discusión, la orden del día, qué se discute y qué no, para aprobar que Raúl Cervantes sea nombrado fiscal general de la República. Y entonces –dijo Ricardo Anaya– empezó la guerra, pues, por alguna razón, el presidente del PAN se opuso a dicha pretensión, aunque antes él mismo hubiera aprobado el pase automático de procurador a fiscal.
Fue en medio de esa disputa que se revelaron las propiedades del líder panista Anaya y familiares por 300 millones de pesos, que no aclaró. Y fue también entonces cuando su bancada se indisciplinó a niveles extraños para el PAN, porque los senadores calderonistas se aliaron con el PRI y lograron obtener, para uno de los suyos, la presidencia del Senado que los priistas primero pretendían conservar. Ernesto Cordero ganó con los votos de casi todos: la izquierda –que votó por la Mesa Directiva porque le daba igual el panista o priista que fuera y porque ese acuerdo funcionaba para conservar sus espacios en la Cámara– y la derecha, salvo la mayor parte de la bancada del PAN. Los calderonistas no han escondido que apoyarán la designación de Cervantes por nueve años, con la obvia intención de cubrir las espaldas a los gobiernos de Enrique Peña y Felipe Calderón, en caso de que Andrés Manuel López Obrador sea presidente. Le quieren atar las manos contra los corruptos, pues no podría remover al fiscal general.
Más cerca de su fortaleza –en San Lázaro–, Anaya abrió otro frente. Parece darle muy igual si investigan a Calderón. Si bien sus adeptos no suman suficientes votos para revertir el nombramiento del fiscal, sí pudo impedir, mediante los diputados de PAN, PRD y MC, que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se instalara, lo que es como impedir que inicien sus trabajos, que incluyen el presupuesto para 2018, importante para todos. Pero la parálisis –en el momento de escribir este artículo– continúa, aunque el PRI haya puesto sobre la mesa la oferta de posponer la discusión sobre el fiscal.
En estos dos frentes y en la definición de alianzas de Morena y el Frente Amplio, alcanzan a avistarse tres rupturas fundamentales para el desarrollo de la política del año electoral. En el PAN, la facción calderonista rompió con la anayista, sin regreso, y tendrán entre sus opciones sumarse veladamente a una candidatura del PRI –la de José Antonio Meade, por ejemplo– o ir con Margarita Zavala como candidata “independiente” para maximizar su poder de negociación y decidir ya en la contienda hacia dónde van. Por otra parte, como se esperaba, la izquierda del PRD terminó de romper con el aparato del partido decantándose por López Obrador, como se vio en la suma de Dolores Padierna a su acuerdo. Pero la tercera ruptura, que es la principal, es la del gobierno con el PAN capitaneado por Anaya. Eso implica que, a diferencia de la actitud que asumieron en el Estado de México, donde fueron comparsa bien pagada del PRI –aunque hayan recibido algunos golpes de la PGR, como la acusación de lavado de dinero contra la familia de Josefina Vázquez Mota–, esta vez no se decidirá en Los Pinos la política de alianzas del PAN-PRD, lo que hace más sólido el desarrollo del Frente Electoral Atlanta-Miami que ya anunciaron Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y el jefe de Movimiento Ciudadano Dante Delgado.
De forma que quedan en el mapa: a) Una candidatura del PRI que nadie podría capitalizar como Meade, capaz de jalar al calderonismo como ya lo ha hecho el PRI en el Senado –y sin lo cual Zavala se colocaría como un agente libre, de importancia pero sin posibilidades serias de competir. b) Una candidatura de Morena que aglutina a la mayor parte de la izquierda, sectores empresariales y sociales de diverso signo. c) Una alianza medio liberal y medio desdibujada que podrían encabezar, dependiendo, Anaya, Corral –que la potenciaría como nadie– o Moreno Valle. Tres bloques en la élite política, cuya fuerza dependerá también de sus arreglos con la gran burguesía, igualmente dividida, y de la que hablaré aquí la próxima semana.

Algo se pudrió en México. Si todo iba bien en materia de seguridad durante los cuatro primeros años de gobierno, como afirma el presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué sucedió en el quinto año cuando todos los indicadores de criminalidad se dispararon? Homicidios dolosos, extorsiones, robos, secuestros. Todo se incrementó en el penúltimo año de gobierno. Peña Nieto asegura que esta descomposición se debe a que gobernadores y alcaldes, el hilo delgado por cuanto a debilidad institucional, no han hecho bien su trabajo. Hay de todo. Incluso hay variables que inciden en el fenómeno que llegan a ser extraordinarias, lo que hace más difícil el diagnóstico y la puerta de solución al problema.
Por ejemplo, ¿por qué Colima se descompuso? Porque el Fentanilo, un droga sintética con base en el opio, que se convirtió en El Dorado para los consumidores en Estados Unidos, llega de China al puerto de Manzanillo y genera una lucha por el control de lo que se volvió un negocio altamente redituable. ¿Por qué perdió la paz Chihuahua? Porque se reactivó la ruta de la cocaína, de la Comarca Lagunera a Ciudad Juárez, por la sobreproducción en Colombia, luego de que como parte de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, se aceptó la exigencia de la guerrilla que dejaran de erradicarse los cultivos de la coca. Estos fenómenos exógenos ayudan a entender el incremento en la criminalidad, pero sólo en una parte.
Según el índice GLAC, la consultoría del ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, el ex director de Contraterrorismo de la CIA –que encontró a Osama bin-Laden–, José Rodríguez, y Luis Enrique Montenegro, el general que formó parte del Bloque de Búsqueda que encontró y aniquiló a Pablo Escobar, en 2016 había 13 entidades donde la seguridad estaba controlada y se vivía con bienestar. Pero en 2017, seis estados se sumaron a la mayoría de las entidades que sufren con la violencia. Todos los estados del Pacífico norte se volvieron más violentos y socialmente más inestables, afectando la calidad de vida. Aquí se puede argumentar que la violencia responde a las variables internacionales, a las que hay que añadir la información de testigos protegidos, como los hermanos Flores, que trabajaban con el viejo Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, la debilidad institucional es el factor más poderoso que incide en el deterioro y la violencia, donde no sólo los estados, sino la Federación, tienen actuaciones deficitarias. Un análisis realizado por Eje Central de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encontró que los delitos que más impactaron a la sociedad en el primer semestre de 2017 fueron homicidios, secuestros y extorsiones, y que los estados más generadores de estos crímenes fueron México, Guerrero y Veracruz.
Ninguno de ellos, salvo el Estado de México en materia de extorsiones (505 delitos de este tipo), ocupan el primer lugar e, incluso, Veracruz (253) figura en cuarto lugar en este tipo de crimen, mientras que Guerrero no se encuentra entre los cinco primeros lugares afectados por el delito. Después de los mexiquenses, Nuevo León es el más afectado por extorsiones (400), seguido de Jalisco (304), Veracruz y la Ciudad de México (248). En este tipo de delitos subyace la deficiencia o vacíos de autoridad, o la corrupción de las autoridades.
En homicidios, Guanajuato supera al segundo estado donde más muertes (dos mil 10 contra mil 757) que es México, seguidos de Michoacán (mil 326), Guerrero (mil 450) y Veracruz (mil 426), aunque en esta entidad el incremento del delito entre enero y junio fue de 90%. En el tema de los secuestros, Tamaulipas figura en lo alto de la tabla de criminalidad (116), seguido de Veracruz (113), México (94), Tabasco (54) y Guerrero (39). El análisis de Eje Central revela los voluminosos incrementos en robos en carretera (85.49%), los robos a negocios con violencia (54.80%), y los homicidios dolosos (27.92%). En este último rubro, el total aproximado ya alcanzó los 80 mil, contra los 70 mil homicidios dolosos estimados del sexenio de Felipe Calderón.
De acuerdo con el Índice GLAC, los estados más afectados durante el primer semestre fueron Guerrero, México y Chiapas, donde cayó la calidad de vida. El Índice encontró que en Guerrero influyó la falta de inversión y crédito en diversos sectores, mientras que en Chiapas, como sucedió en Veracruz y Tabasco, fue la caída en los precios del petróleo lo que contribuyó al deterioro. Si no hay bienestar, hay violencia. El repunte en estados como Quintana Roo y Baja California Sur, como en Guerrero, afectó al turismo y perjudicó a sus habitantes por la caída de visitantes, que los empujó a buscar ingresos por otros caminos.
El incremento de la violencia, al analizar los diferentes factores que llevaron a ella, no se puede explicar únicamente como un tema de buenos y malos, sino de manera más compleja. Las variables que inciden en ella no necesariamente tienen que ver con criminalidad, sino con fenómenos que alteran la dinámica de la sociedad. Tales son los ejemplos del Fentanilo o de las FARC, o el incremento de los secuestros en Sinaloa por la tardía temporada de lluvias, donde los agricultores se mudan de su actividad legal a una ilegal para poder comer. Estas explicaciones del fenómeno no disminuyen la relevancia del problema. Al contrario. Con tantas variables involucradas, lo sorprendente es que no estemos peor en el repunte de criminalidad, porque si no hay respuesta para lo básico, menos aún para la complejidad que se vive.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

En la elección presidencial del 2006 el monto total que se dio a los partidos, recurso federal y estatal, fue de 9 mil 359 millones de pesos; en la de 2012 de 9 mil 761 millones de pesos y lo presupuestado para la de 2018 es de 12 mil 802 millones de pesos, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE).
La composición de esos montos se da así: en 2006, 6 mil 342 millones de pesos fueron recursos federales y 3 mil 17 estatales; en 2012, 6 mil 84 fueron federales y 3 mil 677 estatales, y en 2018, 6 mil 789 fueron federales y 6 mil 13 estatales.
Entre 2012 y 2016, los recursos federales que se dieron a los partidos se redujeron en 258 millones de pesos y del 2012 al 2018 crecieron en 705 millones de pesos que representan un 12% más y de 31% si se contemplan los recursos estatales.
En 2018, los partidos van a recibir poco más de 700 millones de dólares (18 pesos por dólar). De ese monto salen los recursos para la campaña presidencial, de 500 diputados federales, de 128 senadores, de nueve gobernadores, de congresos locales y presidencias municipales. En total 2 mil 818 cargos de elección popular.
Esos montos no contemplan el costo de los espacios de publicidad gratuitos que los partidos tienen en radio y televisión. En 2000, cuando todavía no estaba esta medida, las dos terceras partes del gasto se fueron en publicidad. Hoy si hubiera que pagar ese rubro habría que añadir 460 millones de dólares más.
El INE, además del gasto de los partidos al que ya se ha hecho referencia, solicita 18 mil 226 millones de pesos, para su funcionamiento en 2018. Los recursos cubren la operación, la elaboración del padrón electoral y la credencialización, el monitorear los spots de los partidos, que son gratuitos, y también la cobertura de los medios que debe ser equitativa.
A estos millonarios recursos legales se tendrían que añadir los más cuantiosos que son los ilegales. Entre quienes investigan los procesos electorales existe la idea generalizada, a partir de datos, de que las campañas de los grandes partidos cuestan diez veces o doce veces más de lo que está autorizado y pagado por el INE.
Si en 2018 el tope de la campaña presidencial fuera igual al del 2012 equivaldría a 19 millones de dólares. En la realidad se puede estimar que los grandes partidos van a invertir, por lo menos diez veces más. El gasto rondaría en los 200 millones de dólares, por candidato. Y en algunos casos más.
El INE, a pesar de los cuantiosos recursos de los que dispone, es incapaz de auditar los gastos reales de campaña de cada uno de los partidos. Solo lo hace con la cantidad legal que les otorga. Lo demás queda fuera de su mirada.
Es fácil aceptar la idea de que la democracia no tiene precio. A partir de esta afirmación hay que repensar los procesos electorales en el país, el tipo de campaña que se realiza, la actuación del INE y la Ley Electoral. Tendrá que ser para después de la elección del 1 de julio de 2018.
Twitter: @RubenAguilar

La crisis política, económica y social de Brasil parece no tener fin. De nueva cuenta, las revelaciones del magnate de la carne, Joesley Batista, dueño de JBS Friboi, siguen dando de qué hablar. El pasado lunes, el procurador general de la República, Rodrigo Janot, hizo un pronunciamiento a los medios de comunicación para anunciar que el acuerdo de reducción de pena del empresario podría ser reevaluado a la luz de grabaciones recién entregadas a la justicia brasileña, lo que causó un gran impacto en la clase política. En efecto, fue a raíz de la revelación de una conversación entre Joesley Batista y el presidente Michel Temer que la justicia emprendió una primera solicitud de juicio político en contra del actual jefe del Ejecutivo brasileño. Si bien este pedido fue rechazado por la mayoría de los diputados, gracias a concesiones totalmente inmorales –como la extinción de áreas naturales protegidas en la Amazonía para responder a demandas de grupos de interés ligados a las grandes empresas mineras, que financiaron numerosas campañas de diputados, o mediante el pago de numerosas obras públicas hechas a pedido de los diputados–, es indudable que el poder político de Temer sufrió un gran desgaste.
Ahora, queda la pregunta en el aire: ¿acaso estas nuevas revelaciones hechas por el procurador se traducirán en un aumento del poder de Temer, y sobre todo, en el sobreseimiento del caso, a pesar de que existen pruebas materiales irrefutables de la participación activa del presidente de Brasil en actos de corrupción? Como no existe al día de hoy una transcripción integral de las conversaciones del magnate de la carne con su lobista principal, Ricardo Saud, es difícil tener una idea clara de la gravedad de las acusaciones. Sin embargo, si nos atenemos a lo relatado por los medios de comunicación de ese país, no menos de cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia estarían implicados en actos de corrupción, así como varios miembros del Ministerio Público, que habrían actuado a favor de empresas privadas (en particular JBS, propiedad de Joesley Batista) a cambio de sobornos. Por otro lado, el empresario y sus abogados habrían ocultado a la justicia cierto número de pagos a políticos y magistrados con el objetivo de evitar que la justicia tenga conocimiento de otros casos de corrupción en otros sectores de la economía brasileña.
¿Ahora bien, quién nos dice también que esas conversaciones tienen fundamento? Sin pruebas, documentos, es difícil saber si estas personas dicen la verdad. En efecto, hace dos semanas, un juez federal decretó la absolución por falta de pruebas del ex presidente Lula, en el caso de la delación premiada del ex senador del Partido de los Trabajadores (PT) Delcidio Amaral. Este último, para evitar ser condenado por corrupción, intentó involucrar a los ex presidentes Lula y Dilma Rousseff en un supuesto esquema de corrupción, que a la postre no pudo ser probado por falta de elementos. Cuando se hicieron públicos los audios de la supuesta “confesión” de Amaral, en noviembre 2015, el gobierno de Rousseff perdió apoyos claves en la opinión pública y en el Congreso, que culminaron en su destitución el año siguiente.
Conforme pasa el tiempo, queda cada vez más claro que el mecanismo de obtención de supuestas pruebas por la vía de la delación premiada es problemático. Si bien es cierto que en algunos casos, como el del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el uso de este mecanismo permitió encontrar el rastro de las transferencias bancarias de empresarios hacia cuentas del político en paraísos fiscales, también queda claro que en sí misma, la delación premiada no puede constituir una prueba suficiente para enjuiciar, y encarcelar posteriormente a una persona. Por ejemplo, el juez Sergio Moro ha sido incapaz de presentar una sola prueba física, material, capaz de demostrar que el ex presidente Lula haya incurrido en acto de corrupción alguno. Desde este punto de vista, sería inaudito que se pueda condenar a una persona sin pruebas, y que por el contrario alguien sobre quien pesan pruebas de violaciones flagrantes a la ley, no solo siga libre, sino sobre todo continúe gobernando a Brasil desde el cargo de presidente de la República.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada

El Trife confirmó que la coalición que ganó en la elección presidencial de 2012 tiene que ser sancionada por la dispersión de recursos, a través de 7 mil 851 tarjetas Monex, que el PRI quiso hacer pasar por gasto ordinario y no como gasto de campaña. Los descuentos a los dos partidos se empezarán a aplicar hasta que concluyan los comicios de 2018

Zedryk Raziel y Héctor Gutiérrez / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sancionar al PRI y al PVEM con una multa de 98 millones 479 mil pesos por el uso de las tarjetas Monex y omitir gastos de campaña de la pasada elección federal del 2012, en la cual resultó vencedor su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.
Originalmente, las sanciones a ambos partidos, que formaron la coalición Compromiso por México, sumaban 9 millones 861 mil 723 pesos.
De la nueva cifra, 78.9 millones de pesos de multa corresponden al tricolor y 19.5 al PVEM. La sanción fue aprobada por el INE en acatamiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Sin embargo, si bien hubo un alza en las multas en varios rubros por delitos cometidos por la coalición, en el tema de los recursos prorrateados indebidamente hubo una reducción.
En el dictamen aprobado por el Consejo General, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) detectó que se prorratearon recursos económicos de las campañas de candidatos propuestos por la alianza PRI-PVEM a campañas de candidatos que no formaron parte del convenio de coalición por un importe de 63 millones 997 mil 753 pesos.
Debido a ese agravio, el INE sancionó con 51.9 millones al PRI y 12.7 al PVEM.
El consejero Benito Nacif cuestionó la cifra, pues, alegó, cuando se revisó originalmente el caso, en 2013, el INE había detectado que la coalición prorrateó indebidamente 293.2 millones de pesos.
Nacif pidió regresar el dictamen a la UTF, apoyado por los consejeros Pamela San Martín, Claudia Zavala y Roberto Ruiz, a fin de aclarar por qué se disminuyó el monto de los recursos prorrateados por el PRI-PVEM, pero la petición no prosperó.
“Yo propondría que devolviéramos este proyecto a la Unidad Técnica de Fiscalización y que desarrollara con claridad el procedimiento que siguió para llegar al monto del 63.9 millones del monto original, que era sustancialmente más grande.
“Por esta razón, el proyecto no genera certeza sobre cómo se acata lo mandatado por la Sala Superior”, había mencionado Nacif.
Fuera del tema del prorrateo, la mayoría de multas al PRI-PVEM aumentaron.
La autoridad electoral detectó, por ejemplo, que la coalición omitió registrar gastos por conceptos operativos y de propaganda por el entonces candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, por un importe de 17.7 millones de pesos.
Por esa razón, se le impuso al PRI una multa de 21.3 y al Verde de 5.3 millones de pesos.
El TEPJF también confirmó que la coalición debe ser sancionada por la dispersión de recursos a través de 7 mil 851 tarjetas Monex, que el PRI quiso hacer pasar por gasto ordinario y no como gasto de campaña.
A propuesta del consejero Enrique Andrade, las multas a los partidos comenzarán a ser descontadas una vez que concluya el proceso electoral del próximo año, alegando que se verían vulnerados financieramente si comenzaran a pagarlas desde ahora.
“El afectar ahorita a los institutos políticos, algunos y no a todos, con una reducción en sus ministraciones creo les puede causar un grave perjuicio”, dijo Andrade.

 

Rolando Herrera / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Cámara de Diputados detuvo esta tarde el “reloj legislativo” al decretar un receso en la Sesión del Pleno que lo más probable es que se extienda hasta el próximo jueves.
El líder del Partido Verde, Jesús Sesma, informó que, aunque no es un procedimiento muy ortodoxo, es una de las vías legales que los equipos jurídicos han contemplado para transitar la crisis por la que está pasando la Cámara baja.
“Hemos escuchado algunos planteamientos de las áreas jurídicas de los dos partidos políticos (PRI y Verde), una dice que como estamos en receso podemos llevar el tema al día jueves, es algo que ustedes mismos lo han vivido en otras Legislaturas”, comentó.
Sesma, quien ofreció una rueda de prensa luego de asistir una reunión que congregó a diputados del Verde y del PRI, dijo que había un 99 por ciento de probabilidades de que la sesión iniciada este martes se reanude hasta el jueves próximo.
El legislador reconoció que no existe una claridad jurídica de cuál es el camino que se debe seguir, y que también está en la mesa el recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Yo siempre estoy cuando me llaman”, responde Osorio Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respondió tajante que él siempre ha respondido a los llamados, cuando se le preguntó sobre la solicitud de la Cámara de Diputados de que intervenga ante el conflicto por la Mesa Directiva, durante una visita este martes a la ciudad de Tlapa, en Guerrero.
En conferencia de prensa mencionó que no era deseo del gobierno federal poner en crisis a San Lázaro”.
Agregó: “Yo estoy siempre cuando me han llamado la Cámara de Diputados y el Senado, incluso cuando nos convocan los congresos locales y los presidentes municipales, y lo seguiré haciendo”.
Y contó que pidió que el llamado lo haga la Junta de Coordinación Política por ser el órgano en el que están representadas todas las fracciones que integran la Cámara de Diputados, y que “por supuesto (iré) cuando lo consideren, para dialogar los temas que le interesen a las y a los diputados y a sus coordinadores, y si sirve para destrabar temas, estamos en la mejor disposición”.
No obstante, consideró que no ha sido el camino correcto el planteado por los diputados porque, “son dos temas diferentes; traen un tema de la Cámara de Senadores que ellos están discutiendo, pero traen además, en el escenario público, un tema asumiendo que hay una oposición del gobierno respecto al planteamiento que están generando de que se le dé pase automático al procurador”.
Osorio Chong estuvo en esta ciudad de la Montaña para entregar actas de nacimientos en acciones en beneficio de los pueblos indígenas. (Con información de Carmen González Benicio / Tlapa).

Agencias Reforma y Proceso

Ciudad de México

La bancada del PRI en el Senado reculó en su intención de activar esta semana el proceso legislativo para dar “pase automático” al procurador Raúl Cervantes a la Fiscalía General de la República.
Emilio Gamboa, coordinador de los priistas, aseguró que su grupo parlamentario pondrá por delante otras prioridades, como la aprobación de la Ley de Ingresos y las decenas de nombramientos de órganos reguladores y embajadas.
“¿Qué tengo como urgente? Sacar a mis embajadores, a los cónsules, y espero que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se instale, que el 8 le entreguen el paquete económico y que nos mande la Ley de Ingresos, que es nuestra obligación primero”, expresó.
El pasado jueves, el legislador federal había adelantado que “empezarían a trabajar en el tema (del fiscal general) a partir de la primera sesión” y reconoció que la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para reformar el artículo 102 de la Constitución para eliminar el “pase automático” no era importante para su bancada.
Este martes, el coordinador priista, que ya tenía en mente otras prioridades, también se refirió al escándalo generado por el Ferrari propiedad del procurador Cervantes, que fue emplacado con el domicilio en una vivienda de interés social para eludir el pago de la tenencia.
Gamboa admitió que el funcionario federal cuenta con cierto poder adquisitivo por su desempeño como litigante y representante de importantes sectores económicos, como el de los transportistas.
“Cuando fui secretario de Comunicaciones y Transportes, Raúl era el representante de toda la industria del transporte, ya era un abogado muy importante, tenía problemas y tenía juicios contra la secretaría”, dijo.
“Es un abogado de gran prestigio, que sin duda alguna debe tener sus recursos completamente comprobables”.
–¿Pero haberse volado la tenencia senador? –se le cuestionó.
–Eso no lo vi –respondió Gamboa Patrón.

Cordero y seguidores no votarán por el “pase automático”

En otro giro inesperado de la crisis interna del PAN en el Senado, los cinco senadores calderonistas que se rebelaron ante el acuerdo de su bancada firmaron un compromiso para votar en contra del “pase automático” y evitar, así, que el actual procurador general, Raúl Cervantes Andrade, sea fiscal general durante los próximos nueve años.
Los senadores Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas, Jorge Lavalle y Ernesto Cordero –éste último, electo el 31 de agosto como presidente de la Cámara alta­– entregaron un documento notariado ante la Mesa Directiva para “hacer constar” su voto contra el fiscal general en los términos en que está redactado el actual artículo décimo sexto transitorio de la reforma político electoral promulgada en febrero de 2014.
También expresaron su “intención de voto de manera pública e indeclinable, a favor de la iniciativa de decreto” del presidente Peña Nieto, que deroga el transitorio que permite el “pase automático”.
Sin embargo, no manifestaron su posición en torno a otras iniciativas –como la de su propio partido, el PAN, la del PRD y de Morena– para crear una ley secundaria de la Fiscalía General de la República.
El coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa, sólo garantizó que su bancada no revertirá la decisión de elegir a Cordero como presidente de la Mesa Directiva.
“Ya está votado, ya se votó. De 82 senadores que estábamos, 77 a favor, tres que tomaron otra decisión por otros compañeros y sólo uno en contra”, dijo Gamboa Patrón.