Verónica Espinosa / Agencia Proceso

Celaya, Guanajuato

Un reportero de un portal digital celayense denunció ante el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos en el estado a un elemento de la Policía Ministerial que lo amenazó y lo mandó esposar por agentes de la misma corporación mientras hacía una cobertura periodística del hallazgo del cuerpo de la niña Joana Lizbeth Cosío la noche del domingo.
“Me dijo: por eso los matan”, relató el reportero Felipe de Jesús Macario Martínez Sierra, del portal digital Sala de prensa. “Le comenté que estaba transmitiendo en vivo y me dijo: ‘me vale verga que estés grabando, yo también voy a grabar’”.
Varios reporteros acudieron el domingo por la noche al terreno baldío situado a un costado de la vía del tren donde fue hallado el cuerpo de la pequeña, que era custodiado por policías municipales y donde ya se encontraban también agentes de la Procuraduría de Justicia.
“Del lado donde yo me coloqué, donde están las vías, no había ningún acordonamiento. No soy nuevo, sé hasta dónde acercarme. El agente se me acercó: ‘soy ministerial, quédate allí‘. Me quedo y luego se brinca y me dice: ‘¿a ver, qué quieres aquí?’. Yo me alejé, pero iba detrás de mí. Les habló a los patrulleros y les pidió que me esposaran”, narró el reportero.
El agente sólo se identificó como el jefe de guardia y primer respondiente de la Agencia de Investigación Criminal, pero se negó a dar su nombre, mientras que el reportero se identificó plenamente con su credencial.  “Te voy a remitir, apaga tu teléfono”, lo conminó. “Ustedes, pinches medios, no entienden”.
Martínez Sierra mantenía su teléfono abajo mientras continuaba grabando, cuando el agente, según su relato, le dio un golpe que lanzó el celular a varios metros de distancia y después fue esposado.
“Llévatelo de aquí, ya sabes a dónde llevártelo”, fue la instrucción del agente de la AIC al policía municipal, quien lo subió a una de las patrullas. Fue entonces cuando el agente recogió el celular del reportero y le dijo al policía que borrara la grabación, la cual registró todo lo sucedido hasta ese momento y así lo escucharon quienes estaban conectados a través de Facebook.
“En ese momento por un radio de los ministeriales escuché que alguien le dijo: ‘bórralo, todavía está transmitiendo ese cabrón’; le pedí que no lo hiciera porque era mi trabajo”.
A fin de cuentas, el reportero del portal digital Sala de prensa no fue detenido, ya que otros periodistas que acudieron también al sitio donde se encontró el cadáver de la menor raptada y asesinada, exigieron que lo soltaran.
Ayer, Felipe de Jesús Martínez acudió a la Subprocuraduría de los Derechos Humanos con sede en Celaya para interponer una queja en contra del agente de la PGJE.
También se presentó en la Procuraduría de Justicia, donde quedó abierta la carpeta de investigación 87826/2017.

 

Silvia Garduño y Zedryk Raziel / Agencia Reforma

Ciudad de México

A unos días de que comience la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), los titulares de Economía, Ildefonso Guajardo, y de la Cancillería, Luis Videgaray, realizan una gira en Washington, donde sostendrán diversas reuniones de trabajo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en un comunicado que durante la visita, que inició ayer y concluye hoy, Videgaray se reuniría con el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H. R. McMaster.
Añadió que ambos funcionarios sostendrán reuniones con el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el representante comercial, Robert Lighthizer, quienes son la cabeza del equipo negociador estadounidense del TLC, así como con Jared Kushner, yerno del Presidente Donald Trump y asesor especial de la Casa Blanca.
La SRE precisó que Videgaray tendrá además un encuentro con Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
Previamente, Guajardo, quien representa al Gobierno mexicano en la renegociación del TLC, pidió considerar la posibilidad de que el acuerdo comercial desaparezca, después de que el Presidente Donald Trump amagó con iniciar el proceso legal para sacar a su país del mecanismo.
“Quiero dejar claro que México está sentado en la mesa con una visión constructiva y propositiva, queremos llegar a una mejora que beneficie a los tres países, como fue el mandato presidencial, pero tampoco vamos a estar sentados a cualquier precio, y nuestra responsabilidad es estar preparados para cualquier escenario. Tenemos que tener una visión creativa y propositiva en la mesa y estar preparados para un escenario sin Nafta”, dijo en una reunión con senadores priistas.

Insta a las autoridades mexicanas a “actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables del crimen del corresponsal del Diario de Acayucan”

Agencia Proceso

Washington, DC

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez, ocurrido el martes 22 en el estado de Veracruz, e hizo un llamado directo al gobierno de Enrique Peña Nieto para que garantice la integridad y defensa de los periodistas en México.
A través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH instó a las autoridades mexicanas a “actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables del crimen del corresponsal del Diario de Acayucan (y fundador) de La Voz de Hueyapan, tanto materiales como intelectuales, y esclarecer su posible relación con la actividad periodística”.
Ríos fue víctima de un ataque con arma de fuego en la comunidad de Juan Díaz Covarrubias, del municipio Hueyapan de Ocampo, al sur de Veracruz. Según el reporte oficial de los hechos, al menos tres sicarios a bordo de una motocicleta dispararon al reportero y a dos personas que lo acompañaban y que también murieron.
La CIDH, por medio de la Relatoría Especial, exhortó al Estado mexicano “a investigar de manera completa e imparcial la hipótesis según la cual el crimen estaría relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión, y a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”.
El ente jurídico del Sistema Interamericano también consideró “fundamental” que se adopten medidas de reparación “justas” para los familiares de las víctimas. Y le recordó al gobierno de Peña Nieto que debe agotar la línea de investigación relativa al ejercicio de la profesión en casos de delitos cometidos contra periodistas.
Igualmente, lo apremió a proveer con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de la investigación de este tipo de asuntos.
“Como tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras”.
Como resultado de su trabajo periodístico Ríos había recibido amenazas e intimidaciones, por lo que se encontraba bajo resguardo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México desde julio de 2013.
Por otro lado, desde hace cinco años recibía asistencia jurídica de la Comisión Estatal de Protección de Periodistas de Veracruz, a raíz de que denunció la amenaza de muerte que le hizo el ex presidente municipal de Hueyapan de Ocampo, Gaspar Gómez Jiménez, en 2001.
“Días antes de la muerte de Ríos, Gómez Jiménez publicó en redes sociales un video en el cual profiere distintas amenazas contra el periodista”, recuerda el comunicado de la CIDH.

Areli Villalobos / APRO

Ciudad de México

Hace tres años, en 2014, las tierras de José Luis Agustín, un campesino del municipio de Tepeaca, Puebla, fueron de las tantas hectáreas que se afectaron por un derrame a causa de una ordeña en uno de los gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Toda su cosecha de betabel de ese año, una de las que más ganancias le dejaría a él y a su familia, se perdió por el crudo que recorrió esas tierras, producto de una ordeña que él no hizo.  El daño no quedó ahí.
A los pocos días, el gestor de Pemex Julián Carrera Márquez se presentó a elaborar la cotización del total de las pérdidas. Según contó el propio trabajador, el funcionario sólo le ofreció un pago de 10 mil pesos por siembra, cuando José Luis aseguró que lo mínimo que podía obtener en el mercado por su producción eran 50 mil pesos. Pese a todo, lo aceptó.
Pero las violaciones a sus derechos y su propiedad continuaron: “Tengo tres años con ese documento en mis manos y no he recibió ni un pago. Mi terreno no lo puedo cultivar porque quedó infértil. Yo solamente les pedí que me dieran un terreno para poder trabajar. Ellos me dijeron que me iban a pagar, pero que me esperara, porque por el momento no tenía fondos Pemex”.
Al menos otros 500 campesinos de 13 municipios de Puebla padecen la misma situación que José Luis, según denunció hoy en conferencia de prensa la Asociación Anahuatlalli Pro Derechos de la Propiedad Rural.
Cecilia García Sánchez, directora de la organización Anahuatlalli, explicó que desde hace más de 30 años Pemex “ha faltado en su promesa de indemnización” a los campesinos del llamado Triángulo Rojo, los 30 kilómetros por donde pasan los gasoductos de la empresa estatal y por donde prolifera el problema de la ordeña ilegal por los huachicoleros.
La activista también evidenció que Puebla es el estado más afectado. Sin embargo, Querétaro, el Estado de México y Tabasco son otras de las regiones con más daños ocasionados por el robo de hidrocarburos que provoca derrames, incendios y la falta de indemnización de Pemex.
“No podemos precisar una cantidad, pero de las 500 hectáreas de las que tenemos registrado dañadas, el costo asciende a millones de pesos, porque no se trata sólo de cultivos, sino de daños que se cuentan por años a las tierras de los campesinos, contaminación de mantos acuíferos, afectaciones a la salud por metales pesado”, detalló García Sánchez.
Salvador Briseño Ramírez dijo que a pesar de los más de 200 escritos de queja y solicitudes de pago que la asociación ha hecho llegar a la Subdirección de Administración Patrimonial, a cargo de José Antonio Negroe Ortega, “no hay respuesta”. Por el contrario, Pemex ha pedido a los campesinos y la misma asociación que sean “indulgentes”.
Los campesinos también acusaron que cuando los gestores elaboran las cotizaciones de reparación de daño, lo hacen con base en precios mínimos, que no alcanzan a cubrir la totalidad de los daños.
Además, señalaron que cuando sus tierras llegan estar cerca de los gasoductos, son presionados por las autoridades locales y los mismos trabajadores de Pemex para que emitan declaraciones falsas sobre presunta responsabilidad por el robo de combustible.
Sin trabajo, cansados de los oídos sordos de Pemex, los campesinos además acusaron:
“El ejército y las brigadas de Pemex dañan nuestros caminos. Eso debe considerado el gobierno porque con esos daños a los cultivos nos cuesta más trabajo sacar nuestros productos al mercado. Cuando yo voy a ofrecerlo no me lo quieren comprar porque nuestras hortalizas ya están muy dañadas”.
La asociación Anahuatlalli, que también lleva la representación legal del caso, finalizó al decir adelantar que interpondrán denuncias en la Procuraduría General de la República (PGR) por la falta de pagos y que, de no obtener respuesta, iniciarán movilizaciones en la capital.
“Estamos hartos. Sólo queremos trabajar, queremos comer”, se quejó Marco Martínez, otro de los campesinos afectados.

 

Los migrantes, de los cuales 34 eran menores de edad, provenían de Guatemala, Honduras y El Salvador; fueron encontrados en condiciones de hacinamiento

Autoridades federales rescataron a 133 migrantes centroamericanos que se hallaban secuestrados en una casa en Tabasco, informó este martes la Procuraduría General de la República (PGR).
Tras recibir una denuncia anónima, agentes de la fiscalía y del Instituto Nacional de Migración (INM) llegaron hasta la vivienda, ubicada en un rancho del municipio Centro, en Tabasco. Ahí encontraron a los extranjeros en condiciones de hacinamiento.
Los migrantes, de los cuales 34 eran menores de edad, provenían de Guatemala, Honduras y El Salvador. En un comunicado, se indicó que recibieron atención médica y quedaron a disposición del INM “para el trámite administrativo correspondiente” respecto a su estatus migratorio.
Durante el operativo también se detuvo a dos personas que estaban con los migrantes. La procuraduría inició una investigación “por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de los extranjeros”.
Cada día miles de inmigrantes cruzan la frontera sur de México con la intención de llegar hasta Estados Unidos. Suelen pagar grandes sumas de dinero a traficantes de personas para que los hagan cruzar la frontera norte, pero se exponen a ser secuestrados o abandonados a su suerte en el camino. (DPA / Ciudad de México).

 

Verónica Espinosa / Agencia Reforma

Celaya, Guanajuato

La Procuraduría de Justicia de Guanajuato anunció anoche la captura de Ángel Jesús N., señalado como presunto responsable de raptar y asesinar a la niña Joana Lizbeth Cosío Olalde.
Información extraoficial indica que se trata de un hombre de 25 años apodado El Copetes o Babalú, quien vivía en la misma colonia Juan Pablo II donde se ubica el domicilio de la familia de Joana, a la que el hombre conocía y estaba al tanto de que la niña salía frecuentemente de su casa.
También se dio a conocer que este hombre, presunto asesino de la niña de seis años a quien habría raptado el viernes por la noche, cuenta con antecedentes por un delito sexual que habría cometido en otra entidad.
En un comunicado emitido por la noche del lunes, la PGJE informó que reunió datos de prueba suficientes para obtener la orden de aprehensión de un juez de oralidad penal en contra del presunto responsable, quien fue detenido por la tarde del lunes.
En las próximas horas el inculpado será presentado ante el juez de oralidad para la audiencia en la que la fiscalía formulará la imputación en su contra.
Respecto a los reclamos de familiares por la tardanza en la búsqueda de la niña, la procuraduría indicó que se apegó “a los protocolos establecidos para personas no localizadas”.
“Se iniciaron de inmediato labores de búsqueda, con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y se emitió una alerta Amber”, informó la dependencia estatal.
Durante la noche del lunes, la pequeña Joana fue velada en la casa marcada con el número 117 de la calle San Juan, en la colonia Juan Pablo II, después de que su cuerpo fue entregado a sus padres por el Servicio Forense de la procuraduría, que determinó que la niña murió al ser golpeada en la cabeza.

DPA

Ciudad Victoria, Tamaulipas

El esposo de la ciudadana española Pilar Garrido, desaparecida desde el 2 de julio y encontrada muerta en Tamaulipas, fue detenido como probable responsable del homicidio de la mujer, informó este martes el fiscal del estado.
“Después de las investigaciones que realizaron la policía y el Ministerio Público se determinó que existían elementos suficientes para poder solicitar la correspondiente orden de aprehensión por el delito de homicidio contra el esposo de la víctima”, informó el procurador Irving Barrios, en entrevista para Radio Fórmula.
Los restos de Pilar Garrido, de 34 años, fueron hallados el 26 de julio en un paraje cercano a la carretera Soto La Marina-Ciudad Victoria, en Tamaulipas, donde fue secuestrada. El 11 de agosto, tras realizar análisis forenses, las autoridades confirmaron que se trataba de ella.
Garrido vivía desde hacía tres años en Tamaulipas, con su esposo mexicano Jorge González y su hijo de un año.
González, que es criminólogo, denunció que su cónyuge había sido secuestrada por hombres armados que querían asaltarlos cuando regresaban por una carretera secundaria, después de pasar unos días en la playa en la localidad de La Pesca, en la costa del Golfo de México.
De acuerdo con la versión de Jorge González, volvían a su casa en Ciudad Victoria y se desviaron de la ruta principal porque había obras. Los supuestos asaltantes no se llevaron el automóvil ni las pertenencias, sino solo a la mujer, y nunca hubo un pedido de rescate.
“Después de las investigaciones se observó que existían contradicciones en las declaraciones (del esposo), las mismas que se corroboraron con los exámenes periciales de la propia procuraduría y de la policía”, dijo Barrios.
El procurador añadió que González está detenido y que será puesto a disposición de la autoridad judicial “para seguir el proceso legal” que corresponde.
El testimonio del esposo generó dudas entre las autoridades, aunque la familia de Garrido le había expresado su apoyo, según consignaron medios locales. Incluso el procurador del estado había dicho semanas antes que no había elementos para sospechar de él y que se encontraba en calidad de testigo.

EFE / DPA

Caracas / Maracaibo / Washington / Riohacha (Colombia)

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela convirtió su sesión de ayer en un acto de repudio contra quienes consideró “traidores a la patria”, tras aprobar un decreto que también sirvió para abrirles un “juicio histórico” por apoyar las sanciones económicas dictadas el viernes de Estados Unidos.
Entre quienes engrosan dicha categoría destacan los dirigentes de la oposición, pero no faltan disidentes del oficialismo chavista como el ex ministro del Interior Miguel Rodríguez Torres o la ex fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz.
Por unanimidad, como lo han venido haciendo hasta ahora, los 545 chavistas que forman la Constituyente acordaron “iniciar conjuntamente con los órganos del Estado competentes un juicio histórico por traición a la patria contra los que estén incursos en la promoción de estas inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano”.
Este “juicio histórico” contra la oposición ya fue solicitado por el presidente Nicolás Maduro tras conocerse las sanciones el pasado viernes, antes de que sus adversarios se pronunciaran sobre la orden del presidente estadunidense, Donald Trump.
Además, el decreto condena lo que llama un “bloqueo financiero contra el pueblo” del país petrolero, y declara oficialmente “como traidores a la patria a los actores políticos nacionales de marcado carácter antivenezolano que han promovido la agresión económica y la intervención contra la República Bolivariana de Venezuela”.
Por otro lado, Lilian Tintori, esposa del político preso venezolano Leopoldo López, dijo ayer que su marido está de acuerdo con participar en las elecciones regionales que se celebrarán el próximo octubre, debido a que no ve “otra forma de salir” del “desastre que vive Venezuela sino con el voto popular”.
En tanto, un artefacto explosivo fue lanzado contra la sede del diario crítico con el gobierno Versión Final en Maracaibo, en el occidente de Venezuela, lo que dejó cuatro vehículos incendiados y ninguna víctimas, informó ayer el periódico.
Así también, habitantes del departamento colombiano de La Guajira (norte) denunciaron ayer una nueva incursión de militares venezolanos, la tercera que registra desde el pasado fin de semana.
Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó ayer de “dictadura” el régimen de Maduro.