El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anticipó ayer en Buenos Aires que Washington “no se quedará de brazos cruzados cuando Venezuela se está destruyendo” y abogó por la “restauración de la democracia por medios pacíficos”.
Pence y el presidente argentino, Mauricio Macri, coincidieron ayer durante su reunión bilateral en incrementar las presiones diplomáticas y económicas sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
“Le pedimos a América Latina que haga más”, urgió el vicepresidente estadunidense, al sostener que el gobierno de Maduro se acerca cada vez más a “una tiranía” y “una dictadura”.
“Estados Unidos tiene muchas opciones a su disposición”, alertó el vice de Donald Trump, en la conferencia de prensa conjunta que brindó con Macri en la residencia oficial de Olivos, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y en la que renovó el fuerte respaldo de Washington al gobierno argentino.
Por su parte, Macri rechazó ayer el uso de la fuerza como una alternativa para resolver la crisis que atraviesa Venezuela y apostó por potenciar la presión política y económica, tras reunirse con Pence, de visita oficial en el país austral.
Por otro lado, al menos ocho personas resultaron muertas en un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad en El Callao, una zona rica en oro, coltán, hierro y diamante, en el sur de Venezuela, donde operan las mayores bandas de minería ilegal del país, informó hoy el Ministerio Público. (DPA / EFE / Buenos Aires / Caracas).

EFE

Washington

Entre gritos de “Trump escucha, el pueblo está en la lucha”, miles de activistas y “soñadores” se manifestaron ayer en decenas de ciudades de Estados Unidos para urgir al presidente Donald Trump a mantener el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), en su quinto aniversario.
“Somos gente trabajadora, no le venimos a robar a nadie. Lo único que queremos es dignidad”, explicó en una concentración frente a la Casa Blanca Cindy Monje, nacida en Guatemala y participante en este programa que ha protegido a 800 mil jóvenes indocumentados de la deportación.
El programa, que da protección temporal a los jóvenes que llegaron al país como indocumentados siendo niños, conocidos como “soñadores”, fue impulsado por el gobierno del demócrata Barack Obama mediante una orden ejecutiva firmada en agosto de 2012.
Marchas similares tuvieron ayer lugar en San Francisco, Phoenix, Nueva York y Chicago, con el objetivo común de exigir al presidente Trump y los republicanos en el Congreso que mantengan el programa y defender sus buenos resultados y la contribución económica de estos jóvenes.
Pese a que Trump ha prometido tratar el tema del DACA “con corazón” y reconocido que es uno de los problemas “más difíciles” que enfrenta, lo cierto es que los sectores más conservadores del partido republicano han puesto fecha límite para que el mandatario tome una decisión.

México viven un conflicto de guerra no internacional, en el cual se llevan a cabo crímenes de lesa humanidad, coincidieron especialistas.
Durante el conversatorio Víctimas de crímenes de lesa humanidad en México, recordaron que hay más de 200 mil asesinatos, de 10 mil denuncias de tortura y de 32 mil desapariciones en que las víctimas son civiles.
“Creo que sí estamos en un conflicto armado, evidentemente no en todo el país, no todo el tiempo y en algunas regiones”, aseguró Jacobo Dayán, consejero de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
México lleva más de una década de violencia prolongada y frecuente, donde los grupos armados son capaces de conducir ataques y tienen una jerarquía interna con posibilidad de imponer disciplina, añadió Inna Zoon, coordinadora de programas de América Latina de Open Society Justice Initiative.
Agregó que una de cada 10 personas asesinadas en México son población civil que no tenían nada que ver con el crimen organizado.
Además, señaló al Estado mexicano de actuar como si detuviera el conflicto armado, al extender las atribuciones de las fuerzas armadas y sacar al Ejército a las calles.
Especialistas observaron probables crímenes de lesa humanidad contra mujeres, migrantes y periodistas en México, los cuales se caracterizan por ser ataques sistemáticos contra la población a manos de autoridades del Estado.
Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 en México, dio cuenta de 276 agresiones contra medios y comunicadores en los últimos seis meses.
El 50 por ciento de las agresiones fueron por funcionarios del Estado, mientras que la mitad de los periodistas estaban investigando temas de corrupción y política, y el 20 por ciento seguridad pública.
“¿Es intencional o no la violencia? No están matando a quienes escriben sobre arte, deporte o entretenimiento. (…) los matan en plena luz del día y frente a muchísimos testigos”, acusó.
Elba Coria, directora de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas Alaíde Foppa, destacó la prevalencia de secuestros, abuso sexual, robos y otro tipo de delitos contra migrantes que transitan por el país.

Agencia Proceso

Ciudad de México

Cada año se producen 400 mil accidentes de tránsito en todo el país, 38.8 por ciento de los cuales ocurren en los estados de Nuevo León, Jalisco y Chihuahua, reveló un estudio del Instituto de Geografía de la UNAM.
La Unidad de Geotecnologías en Infraestructura, Transporte y Sustentabilidad del Instituto de Geografía dio a conocer un estudio sobre las tendencias temporales y espaciales de los accidentes de tránsito en el país.
Por medio de la publicación –que utilizó técnicas de geolocalización y bases estadísticas “amplias” de 1990 a 2012– los investigadores de la institución académica identificaron los 142 municipios que agrupan 85 por ciento de los atropellados y revelaron que tan sólo en 2013 fallecieron 15 mil 856 personas, la mitad de ellos eran peatones.
En el mismo año, 142 mil 626 personas resultaron lesionadas, y de ellas, 31 mil 320 se reportaron como graves. De éstas, “muchas permanecen con discapacidad el resto de su vida”, destacó el documento de la Universidad.
En la información difundida esta tarde no se detallan los municipios con mayores incidencias. Sin embargo, destaca que un grupo de siete estados suman 70 por ciento de los accidentes de este tipo.
Las entidades que encabezan la lista son Jalisco, Chihuahua y Nuevo León y le siguen el Estado de México y la capital del país.
En contraste, los estados con menos datos son Aguascalientes, Tabasco, Durango, San Luis Potosí y Quintana Roo.
A pesar de que, por cada 10 accidentes de tránsito, tres son por atropellamiento, el Instituto de Geografía identificó que 90 por ciento de éstos podrían prevenirse.
Por ello, Héctor Daniel Reséndiz López –académico e integrante del equipo de investigadores que elaboraron el estudio–, indicó que los resultados del análisis se entregarán a los gobiernos estatales con el fin de crear programas a largo plazo que los prevengan.
“De ese modo, se han obtenido datos que ya se han compartido con las autoridades respectivas, que van desde la identificación de sitios de alta accidentalidad y de corredores, y la elaboración de diagramas de colisiones para detectar causas, todo con la meta de prevenir más incidentes y muertes por ese motivo”, refiere el comunicado.
De acuerdo con la información difundida por la casa de estudios, otros patrones de accidentes destacan que 53 por ciento de las muertes en el sitio ocurren de las 5 a las 12 horas; la mayor cantidad de atropellados ocurre por la tarde, de 12 a 19 horas, pero con una menor severidad y con menor número de muertes.

 

Sólo 5 de cada 100 ciudadanos mexicanos cuenta con un testamento registrado ante notario, advirtió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Si hablamos de que somos 120 millones de habitantes y hacemos a un lado a los que son menores de 18 años, hablamos que solamente el 5 por ciento de aproximadamente de las y los mexicanos que puede hacerlo, han realizado su proceso para tener el testamento”, manifestó.
Durante el lanzamiento de la campaña Septiembre, Mes del Testamento, en San Luis Potosí, Osorio Chong ventiló que se tiene registro de 5.3 millones de testamentos en el país.
En lo que va del sexenio, abundó el funcionario, se han realizado y registrado más de un millón 600 mil testamentos, de los cuales 360 mil corresponden a 2017.
“Por eso es tan importante impulsar hacia todos los rincones del país. (El) patrimonio que no sólo es para el presente, sino fundamentalmente también para el futuro.
“No es suficiente, no lo es, expresar sólo de palabra a las y los hijos y familiares que ellos heredarán lo que con esfuerzo se ha forjado?, manifestó.
Osorio Chong destacó que contar con un testamento no sólo significa poner en orden la herencia de las posesiones, sino evitarle problemas a familiares y seres queridos.
El testamento también es una forma más de dar certeza jurídica y no dejar a la suerte a los hijos, abundó el secretario.
“¿Cuántas veces en la comida a final de año, cuando la niña o el niño le dice a papá, te quiero ver más?, y le dice ‘estoy trabajando para forjar un patrimonio’, y le dice mil veces ‘esta casa va a ser tuya, este departamento que estamos comprando, este coche, esto vas ser tuyo’”, enfatizó.
“Pero no puede quedar solamente en las palabras, es muy importante que quede por escrito y avalado por una notaría para que heredemos a nuestros seres queridos certeza jurídica y no contratiempos”.
Con la campaña nacional, que arrancó hoy y concluye en septiembre, las notarías amplían sus horarios de atención, instalan módulos de asesoría y ofrecen descuentos de hasta 50 por ciento.
“Hacemos un llamado a todas las familias mexicanas: sumémonos a este esfuerzo”, expresó ante cientos de personas y el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras.
“Es darle certidumbre a nuestros hijos, es darle certidumbre no solamente en el patrimonio, sino en su propia vida y su propio desarrollo”, abundó. (Staff / Agencia Reforma / Ciudad de México).

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio, urgió al Congreso a crear una Ley Nacional de Adopción que armonice todos los modelos estatales, acelere las adopciones y garantice el respeto de las personas a adoptar.
“Con los cambios que tenemos a nivel de los ejecutivos estatales y el federal, yo me atrevería a decir que por lo menos tenemos 60 modelos de adopción distintos cada 10 años en el país”, sostuvo.
Por eso, añadió, hay estados que un año dan 100 adopciones y que al año siguiente dan dos.
“Los mecanismos son muy distintos”, señaló.
Durante la inauguración del foro La adopción en México: retos y necesidades, en el Senado, Bucio ejemplificó que de 2012 a 2017 hubo mil 200 solicitudes de adopción tan sólo en el Ciudad de México, pero fueron concedidas nada más 440, el 35 por ciento.
“Es indispensable que tengamos una Ley General de Adopción, yo diría más aún, una Ley Nacional de Adopción, un marco legal que establezca la posibilidad de que los derechos sean garantizados, no sólo reconocidos, para todas las personas en el territorio nacional, independientemente de quién les gobierna, independientemente de quién dirige un sistema de protección especial, independientemente de quién dirige el DIF”, afirmó.
En la inauguración del foro participaron los senadores Jorge Luis Lavalle y Angélica Gómez del Campo. (Jorge Ricardo / Agencia Reforma / Ciudad de México).

Con tanto que se ha filtrado en estos días sobre el caso Lozoya/Odebrecht, con tantas fuentes de dichas filtraciones, y con tantas versiones circulando en los pasillos, es difícil determinar cuánto sabemos y cuánto no. Ojalá la inminente declaración de Emilio Lozoya ante la PGR disipe las nubes de confusión de todos, aunque comienza mal, con una pregunta: ¿por qué citan a Lozoya a declarar únicamente después de las filtraciones?
Por el momento tengo claros tres hechos. En primer lugar, que tres funcionarios de buen nivel de la empresa brasileña Odebrecht declararon ante un juez en Brasil, dentro del esquema de delaciones premiadas, que mucho le ha servido a la justicia brasileña para desmontar la gigantesca red de corrupción genéricamente llamada Lava Jato, que la empresa entregó 10 millones de dólares en dos tranches –por así decirlo– a Emilio Lozoya. La primera se dio cuando era el encargado de asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto, y la otra como director de Pemex. En segundo lugar, sabemos que Odebrecht realizó varias transferencias de recursos de sus cuentas a las de dos empresas en distintos paraísos fiscales: a Latin American Asia Capital Holding Ltd, y Zacapan S.A., por un total de 10 millones de dólares. Dichas cuentas aparentemente están radicadas en dos bancos, ambos ubicados en la isla de Tórtola, de las British Virgin Islands. En tercer lugar, sabemos que las filtraciones, ya sean todas procedentes de las delaciones premiadas, ya sean de otras fuentes, que podrían incluso ser mexicanas, afirman que dichas cuentas corresponden a empresas “ligadas a” Emilio Lozoya. Aquí la cosa se complica y a la vez se puede facilitar.
No es imposible indagar para un Estado, pero también para investigadores privados, periodísticos o de organizaciones de la sociedad civil, quiénes son los principales accionistas o funcionarios de las sociedades de responsabilidad limitada (LLCs) en los paraísos fiscales del Caribe o de Panamá. Entre chismes, sobornos (hablando del Rey de Roma), fuego amigo y otros instrumentos, es posible determinar quiénes son esos accionistas, o, de tratarse de accionariados anónimos, averiguar quiénes son los “funcionarios” (tesorero, secretario, presidente) de la empresa. Fue el caso de los famosos Panama Papers.
De ahí que el tema de Lozoya en estos paraísos fiscales y con esas cuentas se vuelva binario: o las cuentas son de empresas suyas, aunque disfrazadas, o las cuentas no tienen nada que ver con él. En el primer caso, Lozoya debe ir a la cárcel; en el segundo, se le debe una disculpa. El reto es otro: ¿quién va a averiguar?
Procedamos por descarte. Los gobiernos de Suiza, Estados Unidos y Brasil, los tres partes del acuerdo con Odebrecht por el cual pagó una multa gigantesca, no tienen el menor interés en saber quiénes son los mexicanos que recibieron ese dinero. Es obvio que el gobierno de Peña Nieto, tampoco. La PGR no va a enviar a nadie a Tórtola, o a Antigua, o a Lichtenstein. Va a proceder como la Función Pública en el caso de la casa blanca: donde buscamos, no encontramos nada. Donde no buscamos, menos.
Queda la oposición en México, y las organizaciones periodísticas o de la sociedad civil. De la primera, espero poco: no está en su ADN perseguir con seriedad a cualquier gobierno. Los medios y las organizaciones pueden hacer más, pero en ocasiones muestran más propensión a ser destinantarias de filtraciones que a investigarlas por cuenta propia. Pero estamos en sus manos, porque no hay otras.

La historia de Odebrecht y sus corruptelas en México está llena de misterios y opacidades. En Estados Unidos no confían que la Procuraduría General de la República haga bien su trabajo, y a decir de las últimas filtraciones de la Fiscalía de Brasil sobre el caso mexicano, en aquella nación suramericana tampoco. La corrupción intercontinental del conglomerado brasileño estalló el 21 diciembre pasado, cuando Odebrecht y su filial petroquímica Braskem, aceptaron haber sobornado a políticos y funcionarios de 11 países entre 2011 y 2016, luego de haber sido descubierta tras una investigación en la que participaron Brasil, Estados Unidos, México y Suiza. La sorpresa del espectacular anuncio fue que al darse a conocer, México fue excluido como coparticipe de la investigación. No le dijeron a la PGR que se iba a anunciar sin el conocimiento del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuyo desdén jurídico y político sorprendió y molestó a las autoridades mexicanas. A los ejecutivos de Odebrecht también.
El acuerdo de Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos era pagar una multa de tres mil 500 millones de dólares, la mayor suma desembolsada para resolver un caso de corrupción en los tribunales de ese país, y que la empresa hablara directamente con cada gobierno donde corrompió para reparar el daño y entregarles toda la información que les concernía. El plazo máximo para cumplir con lo pactado era junio. Fuentes ligadas a la empresa dijeron que los ejecutivos de Odebrecht no esperaron e hicieron contacto con la PGR para llegar a un acuerdo bilateral similar, que evitara que les congelaran sus obras en este país y actuaran eventualmente contra sus ejecutivos. Según las fuentes, en diciembre viajaron a México ejecutivos de la empresa para hablar con las autoridades mexicanas.
Quienes llegaron de Brasil fueron Guillermo Solís, el responsable del área jurídica de Oderbrecht, y Luis de Meneses Wyell, quien pese a que era el director de la empresa en México, se encontraba fuera de este país por el temor de que al estallar el escándalo, pudiera ser detenido. Meneses Wyell es un personaje clave en toda esta trama. Su testimonio ante la Fiscalía brasileña en diciembre pasado es el que relata pagos irregulares el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin –que él niega vehementemente– entre 2012 y 2016, para beneficiarlos con obra pública. La declaración de Meneses Wyell se refiere a la obra que se le entregó mediante adjudicación directa a Odebrecht y la empresa hidalguense Construcciones Tapia en 2015 para la construcción de vías de acceso y obras de infraestructura externa para un proyecto de utilización de residuos en la refinería de Tula, por 150 millones de dólares, que en junio pasado fue cancelado por Pemex.
Fuentes vinculadas a Odebrecht dijeron que la refinería en Tula no era por la que estaban preocupados en la empresa brasileña, ni figuraba en los puntos que querían hablar con la PGR. El proyecto que les inquietaba era la construcción del gasoducto Los Ramones, cuya licitación para construir el tramo 2 de la obra, ganó en 2014 a través de Tag Pipelines. El contrato fue de 935 millones de dólares. Desde que se adjudicó el tramo 2 de Los Ramones hubo críticas porque el proyecto llevaba un sobreprecio de 60 por ciento. Reiteradamente se  le pidió que lo detuviera al entonces secretario de Energía en el gobierno de Felipe Calderón, Jordy Herrera, que conoció la obra cuando fue director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, que supervisaba esa construcción. Cuando Herrera dejó el cargo, lo sustituyó Alejandro Martínez Sibaja, el primer funcionario que removió José Antonio González, cuando sustituyó a Lozoya en Pemex.
En este espacio se refirió a mediados de febrero que uno de los más nerviosos por el escándalo de Odebrecht era Froylán Gracia García, coordinador ejecutivo de la Dirección General en la Administración anterior, y de todas las confianzas de Lozoya Austin. Gracia García era muy cercano a los ejecutivos de la empresa brasileña, y de acuerdo con las fuentes cercanas al conglomerado, realizó “decenas” de viajes a esa nación. No fue posible localizar a Gracia García, señalado por funcionarios peñistas para ilustrar la corrupción que había en Pemex, para conocer su opinión.
En el temario que llevaban Solís y Meneses Wyell, se encontraba también su preocupación por los diferentes procesos electorales en Tamaulipas y Veracruz, dos de los estados donde tenían fuertes inversiones y que temían resultaran afectadas por los cambios de gobierno. En esas dos entidades se presume es donde Odebrecht invirtió en campañas electorales, particularmente en Veracruz, donde la relación que comenzó durante el gobierno de Fidel Herrera, se profundizó durante el de Javier Duarte, en parte por la intensa promoción que hizo de la empresa la entonces embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes.
No se supo nunca si el procurador Cervantes recibió a Solís y Meneses Wyell. Dos meses después, los brasileños le informaron en Brasilia detalles de la investigación, y en mayo, extrañamente, rechazó un acuerdo con Odebrecht de reparación económica y colaboración en la investigación en México. Oficialmente alegó que “bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los ex funcionarios y/o funcionarios públicos involucrados”. Lo que ofrecía Odebrecht era la contrario: facilitar la investigación. Rechazó esa ayuda y congeló el caso la PGR, cerrando la investigación por cinco años, acatando una instrucción de Los Pinos, hasta ahora, que la opinión pública la ha obligado a actuar.

rrivapalaqcio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

Hoy, 16 de agosto, empiezan formalmente en Washington las negociaciones para revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre los representantes de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. Estas reuniones tendrán varias etapas que culminarán, se espera, en los próximos cinco o seis meses.
A esta primera ronda, sin embargo, los participantes asisten con objetivos muy diferentes y en medio de una gran incertidumbre, pues no están claras las verdaderas intenciones del gobierno de Donald Trump. Los estadunidenses han planteado una lista de alrededor de 115 “objetivos específicos”. El principal, aparentemente, es “reducir el déficit comercial” de ese país con sus socios del TLCAN, en particular con México. Para ello, quieren 1) quitarle barreras al libre comercio en distintas áreas: bienes industriales y agrícolas, en el sector servicios, telecomunicaciones y actividades financieras, productos digitales, inversiones directas, y energía. Pero 2), al mismo tiempo, proponen medidas que favorecen unilateralmente a Estados Unidos: por ejemplo, en el sector agrícola piden reducir o eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, pero también un mayor tiempo de ajuste para algunos productos “sensibles” para ese país. Otras medidas que favorecerían a EU tienen que ver con las reglas de origen donde proponen que los bienes de exportación tengan un mayor contenido de insumos producidos en ese país; las reglas de propiedad intelectual que deben ajustarse a sus leyes; o la eliminación del capítulo 19 relativo a la disputa de controversias, para que EU pueda aplicar las medidas comerciales según le parezca. También proponen prohibir la manipulación monetaria de los tipos de cambio con el propósito de mejorar la balanza de pagos de alguno de los países miembros, cosa que en realidad aplicaría sólo para México y Canadá. Y finalmente, 3) una serie de medidas en materia de corrupción y transparencia, medio ambiente y asuntos laborales. En este último caso, se proponen crear reglas que formen parte del Tratado con el objetivo de adoptar leyes que garanticen, principalmente, la libertad de asociación y condiciones aceptables en materia de salarios mínimos, horas de trabajo, y salud y seguridad en los centros de trabajo.
Frente a esta larga lista, el gobierno mexicano ha reaccionado como si estuviera a punto de un ataque de nervios. Primero se negó a revelar su estrategia de negociación ante la Junta de Coordinación Política del Congreso mexicano lo que fue una evidente torpeza, pero a los pocos días emitió un documento de objetivos, que, en resumen, busca que el Tratado se modifique lo menos posible. Rechaza abiertamente la eliminación del capítulo 19, cambiar las reglas de origen y, desde luego, el incremento de aranceles al comercio bilateral. En muchos otros aspectos se pronuncia sólo de manera general.
Parece entonces que, en este momento, las diferencias son muy grandes. El gobierno de EU ha planteado la posibilidad de salirse del TLCAN si no logra sus objetivos, y el de México ha dicho que, si ello sucede, el Plan B sería mantener el comercio con ese país bajo las reglas de la OMC y la “diversificación de las exportaciones y de los inversionistas” particularmente con la Unión Europea y la Alianza del Pacífico.
Bajo estas circunstancias, puede ocurrir casi todo: la rendición del gobierno mexicano ante las peticiones de Estados Unidos; el estancamiento de las pláticas y su continuación hasta después de las elecciones en EU; o un rompimiento pronto del gobierno de Trump. Ya las cosas se irán aclarando (o confundiendo más) en los próximos meses.
El panorama resulta más desconcertante si reflexionamos en que la principal meta de EU, reducir el déficit comercial, no se conseguiría aún si se aceptaran las propuestas que ellos mismos han planteado, a menos que se reduzca severamente el flujo comercial entre los tres países. Otros objetivos, como los de carácter laboral, van en sentido contrario de los intereses de las empresas estadunidenses y de la agenda doméstica de Trump, un confeso anti sindicalista. En cambio, los negociadores mexicanos quieren, en lo fundamental, abrir más el comercio a la inversión externa en nuevas áreas como energía, telecomunicaciones y servicios financieros.
Quizás el gobierno de EU pretenda una renegociación con fines de propaganda política y con cambios meramente cosméticos que le permitan al presidente anunciar que sus promesas de campaña se están volviendo realidad. Pero también puede aprovechar las circunstancias para obligar a México a aceptar medidas humillantes, claramente contrarias al interés nacional.
Por su parte, el gobierno de Peña espera ansiosamente que sólo se cumpla la primera hipótesis, una renegociación light, que no lo obligue a decidir entre una rendición o una ruptura de las negociaciones. Si esto último sucede, la verdad es que esta administración no tiene plan B. No hay, bajo la mentalidad de los funcionarios actuales, ninguna otra perspectiva posible que no sea mantener el TLCAN. Decir, ahora, que la alternativa es diversificar el comercio con el mundo es pura demagogia y en el mejor de los casos, una salida que, si se tomara en serio, requerirá un tiempo largo para volverse realidad.
En esta comedia de las equivocaciones, en la que el gobierno de Trump quiere obtener un objetivo irrealizable con medidas contradictorias, y el de México pretende representar mejor a los inversionistas norteamericanos (de los tres países) y confía sólo en la buena suerte, la parte laboral merece una mención especial.
A lo largo de los años de vigencia del TLCAN, México no ha mejorado sustancialmente su ritmo de crecimiento, ni tampoco el empleo o las condiciones de vida de los trabajadores. En particular, mantener los salarios deprimidos se ha utilizado, casi al extremo, como un mecanismo de atracción de las inversiones extranjeras para exportar productos manufacturados, principalmente a EU. Para ello se ha acudido a prácticas laborales reprobables principalmente mediante los contratos de protección. Hasta aquí el diagnóstico de Trump tiene mucho de verdad. Pero no lo es en lo que sigue: primero, que el principal responsable de que se hayan cerrado “miles de empresas y que millones de trabajadores de ese país hayan sido despedidos” sea el TLCAN, pues la mayor parte de las importaciones que llegan a EU vienen de China, no de México. Y segundo, tampoco está claro que las propuestas del gobierno estadunidense para modificar el Tratado, sobre todo las de corte regulatorio, vayan a incentivar el empleo en EU pues ello depende de los problemas de la economía mundial, y no sólo de las relaciones entre ambos países.
En cambio, para México, el esquema TLCAN, vigente desde hace treinta años, se ha convertido en una trampa de crecimiento bajo que sólo pude resolverse diversificando los mercados externos, pero también dándole más peso al mercado interno, lo que quiere decir una política de industrialización, mayor inversión pública en infraestructura, aliento a las regiones más atrasadas, y mejores políticas laborales incluyendo una recuperación del salario mínimo a corto plazo. Así pues, aunque la renegación del Tratado fuera “exitosa” para el gobierno mexicano y casi nada cambiara, ello sólo perpetuaría un esquema que ha probado ser insuficiente para alentar la economía del país y perjudicial para los trabajadores mexicanos.
En síntesis, a partir de hoy, los negociadores se reúnen en un ambiente de desconfianza, intereses encontrados y estrategias confusas en las que los fines se contradicen con los medios, o se apuesta a que todo resulte una comedia. Lo malo es que hay pocas esperanzas de que sus resultados, cualesquiera que sean, lleven a un cambio de rumbo en la conducción de la política económica de México. No sucederá, como en la obra de Shakespeare que, después de numerosas situaciones grotescas, al final logra imponerse la justicia para los principales protagonistas del enredo.

Twitter: #saulescoba

Este lunes Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dio a conocer una serie de documentos bancarios, que registran los presuntos pagos de la constructora brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, en ese entonces Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del candidato Enrique Peña Nieto.
Lozoya, que fuera director de Pemex en los primeros meses de la actual administración, niega “categóricamente las imputaciones y la información que hace referencia a supuestos actos de solicitud y/o de sobornos directa o indirectamente de mi parte a la empresa Odebrecht o a sus funcionarios”.
En 2012, ya en la contienda electoral, la constructora transfirió 3 millones 140 mil dólares a una empresa establecida en Islas Vírgenes, ligada a Lozoya Austin. MCCI obtuvo copia de estados de cuenta del Meinl Bank de Antigua, propiedad de Odebrecht, donde aparecen siete transferencias a favor de Latin American Asia Capital Holding, señalada como la empresa a través de la cual se pagaban los sobornos a Lozoya Austin.
El dinero fue enviado desde la cuenta 244006 del Meinl Bank, ubicado en Antigua, a nombre de la compañía fachada Innovation Research Engineering and Development Ltd. (IRED), que era utilizada por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos a políticos latinoamericanos. Las transferencias equivalen a 40 millones de pesos, al tipo de cambio de aquel entonces.
El diario brasileño O’Globo y la organización mexicana El Quinto Elemento Lab revelaron, el 13 de agosto, el contenido de la delación premiada del ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll, donde asegura que en marzo de 2012 se reunió con Lozoya, y que en ese encuentro éste le solicitó 5 millones de dólares como pago por haberlo auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz, en donde la constructora asentó su base de operaciones en México.
La empresa aceptó pagarle sólo 4 millones de dólares. Según Meneses Weylle, Lozoya le dio el nombre del banco Latin American Asia Capital Holding, establecido en las Islas Vírgenes, para que le hicieran las transferencias a una cuenta que tenía en el banco suizo Gonet et Cie. Según el funcionario de la constructora ésta aceptó pagar el soborno porque Lozoya se perfilaba como un funcionario influyente en el próximo gobierno, de ganar Peña Nieto.
De acuerdo a MCCI, el dinero que se transfirió a la empresa ligada a Lozoya salió de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocido como el departamento de sobornos, a través del cual se financiaban las campañas electorales en los países. Eduardo Cunha, presidente de Odebrecht Ambiental, en su acuerdo de delación premiada aseguró que el acercamiento en campañas se daba en todos los países donde la constructora tenía presencia. El gobierno del presidente Peña Nieto está obligado a investigar e informar a la ciudadanía ante tales evidencias.

Twitter: @RubenAguilar