El alcalde priista de Taxco, Omar Jalil Flores Majúl, informó ayer que el homicidio múltiple de cinco personas ocurrido el miércoles en la comunidad de Casino de la Unión, es derivado de un “ajuste de cuentas” de bandas rivales dedicadas al robo de vehículos con violencia, y que las personas asesinadas se dedicaban al robo de vehículos y desvalijamiento de los mismos en el taller que operaba de forma clandestina.
A pesar de los hechos de violencia del miércoles, el alcalde informó que ayer la ocupación hotelera en Taxco era del 72 por ciento y confió en que este fin de semana repunte.
Consultado vía telefónica sobre el múltiple homicidio, el alcalde taxqueño dio a conocer que de acuerdo con las investigaciones realizadas, se le informó que el taller de hojalatería en el que fue el ataque, era un negocio clandestino utilizado para desvalijar vehículos robados que llevaban la gente que estaba ahí y que se dedicaba al robo de vehículos con violencia en toda esa zona.
Indicó que autoridades comunales le informaron que hace unos meses el dueño de este negocio (que fue uno de los asesinados el miércoles) ya había sido investigado por el delito de robo de vehículos y desvalijamiento de los mismos, por lo que se libró una orden de aprehensión en su contra, pero que en esa ocasión el papá de éste se culpó, por lo que está preso por ese delito.
De acuerdo con la información recabada, el ataque del jueves fue por un “ajuste de cuentas” entre bandas rivales dedicadas al robo de vehículos con violencia entre la zona de Taxco y Morelos, indicó el priista.
El alcalde lamentó y condenó el múltiple homicidio ocurrido en Casino de la Unión el pasado miércoles por la tarde en el que cinco hombres fueron ejecutados en un taller de hojalatería y pintura por dos hombres y una mujer que llegaron en dos motocicletas.
Sobre el ataque y ejecución de un joven vendedor de cocos en el Barrio del Gigante, en la avenida de Los Plateros también ocurrida el miércoles, el alcalde informó que de acuerdo con las investigaciones se trató de una confusión, derivado de una extorsión que los hombres armados que le dispararon estaban realizando a otra persona y que presuntamente entregarían el dinero en ese punto. El ataque al comerciante se dio porque los pistoleros lo confundieron y después huyeron hacia Iguala.
En la comunidad de Paintla donde dos taxis fueron quemadas por hombres armados, el alcalde informó que de acuerdo con las investigaciones es derivado de un conflicto entre organizaciones transportistas, y que los vehículos quemados eran usados como taxis piratas.
Flores Majúl declaró que después de esos hechos se reforzaron los recorridos y puestos de revisión de policías estatales, federales y soldados de la policía militar, “no hemos bajado la guardia”.

Comuneros de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, acudieron a la Procuraduría Agraria (PA) en la capital, para exigir la anulación de las elecciones de comisariado que se efectuaron en abril, sin embargo dijeron que no querían hablar con el delegado, Ezequiel Zúñiga Galeana, sino con su asesor Luis Hernández Palacios, porque al titular no le creen porque ha actuado a favor del otro grupo de comuneros.
Además, exigieron la destitución del residente en Tlapa de la Procuraduría Agraria, Salvador Orduño Flores, y la visitadora agraria Aracely García Vidal.
El 26 de abril en Temalacatzingo se llevaron a cabo las elecciones para presidente del comisariado ejidal, sin embargo un grupo opositor no tomó en cuenta a los comuneros, tres días antes supieron de la convocatoria y fue impuesto el grupo de Obdulio Casimiro Vázquez, afín al PRI y a Antorcha Campesina.
El 24 de mayo en la Procuraduría Agraria en Tlapa se reunieron los dos grupos en conflicto con el delegado, y al término expusieron que el funcionario favoreció a los comuneros que impusieron en la elección. Este viernes unos 30 comuneros y autoridades del núcleo agrario se trasladaron a la capital, con el objetivo de dialogar con el asesor del delegado, y exigir la anulación de esas elecciones, pues argumentan que hay 3 mil comuneros que no han sido registrados a consecuencia de que no se les hizo el trámite con un comisariado anterior, y ellos no aprueban la elección.
El comunero de derechos, José Vázquez Rosendo, expuso que traían un documento dirigido al titular de la Procuraduría Agraria federal, Cruz López Aguilar, en el que plantean que gire instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que intervengan en la solución del conflicto agrario de la comunidad.
Recordó que el 24 de mayo se declaró una tregua de 90 días con el compromiso de que el delegado iría a la comunidad para seguir el diálogo a la solución del problema, pero que hasta este viernes no había acudido. Abundaron que entre más pasa el tiempo el conflicto en la comunidad crece.
“Por otro lado cabe mencionar que nos hemos enterado de manera extraoficial que el delegado de la Procuraduría Agrario gestionó la inscripción del acta de inscripción del órganos de representación y vigilancia, y como consecuencia la expedición de las credenciales que avalarán dichos cargos (del comisariado), por lo tanto en lugar de abonar dicho conflicto que mantenemos de manera interna lo ha complicado, porque su actitud es parcial y tendenciosa hacia un grupo de comuneros y en prejuicio de los suscritos”, leyó en el oficio que llevaban.
Dijo que por lo tanto el 6 de agosto se enteraron de que los “supuestos electos” convocaron a asamblea general de comuneros para presentar su plan de trabajo, lo que provocó inconformidad e irritación en todos los comuneros en desacuerdo con esas autoridades, motivo por el cual clausuraron las oficinas del comisariado de bienes comunales, hasta que les resuelvan.
Por lo tanto subrayaron que “siendo el diálogo una condición imparcial y fuera de intereses personales o de grupo, lo que contribuye sin duda a la solución de toda problemática, solicitamos el cambio de los ciudadanos Salvador Orduño Flores y Aracely García Vidal, el primero en su carácter de residente y la segunda en su carácter de visitadora agraria, ambos de la residencia de Tlapa, de la Procuraduría Agraria por actuar de manera parcial a favor de los intereses a su grupo de comuneros”.
Los comuneros expusieron que solicitan de manera inmediata a la Procuraduría Agraria
una solución inmediata a los problemas que enfrentan, porque pueden suscitarse “cosas mayores por la sencilla razón porque el comisariado actual no quiere respetar los acuerdos establecidos anteriormente”.
Añadieron que exigen una nueva elección donde participen todos los comuneros y comuneras de derecho y de hecho, además que se cumpla con el registro de los comuneros faltantes como se acordó el 9 de julio de 2015 y que se les recibirían los requisitos.
Por su parte el abogado Pánfilo Sánchez Almazán reprochó que el delegado lejos de coadyuvar pareciera que quiere agravar el problema, que es irresponsable su actuar, pues dijo que después de la reunión de Tlapa no los han convocado.
“Hoy está aquí el licenciado Luis Hernández Palacios, él es el asesor del procurador agrario, ante la omisión y la irresponsabilidad de parte del delegado de la Procuraduría Agraria estamos pidiendo la intervención del procurador agrario federal, para que él directamente intervenga, toda vez que el actual delegado tiene intereses”, abundó.
A las 12:30 del día los comuneros fueron recibidos por el asesor, aunque también estuvo el delegado presente en la reunión.
Al término el abogado informó que el acuerdo que se tomó fue que el asesor del procurador agrario, Hernández Palacios, pidió al delegado Zúñiga Galeana, que designe a un subdelegado para que atienda los problemas planteados por los comparecientes, y coadyuve en la solución relativa a la elección de los órganos de representación y vigilancia de la comunidad.
Además, el 29 de agosto se sostendrá una reunión en el Ayuntamiento de Olinalá con ambos grupos de comuneros, la Procuraduría Agraria y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Ferrer.

Indígenas na savi de las comunidades de Platanar, Rancho Coapa y La Cidra, municipio de Ayutla, tomaron la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en esta cabecera municipal, para exigir la reparación de los desperfectos de la línea que surte el servicio a sus comunidades y protestaron ante las altas tarifas del servicio.
Los más de 50 indígenas de esas tres comunidades que pertenecen al Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), tomaron las oficinas de la CFE desde las 9 de la mañana del jueves y hasta ayer, viernes, aún esperaban que la paraestatal reparara los desperfectos para que levantaran su movimiento.
El dirigente del FODEG, Hoguer Morales Miranda denunció que la CFE ha desatendido la petición de los habitantes. Aseguró que hay comunidades que llevan tres meses sin energía eléctrica y en otras son constantes los cortes del servicio, mientras que los recibos sí llegan puntualmente y, en algunos casos, con cantidades exorbitantes.
Ayer los inconformes se mantuvieron afuera de las oficinas de la subestación de la CFE, ubicadas al oriente de la cabecera municipal, en espera de que se repararan los desperfectos, en su mayoría cambios de transformadores o de postes que ya se encuentran en mal estado.
El representante de la comunidad de La Cidra, Pompello Gil Moso, informó que en su comunidad están demandando la reparación de los postes de madera, algunos de ellos a punto de caerse.
“Ellos (los de la CFE) han visto que los postes ya no sirven, pero allí los van dejando. Yo no sé si van a esperar hasta que se caigan. Por eso estamos aquí, exigiendo que los reparen a tiempo, antes de que se vayan a caer con todo y cables, y ya no haya nada de servicio”, dijo el dirigente.
Denunció que ante el mal estado en que se encuentra los postes de la red, son frecuentes los cortes del servicio, “apenas cae un relámpago y se va la luz, se revientan los cables o se caen las cuchillas”, explicó.
Contó que en su comunidad los árboles rosan con los cables y que cuando hace viento se producen cortos y también cortan la electricidad, dejando días sin servicio a unos 300 habitantes de 55 familias. Dijo que en el caso de La Cifra no hay justificación para que no vayan pronto a hacer las reparaciones, pues se encuentra a una media hora en carro desde la cabecera municipal.
Por su parte, el representante de la comunidad del Platanar, Leonardo Villanueva Epifanio denunció que desde hace un año han estado pidiendo el cambio de un transformador, que se fueron por él, pero ya no regresaron, y sólo dejaron uno. Informó que hace dos meses cayó un rayo y dañó el único que les había quedado, desde entonces no tienen electricidad, y a cada rato acuden a la subestación de la CFE a pedir que reparen el servicio, “nomás nos dicen que sí, pero no han ido”, denunció.
“La verdad, ya no aguantamos estar sin luz”, dijo e informó que en esa comunidad viven unas 15 familias, más de 100 habitantes.

Denunció que, a pesar de que desde hace dos meses no tienen el servicio, los recibos les siguen llegando, y que si se niegan a pagarlos los amenazan con que se van a quedar definitivamente sin el servicio.
El Platanar se encuentra aproximadamente a hora y media de recorrido en carro desde la cabecera municipal.
En la protesta también había una comisión de la comunidad de Rancho Coapa. Su representante, Sergio Sixto Nereido denunció que, en esa localidad un poste se cayó y la mayoría de los que quedan están también por venirse abajo, y que a pesar de que han enviado el reporte por escrito muchas veces, la CFE no ha ido a repararlos.
Dijo que en esa comunidad habitan unas 45 familias y que se encuentra aproximadamente a una hora de recorrido en carro desde la cabecera municipal.
Otro vecino de la misma comunidad dijo que el poste se cayó hace unos tres meses, y que el comisario de inmediato fue a dejar un oficio a la subestación para que fueran a arreglarlo, “dijeron que en una semana iban a ir, pero nunca fueron, por eso estamos aquí para exigir que vayan a ponerlo”.
Declaró que los vecinos tienen miedo que el poste se caiga porque en estos días está lloviendo mucho, y que eso los deje sin el servicio. Aseguró que en esa comunidad a cada rato hay cortes de energía eléctrica ante las malas condiciones en que se encuentran los postes y el cableado.
Morales Miranda denunció que la CFE no cumple con su obligación de prestar un buen servicio. Dijo que en el caso de El Platanar hace más de tres meses que se llevaron dos transformadores, regresaron uno, pero les sigue haciendo falta el otro.
“En la CFE argumentan que ese transformador puede servir en otra comunidad, cuando saben que algunas casas se quedaron sin el servicio porque el único transformador que dejaron es insuficiente”.
Informó que, mientras tanto, en Rancho Coapa hay un poste que se cayó y que hace tiempo que está casi a media carretera, y que a pesar de que entregaron un oficio para informar que desde hace más de un mes que el poste está a punto de caerse, tampoco les hacen caso.
Tras la toma de las oficinas de la CFE, los inconformes platicaron con los encargados de la subestación, David Benítez Salazar y Jesús Castillo Gatica, quienes les dijeron que no había dinero y que la carretera está fea para ir a hacer las reparaciones.
Sin embargo, como la toma continuó este viernes por segundo día consecutivo, trabajadores de la CFE se encontraban al medio día recorriendo las comunidades para atender las denuncias de sus habitantes.
“Nosotros les advertimos que no vamos a dejar las oficinas hasta que quede arreglado bien el problema, que haya energía eléctrica en todas las comunidades”, declaró Morales Miranda.
Informó que las deficiencias no solamente se han presentado en las comunidades que se manifestaron, sino en casi todas las comunidades del municipio. Dijo que en el transcurso de la protesta, habitantes de las comunidades de Ocotlán y Mezcaltepec pasaron a decirles que en esas comunidades tampoco hay energía eléctrica; pero no todos se atreven a protestar.
Aunado al mal servicio, también denunció el despotismo y la prepotencia con que los empleados de la CFE tratan a los indígenas cuando van a reclamar el servicio o a hacer alguna gestoría.
Citó concretamente el caso de la secretaria Jessica López, “lo más déspota y prepotente que pueda haber”. Incluso aseguró que, ya cuando habían comenzado el movimiento, la secretaria actuó con prepotencia contra todos los manifestantes.
Denunció que otro problema que enfrentan las comunidades indígenas con la CFE es el de las altas tarifas, y que hay familias a las que les han llegado recibos de 10 mil y hasta 15 mil pesos.
Hoguer Morales mostró un recibo de la capilla de La Cidra, por 7 mil 606 pesos, aunque ocupan un ratito a la semana la electricidad, cuando los feligreses van a hacer su oración.
Aseguró que recibos con cantidades como ésta también les llegan a casas particulares, y que los usuarios tienen que pagarlos a pesar de que no cuentan con el servicio o éste es deficiente.
Por eso, entre sus demandas exigieron que no sólo se regularice el servicio, sino también que la paraestatal les cobre lo justo.
Dijo que cuando plantearon su inconformidad ante las altas tarifas, el encargado de la subestación les respondió que desconocía ese problema, “no es posible que un encargado de las oficinas no conozca los problemas de su dependencia”, dijo Morales Hernández.
“Yo considero que, además, no hay un buen trabajo de las autoridades de la CFE, los trabajadores llegan en la mañana, checan, después se van a almorzar y hasta después se van a trabajar”, dijo, y agregó que eso repercute en el servicio.
Durante la noche del jueves, los inconformes fueron resguardados por policías ciudadanos armados de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Israel flores

Ciudad Altamirano

Cinco organizaciones de pescadores de la presa El Gallo se reunieron este viernes con la presidenta municipal de Cutzamala, Karime Benítez Flores, y con un representante jurídico de la hidroeléctrica Mexhidro, ante quienes cuestionaron que la empresa se lleve millonarias ganancias, sin que al municipio le llegue un solo beneficio.
En la reunión exigieron el pago de un apoyo que les adeudan desde 2014 y amenazaron con pedir la salida de la hidroeléctrica, al considerar que esa presa no fue proyectada para generar electricidad, sino para el desarrollo del campo.
La reunión de este viernes en las oficinas del Ayuntamiento es la segunda del año en la que los pescadores intentan recuperar 400 mil pesos anuales que acordaron con la hidroeléctrica para adquirir redes, lanchas y otros equipos de trabajo.
Los abogados de la hidroeléctrica aseguran que ésta entregó la primera aportación de 2014 al Ayuntamiento de Cutzamala, porque las autoridades locales fungirían como testigos de esta entrega, pero al llegar el presupuesto, la cuenta bancaria municipal fue congelada debido a un procedimiento jurídico que inició un particular contra el municipio por una deuda de fertilizante de 2010.
Piensan que ese dinero está congelado, aun cuando el Ayuntamiento avanzó en la resolución del problema jurídico.
Para la hidroeléctrica, el dinero está pagado; pero los pescadores no recibieron nada, y para ellos la deuda sigue, en tanto que el Ayuntamiento pide apoyo jurídico para buscar que se descongele la cuenta, y los funcionarios municipales recomiendan que la hidroeléctrica haga un préstamo para pagar lo del 2014, o sea que adelante el pago de 2018.
Las cinco organizaciones de pescadores señalan que ellos no han recibido el dinero de 2014 y que están a la espera de que, entre el Ayuntamiento y le hidroeléctrica solventen el faltante.
La alcaldesa, Karime Benítez Flores dijo que esperan el apoyo de la hidroeléctrica para cubrir lo que se debe de 2014 porque el municipio no tiene dinero, pero además señaló que la empresa ha dejado muy pocos beneficios al municipio de Cutzamala.
Confirmó que los campesinos de las cercanías de la presa pagan cuantiosas cantidades en sus recibos de electricidad, y que además hay pueblos donde no tienen el servicio.
Dijo que no se debe de olvidar que la presa El Gallo fue proyectada principalmente para actividades rurales, y que había un plan de desarrollo a través de canales de riego para toda la Tierra Caliente, pero finalmente no se llevó a cabo en su totalidad, y le cambiaron el sentido a la presa para convertirla en hidroeléctrica.
Afirmó que el agua que sale de las turbinas de la hidroeléctrica no es suficiente para regar las siembras de los campesinos, que también están inconformes ante la explotación de las aguas que eran para uso rural.
Tras la negociación, los pescadores firmaron un acuerdo para pedir que en ocho días, Mexhidro responda si puede pagar nuevamente el dinero de 2014, en tanto pueda coordinarse con los abogados del Ayuntamiento para liberar el dinero congelado.
Pero el documento también establece que, para ellos, la empresa no ha cumplido el pago de 2014, y podrían terminar cualquier acuerdo de coordinación y exigir la salida de la empresa, para que la presa El Gallo sea para el desarrollo rural.

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, el priista Eusebio González Rodríguez afirmó que en la Ley de Ingresos para Chilpancingo no se aprobó el incremento de un impuesto de 15 pesos por el servicio del recolección de basura, como afirmó el jueves el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena.
Dijo también que el incremento de impuestos en los municipios sólo debe hacerse ante una contingencia, y tras la aprobación del Cabildo como una ampliación de presupuesto.
El alcalde Leyva Mena dijo el jueves que el Congreso local aprobó que se cobre la recolección de basura en la Ley de Ingresos, pero “políticamente” lo presentaría al Cabildo para su análisis; sin embargo, adelantó que “es algo que me permite la Ley de Ingresos, y ya está contemplado y aprobado por el Congreso local, pero no se está cobrando”.
Consultado después del registro de Beatriz Alarcón como presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Ompri), el legislador dijo que, “hasta donde tengo conocimiento, no se tiene tal impuesto considerado, si no, se hubiera aplicado desde inicios de año porque sería por un ejercicio fiscal… lo que sí vamos a vigilar como Congreso es que se cumpla como se le aprobó su Ley de Ingresos, y no podrá cobrar… a menos de que sea un acuerdo del Cabildo”, advirtió el diputado.
Hizo “un llamado” al alcalde capitalino para que reflexione, y si pretende aumentar impuestos, que haga la propuesta en su Ley de Ingresos para 2018.
Advirtió que si el Ayuntamiento capitalino aplica el impuesto sin ser aprobado en el Cabildo, y dado que no está en la Ley de Ingresos 2017, estaría cometiendo una ilegalidad que amerita las sanciones que establece la ley.
“Estamos prácticamente a cuatro meses de concluir este ejercicio fiscal, y no sería conveniente; y sería importante hacer una valoración, que pudiera enviar en esta Ley de Ingresos la propuesta como cree que debería ser, y si el Congreso se la aprueba, ahí está el instrumento dentro de la legalidad para ejercer el presupuesto”, comentó.
González Rodríguez indicó que, hasta donde él conoció la Ley de Ingresos que aprobó el Congreso, no existía el aumento de 15 pesos para el servicio de recolección de basura.
De lo contrario, el Ayuntamiento habría aplicado el cobro desde el inicio del ejercicio fiscal, y no en el último cuatrimestre del año.
Eusebio Rodríguez dijo que, “quiero pensar que hay una contingencia que justifique que estos recursos son muy necesarios para invertir en una situación verdaderamente atípica; de lo contrario… no tendríamos porqué elevar impuestos, porque no tendría una justificación”.

Trabajadores no sindicalizados de la Secretaría de Salud (Ssa) que acordaron que se reunirían ayer con el subsecretario de Finanzas, Juan Manuel Santa María, para que les informara del pago de un fondo de ahorros y de uniformes, acudieron a las oficinas centrales, pero nadie los atendió.
Los trabajadores habían acordado el pasado lunes con el funcionario que se reunirían ayer.
Asimismo, el médico Hilario Zúñiga Escamilla informó que el lunes el contador se comprometió también a darles ayer información sobre los pagos que les adeudan, pero su oficina estuvo cerrada.
Recordó que los trabajadores piden la destitución de la secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), Beatriz Vélez Núñez, “porque juega con las necesidades de los trabajadores”, porque hay formalizados y regularizados que no reciben el pago del fondo de ahorro y beneficios laborales.
El médico indicó que, “Beatriz Vélez Núñez, no representa a los trabajadores”. Los 14 mil pesos por trabajador, del fondo de ahorro, debieron recibirlo la primer semana de agosto, pero no se los han entregado.
Por su parte, la médica del hospital de Ciudad Renacimiento, de Acapulco, Roxana Tapia Carbajal pidió a los trabajadores que analicen “la ineptitud” de la líder sindical, porque no sabe resolver sus problemas, y aunque les ha dicho que los trabajadores sindicalizados y los formalizados son iguales, son las mismas autoridades de Salud las que demuestran que no es así, porque los pagos y derechos no son iguales.
Tapia Carbajal dijo que los de base ya tienen sus pagos, “Vélez Núñez prometió que los formalizados tenían derechos a todas las prestaciones… pero a pesar de que les descuentan, no tienen ni un sólo derecho”.
Precisó que el fondo de ahorro se adeuda a regularizados y homologados, y aunque el descuento se hace cada quincena, ahora les dicen que el gobierno del estado no ha aportado la parte que le corresponde. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Se cumplieron los ocho días de plazo que dieron ejidatarios de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que los indemnice por 14 hectáreas y media de tierras que afectó la construcción de la Autopista del Sol en 1990, pero ninguna autoridad los buscó para dialogar.
En conferencia de prensa el pasado 10 de agosto, ejidatarios afectados exigieron el pago de la indemnización, y explicaron que la construcción de la Autopista del Sol y su funcionamiento han dañado sus parcelas, donde se depositaron escombros y piedras, se construyeron caminos de accesos, muros y bases de concreto, que no les permiten sembrar, y dieron un pazo de ocho días para que la SCT les pague el daño causado.
Consultado telefónicamente, el integrante del comité del comisariado ejidal de Tierra Colorada, Pedro Carrera Robles informó que nadie de la dependencia federal los buscó para dialogar.
Adelantó que, como advirtieron hace ocho días, van a preparar bloqueos en la autopista para exigir el pago de la indemnización.
El 29 de noviembre de 2013 los ejidatarios acordaron por escrito con la SCT, que conciliarían el conflicto, y que se les pagarían 120 pesos por cada metro cuadrado afectado. (Beatriz García / Chilpancingo).

La lluvia de la madrugada de este viernes en el municipio de Tixtla, inundó dos casas tras el desbordamiento del arroyo Jaltipan.
En un reporte oficial de la Secretaría de Protección Civil estatal, se detalló que dos viviendas de la calle Alejandro Sánchez Castro, del barrio del Santuario, resultaron con daños.
Ante la situación, socorristas de Protección Civil estatal, y de Bomberos y Protección Civil municipal, auxiliaron a las familias para sacar el agua estancada.
El hecho afecto también muebles, aparatos electrodomésticos y enseres de uso cotidiano de las familias.
A pesar de la lluvia, Protección Civil estatal no abrió el refugio temporal de Tixtla, ya que el cauce del arroyo bajó pronto a su nivel.
Esta lluvia, que también cayó en la capital del estado, fue provocada por el ingreso del aire marítimo tropical procedente de ambos litorales en el transcurso de la madrugada del viernes, generando tormentas moderadas a fuertes en regiones del Centro y Norte.
Por otra parte, la presa de Tixtla continúa al 100 por ciento de su capacidad, por lo que continúan los trabajos de desfogue para evitar un siniestro mayor. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

Víctor Cardona Galindo

Atoyac de Álvarez

Trabajadores administrativos del Ayuntamiento de Atoyac, en compañía de los comisarios de la parte media de la sierra, marcharon juntos y bloquearon con piedras y palos los dos carriles del boulevard Juan Álvarez, para exigir la instalación de una mesa de diálogo sobre la entrega de fertilizante a los campesinos, la construcción de escuelas y obras en las comunidades de la sierra.
La marcha partió del Zócalo y concluyó en el boulevard, cerca del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 216, frente a la colonia Lomas del Sur, donde campesinos y trabajadores bloquearon la vía durante casi una hora, provocando congestionamiento vial, desorden y protestas de los choferes varados.
El secretario de Gobierno municipal, Abel Eduardo Gómez Ozuna se presentó a dialogar con el dirigente Fredy Fuentes Nájera, quien planteó las peticiones, además del pago a los trabajadores del Ayuntamiento de las quincenas atrasadas, la destitución de cuatro funcionarios municipales acusados de prepotentes y de mantener prácticas caciquiles. Además de la atención a los comisarios municipales.  
El bloque se terminó alrededor de la una de la tarde, cuando se formó una comisión para platicar con el alcalde Dámaso Pérez Organes, en el centro social El Enano.
En la mesa se dijo que las negociaciones de las demandas de los burócratas van por buen camino, hay importantes avances, y lo más seguro es que el movimiento concluya el martes.
Pérez Organes acordó con los campesinos que, a más tardar la semana entrante comenzarán a ejecutar las obras pendientes en El Salto, Mexcaltepec y El Achotal.
Mientras tanto, los trabajadores mantienen su plantón afuera del DIF municipal, donde dijeron que ahí permanecerán en tanto no se firme una minuta de acuerdos y sean pagadas en su totalidad las quincenas que les adeudan.