Promoventes del Alertas de Violencia de Género (AVG) en el país, denunciaron en la Secretaría de Gobernación, obstáculos para su implementación en los estados, como el incumplimiento deliberado de los plazos, la emisión de prórrogas fuera de la Ley y del reglamento, y dudas sobre la integración de Grupos de Trabajo que dan seguimiento a los casos, entre ellos Guerrero.
Con datos de violencia contra las mujeres en México, plantearon que este problema sea considerado un asunto de seguridad nacional, exigieron que la intervención inmediata de la federación “para cumplir y hacer cumplir la ley en la prevención, atención, sanción y erradicación de lasviolencias contra las mujeres”.
Ayer, la directora de la Asociación Guerrerense contra la violencia hacia las mujeres, Marina Reyna, informó del encuentro en la sede de Gobernación, en la Ciudad de México. Aclaró que esta reunión se solicitó hace un año, el 5 de agosto de 2016 tras un encuentro nacional de organizaciones promoventes de alertas de género, para valorar y considerar la situación de violencia de género y feminicida como una emergencia de seguridad nacional. En esas fechas, Guerrero había comenzado el proceso de solicitud de Alerta de género, que se dictó hace dos meses.
Presentó el documento que entregaron al subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y la comisionada de la Conavim, Alejandra Negrete Morayta, donde entre otros puntos, piden que en las deliberaciones del mecanismo de AVG se tomen medidas necesarias para garantizar la labor profesional de activistas y defensoras de derechos humanos, por los riesgos de su labor, frente a las resistencias de instituciones municipales y estatales.
En la reunión, denunciaron que en los estados no están avanzando los procesos de eliminación de violencia contra las mujeres, que sus derechos se siguen violentando por autoridades responsables de la política pública en las entidades y municipios.
Aseguraron que el mecanismo de AVG se ha devirtuado poque “no sólo no atiende la emergencia de violencia feminicida, sino que su aplicación se ha encaminado a evitar la declaratoria de alerta de género nacional, y se traduce en la no implementación de medidas de protección colectivas y provisionales que la ley contempla para evitar la violencia feminicida”.
Estimaron que al paso del tiempo, la situación nacional se agrava con las desapariciones forzadas de mujeres, el índice de violencia de género, y la disminución del presupuesto la atención de las violencias contra las mujeres, e insistieron en la interlocución con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Recordaron que hay una denuncia en proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este problema, presentada, 17 de abril de 2016
Firman el documentos representantes de organizaciones del Estado de México, Zacatecas, Chihuahua, Michoacán, Ciudad de México, Baja California, San Luis Potosí; y de Guerrero las activistas reyna Aguilar, como la integrante de Mujeres al Poder, Silvia Galeana Valente.

Mujeres militantes del PRD denunciaron que son víctimas de discriminación y violencia política de género en su partido, por lo que acudirán ante instancias judiciales para exigir que se respeten sus derechos.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), las militantes del PRD, Silvia Galeana Valente, María de Jesús Martínez Hernández y Silvia Barrera Salgado, denunciaron que los dirigentes del PRD, como el presidente estatal, Celestino Césareo Guzmán; el dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Sebastián de la Rosa Peláez, y el dirigente de Grupo Guerrero, David Jiménez Rumbo, nombran a sus esposas, familiares o parejas sentimentales en cargos, pese a que no están dentro del partido.
Barrera Salgado denunció que el lunes, el presidente municipal de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño, la destituyó sin ningún motivo de su cargo como directora de Desarrollo Social, sólo porque se dio cuenta de que figura como posible candidata para las elecciones de 2018, “soy perredista desde hace 25 años, era funcionaria y el alcalde me destituyó del cargo, me dijo que él mandaba y se hacía su voluntad, pero fue por mis aspiraciones a la candidatura a la presidencia, lo cual es lamentable”.
Las militantes señalaron que estas situaciones se han repetido en Iguala y otros municipios, por lo que acudirán ante las instancias correspondientes para exigir que valga la ley de equidad de género y todos los tratados internacionales que defienden la participación política de las mujeres.
Martínez Hernández dijo que en el PRD “siguen siendo varones los que deciden y en el proceso electoral metieron a sus esposas, sus novias, sus quereres, haciéndonos a un lado a quienes tenemos liderazgo y trabajo, a ellos no se les pide trabajo”.
Manifestó que las militantes del PRD están en contra de la violencia política en el partido; “han hecho a un lado a las mujeres que hacemos vida política en el partido, con liderazgo, nos piden que nos preparemos y nunca se lo han pedido a un varón, ellos dicen que para eso hay asesores”.
De acuerdo con Galeana Valente, “venimos a exigir que se cumplan los estatutos, la paridad de género, y que se aplique la ley en nuestro partido, ya no vamos a seguir permitiendo que las mujeres sean ninguneadas por ningún líder o pseudo líder”.
Dijo que las militantes del PRD van a exigir que las mujeres no sean vetadas, excluídas, ya que tienen propuestas y quieren decidir quiénes encabezarán las candidaturas, para que haya democracia, porque “en un sistema democrático, lo que nos queda a las mujeres es exigir nuestro derecho para competir”.

La mañana de ayer un derrumbe de tierra y piedras bloqueó de manera parcial la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, en los límites de ambos municipios, cerca del cerro de Machohua.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que, a las 6:30 de la mañana recibieron el reporte de un derrumbe que bloqueó parcialmente la carretera federal a Tixtla.
Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informaron que el derrumbe ocurrido en el kilómetro 7 de la carretera federal se debió al reblandecimiento de tierra por las lluvias de los últimos días.
A las 8 de la mañana acudieron trabajadores de la Secretaría de Protección Civil para retirar los escombros, pero debido a la cantidad de tierra y piedras no pudieron liberar la vialidad.
Después de las 9:30 de la mañana llegaron soldados del Plan DN-III a bordo de dos camiones, y algunos trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que abrieron el paso vehicular en uno de los carriles.
Al mediodía comenzaron los trabajos para liberar la vialidad con una máquina, pero después de las 9 de la noche no habían reabierto la carretera y los automovilistas transitaban intermitentemente en un solo carril. (Luis Blancas / Chilpancingo).

La regidora de Servicios Públicos y Protección Civil del cabildo capitalino, Erika González Amado dijo que el alcalde Marco Antonio Leyva Mena no informó al Cabildo que el impuesto de la recolección se incluiría en la Ley de Ingresos, lo que consideró arbitrario.
Consultada vía telefónica, la regidora de Servicios Públicos, del partido Morena, aseguró que “varios regidores” estaban inconformes por la propuesta de cobro que anunció Leyva Mena, pues aseguró que cuando el Cabildo aprobó la Ley de Ingreso no estaba asignado el impuesto de la recolección de basura.
Dijo que al Cabildo no le han pasado la propuesta del cobro de 15 pesos mensuales por la recolección de basura, y que se enteraron porque el alcalde priista lo anunció en los medios de comunicación.
González Amado se manifestó inconforme con el cobro, porque Chilpancingo no tiene su propio relleno sanitario y no están en buen estado los carros de recolección de basura.
La regidora enfatizó que, “cuando el Cabildo aprobó la Ley, no venía el cobro, por lo que el impuesto es arbitrario”.
Aseveró que cuando el alcalde dio la noticia del cobro, a varios regidores “nos tomó de sorpresa”, y que incluso varias vecinos han acudido a su oficina a preguntar sobre el impuesto, y les ha respondido que no está aprobado por el Cabildo.
La funcionaria municipal reitero que el Cabildo no tenía conocimiento del cobro de la recolección, por lo que será analizado. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Beatriz García

Chilpancingo

Trabajadores del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) que tomaron las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) el martes para exigir el pago de cuatro meses de salario devengado liberaron ayer dichas instalaciones sin que obtuvieran una respuesta de su demanda, sin embargo acordaron que ya no enviarán información semanal a las oficinas centrales de la Ciudad de México, además cortarán la coordinación con empresas constructoras y no se presentarán a delegación.
En consulta telefónica la trabajadora Violeta Medina informó que junto con sus compañeros decidieron liberar las instalaciones de Sedatu para no seguir entorpeciendo las actividades que ahí se hacen.
Lamentó que no hayan obtenido respuesta en la demanda del adeudo de sus salarios devengados junto con viáticos para algunos trabajadores cuyo monto es casi de 9 millones de pesos.
Abundó que decidieron liberar las instalaciones pero que no enviarán la información semanal que hacen llegar a las oficinas centrales, tampoco se presentarán a la delegación, no van a atender a las constructoras que hacen la reconstrucción de viviendas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel ni harán supervisión hasta que les resuelvan el adeudo que tienen con ellos.
Reprochó que ninguna autoridad de oficinas centrales se comunicó con ellos para darles alguna información de sus pagos y que el delegado, José Manuel Armenta Tello, sólo les dice que continúan las gestiones para que Oficialía Mayor deposite sus pagos.
Los trabajadores además manifestaron que desde que inició el año no les pidieron documentación para firmar su contrato, que por lo tanto viven con incertidumbre laboral.
Los trabajadores iniciaron un paro laboral el 16 de mayo porque les debían cinco meses de salario devengado, ese mes les depositaron uno pero sólo a 29 de los 33 trabajadores.
El 31 de mayo los empleados se reunieron con funcionarios de la Sedatu  en oficinas centrales, ese día les prometieron pagarles otro mes y que cada viernes les depositarían cada uno y terminarían de pagarles el 23 de junio, después sólo les pagaron uno más.