Es madre soltera y desde el Estado de México eligió a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para estudiar, porque es una institución acreditada, pero muestra preocupación por el alto costo de la inscripción en la Facultad de Contaduría.
Jazmín Hernández Zaragoza fue una de las mil estudiantes que se inscribieron en las carreras de contabilidad y administración de empresas, y otros 150 alumnos a la Facultad de Matemáticas. En el primer caso la inscripción costó mil 480 pesos, pero antes los aspirantes pagaron una ficha de mil 200 pesos. En Matemáticas el costo fue de 980 pesos de inscripción y 420 por la ficha.
Ayer los estudiantes tardaron hasta tres horas parados sin desayunar, esperando ser atendidos en las mesas de revisión de documentos ubicados en la escuela Preparatoria número 2.
La estudiante aceptada por la Universidad tiene 21 años y es madre soltera, contó que logró pagar los 2 mil 680 pesos de las cuotas con el apoyo de su papá, y también con el dinero que juntó trabajando limpiando casas.
La joven es originaria del municipio de Ecatepec, y cuando eligió a la UAG para estudiar pensó que los costos serían accesibles, pero ahora tiene preocupación porque aparte costear sus estudios tiene que mantener a su hijo de 3 años y para ello sabe que tendrá que trabajar por las tardes, así que ruega quedar en el turno matutino.
Dijo que no buscó otras escuelas en su estado porque le recomendaron la universidad “me dijeron que está certificada” y porque tiene buenas instalaciones, además reconoció que en los cursos de inducción observó buena capacidad de los maestros.
De padres divorciados, la joven dijo que vivirá con su papá en Acapulco y tratará de buscar una beca, y a su hijo lo dejará en la guardería para estudiar y trabajar.
Mientras una estudiante aceptada, Raquel Suriano Viviano que entrará a Contaduría se quejó porque desde las 7 de la mañana estaba formada para que le revisaran su documentación, pero eran casi a las 10 de la mañana y seguía en el mismo lugar porque la fila no avanzaba.
De la cuota de inscripción expresó que “se me hizo complicado juntar el dinero, mi mamá pidió un préstamo”.
Por su parte la señora Marta Suástegui quien acompañó a su hija a realizar los trámites, indicó que tuvo que agarrar dinero ahorrado para poder sufragar los trámites de sus hija, “yo pensé que era más económica la Universidad”. Sin embargo dijo que estaba preparada porque en el Cetis donde su hija estudió la preparatoria pagaba cada semestre alrededor de mil 180 pesos. (Jacob Morales Antonio).

 

El dirigente nacional de la organización México Productivo y Sostenible (MPS), que aglutina a campesinos y productores agrícolas, Alberto Cortés Laureano informó que 460 hijos de los agremiados en el estado fueron rechazados por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y que se trata de jóvenes indígenas y afromexicanos.
Cortés Laureano aseguró que la máxima casa de estudios “ha maquillado el asunto del porcentaje para indígenas o afrodescendientes –que aprobó el Consejo Universitario– para meter a recomendados, ahijados, a hijos de gente pudiente y eso ya no lo vamos a permitir, vamos a luchar para que ese porcentaje se respete y se amplíe”.
En conferencia de prensa en el café Punta del Cielo en la capital, Cortés Laureano acompañado de representantes de MPS en las distintas regiones del estado, dijo que a la organización le preocupa la situación de los aspirantes rechazados, por lo que se reunirá con el rector Javier Saldaña Almazán, para pedirle que se amplíe la matrícula y gestionar recursos de manera conjunta para mejorar las instalaciones.
Señaló que debido a los recortes presupuestales y la certificación de escuelas de calidad, por medio del convenio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), los grupos no pueden ser de más de 50 estudiantes, mientras que en sus inicios la UAG permitía hasta 90 alumnos en las facultades de Derecho, Economía y Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia, “todos teníamos una oportunidad”.
Manifestó que la certificación es contraproducente, pues los académicos tienen “mejores beneficios, es más cómodo, no es lo mismo calificar 50 exámenes que 90, pero la entidad (Guerrero) se caracteriza por tener un rezago de profesionistas muy marcado”.
Dijo que el presupuesto por alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es de 58 mil pesos, mientras que el de la UAG es de 14 mil 800 y el promedio en las universidades públicas del país es de 38 a 45 mil, por lo que criticó que las autoridades “nos den ese trato a los guerrerenses”.
Se quejó de que los diputados federales y senadores guerrerenses “no defienden el presupuesto” ni exigen más recursos para el sector educativo, “si no hay oportunidad para que los hijos de los campesinos estudien una licenciatura va a ser muy complicado”.
Precisó que la mayoría de los 460 hijos de campesinos indígenas y afromexicanos agremiados a MPS, fue rechazada de las facultades de Medicina, Enfermería, Ciencias Químico Biológicas, Ingeniería, Psicología y Turismo.  (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

Unos 70 integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) se manifestaron en el Palacio Municipal, para denunciar que el gobierno incumplió los acuerdos y la aportación de 10 millones de pesos por el adeudo de 50 millones que tiene desde el 2011 con contratistas, por 164 obras públicas.
Los inconformes, que llegaron a las 9 de la mañana al Palacio y se fueron a las 11, tras ser atendidos por el subsecretario de Asuntos Políticos Sociales y Religiosos, Felipe de Jesús Kuri Sánchez, con quien no llegaron a ningún acuerdo, advirtieron que el viernes se van a manifestar con camiones para que el alcalde Evodio Velázquez los atienda.
En declaraciones, el presidente de la CMIC, Sergio Isaac Reyes Carbajal, señaló que es un adeudo institucional del municipio con empresas contratistas: “no hay ningún fondo político, existen las empresas, es una problemática que enfrentamos y le sumamos la falta de participación en la obra pública no sólo de este año, sino desde 2016”.
Recordó que en enero del año pasado, el alcalde se comprometió a pagarles 6 millones de pesos y se hizo en mayo, y “de ahí se estableció que a partir de febrero de 2017 íbamos a tener pagos correspondientes a nuestros adeudos que son 50 millones de peso, a 51 empresas por 164 obras ejecutadas”.
Explicó que en abril el alcalde “se comprometió a pagar 10 millones de pesos y el gobernador pondría otros 10 millones, y esperamos que el municipio haga su aportación de los 10 millones para que el gobernador haga la otra”.
Reprochó que este gobierno no les ha dado obra, que ha observado que se contrata la obra públicas a través de la gestión de los regidores “y a los compañeros no le dan oportunidad, sabemos que hay empresas golondrinas o de trienio, como las que llegaron el año pasado de Chilpancingo, muchas desconocidas o recién creadas”.
Por su parte, la ex regidora perredista Ricarda Robles Urióste declaró que en la administración pasada de Luis Walton Aburto estaban las estimaciones de las obras en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico, pero “a la llegada de esta administración por arte de magia desaparecieron todos nuestros expedientes en los que van las facturas”.
Agregó que por información de un funcionario “menor” de este gobierno “supimos que están en una bodega en Costa Azul y a nosotros nos están dando con las certificaciones. Primero nos informaron que se certificarían las copias porque en Planeación tienen digitalizadas todas las estimaciones y dijeron que las certificarían”.
“Nosotros sabemos que es una forma de darnos largas, pero creo que no es posible que lo haga una administración de izquierda, comprometida con el pueblo, sin duda somos los que fortalecemos la economía del municipio, 51 empresas que están en crisis desde hace varios años y que el presidente se comprometió a cumplir”, dijo.
Denunció que les preocupa porque los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como el secretario de Finanzas, Hansel Mariano Patricio Abarca, y el secretario de Planeación y Desarrollo Económico, Víctor Gómez Zanabría, “actúan con cerrazón, tratan de enfrentarnos entre nosotros, de dividir diciendo que queremos cobrar doble cuando no es así”.

 

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre ha estado ausente de Acapulco por tres días de manera consecutiva, sin que se haya informado oficialmente el motivo.
Vía telefónica, el director de Comunicación Social del gobierno municipal, José Luis Méndez, informó que el alcalde está en la Ciudad de México, a donde asiste a reuniones.
Las reuniones del alcalde en la Ciudad de México son frecuentes, pero sus ausencias se limitan a un día y reanuda sus actividades en Acapulco, donde acostumbra hablar de sus gestiones.
El viernes de la semana pasada fue la última aparición en actividades públicas del alcalde, el viernes por la mañana en el fraccionamiento Costa Azul, donde supervisó los trabajos de la brigada Hércules.
Desde el viernes, la oficina de prensa del gobierno municipal ha informado que Velázquez Aguirre tendría reuniones privadas y el mismo mensaje ha difundido el sábado, el domingo y el lunes.
Este domingo, el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza Loeza, hizo un recorrido por playas. La presencia de Daniel Meza en actividades públicas en el Palacio Municipal o fuera del recinto, siempre son motivadas porque el alcalde está fuera de la ciudad.
Este lunes, en la columna Frentes Políticos del periódico Excelsior, se publicó que Velázquez Aguirre vacaciona en Cancún.
En consulta telefónica, el director de Comunicación Social del Ayuntamiento negó la versión del diario, y aseguró que Velázquez Aguirre está en la Ciudad de México donde atiende diversas reuniones y adelantó que hoy estaría de regreso en el municipio.
La información del director de Comunicación Social contrasta con el hecho de que no se ha difundido información oficial de las presuntas reuniones que ha tenido el alcalde en la Ciudad de México del viernes al lunes. (Daniel Velázquez).

El gobierno municipal aún no emite la lista de los estudiantes que serán beneficiados con las becas, y los regidores que integran la Comisión de Educación dijeron que están en espera de que la Secretaría de Desarrollo Social haga la revisión de las listas.
La presidenta de la comisión, la regidora priista Olga Salmerón, declaró que el secretario de Desarrollo Social está cruzando los padrones para las más de cinco mil becas que el municipio va a entregar, y “a finales de mes se tendrá la lista”.
“El secretario dice que se está cruzando la información de los padrones con los programas del gobierno del estado y federal, y a finales del mes estará listo aunque espero que sea antes”, dijo.
Detalló que el reglamento establece el mes en curso, pero no da un día en específico en que se debe emitir, “por lo que espero que pronto se esté capturando para que pueda sesionar la comisión y se publique la lista de los beneficiarios con las becas municipales”.
Al respecto, el regidor perredista Vladimir Beciez Romero indicó que la semana pasada “tuve la oportunidad de hablar con el secretario de la Sedesol y me dijo que estaban cruzando los padrones para corroborar que los beneficiarios no tengan ningún otro apoyo como Prospera”.
Justificó que el proceso se tiene que hacer de uno por uno, que lleva tiempo y “no hay fecha para publicarse, el plazo que nos pusimos es en agosto y estamos en tiempo”.
Aunque faltan dos semanas para que inicie el ciclo escolar 2017, en la convocatoria que emitió el gobierno municipal se informa que la lista será publicada en agosto, aunque no especifica la fecha y que los dictámenes serán entregados a los regidores de la comisión. (Aurora Harrison).

 

Luego de que el síndico procurador Ilich Lozano Herrera solicitó el cambio de uso de suelo para tres áreas en Acapulco, el presidente del Consejo Municipal Ciudadano, José Ángel Nucico Casarrubias, pidió verificar primero que éstas se encuentren dentro de áreas de crecimiento y con uso de suelo para zonas habitacionales.
Las propuestas para cambio de uso de suelo son en parcelas de San Pedro Las Playas, Las Cruces y Llano Largo, que colindan con áreas de aprovechamiento agrícola, pecuario, de conservación de flora y fauna y con áreas protegidas.
El presidente del Consejo Ciudadano expuso que el Plan Director de Desarrollo Urbano de 2015 fue aprobado en el Cabildo y está pendiente su publicación porque se continuaría con el trámite, por ello consideró que se debe de tener especial cuidado en los cambios de uso de suelo que se autoricen.
El primer escrito, enviado el 22 de mayo de 2017, por el síndico procurador al secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza Loeza, es para cambio de uso de suelo de la parte alta del ejido de San Pedro Las Playas, que “actualmente es zonificado como agrícola, a efecto de que se pueda autorizar como zonificación factible para la construcción de un nuevo conjunto habitacional”.
Dicha petición se envío al Cabildo en la primera sesión de junio, donde se presentó en primera lectura y se turnó a comisiones para su análisis y aprobación.
En los documentos entregados por el síndico se anexa la petición de miembros del Comisariado Ejidal en la que piden el cambio de zona agrícola a habitacional.
En agosto del año pasado, Ilich Lozano solicitó a Plano Regulador información respecto a la viabilidad de la zonificación o cambio de uso de suelo, y en caso de no ser viable pidió los trámites para hacer la modificación.
Nucico Casarrubias expuso que la mayoría de estas parcelas ya han sido vendidas por los ejidatarios: “en San Pedro Las Playas las parcelas ya se las vendieron al consorcio español que sigue presionando año con año” .
Enfatizó que se debe de revisar que las áreas de las que se solicita el cambio no se ubiquen en Áreas verdes y espacios abiertos de valor ambiental (AV), Rescate ecológico (RE), Aprovechamiento Agrícola (AA), Aprovechamiento Pecuario (AP), Conservación Pesquera (CP), Conservación de Flora y Fauna (CFF) y Protección y Conservación de Áreas Naturales (PCAN).
Precisó que en caso de que proceda la regulación “deben presentar una delimitación de zonas federales y ubicación de áreas con mangle, las que deben ser señaladas puntualmente en los planos autorizados por el Ayuntamiento para su preservación”.
Otro de los escritos enviados por el síndico al secretario general es el caso del ejido de Llano Largo, y la solicitud es para el cambio de uso de suelo de 126 hectáreas que conforman la ampliación de ese núcleo agrario o predio denominado “El Marqués”.
En el texto se pide que se hagan los trámites correspondientes de regularización de la tenencia de la tierra del núcleo agrario referido, por ser un requisito para que instancias gubernamentales requieren para otorgar seguridad patrimonial y posesión legítima.
En documento, Lozano Herrera le solicita a Meza Loeza que agende en la “sesión de Cabildo la solicitud para que sea enviada a comisión para su análisis y discusión”.
La solicitud ese deriva de otra que le enviaron al síndico de parte de la comisiaría ejidal de Llano Largo, en la cual se anexa una convenio con el Fonhapo donde se establece, entre otros puntos, que se necesitan controles que regulen el crecimiento a futuro para poder preservar el equilibrio ecológico, así como de los asentamientos irregulares, dotando de certeza legal, infraestructura y servicios, por eso la coordinación con dependencias federales, estatales y municipales.
“Se tiene que verificar con cuidado los usos de suelo asignados, porque el Plan 2015 ya fue aprobado y es bueno recordar que ahora hay responsabilidad penal y se deben de cuidar todas las leyes”, indicó Nucico Casarrubias.
En el caso de la solicitud de el ex ejido de Las Cruces, es para la regulación de siete asentamientos humanos: las colonias Villa de Guadalupe, Sol Azteca, Altos de Navidad, Lomas del Sector, Margaritas, Mirador del Palmar y Villa Socorro (Nueva Liberación).
El sindicó pidió el 14 de junio, al secretario general que enviara la propuesta de un programa de regulación de la tenencia de la tierra para otorgar seguridad jurídica a los posesionarios de los lotes mediante la escrituración.
El documento se envió a la sesión de Cabildo como primera lectura para pasarlo a comisiones.
“El Consejo Ciudadano está a favor del ordenamiento territorial pero cumpliendo con todos los ordenamientos y planeación ejidal, municipal, estatal y federal”, concluyó el ingeniero.

 

Vecinos de la colonia Palma Sola Fovissste tomaron las oficinas de Gobernación municipal porque, se quejaron, no se respeta el turno del registro para la elección de delegados municipales y el color que usarán.
Pidieron se anule el registro de la planilla Amarilla porque ellos desde ayer están ahí para registrarse con ese color.
Encabezados por el dirigente perredista Juan García Costilla y el candidato de la planilla, Alejandro Cristóbal Ortiz, los inconformes criticaron que trabajadores de Gobernación se hayan prestado para “favorecer” a otros candidatos y les hayan permitido pasar a registrarse sin que se hayan entregado las fichas.
Los vecinos fueron atendidos por el director de Gobernación, Juan San Román Ortiz, en una reunión privada en la que se acordó que este martes “se va a dialogar con ambos y se hará justicia a favor de quienes llegaron primero a registrar la planilla de ese color”.
Alejandro Cristóbal Ortiz, representante de los quejosos, dijo que “desde el domingo estoy viniendo a la dirección porque queremos registrar nuestra planilla con el color amarillo, desgraciadamente hoy (ayer) llega el señor Josué Villanueva a las 7 de la mañana, y lo pasan, cuando no hay entrega de fichas, para hacer su registro con el mismo color”.
Detalló que cuando ellos entran para hacer el registro les informaron que ya había una planilla registrada así, “cuando apenas había pasado la planilla uno y nosotros somos el dos, a ellos los pasaron de contrabando, sin tomar en cuenta el orden”.
“Nosotros desde el domingo estamos cuidando nuestro lugar, como compañeros de otras comunidades como es Paso Limonero que están desde el jueves cuidando para registrarse. En nuestro caso nos pasaron en segundo lugar y dijeron que ya había una planilla registrada, los señores de gobernación se prestaron para esa irregularidad”, se quejó.
Alejandro Cristóbal Ortiz pidió a las autoridades que “ese registro que se hizo de manera ilegal sea eliminado, cancelado, no se vale, son porquerías que estos señores de Gobernación están haciendo. Nosotros no queremos cambiar el color porque estamos desde ayer, y a ellos le dan preferencia porque tiene privilegios en la dependencia”.

 

Concesionarios y arrendatarios del parque Papagayo bloquearon por media hora la avenida Costera, para denunciar que el director del centro recreativo, Mario Hernández Zamora, entrega “autoconcesiones”.
Ayer unas 40 personas bloquearon de manera intermitente el carril de la Costera con dirección a Caleta, para exigir al gobernador Héctor Astudillo Flores que intervenga en el conflicto por la entrega de “autoconcesiones” por parte del director y que son de hasta ocho años.
En declaraciones, el presidente de los concesionarios y arrendatarios, Fernando Aguilar Lago, abundó que los nuevos concesionarios pagan mil pesos mensuales de renta, cuando 60 de ellos, que tienen más de 15 años, dan de 6 mil a 7 mil pesos al mes.
Indicó que la inconformidad de los arrendatarios y concesionarios se dio luego de que el director entregó otro permiso al dueño de unos carritos eléctricos que funcionan en el parque, y que suman 20 desde que administra el parque, entre puestos de garnachas y de pizzas.
Dijo que habló con la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora, quien le hizo saber que “mientras en el parque Papagayo siga mandando el diputado David Jiménez Rumbo ella no puede meter las manos”, por eso demandó la intervención directa del gobernador.
Además evidenció que el director del parque tiene una mala administración debido a que en los últimos meses las aves que había se murieron y otros animales han sido decomisados por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.
Aguilar Lago recordó que hace cuatro años, cuando el mismo director era el encargado de la seguridad en el parque, hubo un caso de violación sexual en el auditorio y pese a ello Hernández Zamora fue premiado.
El representante de los arrendatarios advirtió que si no había una respuesta por parte del gobierno del estado, este miércoles cerrarán el parque Papagayo en protesta, pero por la tarde, en una llamada telefónica dijo que esperarán el miércoles el diálogo, luego de recibir una llamada de la Secretaría General de Gobierno.

 

El vocero del Consejo de Administración de la Coordinadora Acabús, Crescencio Díaz Soria, denunció que el encargado de despacho del OPD, Carlos Blanco Romero, pretende dividir a los socios para “acomodar” a sus aliados.
En una llamada a la Redacción de El Sur, el transportista señaló que el funcionario tiene la intención de obtener un crédito de 20 millones de pesos para supuestamente erradicar el déficit financiero, pero aseguró que la mayoría de los accionistas no firmarán ese documento porque aumentaría el adeudo.
Consideró que el funcionario y sus allegados pretenden “confundir” a los socios.
Díaz Soria adelantó que el Consejo de Administración de la Coordinadora Acabús sostendrá una reunión hoy para pedir la destitución de Blanco Romero.
Reiteró que el funcionario buscan en la Ciudad de México un crédito de 20 millones de pesos “para que nosotros le firmemos el documento, pero no vamos a firmar un documento más, eso sería más deuda para los socios”.
Insistió en que Blanco Romero pretende colocar a  personas “a modo” para poder “menear” a su conveniencia, y que a más de un año de estar en funciones no ha gestionado el pago de los camiones que salieron de circulación por el Acabús.
Asimismo se quejó que el funcionario engañó al gobierno del estado y confundió a los socios al decir que hay sólo 14 camiones parados en el taller, cuando son más de 20 “unidades”.
Por otro lado, negó que el Consejo de Administración de la Coordinadora Acabús, encabezado por Simón Zamora García, pretenda venderlo a la iniciativa privada.
Precisó que el socio Porfirio Alvarado Romero no tiene cargo ni responsabilidad en el Acabús, pero “sabemos que esta persona fue utilizada por Carlos Blanco y el licenciado Arquímedes”.
Por separado, el socio del Acabús, Porfirio Alvarado Romero, negó que el Consejo de Administración de la Coordinadora Acabús, que encabeza Simón Zamora García, pretenda vender el nuevo transporte.
En declaraciones a este reportero, el transportista precisó que hay una cláusula en el contrato de Banobras, elaborado en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que establece que en caso del fracaso en el proyecto podría venderse el Acabús.
Alvarado Romero puntualizó que los socios del Acabús tienen la intención de sacar adelante el transporte con la ayuda del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Dijo que se equivocó en su declaración del jueves pasado, cuando acusó al Consejo de Administración de la Coordinadora Acabús, aunque no descartó la venta del nuevo transporte en caso de continuar el mal manejo interno.

 
Fuentes de la Fiscalía Regional de Acapulco informaron que hay otros 12 custodios del penal de Las Cruces, junto al jefe de seguridad, que están en proceso de investigación por la masacre de los 28 reos, aunque están fuera del estado por “seguridad”.
La fuente oficial indicó que los servidores públicos son investigados por la omisión del cuidado de los reos y porque no aplicaron los protocolos internos de seguridad contra un motín, en este caso por “la lucha de poder” adentro del penal, pues no conocen dichos protocolos para emitir una alerta roja y pedir apoyo a los policías de seguridad pública externa.
Dijo que todos fueron separados del cargo y luego trasladados a Chilpancingo para ampliar su declaración, y que posteriormente los custodios fueron enviados a otros estados a trabajar por “seguridad”, pero bajo investigación por la masacre en el penal de Las Cruces.
El funcionario dijo que los otros tres custodios tienen detención preventiva y que siguen su proceso jurídico adentro de la cárcel.
Puntualizó que el director del penal de Las Cruces, Miguel Ángel Gómez Garduño, fue separado del cargo y continúa su proceso jurídico en libertad, y que la investigación continúa hasta encontrar a los responsables.
Por otro lado, a más de un mes de la riña en la cárcel, otro cuerpo fue reclamado en las instalaciones del Semefo.
El sábado pasado, los familiares de la víctima, de nombre Daniel, fueron a declarar al Ministerio Público sector Zapata.
Trabajadores de la funeraria Huerta sacaron el cuerpo del Semefo, luego del acuerdo con el gobierno del estado de que cubrirá los gastos funerarios de las víctimas de la cárcel.
Después de un mes del hecho violento en la cárcel de Acapulco, el cadáver número 24 fue entregado a sus familiares y restan cuatro por identificar.
El pasado 6 de julio, una riña entre reos en el penal de Las Cruces, debido a una pugna “permanente” de grupos contrarios en el interior, dejó 28 muertos y tres heridos.
Los decesos fueron por armas punzocortantes y por golpes, informó el gobierno del estado.
La riña se reportó a las 3 de la madrugada dentro del penal, y comenzó en el módulo de Máxima Seguridad y se extendió a otras áreas.