La ONU anunció ayer el nombramiento de la australiana Jane Connors como su primera defensora de los derechos de las víctimas de abusos sexuales por parte de personal de la organización.
El nuevo cargo es una de las medidas puestas en marcha por el jefe de Naciones Unidas, António Guterres, en respuesta a los repetidos casos de abusos cometidos por “cascos azules” que han salido a la luz durante los últimos años.
Connors se ocupará de gestionar con la ONU una asistencia adecuada a las víctimas y trabajará con gobiernos y organizaciones no gubernamentales para su protección, según explicó la organización en un comunicado.
La australiana es actualmente directora de Leyes y Políticas en Amnistía Internacional y anteriormente trabajó en Naciones Unidas, donde entre otras cosas dirigió la División de Investigación y Derechos en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
En marzo pasado, Guterres propuso toda una batería de medidas frente a los abusos sexuales cometidos por “cascos azules”, entre ellas detener los pagos a los países que no investiguen adecuadamente las acusaciones contra sus tropas. (EFE / Nueva York).

DPA

Brasilia / Río de Janeiro / Doral (EU)

La ex fiscal venezolana Luisa Ortega acusó ayer de corrupción al presidente Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, y aseguró contar con las pruebas necesarias, que prometió compartir “con distintos países”.
Ortega, una antigua simpatizante chavista convertida ahora en un una crítica tenaz de Maduro, virtió las acusaciones en Brasil, un día después de que el mandatario asegurara que pedirá una orden de captura internacional a Interpol contra ella.
“Las pruebas las tengo conmigo y voy a cederlas a algunos Estados para que procedan a enjuiciar a las personas que corresponda”, aseguró Ortega durante una reunión de fiscales a la que fue invitada en Brasilia.
“A Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, (el vicepresidente venezolano) Jorge Rodríguez y a todos los que estén involucrados en eso”, enumeró.
Las acusaciones más concretas estaban dirigidas contra Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo desde los tiempos del fallecido presidente Hugo Chávez, y ayer miembro de la controvertida Asamblea Nacional Constituyente venezolana.
Ortega lo acusó de haber recibido sobornos por 100 millones de dólares a través de una empresa en España en relación con el caso de la constructora brasileña Odebrecht, implicada en escándalos de corrupción por todo el continente.
Sobre Maduro aseguró que controla con una firma suya el sistema de reparto de alimentos en Venezuela, el del llamado CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), con el que el gobierno intenta afrontar la grave crisis alimentaria en el país y al que la oposición considera como parte del aparato de corruptelas.
El control, según Ortega, se ejerce a través de una compañía mexicana. “Es un empresa registrada en México, a nombre de dos personas. Es una empresa que se presume que es del presidente de la república, Nicolás Maduro”, comentó.
El gobierno venezolano rechazó sus declaraciones. El fiscal designado como su sustituto, Tarek William Saab, la acusó de haber sido “negligente” con la corrupción y la descalificó como una “turista mundial”, aludiendo a acusaciones del chavismo de que su esposo y ella se enriquecieron cuando eran funcionarios.
Por otro lado, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunió ayer en Florida con representantes de la diáspora venezolana, a los que prometió que el gobierno de Donald Trump mantendrá la presión sobre Maduro hasta que regrese a Venezuela la democracia.

Ataques aéreos sunitas en Yemen dejan 30 civiles muertos

Al menos 30 civiles murieron en nuevos ataques aéreos de la coalición sunita liderada por Arabia Saudí en Yemen, informaron ayer fuentes de los rebeldes hutíes.
Un portavoz del Ministerio de Salud dijo que los ataques se registraron al norte de Saná, la capital yemení, que está bajo control de los hutíes. También el Ministerio de Salud está controlado por los hutíes.
En Yemen son frecuentes las muertes de civiles en ataques aéreos de la coalición sunita. Arabia Saudí y sus aliados han recibido en el pasado fuertes críticas internacionales por ataques contra bodas, funerales o mercados.

Angola vota para poner fin a 38 años de gobierno de Dos Santos

Angola puso fin ayer a 38 años de gobierno de José Eduardo dos Santos con unas elecciones marcadas por la renuncia del longevo mandatario y la urgencia de encontrar un nuevo líder ante la grave crisis económica y social que atraviesa una de las grandes potencias petroleras del mundo.
Más de nueve millones de ciudadanos estaban llamados participar en una histórica votación que debería marcar el comienzo de una nueva etapa en este país que, a pesar de ser el segundo productor de crudo de África, figura entre los últimos puestos del Índice de Desarrollo Humano.
La jornada electoral comenzó ayer a las siete de la mañana bajo la mirada de mil 200 observadores internacionales.
El favorito a sucederle, el actual ministro de Justicia, João Lourenço pertenece al mismo partido de Dos Santos, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola.

Casi la mitad del electorado alemán aún está indeciso: sondeo

A un mes de las elecciones alemanas casi la mitad del electorado está indeciso sobre a quién dar su voto el 24 de septiembre, según una encuesta publicada ayer en el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.
El porcentaje de gente que no ha tomado aún una decisión se situó en el 46 por ciento. Es el valor más elevado de los últimos 20 años a tan corta distancia de la cita en las urnas, escribió el rotativo sobre el sondeo elaborado por el instituto de demoscopia de Allensbach.

Confirman muerte de periodista sueca desaparecida en submarino

Los investigadores daneses encontraron restos de sangre de la periodista sueca desaparecida Kim Wall a bordo del submarino al que había subido a hacer un reportaje e identificaron el torso hallado en una playa como perteneciente a la víctima, confirmó ayer el portavoz policial Jens Moller Jensen.
Los análisis de ADN confirmaron que el torso encontrado frente a Copenhague pertenece a la mujer y todo apunta a que la manipulación del cadáver se hizo para que se hundiera en el fondo del mar. La cabeza y las extremidades siguen desaparecidas y se cree que fueron “cortadas deliberadamente”.(DPA / EFE / Saná / Luanda / Berlín / Estocolmo).

EFE / DPA

Brasili / Belém (Brasil)

La Justicia brasileña aceptó la denuncia por obstrucción a la Justicia contra el exministro Geddel Vieira Lima, un político del entorno más cercano al presidente brasileño, Michel Temer, informaron ayer fuentes judiciales.
La denuncia, presentada por la Fiscalía la semana pasada, fue aceptada en primera instancia por el magistrado Vallisney de Souza Oliveira con lo que el político, detenido en julio pasado y actualmente en arresto domiciliar, pasa a condición de imputado y tendrá que responder a la acción penal en cuestión.
De acuerdo con la demanda, Vieira Lima realizó supuestas maniobras para obstruir la acción de la Justicia durante las investigaciones de una trama corrupta en la Caixa Económica Federal, que al parecer desviaba recursos de un fondo de inversión de ese banco estatal, uno de los más importantes de Brasil.
Cuando fue interpuesta la denuncia, la defensa del político, que ocupó una de las vicepresidencias de la Caixa durante el gobierno de la ex presidenta Dilma Rousseff, criticó la acusación y la calificó de “inepta”, “inútil” y una “colección fuera de lo común de errores jurídicos”.
Por otro lado, al menos diez personas murieron y más de 30 permanecían desaparecidas ayer tras el naufragio de una embarcación en una región amazónica del norte de Brasil, según informaron las autoridades.

Bajo el lema “Contra el decreto abusivo de esencialidad, lo esencial es avanzar en los cambios” diversos gremios de trabajadores uruguayos realizan ayer una huelga general parcial con una concentración en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
A esta medida, convocada por la central sindical de Uruguay, el PIT-CNT, se adhirieron con un paro de 24 horas los Funcionarios de Salud Pública (FFSP), mientras que la Asociación de Docentes de Educación Secundaria lo hará durante seis horas, informó el diario local El País.
Por su parte, la Asociación de Maestros del Uruguay se adhiere a la protesta pero sin cesar sus actividades, agregó el rotativo y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos llamó a secundar la huelga en todo el país.
El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, expresó que las medidas de esencialidad que está tomando el gobierno van contra el derecho de huelga. (EFE / Montevideo).

DPA

Ciudad de Guatemala

El gobierno de Guatemala calificó ayer como “chantaje” el anuncio de la fiscal general, Thelma Aldana, de renunciar si el presidente Jimmy Morales pide a la ONU la remoción del comisionado contra la impunidad, el colombiano Iván Velásquez.
“No podemos responder a este tipo de presiones, que parecieran casi hasta chantajes”, dijo en conferencia de prensa el portavoz presidencial Heinz Hiemann.
La noche del martes, Aldana habló de la pretensión del presidente guatemalteco de viajar a la ONU para pedir la remoción de Velásquez, quien comanda la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (CICIG), organismo dependiente de Naciones Unidas.
La denuncia generó una amplia reacción el miércoles en rechazo al supuesto propósito del mandatario.
Aldana dijo entonces no tener confirmación acerca del viaje de Morales a Nueva York, pero Hiemann lo confirmó durante la conferencia de prensa.
Hiemann dijo que efectivamente, Morales viajará el jueves y el viernes se reunirá con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Un juez colombiano envió a prisión al ex presidente de la Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana) José Elías Melo dentro de las investigaciones que realizan las autoridades en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, informaron ayer medios locales.
La decisión la tomó el juez segundo penal, que atendió la petición de la Fiscalía colombiana de enviarlo a la cárcel en el sentido de que podría afectar la investigación.
El ex presidente de Corficolombiana es investigado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, en relación con los sobornos de Odebrecht.
El juez señaló además que “la Fiscalía logró demostrar la coautoría y participación de Melo en los pagos de 6.5 millones de dólares que entregó Odebrecht al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, y quien intervino ante el gobierno nacional en el año 2009 para hacerse con el contrato de la Ruta del Sol”, según informó RCN Radio.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario definirá en las próximas horas el lugar de reclusión de Melo. (EFE / Bogotá).